Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema
A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.
El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.
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Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.
Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.
Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.
La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.
Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.
Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.
La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.
Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.
El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente
Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.
La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.
Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.
Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.
Declaración y resolución
Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.
Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.
La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y Fundación Miguel Lillo ADIUNT, llevó al Congreso de CONADU Histórica el mandato votado en Asamblea General de rechazo a la firma del acta acuerdo de Milei, los rectores y las direcciones burocráticas sindicales.
El Congreso de la Federación, con una importante votación, rechazó la oferta y ratificó el paro de una semana del 16 al 20 de junio. Aseguran que firmar hubiese significado «entregar la lucha por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario».
Frente a la pérdida salarial de más de 50%, la propuesta del gobierno significa un aumento sólo de 21,3% ahora, y otro 3% en noviembre. A nivel presupuestario, fondos para hospitales universitarios y un 20% para gastos de funcionamiento. En cuanto a becas estudiantiles, solo aumenta la Belgrano, no así las Progresar.
«El ofrecimiento del gobierno lo consensuó con los rectores, pero de espaldas a las y los trabajadores docentes y no docentes», expresaron.
El gobierno sigue actuando fuera del orden legal desconociendo una ley votada por el Congreso, ahora con el aval de las autoridades universitarias. Cabe denunciar a la Corte Suprema por su complicidad al dilatar su fallo
Desde ADIUNT plantaron que hay que darle continuidad a la lucha, coordinando con las asociaciones de base y sectores autoconvocados que rechazan el acuerdo.
En ese marco, convocan a toda la docencia, con independencia de la federación que pertenezca, a parar en todas las universidades del 16 al 20 de junio y organizar una acción de protesta nacional el miércoles 17.
Referentes de derechos humanos y la política despidieron a la histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo
Taty Almeida falleció el domingo a los 95 años, luego de permanecer internada durante varios días en el Hospital Italiano.La histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fue despedida en la sede de Foetra. Su fallecimiento a los 95 años marca el fin de una vida dedicada a la búsqueda de verdad y justicia por su hijo desaparecido.
La despedida a Taty Almeida reunió este lunes a referentes de organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, sindicalistas y personalidades de la cultura que se acercaron a rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina. El velatorio de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se realizó en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), en la ciudad de Buenos Aires.
La ceremonia se desarrolló a cajón cerrado y estuvo marcada por un clima de profunda emoción. Junto al féretro se exhibió una fotografía de la histórica dirigente y el tradicional pañuelo blanco que la acompañó durante décadas en cada marcha y actividad vinculada a la defensa de los derechos humanos.
Sobre ese pañuelo estaba bordado el nombre de su hijo, Alejandro Almeida, desaparecido durante la última dictadura militar. Militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trabajador de la agencia de noticias Télam y estudiante de Medicina, fue secuestrado el 17 de junio de 1975 cuando tenía apenas 20 años.
En la sede de Foetra, se realizó el último adiós a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
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Enre los asistentes se destacó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien recordó la trayectoria de Almeida y su compromiso permanente con la búsqueda de verdad y justicia. A su vez, participaron integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, familiares de desaparecidos y militantes que formaron largas filas.
Además contó con la presencia del exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, hijo de desaparecidos recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, así como de los actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa.
La atmósfera en el salón gremial estuvo marcada por la presencia constante de la memoria de su hijo, Alejandro M. Almeida
También expresaron sus condolencias legisladores, funcionarios y dirigentes peronistas, entre ellos los bonaerenses María Teresa García, Nicolás Kreplak, Gabriel Katopodis y Andrés Watson, además de referentes del Frente de Izquierda como la diputada nacional Myriam Bregman y el ex legislador porteño Gabriel Solano.
Taty Almeida: de madre de familia tradicional a referente de los derechos humanos
La historia de Taty Almeida es la de una profunda transformación personal impulsada por la tragedia. Docente de profesión y madre de una familia de clase media tradicional, Almeida solía contar con total franqueza que durante gran parte de su vida no tuvo participación política. Incluso, reconocía que inicialmente había apoyado el golpe militar de 1976, creyendo, como muchos sectores de la sociedad de la época, que pondría «orden» en el país.
Aun así, la desaparición de su hijo Alejandro la obligó a salir de su entorno y a cuestionar el accionar de las fuerzas armadas. En su desesperada búsqueda de respuestas en dependencias estatales y comisarías, comenzó a vincularse con otras madres que atravesaban la misma situación, incorporándose a las históricas rondas en la Plaza de Mayo.
Después de la división de la asociación original en 1986, integró Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Desde ese espacio, no solo impulsó los reclamos de justicia por los desaparecidos y acompañó los juicios contra los represores tras la anulación de las leyes de impunidad, sino que su figura trascendió las fronteras, participando en encuentros internacionales en defensa de las libertades civiles y la memoria histórica.
Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien falleció este domingo a los 95 años
Pese a su avanzada edad y a los problemas de salud que obligaron a su reciente internación en el Hospital Italiano, Almeida nunca abandonó la vida pública ni su espíritu crítico.
Sobre el féretro descansaba el emblemático pañuelo blanco de la dirigente
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Una de sus últimas apariciones masivas ocurrió durante la histórica movilización del 24 de marzo, en el marco de la conmemoración de los 50 años del inicio del golpe de Estado. Asistió en silla de ruedas y, como era habitual, tomó el micrófono para dirigirse a la multitud. En su discurso de cierre, no solo exigió memoria, verdad y justicia, sino que apuntó duramente contra el presente, criticando la reforma laboral del gobierno del presidente Javier Milei y las políticas vinculadas al Fondo Monetario Internacional (FMI).