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Policiales

Detuvieron a dos nuevos sospechosos por los 470 kilos de cocaína secuestrados en Río Seco

La detención de Enrique Santos Catulo, vinculado con el Clan Ale, derivó en el allanamiento y la clausura de la agencia de venta de automotores ubicada en la calle San Martín al 1.000.

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La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico tucumano, sumó en las últimas horas dos nuevos detenidos y amplió el entramado de vínculos que analiza la Justicia Federal. Los arrestos fueron concretados por personal de Gendarmería Nacional durante una serie de allanamientos realizados en San Miguel de Tucumán y Famaillá, en el marco de una causa que ya cuenta con varios imputados y que apunta a desentrañar una posible estructura dedicada al tráfico y eventual lavado de activos.

Uno de los nuevos detenidos es Enrique Santos Catulo, quien había sido condenado en 2017 durante el juicio contra el denominado clan Ale por integrar una asociación ilícita destinada al lavado de dinero proveniente de diversas actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. También fue arrestado su hijo, Ernesto Catulo Chamas, cuyo nombre ya había surgido durante aquel proceso judicial aunque nunca llegó a ser imputado.

La causa se inició el viernes 5 de junio cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta durante un control de rutina sobre la ruta 157, a la altura de Río Seco. El conductor, Marcos Nacif, mostró signos de nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Al revisar la carga, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en el rodado, dando origen a una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en la provincia.

A partir de ese hallazgo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz encabezó una pesquisa que rápidamente derivó en nuevas detenciones. Días después fue arrestado Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y propietario de una reconocida verdulería de esa ciudad. Posteriormente, el empresario famaillense Pablo Abraham se presentó voluntariamente ante la Justicia al tomar conocimiento de que existía una orden de captura en su contra.

Durante las indagatorias, Nacif sostuvo que había sido contratado para realizar un traslado, aunque aseguró desconocer qué transportaba. El acusado es tío de Jorge “Pelaín” Nassif, actualmente detenido en otra causa donde está imputado por presuntamente abastecer de drogas a puntos de venta ubicados en el sur tucumano y en Termas de Río Hondo.

Por su parte, Chávez rechazó cualquier vinculación con la operación investigada. Según explicó su abogado defensor, Benito Allende, reconoció que la camioneta utilizada para trasladar la droga había sido de su propiedad, pero afirmó que la había entregado a Abraham como parte de pago por otro vehículo similar y que nunca completó los trámites de transferencia.

Abraham, asistido legalmente por Ernesto García Biagosch, optó por abstenerse de declarar hasta conocer el contenido de las pruebas reunidas en su contra.

Mientras avanzaba la investigación, el fiscal Vehils Ruiz ordenó una serie de procedimientos simultáneos. El domingo por la noche se realizaron dos allanamientos en Famaillá: uno en un local gastronómico y boliche vinculado a Abraham y otro en un galpón perteneciente a su empresa de transporte. En ambos lugares se secuestraron computadoras y documentación considerada relevante para la causa, aunque no se encontraron armas ni sustancias prohibidas.

Las medidas continuaron al día siguiente con nuevos operativos. Uno de ellos se desarrolló en una concesionaria ubicada sobre calle San Martín al 1.000, en la capital tucumana. Allí los investigadores secuestraron un teléfono celular, un vehículo y realizaron un inventario de los 15 automóviles existentes en el predio. Además, la concesionaria quedó clausurada por disposición judicial.

Durante ese procedimiento fue detenido Enrique Santos Catulo. Según surge de la sentencia dictada en 2017 contra el clan Ale, Catulo utilizaba esa concesionaria para canalizar y justificar ingresos provenientes de la organización liderada por Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale.

En paralelo, Gendarmería allanó un departamento ubicado sobre calle Balcarce al 600, en pleno barrio Norte. En ese lugar se secuestraron un vehículo, cheques de distintos montos y documentación considerada de interés para la investigación. Allí fue detenido Ernesto Catulo Chamas.

Fuentes judiciales también confirmaron la realización de otros dos procedimientos: uno en un inmueble ubicado sobre calle San Juan al 1.300, en San Miguel de Tucumán, y otro en un local emplazado sobre la ruta 301, en Famaillá, que estaría relacionado con Abraham. Ambos operativos finalizaron sin resultados relevantes para la causa.

A menos de dos semanas del inicio de la investigación, los interrogantes siguen siendo numerosos. Los investigadores intentan determinar si la droga llegó efectivamente por vía aérea y cuál era el destino final del cargamento. También buscan establecer quiénes eran los verdaderos propietarios de la cocaína y cuál era el rol específico de cada uno de los involucrados.

