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Policiales

Prisión preventiva al acusado de matar a Cynthia Lazarte

Intentó incendiar el auto para borrar las huellas del crimen.

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La Justicia dictó seis meses de prisión preventiva para Roberto José Fuentes, el hombre acusado de asesinar a Cynthia Verónica Lazarte, la mujer de 41 años que fue encontrada sin vida en el interior de un automóvil incendiado en la zona este de San Miguel de Tucumán. La investigación sostiene que el acusado la estranguló y luego intentó prender fuego el vehículo para eliminar evidencias y garantizar su impunidad.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, quien estuvo representado en la audiencia por el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio. Durante la misma se solicitó la convalidación de la aprehensión, la formalización de la investigación y la imposición de medidas de coerción contra el imputado.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Fuentes por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género, en calidad de autor, y requirió que permanezca detenido mientras avanza la investigación.

«Se trata de un hecho extremadamente grave que fue elaborado para garantizar su impunidad, debido a que ya con la víctima fallecida intentó quemar los rastros aprovechándose de la vulnerabilidad de la misma«, sostuvo Maggio durante la audiencia.

Tras escuchar a las partes, la jueza interviniente resolvió hacer lugar al planteo fiscal y ordenó la prisión preventiva del acusado por el plazo de seis meses.

Según la acusación, durante la madrugada del sábado 13 de junio, aproximadamente a la 1 de la mañana, Roberto José Fuentes se encontraba junto a Cynthia Lazarte en el asiento trasero de un Fiat Palio color bordó, estacionado sobre calle Francia al 1.160 de la capital tucumana.

En ese contexto, y aprovechándose de una situación de vulnerabilidad de la víctima, el acusado habría iniciado una brutal agresión física. La investigación sostiene que Lazarte fue golpeada reiteradamente en el rostro y la cabeza con un elemento contundente que le provocó lesiones cortantes en la mejilla izquierda y en el glúteo derecho.

Posteriormente, siempre según la hipótesis fiscal, Fuentes tomó un lazo, lo colocó alrededor del cuello de la mujer y la estranguló hasta provocarle la muerte. El informe preliminar determinó que el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica por estrangulación a lazo.

Una vez consumado el crimen, el acusado habría intentado incendiar el automóvil con el cuerpo de la víctima en su interior. Sin embargo, la rápida intervención de vecinos que advirtieron la presencia de fuego y alertaron al Sistema de Emergencias 911 impidió que el incendio se propagara completamente.

Tras iniciar el fuego, el sospechoso escapó del lugar.

El descubrimiento ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del sábado, cuando vecinos de calle Francia al 1.100 observaron que un automóvil estaba envuelto en llamas y dieron aviso a la Policía.

Efectivos de la Patrulla Motorizada llegaron al lugar y lograron controlar el incendio. Durante la inspección del vehículo encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el asiento trasero.

Los investigadores detectaron desde un primer momento indicios de una muerte violenta. La víctima estaba desnuda y tenía un cable alrededor del cuello, elementos que reforzaron la hipótesis de un femicidio.

Tras preservar la escena, trabajaron especialistas de la División Homicidios, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y peritos de Bomberos, quienes realizaron los primeros relevamientos y levantaron rastros considerados fundamentales para el esclarecimiento del caso.

Una vez establecida la identidad de la víctima como Cynthia Verónica Lazarte, madre de cuatro hijos, los investigadores avanzaron con el análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos.

Las imágenes obtenidas permitieron reconstruir parte de los movimientos previos y posteriores al crimen. Según las fuentes de la investigación, los registros mostraron a un hombre con características físicas y vestimenta coincidentes con las de Roberto José Fuentes en las inmediaciones de la escena y posteriormente alejándose hacia la zona donde acostumbraba permanecer.

Con esos elementos, la División Homicidios montó un operativo de vigilancia discreta y logró ubicar al sospechoso.

Finalmente, Fuentes fue interceptado en inmediaciones de Lola Mora y Francia, donde fue reducido y trasladado a la dependencia policial especializada.

Por disposición del fiscal Gallo, posteriormente fue conducido al Cuerpo Médico Forense para la realización de exámenes y pericias complementarias.

La investigación continuó con nuevas medidas ordenadas por la Justicia. La jueza María Valeria Mibelli autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Lola Mora al 98, lugar donde el acusado solía pernoctar.

