El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Política
Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema
A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.
La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.
Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.
Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.
Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.
La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.
Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.
Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.
La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.
Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.
Política
Sobreseyeron a las diez vecinas denunciadas por la intendenta Raquel Graneros tras una protesta
Las vecinas habían intentado entregar un petitorio tras las inundaciones. La causa quedó cerrada por falta de pruebas.
La Justicia tucumana dictó el sobreseimiento definitivo de diez vecinas de Graneros que habían sido denunciadas penalmente por la intendenta Raquel Graneros, luego de participar de una protesta para reclamar asistencia social destinada a familias afectadas por las inundaciones. La resolución fue adoptada este martes por el juez Enrique Martín Cacici, del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Concepción, ante la falta de pruebas suficientes para acreditar los delitos atribuidos a las mujeres.
La decisión judicial puso fin a una causa que se había iniciado a raíz de un incidente ocurrido el 28 de abril, cuando las vecinas intentaron entregarle un petitorio a la intendenta a la salida de una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción.
Graneros había denunciado que sufrió amenazas, intimidaciones y agresiones durante el encuentro. También aseguró que las manifestantes provocaron daños en una camioneta perteneciente a su hermano.
Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio no respaldaron esas acusaciones. Los registros mostraron que el contacto entre las mujeres y la funcionaria duró aproximadamente diez segundos, que la intendenta subió al vehículo sin detenerse a recibir el petitorio y que no se observaron golpes contra la camioneta ni agresiones físicas.
Las mujeres habían sido imputadas y sometidas a restricciones judiciales
La denuncia presentada por la intendenta derivó en una investigación penal contra las diez vecinas, quienes fueron imputadas durante una audiencia realizada el 2 de junio.
A partir de ese momento, las mujeres debieron cumplir restricciones judiciales mientras avanzaba el proceso, pese a que el conflicto se había originado en un reclamo de asistencia para las familias damnificadas por las inundaciones.
Finalmente, el juez Cacici resolvió dictar el sobreseimiento definitivo al considerar que no existían elementos probatorios suficientes para sostener las acusaciones.
De esta manera, la causa penal quedó cerrada y las diez mujeres fueron desvinculadas de los hechos que se les atribuían.
La intendenta Raquel Graneros enfrenta otra denuncia por presunto enriquecimiento ilícito
La resolución judicial se conoció mientras la intendenta de Graneros enfrenta otra denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito.
La presentación fue realizada el 9 de junio por el legislador Manuel Courel, el concejal Luis Escobar y el dirigente Luis Díaz Augier, quienes solicitaron que se investigue la supuesta adquisición de una propiedad valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, ubicado en Yerba Buena.
Los denunciantes pidieron determinar el origen de los fondos que se habrían utilizado para concretar la operación inmobiliaria.
Hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, por lo que la responsabilidad de la intendenta en ese expediente no ha sido establecida.
El sobreseimiento de las diez vecinas cierra así uno de los conflictos judiciales que involucraron a la jefa municipal, originado en una protesta por asistencia social tras las inundaciones que afectaron a familias de Graneros.
Política
Milei saludó a Pedro Sánchez y luego volvió a criticarlo: “El socialismo es fascista en política”
El presidente volvió a criticar a la izquierda, frente al líder del PSOE, en su presentación en la Cumbre Iberoamericana en Madrid. Previamente había calificado de “impresentable dictador” al mandatario europeo.
Política
La prevención del abuso sexual infantil, prioridad de la agenda legislativa
Durante la reunión de la Comisión de Familia, también se analizó la adhesión a la Ley Nacional de Lengua de Señas Argentina y se dio dictamen a un proyecto que declara de Interés Legislativo un libro de la psicóloga tucumana Silvina Cohen Imach .
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