Uno de los elementos que más llama la atención de los pesquisas es la reiterada aparición de concesionarias de automóviles y operaciones vinculadas a la compraventa de vehículos. Jorge “Pelaín” Nassif había manifestado durante un juicio realizado años atrás que se dedicaba a esa actividad. Chávez sostuvo que Abraham también operaba en ese rubro. Ahora, padre e hijo Catulo aparecen igualmente relacionados con el negocio automotor.

Esa coincidencia llevó a los investigadores a profundizar el análisis sobre la posible utilización de concesionarias, empresas y emprendimientos comerciales como mecanismos para justificar movimientos económicos y eventualmente blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

Por el momento, la Justicia Federal no descarta ninguna hipótesis. Lo que comenzó con un procedimiento rutinario sobre una ruta del este tucumano se transformó en una compleja investigación que cada día incorpora nuevos protagonistas, amplía la red de relaciones bajo sospecha y expone posibles conexiones entre el tráfico de drogas, los negocios privados y el movimiento de importantes sumas de dinero.

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Murió un motociclista de 43 años tras colisionar con un auto en avenida Siria y Bolivia

Jorge Mauricio Machado, de 43 años, murió este martes alrededor de las 18.45 luego de protagonizar un choque entre su moto y un Toyota Etios en la esquina de las avenidas Siria y Bolivia, en San Miguel de Tucumán.

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Un motociclista identificado como Jorge Mauricio Machado, de 43 años, falleció este martes, alrededor de las 18.45, tras un choque en la intersección de las avenidas Siria y Bolivia, en la zona norte de San Miguel de Tucumán.

Los vehículos involucrados

La víctima circulaba en una motocicleta Honda GLH 150 y colisionó con un Toyota Etios que conducía una mujer. Como consecuencia del impacto, Machado perdió la vida.

Por el momento no se difundieron más detalles sobre la mecánica del choque.

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Tucumán superó la tonelada de cocaína secuestrada en lo que va del año

Casi la mitad de la cocaína secuestrada en lo que va del año corresponde al cargamento interceptado en el sur provincial, a bordo de una camioneta y llegados a la provincia en un vuelo narco.

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Tucumán volvió a superar la tonelada de cocaína decomisada durante los primeros diez meses del año y se convirtió, por primera vez en al menos una década, en la segunda provincia del NOA con mayor volumen de droga incautada. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, las fuerzas de seguridad secuestraron 1.014 kilos, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2025, pese a que en el conjunto de la región los decomisos disminuyeron un 33%. Los resultados encendieron nuevas advertencias sobre posibles cambios en las rutas utilizadas por las organizaciones narcotraficantes.

La provincia quedó únicamente por detrás de Salta, donde se incautaron 2.029 kilos de cocaína. En las restantes jurisdicciones del noroeste argentino, las cantidades fueron considerablemente inferiores: Jujuy registró 459 kilos, Santiago del Estero 343 y Catamarca 133.

La comparación interanual mostró una diferencia significativa entre Tucumán y sus provincias vecinas. Mientras los secuestros locales retrocedieron apenas un 1,3%, desde los 1.027 kilos registrados en 2025, Salta y Jujuy experimentaron caídas del 46,4% cada una. En Santiago del Estero la disminución alcanzó el 74,1%, mientras que en Catamarca fue del 67,6%.

Las cifras fueron elaboradas mediante una recopilación de procedimientos informados por Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las fuerzas policiales provinciales.

La ausencia de una base nacional pública y unificada impide contar con estadísticas completas y homogéneas sobre los estupefacientes incautados. Cada institución administra sus propios registros y los datos federales no siempre contemplan los operativos realizados por las policías locales.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico de Tucumán, Jorge Dib, advirtió que esa falta de información dificulta la planificación de políticas de seguridad y obliga a las autoridades a desarrollar estrategias con estadísticas parciales.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, atribuyó la continuidad de los resultados provinciales al Operativo Lapacho, un dispositivo de vigilancia permanente sobre los límites de Tucumán que funciona durante los 365 días del año.

El funcionario explicó que durante los últimos meses se intensificó la coordinación con Gendarmería Nacional y la Policía Federal para distribuir controles y reforzar la vigilancia sobre los principales corredores utilizados para el transporte de estupefacientes.