Durante el procedimiento se secuestraron diversos elementos que ahora serán sometidos a análisis periciales. Entre ellos figuran teléfonos celulares pertenecientes al acusado y a integrantes de su entorno familiar, prendas de vestir, calzado, una botella de vidrio y una riñonera que habría sido utilizada durante la secuencia investigada.

Además, los investigadores secuestraron prendas de la víctima, muestras biológicas, un fragmento de cable negro y varias botellas de plástico y vidrio que contenían líquidos inflamables.

Todos estos elementos serán sometidos a estudios científicos para determinar con precisión la mecánica del homicidio y el origen del incendio.

Mientras tanto, el Fiat Palio bordó dominio DHE 273, donde fue encontrado el cuerpo de Cynthia Lazarte, permanece bajo custodia judicial y constituye una de las principales evidencias de la causa.

Con la prisión preventiva ya dictada, los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir minuto a minuto lo ocurrido durante aquella madrugada y avanzar en el esclarecimiento definitivo de un caso que generó una profunda conmoción en Tucumán.

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Murió un motociclista de 43 años tras colisionar con un auto en avenida Siria y Bolivia

Jorge Mauricio Machado, de 43 años, murió este martes alrededor de las 18.45 luego de protagonizar un choque entre su moto y un Toyota Etios en la esquina de las avenidas Siria y Bolivia, en San Miguel de Tucumán.

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Un motociclista identificado como Jorge Mauricio Machado, de 43 años, falleció este martes, alrededor de las 18.45, tras un choque en la intersección de las avenidas Siria y Bolivia, en la zona norte de San Miguel de Tucumán.

Los vehículos involucrados

La víctima circulaba en una motocicleta Honda GLH 150 y colisionó con un Toyota Etios que conducía una mujer. Como consecuencia del impacto, Machado perdió la vida.

Por el momento no se difundieron más detalles sobre la mecánica del choque.

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Imputaron a un tractorista por un trágico siniestro vial en la Ruta 308

Un hombre perdió la vida en el lugar y otros dos conductores resultaron con lesiones tras un choque en cadena provocado por carros agrícolas que circulaban sin luces ni elementos refractarios.

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Un tractorista fue imputado por el Ministerio Fiscal por un trágico siniestro vial registrado en la Ruta Provincial 308, en el que falleció William Leandro Graneros y resultaron lesionados Rubén Leonardo Exequiel Herrera y Alexis Nahuel Nieva. El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana del pasado 2 de septiembre, en una zona rural sin iluminación artificial.

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, subrogada por Carlos Sale, se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares. En representación del MPF intervino la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi.

De acuerdo con la acusación fiscal, el pasado 2 de septiembre, alrededor de las 07:00 horas, el acusado, identificado como Carlos Enrique Oyola, conducía un tractor Massey Ferguson rojo por el carril sur de la Ruta Provincial 308, de oeste a este, a la altura del kilómetro 30, en el paraje Campo Bello (jurisdicción de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi).

El vehículo traccionaba tres carros playos color naranja oxidado, sin marca ni dominio, que circulaban sin el sistema de iluminación reglamentario en sus partes anterior, lateral y posterior, así como también sin luces ni cintas retro reflectivas. Estas condiciones, sumadas a la falta de alumbrado público y la visibilidad reducida de la zona, impidieron que el conductor de un furgón Mercedes Benz Sprinter que circulaba por detrás y en el mismo sentido pudiera divisar la formación a tiempo.

El furgón, al mando de Rubén Leonardo Exequiel Herrera y acompañado por Alexis Nahuel Nieva, colisionó de lleno contra la parte posterior del último carro. Producto del fuerte impacto, el furgón invadió el carril contrario (norte) e impactó de frente contra una camioneta Fiat Strada Adventure negra que circulaba de este a oeste, conducida por William Leandro Graneros.

En tanto, Oyola continuó la marcha con el tractor y los tres carros hasta detenerse en un camino alternativo sobre el margen sur de la ruta. Como consecuencia del siniestro, Graneros falleció en el lugar producto de un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave con politraumatismos severos.

Por su parte, Nieva sufrió una fractura mediodiafisaria desplazada de fémur derecho que requirió intervención quirúrgica con osteosíntesis (con un tiempo de curación e inutilidad laborativa superior a los 30 días), mientras que Herrera resultó con traumatismo cerrado de tórax y policontusiones (con un tiempo estimado de curación de 28 días y 14 de inutilidad laborativa).

