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El Gobierno reglamentó cambios de la Ley de Modernización Laboral

Entre los puntos destacados se encuentran la registración del empleo, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.

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El Gobierno reglamentó este lunes algunos cambios significativos correspondientes a la Ley de Modernización Laboral. Entre los puntos destacados del decreto 407/2026 que se publicó en Boletín Oficial se encuentran la registración del empleo, la negociación colectiva, el control de licencias médicas, los acuerdos de desvinculación, entre otros.

Esto repercute además en la implementación de esquemas digitales que promueven los sistemas electrónicos de notificación y comunicación entre empleadores, trabajadores y organismos estatales, y la simplificación de trámites.

El texto oficial recordó que la obligación de registrar trabajadores se cumple mediante los sistemas habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y que, a partir de esta publicación,» los empleadores ya no tendrán que llevar los libros laborales (artículo 52 de la LCT) en soporte físico ni digital». El sistema digital del mencionado organismo centralizará las altas, bajas y las modificaciones de los datos laborales, lo que quedará a disposición de los organismos y entidades de trabajo y seguridad social.

En cuanto a los acuerdos extintivos de la contratación laboral por mutuo acuerdo (artículo 241), la autoridad administrativa deberá verificar la legalidad del acto, la inexistencia de vicios y la adecuada composición de intereses, según los parámetros del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Otro de los cambios centrales alcanza al control de enfermedades del trabajador (artículo 210). Según el decreto, las prescripciones médicas que incluyan reposo “deberán ser emitidas electrónicamente mediante sistema de información o plataforma digital” en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, y firmadas por profesionales habilitados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud. Si existe una discrepancia insalvable entre el diagnóstico inicial y el control médico efectuado por el empleador, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial o al dictamen de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria.

El Poder Ejecutivo también dispuso reglas sobre la documentación laboral y, en particular, sobre el recibo de haberes. La reglamentación exige que los recibos de haberes contengan información clara y comprensible. El empleador deberá detallar el costo laboral total, los conceptos involucrados en la relación y el monto final percibido por el trabajador.

Para los trámites jubilatorios, se estableció la obligación a ANSES de notificar a los empleadores y agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud sobre el inicio y la finalización del procedimiento.

Uno de los aspectos es el nuevo marco para las Empresas de Servicios Eventuales. El decreto reemplaza la normativa anterior, que había quedado desactualizada, y establece criterios de funcionamiento más flexibles y proporcionales. La exigencia de garantías se adecuará a la cantidad de trabajadores y a la dimensión de la empresa, eliminando rigideces que dificultaban la operación de empresas pequeñas y medianas.

En materia de negociación colectiva, el Gobierno definió que serán considerados vencidos los convenios cuyo plazo original ya haya expirado. En tanto, las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias estarán legitimadas para participar en negociaciones colectivas si acreditan representación suficiente en el ámbito personal y territorial correspondiente, que no podrá ser inferior al 10 % de los trabajadores comprendidos. Si la convención aplica en más de una jurisdicción, la autoridad podrá admitir hasta dos representaciones adicionales del sector empleador.

La reglamentación también modifica el régimen sindical. Según el decreto, los cuerpos directivos de asociaciones sindicales deberán guardar una proporcionalidad razonable con el número de afiliados cotizantes; la autoridad de aplicación verificará nóminas con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y otras bases públicas; y, en casos de superposición de personería gremial, la asociación que la pretenda deberá superar a la que ya la posee por al menos un 5 % adicional de afiliados cotizantes.

La norma fijó además un plazo de 30 días para que la Secretaría de Trabajo convoque a los gremios para renegociar convenios colectivos vencidos, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá adaptar en 120 días sus sistemas para absorber la registración laboral del sector de la construcción.

FUENTE: Infobae

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Transportistas de larga distancia reclaman al gobierno una deuda de $27.000 millones

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

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Las empresas de micros de larga distancia salieron a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno de eliminar el régimen de compensaciones destinado a cubrir parte de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos.