Como ejemplo, mencionó el fortalecimiento de los operativos en el puesto de 7 de Abril, en el límite con Santiago del Estero. Según sostuvo, esa estrategia también favoreció el incremento de los secuestros de marihuana y cocaína en el departamento santiagueño Pellegrini, donde las autoridades implementaron controles similares.

Girvau aseguró que el gobernador Osvaldo Jaldo instruyó a las autoridades de seguridad para promover la aplicación de este modelo de vigilancia en otras provincias del NOA.

Más allá del volumen total de droga incautada, las estadísticas tucumanas revelaron una modificación importante en las características de los procedimientos.

Durante 2025 se realizaron 34 operativos que permitieron secuestrar 1.027 kilos de cocaína, con un promedio de 30,2 kilos por intervención.

En cambio, durante los primeros diez meses de 2026 se contabilizaron 23 procedimientos, en los que se decomisaron 1.014 kilos. Esto elevó el promedio a 44,1 kilos por operativo, lo que representa un incremento cercano al 46% en la cantidad de droga incautada por intervención.

El dato indica que, aunque disminuyó la cantidad de procedimientos, los cargamentos interceptados fueron, en promedio, considerablemente mayores.

Entre los operativos más importantes del año sobresalió el secuestro de 470 kilos de cocaína transportados en una camioneta hacia Atahona, en el sudeste tucumano.

Los investigadores analizan la posibilidad de que ese cargamento hubiera ingresado previamente mediante un vuelo clandestino, una hipótesis que adquirió relevancia a partir de los cambios detectados en las modalidades del tráfico regional.

Otro procedimiento significativo se desarrolló sobre la denominada Ruta de los Valles, un corredor que atraviesa sectores montañosos y que habría sido utilizado para transportar 48 kilos de cocaína con destino a Simoca.

En ese caso, personal de Gendarmería Nacional interceptó el cargamento y frustró su traslado.

El tercer episodio destacado involucró a dos mujeres bolivianas que habían viajado hasta San Pedro de Colalao para recibir tres kilos de cocaína de personas cuya identidad no fue precisada.

Según la investigación, ambas pretendían transportar la droga hacia Buenos Aires, pero fueron detenidas durante un control realizado en el peaje de Molle Yaco.

Estos procedimientos reforzaron las sospechas sobre una posible reconfiguración de las rutas del narcotráfico, especialmente después de la implementación de nuevas políticas de vigilancia en las zonas fronterizas del norte argentino.

El fiscal federal salteño Ricardo Toranzos había advertido que el funcionamiento de las organizaciones dedicadas al transporte de estupefacientes comenzó a modificarse a partir de la puesta en marcha del Plan Güemes y del anuncio del Operativo Roca, que todavía no se encontraba operativo.

Entre los cambios identificados mencionó un presunto incremento de los vuelos clandestinos utilizados para trasladar cocaína hacia sectores del sur de Salta, próximos a los límites con Tucumán y Santiago del Estero.

Las aeronaves podrían aterrizar en pistas improvisadas o arrojar cargamentos en lugares previamente establecidos para su posterior traslado por tierra.

La situación también generó cuestionamientos desde la propia provincia de Salta.

Rodolfo Zigarán, interventor de Aguas Blancas, consideró que el aumento relativo de los secuestros en Tucumán podría constituir una señal de que las organizaciones criminales están modificando sus circuitos de distribución.

El funcionario cuestionó los resultados del Plan Güemes y reclamó una revisión urgente de su funcionamiento, al advertir sobre el riesgo de que Tucumán se transforme en un centro de almacenamiento y redistribución de estupefacientes.

Sus declaraciones plantearon una interpretación diferente de las estadísticas: mientras las autoridades tucumanas consideran que los decomisos reflejan la efectividad de los controles, otros funcionarios entienden que también podrían evidenciar un desplazamiento de las actividades del narcotráfico hacia el interior del NOA.

Dib reconoció que la modificación de los corredores utilizados por los traficantes constituye uno de los principales desafíos actuales.

El secretario sostuvo que Jaldo había planteado inicialmente esta problemática ante las autoridades nacionales y que posteriormente otros gobernadores del noroeste se sumaron a los reclamos. Sin embargo, afirmó que todavía no se habían obtenido las respuestas esperadas.

En ese contexto, el funcionario confirmó que trabajó junto con la diputada nacional Eliana Bruno, de La Libertad Avanza, en una iniciativa legislativa destinada a establecer un régimen de derribo de aeronaves vinculadas con vuelos ilegales.