Imputación y medidas cautelares

La Fiscalía atribuyó a Carlos Enrique Oyola la calificación jurídica de autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, en concurso ideal con lesiones culposas.
Para garantizar la sujeción del imputado al proceso y el correcto avance de la investigación, la representante del Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de menor intensidad, consistentes en reglas de conducta, fijar domicilio y someterse al proceso.

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Tucumán superó la tonelada de cocaína secuestrada en lo que va del año

Casi la mitad de la cocaína secuestrada en lo que va del año corresponde al cargamento interceptado en el sur provincial, a bordo de una camioneta y llegados a la provincia en un vuelo narco.

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Tucumán volvió a superar la tonelada de cocaína decomisada durante los primeros diez meses del año y se convirtió, por primera vez en al menos una década, en la segunda provincia del NOA con mayor volumen de droga incautada. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, las fuerzas de seguridad secuestraron 1.014 kilos, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en 2025, pese a que en el conjunto de la región los decomisos disminuyeron un 33%. Los resultados encendieron nuevas advertencias sobre posibles cambios en las rutas utilizadas por las organizaciones narcotraficantes.

La provincia quedó únicamente por detrás de Salta, donde se incautaron 2.029 kilos de cocaína. En las restantes jurisdicciones del noroeste argentino, las cantidades fueron considerablemente inferiores: Jujuy registró 459 kilos, Santiago del Estero 343 y Catamarca 133.

La comparación interanual mostró una diferencia significativa entre Tucumán y sus provincias vecinas. Mientras los secuestros locales retrocedieron apenas un 1,3%, desde los 1.027 kilos registrados en 2025, Salta y Jujuy experimentaron caídas del 46,4% cada una. En Santiago del Estero la disminución alcanzó el 74,1%, mientras que en Catamarca fue del 67,6%.

Las cifras fueron elaboradas mediante una recopilación de procedimientos informados por Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las fuerzas policiales provinciales.

La ausencia de una base nacional pública y unificada impide contar con estadísticas completas y homogéneas sobre los estupefacientes incautados. Cada institución administra sus propios registros y los datos federales no siempre contemplan los operativos realizados por las policías locales.

El secretario de Lucha contra el Narcotráfico de Tucumán, Jorge Dib, advirtió que esa falta de información dificulta la planificación de políticas de seguridad y obliga a las autoridades a desarrollar estrategias con estadísticas parciales.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, atribuyó la continuidad de los resultados provinciales al Operativo Lapacho, un dispositivo de vigilancia permanente sobre los límites de Tucumán que funciona durante los 365 días del año.

El funcionario explicó que durante los últimos meses se intensificó la coordinación con Gendarmería Nacional y la Policía Federal para distribuir controles y reforzar la vigilancia sobre los principales corredores utilizados para el transporte de estupefacientes.

Como ejemplo, mencionó el fortalecimiento de los operativos en el puesto de 7 de Abril, en el límite con Santiago del Estero. Según sostuvo, esa estrategia también favoreció el incremento de los secuestros de marihuana y cocaína en el departamento santiagueño Pellegrini, donde las autoridades implementaron controles similares.

Girvau aseguró que el gobernador Osvaldo Jaldo instruyó a las autoridades de seguridad para promover la aplicación de este modelo de vigilancia en otras provincias del NOA.

Más allá del volumen total de droga incautada, las estadísticas tucumanas revelaron una modificación importante en las características de los procedimientos.

Durante 2025 se realizaron 34 operativos que permitieron secuestrar 1.027 kilos de cocaína, con un promedio de 30,2 kilos por intervención.

En cambio, durante los primeros diez meses de 2026 se contabilizaron 23 procedimientos, en los que se decomisaron 1.014 kilos. Esto elevó el promedio a 44,1 kilos por operativo, lo que representa un incremento cercano al 46% en la cantidad de droga incautada por intervención.

El dato indica que, aunque disminuyó la cantidad de procedimientos, los cargamentos interceptados fueron, en promedio, considerablemente mayores.

Entre los operativos más importantes del año sobresalió el secuestro de 470 kilos de cocaína transportados en una camioneta hacia Atahona, en el sudeste tucumano.

Los investigadores analizan la posibilidad de que ese cargamento hubiera ingresado previamente mediante un vuelo clandestino, una hipótesis que adquirió relevancia a partir de los cambios detectados en las modalidades del tráfico regional.

