Por qué tantos trabajadores de la salud se niegan a recibir la vacuna contra el coronavirus
Una encuesta de diciembre de 2020 en Estados Unidos mostró que 1 de cada 3 empleados de hospitales y centros médicos “probablemente” o “sin dudas” rechazaría la inmunización contra el COVID-19, a pesar de tener prioridad y de haber visto de primera mano los estragos de la enfermedad
Aunque tienen prioridad en la fila para la vacuna porque fueron la primera línea en la batalla contra el COVID-19, muchos trabajadores de la salud en los Estados Unidos se han resistido a ser vacunados. Algunos se negaron de plano; otros rechazaron la dosis ahora y prometieron considerarla en el porvenir. Es, como describió AP, un grupo inesperado en la negativa a la vacunación, que en general ha sido promovida por grupos antivacuna y desinformación.
“Sucede en los asilos de ancianos y, en menor medida, en hospitales, donde los empleados expresan lo que los expertos llaman temores infundados a los efectos secundarios de vacunas que se desarrollaron a una velocidad récord”, explicó la agencia. En algunos lugares “hasta el 80% del personal se resiste”.
La agencia citó a un cirujano de Portland, Oregon: “No creo que nadie quiera ser un conejillo de Indias“, dijo Stephen Noble, de 42 años. “A fin de cuentas, como hombre de ciencia, sólo quiero ver qué muestran los datos. Y quiero los datos completos”, dijo el médico que por ahora ha postergado la decisión de recibir la vacuna hasta abril o mayo. “Es vital que las autoridades sanitarias no exageren lo que saben sobre las vacunas. Esto es especialmente importante para los afroamericanos como yo, que desconfían del consejo médica del gobierno debido a los fracasos y los abusos del pasado”.
Los Angeles Timesresumió algunas cifras del estado de California, el más poblado del país, con 40 millones de habitantes, y el que más sufrió durante la última ola de COVID-19: “En el Hospital Comunitario St. Elizabeth del condado de Tehama County, menos de la mitad de los 700 trabajadores de la salud que estaban en condiciones de recibir la vacuna la aceptaron cuando se les ofreció por primera vez. En el Centro Médico Providence Holy Cross de Mission Hills, uno de cada cinco enfermeros y médicos en la línea de fuego han rechazado la dosis. Aproximadamente entre el 20% y el 40% del personal sanitario del condado de Los Angeles al que se le ofreció la vacuna hizo lo mismo. En el condado de Riverside han sido tantos los que rechazaron la vacuna —un 50%, se estima— que los funcionarios y los directivos de los hospitales se han reunido para trazar una estrategia que permita redistribuir las dosis que no se usaron”.
En la costa este de los Estados Unidos, The New Yorker observó el mismo fenómeno: “A pesar de haber visto de primera mano los estragos del COVID-19 —y de hacer un trabajo que los pone en grave peligro, como a sus familias— los trabajadores de la salud expresaron niveles similares de resistencia a la vacuna que la población general. Encuestas recientes muestran que, en general, alrededor de un tercio de ellos se resiste”.
La encuesta de diciembre 2020 de la Fundación Kaiser mostró, en efecto, que el 29% de los trabajadores de la salud “probablemente” o “sin dudas” no aceptarían la vacuna, apenas por encima del 27% del promedio de la población en general. Si bien la mayor divergencia se daba a la hora de analizar el perfil político de las personas (el 42% de los republicanos dijeron que no se vacunaría, contra el 12% de los demócratas), sólo la necesidad pareció unir a los que menos resistencia mostraron: los mayores de 65 años, las personas que habitan en un hogar donde alguien tiene una enfermedad grave y los que viven en ciudades y tienen la aglomeración o el transporte entre sus problemas.
The New Yorker reveló que casi las tres cuartas partes de los enfermeros certificados tenían dudas sobre la vacuna. Citó otras cifras que marcaban diferencias asombrosas: en el mismo hospital de Yale en New Haven, el 90% de los médicos residentes aceptó vacunarse apenas pudo, pero sólo los acompañó el 42% del personal de mantenimiento y el 33% de cocina. En Ohio, el 60% del personal de los asilos de ancianos rechazó la primera dosis y en Carolina del Norte, alrededor de la mitad.
“Esta vacilación es menos un rechazo directo que un escepticismo cauteloso”, evaluó el texto. “La impulsan sospechas sobre las pruebas que respaldan las nuevas vacunas y sobre los motivos de quienes las respaldan. La asombrosa velocidad de desarrollo de las vacunas ha convertido a la ciencia en víctima de su propio éxito: después de que se les dijera que desarrollar vacunas lleva años, si no décadas, muchos trabajadores de la salud se muestran reacios a aceptar una que pasó rápidamente de la concepción a la inyección en menos de 11 meses”. En general muchos esperan como estrategia para ver qué nueva información surge sobre la seguridad tras la inoculación.