 

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

La polémica se desató luego de que la Secretaría de Transporte publicara este martes la resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas para las compañías que otorgan boletos gratuitos a personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.

Desde el sector empresario sostienen que la medida fue tomada en medio de una disputa judicial abierta y en un contexto de incumplimiento del Estado nacional. Según señalaron en un comunicado, las compañías continúan garantizando el beneficio pese a que el Gobierno dejó de pagar las compensaciones hace más de un año.

 

El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, indicaron desde CELADI.

Las empresas aseguran que el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces, la deuda se habría ido acumulando mes a mes mientras las compañías continuaban entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año.

El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Según CELADI, esa cifra representa solo una parte de la deuda total, ya que los períodos posteriores continúan siendo relevados dentro de la misma causa judicial. El monto acumulado, afirman, supera actualmente los $27.000 millones.

Las empresas insistieron en que no cuestionan el derecho de las personas con discapacidad y de los pacientes alcanzados por las leyes vigentes a viajar gratuitamente. No obstante, plantearon que resulta “inconsistente” que el Gobierno desregule el sector y, al mismo tiempo, pretenda trasladar completamente ese costo a compañías privadas sin ningún tipo de compensación estatal.

 

En paralelo, el Ejecutivo ratificó que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial del INCUCAI y pacientes oncológicos pediátricos seguirán teniendo garantizado el acceso a pasajes gratuitos en los servicios de larga distancia, aun después de la eliminación del fondo compensador. / TN

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Hubo descontrol por el sándwich de matambre gigante: derribaron vallas para llevarse porciones

Una histórica parrilla de en Avellaneda organizó un evento para preparar un sándwich de más de 700 metros, pero las demoras y la multitud terminaron en caos. Vecinos rompieron el vallado y se abalanzaron sobre la comida antes de la entrega oficial

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Lo que había sido anunciado como una fiesta gastronómica terminó en un verdadero descontrol en Avellaneda, Buenos Aires. El evento organizado por la histórica Parrilla El Tano para preparar “el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo” derivó en corridas, empujones y vecinos derribando vallas para quedarse con una porción.

La propuesta buscaba celebrar el 25 de mayo y también los 25 años del tradicional local gastronómico del sur del conurbano bonaerense. Según habían promocionado en redes sociales, el objetivo era preparar un sánguche de aproximadamente 750 metros de largo.

Una multitud y horas de espera

La convocatoria estaba prevista para las 11 de la mañana sobre la avenida Mitre, en Avellaneda, y contaba incluso con apoyo de patrocinadores y la presencia del intendente Jorge Ferraresi, quien había difundido el evento en sus redes sociales.

Sin embargo, con el correr de las horas, comenzaron las quejas de los asistentes por las demoras en la preparación del sándwich kilométrico.

https://twitter.com/lanacionmas/status/2058933169487831430?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058933169487831430%7Ctwgr%5E4f8874b065b4563b116e2c7994f22ff99ec4c37e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F386414%2Fdescontrol-por-el-sandwich-de-matambre-gigante-derribaron-vallas-para-llevarse-porciones.html

En redes sociales, varios usuarios aseguraron que el armado avanzaba lentamente y que la comida todavía no estaba lista incluso entrada la tarde. Algunos vecinos afirmaron haber esperado durante horas sin recibir ninguna porción.
Derribaron las vallas y se abalanzaron sobre la comida

La situación terminó explotando cuando parte del público perdió la paciencia y avanzó sobre las mesas donde estaba el sándwich ya cortado.

En videos que rápidamente se viralizaron puede verse cómo decenas de personas superan el vallado, empujan y toman porciones directamente de la mesa, mientras otros intentaban mantener el orden.

Algunos lograron llevarse comida, mientras que muchas personas que esperaban una entrega organizada terminaron yéndose sin probar el famoso matambre a la pizza.
El descargo de la parrilla: «Un sabor amargo»

Tras los incidentes, desde la Parrilla El Tano publicaron un mensaje en redes sociales lamentando lo ocurrido y agradeciendo a quienes participaron de la jornada.

