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Argentina

Transportistas de larga distancia reclaman al gobierno una deuda de $27.000 millones

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

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Las empresas de micros de larga distancia salieron a cuestionar con dureza la decisión del Gobierno de eliminar el régimen de compensaciones destinado a cubrir parte de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos.

 

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtieron que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones y remarcaron que el conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

La polémica se desató luego de que la Secretaría de Transporte publicara este martes la resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas para las compañías que otorgan boletos gratuitos a personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.

Desde el sector empresario sostienen que la medida fue tomada en medio de una disputa judicial abierta y en un contexto de incumplimiento del Estado nacional. Según señalaron en un comunicado, las compañías continúan garantizando el beneficio pese a que el Gobierno dejó de pagar las compensaciones hace más de un año.

 

El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, indicaron desde CELADI.

Las empresas aseguran que el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces, la deuda se habría ido acumulando mes a mes mientras las compañías continuaban entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año.

El conflicto escaló aún más el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.

Según CELADI, esa cifra representa solo una parte de la deuda total, ya que los períodos posteriores continúan siendo relevados dentro de la misma causa judicial. El monto acumulado, afirman, supera actualmente los $27.000 millones.

Las empresas insistieron en que no cuestionan el derecho de las personas con discapacidad y de los pacientes alcanzados por las leyes vigentes a viajar gratuitamente. No obstante, plantearon que resulta “inconsistente” que el Gobierno desregule el sector y, al mismo tiempo, pretenda trasladar completamente ese costo a compañías privadas sin ningún tipo de compensación estatal.

 

En paralelo, el Ejecutivo ratificó que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), credencial del INCUCAI y pacientes oncológicos pediátricos seguirán teniendo garantizado el acceso a pasajes gratuitos en los servicios de larga distancia, aun después de la eliminación del fondo compensador. / TN

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Declararon inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

El fallo dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.

El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.

De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.

Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.

El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.

Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.

Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.

Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.

FUENTE: Agencia NA

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El Ejército desplegó tanques, anfibios, drones y miles de efectivos en Rosario para maniobras en el Paraná

La demostración principal será este sábado a las 11, e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.

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El Ejército Argentino comenzó un amplio e imponente operativo militar en la Costanera Norte de la ciudad de Rosario con el objetivo de ejecutar una serie de adiestramientos tácticos sobre las aguas del río Paraná. Una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos, cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería, drones y sistemas de defensa antiaérea.

El procedimiento central, bautizado como Operación Biguá, congregará durante el fin de semana a diversas unidades del Cuerpo de Zapadores Pontoneros, vehículos blindados, material anfibio y aeronaves.

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Desde el lugar de las maniobras, el coronel Garrido brindó pormenores del despliegue en marcha en declaraciones a la prensa : “En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”.

Con respecto a la dinámica técnica de los trabajos, el alto oficial detalló que la demostración simula una maniobra táctica de alta complejidad operativa sobre el curso fluvial. “El ejercicio propiamente es una operación de franqueo. Una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, pormenorizó.

El militar enfatizó además que esta clase de ejercicios busca poner a prueba la sinergia y sincronización entre las distintas ramas de las fuerzas armadas participantes, evaluando en terreno la eficacia de los medios y recursos disponibles.

Dentro del equipamiento desplegado destaca el uso de tecnología aérea no tripulada destinada a tareas de reconocimiento y recopilación de datos geoespaciales en tiempo real. Al respecto, Garrido subrayó la relevancia estratégica de estos dispositivos para la detección de eventuales amenazas en la línea de costa: “Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, argumentó.

Las actividades contarán con exhibiciones abiertas a la ciudadanía, donde el público podrá observar de cerca el funcionamiento de los tanques, las embarcaciones anfibias y el equipamiento tecnológico utilizado por las tropas.

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En octubre las jubilaciones y pensiones aumentarán 1,66%

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono

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ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en octubre del 1,66 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 505.748,51 pesos (435.748,51 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanzar la suma de 505.748,51 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 418.598,81 pesos (348.598,81 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 375.023,96 pesos (305.023,96 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 156.588 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 509.863 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 78.304 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

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