La propuesta fue presentada ante los ministerios nacionales de Seguridad y Defensa, según indicó Dib, quien relacionó la necesidad de esa herramienta con el presunto incremento de los vuelos utilizados para transportar drogas en la región.

Desde la conducción policial tucumana anticiparon que los próximos pasos estarán orientados a reforzar la vigilancia fronteriza, mejorar el intercambio de información con otras fuerzas y ampliar la utilización de herramientas tecnológicas para detectar movimientos sospechosos.

Girvau señaló que los operativos deberán modificarse constantemente para responder a los cambios de estrategia de las organizaciones narcotraficantes.

La evolución de los decomisos durante 2026 dejó así dos lecturas que deberán ser analizadas por las autoridades: Tucumán mantuvo prácticamente sin variaciones la cantidad de cocaína secuestrada y aumentó el volumen promedio de los cargamentos interceptados, mientras que las demás provincias del NOA registraron fuertes retrocesos.

Aunque estas cifras no permiten determinar por sí solas cuánto aumentó o disminuyó el tráfico real de estupefacientes, sí muestran un cambio significativo en la distribución regional de los secuestros.

El desafío para los investigadores será establecer si ese comportamiento responde principalmente a una mayor eficacia de los controles provinciales, a una modificación de las rutas del narcotráfico o a una combinación de ambos factores.

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Prisión preventiva para un sujeto acusado de balear gravemente a un motociclista para robarle

El Ministerio Fiscal imputó a un hombre de 25 años, apodado «Bebete», por un violento asalto ocurrido en junio pasado en el barrio Costanera, al este de la Capital, donde una de las víctimas recibió disparos en el abdomen y un brazo. Estaba prófugo y fue capturado. La Fiscalía logró que permanezca privado de la libertad.

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La investigación por el violento suceso es desarrollada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de Susana Cordisco, quien fue representada por la auxiliar de fiscal Florencia Cocimano, en la audiencia en la que el Ministerio Fiscal solicitó el control de la detención, la formulación de cargos y el pedido de medidas de coerción de máxima intensidad en contra del acusado.

Como primer punto, la representante del MPF expuso las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo la detención del imputado, solicitando que se declare la legalidad de la misma. Al fundamentar el pedido, la investigadora explicó que sobre el acusado pesaba una orden de captura que se efectivizó al ser sorprendido cuando ingresaba al cementerio Jardín del Ángel, ubicado en inmediaciones de las avenidas San Ramón y de Circunvalación, en la zona este de San Miguel de Tucumán.

A continuación, procedió a llevar adelante la formulación de los cargos por el hecho calificado como robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego operativa y por haber generado lesiones graves, en grado de tentativa.

La representante de la acusación pública solicitó la prisión preventiva del encartado por el término de 45 días. “Hay peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Existen elementos suficientes para sostener que el imputado es coautor de este hecho que fue sumamente grave, cometido en horas de la madrugada, las víctimas fueron sorprendidas por dos sujetos que actuaron de manera coordinada, usando armas de fuego”, fundamentó.

Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar al requerimiento de prisión preventiva formulado por el MPF, ordenando que el detenido sea trasladado a uno de los establecimientos del Servicio Penitenciario de Tucumán.

El hecho

De acuerdo a la acusación, el 7 de junio de 2026, a horas 02:00 aproximadamente, “Bebete”, de 25 años, conjuntamente con otro sujeto, ambos portando armas de fuego, interceptaron a dos motociclistas, uno de los cuales circulaba a bordo de una Honda Wave 110 cc, con una acompañante; mientras el otro conductor se movilizaba en una Honda Biz 125 cc, por un pasaje sin nombre ubicado en barrio Costanera, al costado de una escuela y en inmediaciones de la gruta del Gauchito Gil, de San Miguel de Tucumán.

En esas circunstancias, ambos sujetos se colocaron en medio de la calle, intentando impedir el paso de las motos y, mediante amenazas con armas de fuego, intentaron apoderarse ilegítimamente de dichos rodados.

Ante esta situación, uno de los motociclistas logró esquivar a los agresores, oportunidad en la que “Bebete” efectuó disparos, impactando los proyectiles en la región abdominal y en el brazo derecho del otro conductor, provocándole lesiones graves, entre ellas una perforación de colon, que requirieron una intervención quirúrgica de urgencia y pusieron en concreto peligro su vida.
Finalmente, ambos sujetos se dieron a la fuga sin lograr concretar el apoderamiento de ninguna de las motocicletas, por circunstancias ajenas a su voluntad.

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