Desde el local señalaron que durante gran parte del día el clima había sido positivo y familiar, aunque aseguraron que sobre el final “muchas personas comenzaron a descontrolarse”, lo que les dejó «un sabor amargo».

Además, denunciaron que hubo gente que no solo tomó comida antes de tiempo, sino que también se llevó elementos que formaban parte de la organización del evento.

“Detrás de esto hubo meses de trabajo y muchísimo esfuerzo”, expresaron desde el comercio, que cuestionó la falta de respeto hacia quienes trabajaban en el lugar y hacia las personas que aguardaban tranquilamente para recibir su porción. /Perfil

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El Gobierno privatizó la mayor transportadora de electricidad del país por U$S 356 millones

El Ejecutivo transfirió la totalidad de las acciones de la controlante de Transener al consorcio empresario que hizo la mejor oferta en la licitación. Es parte del proceso para pasar a privados Enarsa.

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El Gobierno adjudicó a un consorcio empresario de capitales argentinos la totalidad de las acciones de Transener, la mayor transportadora de energía eléctrica del país. Lo hizo por US$356 millones.

La decisión fue oficializada este martes con la publicación de la resolución 673 en el Boletín Oficial y celebrada por el Ministerio de Economía en un posteo de X.

“El Estado se retira definitivamente de su participación en la empresa, abandona el rol empresario que nunca debería haber cumplido y le devuelve al sector privado la gestión e inversión en el transporte eléctrico», enfatizó la cartera que conduce Luis Caputo.

Mediante la resolución 673, el Gobierno adjudicó a Genneia y el grupo Edison el 100% del paquete accionario del Estado en la empresa controlante de Transener (Citelec, que también tiene como accionista a Pampa Energía).

Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz.

“La venta del paquete accionario que el Estado tiene en Citelec es un paso más en la privatización de activos y actividades de Enarsa”, indicaron desde la cartera que encabeza Luis Caputo.

La venta de la controlante de Transener, un hito en el plan para privatizr Enarsa, se concretó a fines de abril. De los grupos que había habilitado el Gobierno para competir, las mejores ofertas fueron presentadas por el consorcio integrado por Genneia y Edison Transmisión que propuso US$356.174.811,78.

Este valor superó el precio base fijado para la licitación, que era de US$206 millones. La suma total de las propuestas recibidas por el Ministerio de Economía se ubicó en US$887 millones.

Avanza la privatización total de Enarsa: qué activos energéticos aún controla el Estado
Como informó TN, el plan oficial apunta desde 2024 -a partir de la inclusión como privatizable de manera total en la Ley Bases-, a dividir y vender en partes a Enarsa.

En ese marco, fue avanzando sobre distintas unidades de negocios de la firma. A fines de 2024, Enarsa controlaba al menos 10 unidades en el sector del gas y de la energía eléctrica. Hoy son solo cuatro.

Así, en la actualidad, el Estado tiene participación a través de Enarsa en los siguientes negocios energéticos:

-UTE Escobar (50%), con YPF controlan la operatoria del barco regasificador de GNL que luego se inyecta en el sistema nacional. El Gobierno intentó privatizar el servicio, pero finalmente desistió en medio de la escalada de los precios del petróleo y el gas por la guerra en Medio Oriente.

-Es socio mayoritario en dos centrales generadoras eléctricas: termoeléctrica San Martín, en Timbúes, Santa Fe (69%); y la termoeléctrica Manuel Belgrano, en la ciudad bonaerense de Campana (65%).

-Enarsa Patagonia (90%), encargada de la exploración y explotación de pozos petroleros y de gas del sur.

-Vientos de la Patagonia 1, (80%) parques eólicos en Chubut.

A eso se suman las concesiones de represas, donde Enarsa tiene participación. Luego de privatizar las represas del Comahue, a fines de 2025 por US$700 millones, el Gobierno tiene en la mira nuevas concesiones para las centrales hidroeléctricas de Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut. /TN

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