Nicholas Ruiz, empleado administrativo del Centro Médico Natividad en Salinas, California, explicó a Los Angeles Times que el personal de salud lucha con las mismas dudas, temores y desinformación sobre el COVID-19 que el público en general. “Creo que la percepción del público sobre los trabajadores de la salud es incorrecta. Puede que crean que todos estamos informados de todo, porque trabajamos en este ámbito. Pero sé que hay mucha gente que tiene la misma perspectiva que el público por la cual todavía tienen miedo de recibirla”, dijo sobre la vacuna que, por ahora, él mismo rechazó.
Algunas mujeres, que están embarazadas o que buscan un embarazo en el futuro, no quieren vacunarse por temor a las consecuencias de largo plazo de las fórmulas. April Lu, enfermera de 31 años en Providence-Holy Cross, es una de ellas: su bebé nacerá en tres meses. “Estoy eligiendo entre riesgos: el riesgo de tener COVID y el riesgo de lo desconocido con la vacuna. Creo que elijo el riesgo del COVID: puedo controlarlo y prevenirlo, un poco, usando máscara, aunque no es 100% seguro”.
Para persuadir a los dubitativos muchos hospitales apelan a videos instructivos, webinars interactivos, desayunos gratuitos, un bono en efectivo, días libres pagos y hasta la rifa de un auto, resumió AP. Es todo lo que pueden hacer, según explicaron al periódico funcionarios del sistema de salud de la Universidad de California en Los Angeles, UCLA Health: “No le pedimos al personal que decida de inmediato si quiere recibir la vacuna. Queremos darles a aquellos a los que se les ofrece el tiempo suficiente para tomar una decisión, y esperamos que el personal continúe comprendiendo que los beneficios de la vacunación claramente superan a los riesgos”.
Además de la politización de las cuestiones de salud pública que se sufrieron en Estados Unidos porque el primer año de la pandemia fue también año electoral, hay una desconfianza más profunda tanto del sistema político como del sector de la salud, destacó The New Yorker. “Y está exacerbada entre el personal de la salud, que está subvalorado y mal pago”, agregó.
“En muchos casos, las dudas sobre las vacunas no son un problema de falta de información. Es un problema de falta de confianza”, dijo a la revista David Grabowski, profesor de política sanitaria en Harvard. “El personal no confía en el liderazgo. Tienen verdadero escepticismo ante el gobierno. No han recibido pagos extras por el riesgo. No han recibido equipo de protección personal. No han recibido respeto. ¿Debería sorprendernos que se muestren escépticos ante algo que parece que se les impone?”.
Kia Cooper, una enfermera con dos décadas de experiencia, del área de Filadelfia, es una de las que rechazó la vacuna por dudas. “No estoy totalmente en contra”, dijo a la publicación, “pero la apuraron mucho”. Ella quiere esperar a “ver cómo les va a otros” porque, en su experiencia en la industria, las empresas de la salud tienden a poner la ganancia por encima de los intereses de los pacientes y el personal, dijo. “Me pregunto si es por dinero. Son grandes compañías que tratan de imponer estos productos a todo el mundo. Uno tiene que pensar: ¿lo hacen por nosotros o sólo están tratando de ganar dinero?”.
Entre los trabajadores de la salud encuestados por Kaiser ls preocupaciones principales fueron similares: temor a los efectos secundarios, falta de confianza en el estado para garantizar la seguridad de las vacunas, inquietud por el papel que la política pudo haber jugado en su desarrollo. En algunos foros en línea, citaron los investigadores, algunos trabajadores de la salud manifestaron frustración por haber sido los primeros en la lista: no lo veían como un privilegio sino como una experimentación con sus cuerpos.
Así suceden cosas como la que contó Richard Wickenheiser, funcionario de Salud del condado de Tehama, a Los Angeles Times: de las primeras 495 dosis que el estado municipal logró conseguir para los trabajadores del Hospital Comunitario St. Elizabeth, “nos devolvieron 200″.
El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, propuso que se pusiera una fecha límite para que enfermeros y médicos tuvieran prioridad en la vacunación, y que aquellos que la rechazaran “fueran al final de la fila”. En el estado de Georgia se autorizó la redistribución automática de aquellas vacunas rechazadas en hospitales y asilos para que las recibieran los trabajadores esenciales, los bomberos y la policía. “Tenemos vacunas disponibles pero están literalmente esperando en el freezer”, dijo la comisionada de salud pública, Kathleen Toomey. “Es inaceptable. Tenemos vidas que salvar”.
Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios
El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.
El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.
Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.
Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.
La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.
Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.
El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.
Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.
Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.
El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.
La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.
Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.
Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.
Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil
El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.
Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.
Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.
Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos
Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.
La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.
Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.
Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.
Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.
Fuerte rechazo a la venta libre por internet
Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).
La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/