Otro procedimiento significativo se desarrolló sobre la denominada Ruta de los Valles, un corredor que atraviesa sectores montañosos y que habría sido utilizado para transportar 48 kilos de cocaína con destino a Simoca.

En ese caso, personal de Gendarmería Nacional interceptó el cargamento y frustró su traslado.

El tercer episodio destacado involucró a dos mujeres bolivianas que habían viajado hasta San Pedro de Colalao para recibir tres kilos de cocaína de personas cuya identidad no fue precisada.

Según la investigación, ambas pretendían transportar la droga hacia Buenos Aires, pero fueron detenidas durante un control realizado en el peaje de Molle Yaco.

Estos procedimientos reforzaron las sospechas sobre una posible reconfiguración de las rutas del narcotráfico, especialmente después de la implementación de nuevas políticas de vigilancia en las zonas fronterizas del norte argentino.

El fiscal federal salteño Ricardo Toranzos había advertido que el funcionamiento de las organizaciones dedicadas al transporte de estupefacientes comenzó a modificarse a partir de la puesta en marcha del Plan Güemes y del anuncio del Operativo Roca, que todavía no se encontraba operativo.

Entre los cambios identificados mencionó un presunto incremento de los vuelos clandestinos utilizados para trasladar cocaína hacia sectores del sur de Salta, próximos a los límites con Tucumán y Santiago del Estero.

Las aeronaves podrían aterrizar en pistas improvisadas o arrojar cargamentos en lugares previamente establecidos para su posterior traslado por tierra.

La situación también generó cuestionamientos desde la propia provincia de Salta.

Rodolfo Zigarán, interventor de Aguas Blancas, consideró que el aumento relativo de los secuestros en Tucumán podría constituir una señal de que las organizaciones criminales están modificando sus circuitos de distribución.

El funcionario cuestionó los resultados del Plan Güemes y reclamó una revisión urgente de su funcionamiento, al advertir sobre el riesgo de que Tucumán se transforme en un centro de almacenamiento y redistribución de estupefacientes.

Sus declaraciones plantearon una interpretación diferente de las estadísticas: mientras las autoridades tucumanas consideran que los decomisos reflejan la efectividad de los controles, otros funcionarios entienden que también podrían evidenciar un desplazamiento de las actividades del narcotráfico hacia el interior del NOA.

Dib reconoció que la modificación de los corredores utilizados por los traficantes constituye uno de los principales desafíos actuales.

El secretario sostuvo que Jaldo había planteado inicialmente esta problemática ante las autoridades nacionales y que posteriormente otros gobernadores del noroeste se sumaron a los reclamos. Sin embargo, afirmó que todavía no se habían obtenido las respuestas esperadas.

En ese contexto, el funcionario confirmó que trabajó junto con la diputada nacional Eliana Bruno, de La Libertad Avanza, en una iniciativa legislativa destinada a establecer un régimen de derribo de aeronaves vinculadas con vuelos ilegales.

La propuesta fue presentada ante los ministerios nacionales de Seguridad y Defensa, según indicó Dib, quien relacionó la necesidad de esa herramienta con el presunto incremento de los vuelos utilizados para transportar drogas en la región.

Desde la conducción policial tucumana anticiparon que los próximos pasos estarán orientados a reforzar la vigilancia fronteriza, mejorar el intercambio de información con otras fuerzas y ampliar la utilización de herramientas tecnológicas para detectar movimientos sospechosos.

Girvau señaló que los operativos deberán modificarse constantemente para responder a los cambios de estrategia de las organizaciones narcotraficantes.

La evolución de los decomisos durante 2026 dejó así dos lecturas que deberán ser analizadas por las autoridades: Tucumán mantuvo prácticamente sin variaciones la cantidad de cocaína secuestrada y aumentó el volumen promedio de los cargamentos interceptados, mientras que las demás provincias del NOA registraron fuertes retrocesos.

Aunque estas cifras no permiten determinar por sí solas cuánto aumentó o disminuyó el tráfico real de estupefacientes, sí muestran un cambio significativo en la distribución regional de los secuestros.

El desafío para los investigadores será establecer si ese comportamiento responde principalmente a una mayor eficacia de los controles provinciales, a una modificación de las rutas del narcotráfico o a una combinación de ambos factores.

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