El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.
Salud
Medina Ruiz confirmó 25.000 casos notificados de dengue en Tucumán
El ministro de Salud especificó que oficialmente hay cuatro personas registradas como fallecidas.
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Durante una conferencia brindada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, en Casa de Gobierno, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, analizó la situación sanitaria de Tucumán con referencia al impacto territorial de la epidemia regional de dengue que afecta a la Argentina y a la provincia. Comunicó que a partir de muestras de laboratorios se pudo registrar 25.000 casos positivos de dengue notificados y cuatro personas fallecidas por la enfermedad.
Medina Ruiz detalló: “Según la Organización Mundial de la Salud es la peor epidemia de la historia de dengue en la región. Brasil con más de dos millones de casos y Argentina más de 230.000 casos. Estamos hablando del Boletín Oficial que salió el domingo y esto va una semana atrasada habitualmente, con casos incluso en La Pampa que nunca habían tenido enfermos autóctonos. Un crecimiento exponencial de la presencia del virus y del mosquito”.
Expresó que la reproducción de los mosquitos tuvo cambios a los conocidos hasta ahora: “evolucionan de huevo a larva y luego a mosquito adulto en muy pocos días. El virus es más agresivo a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Virus más virulentos que generan deshidratación y potencialmente riesgo de vida”.
“En ese contexto, Tucumán tenía notificado más de 20 mil casos la semana pasada y esta semana vamos a estar cerca de los 25 mil casos, se trata de casos con laboratorio realizado y sin ellos, aclaramos esto porque existe la duda de que, si ya no se hace el laboratorio para confirmar, no se están sumando los casos y eso no es así, toda persona que consulta con cuadro febril y dolor de cuerpo, fiebre alta, dolor de cabeza, sin cuadro respiratorio, se lo suma a la notificación del total de casos”, explicó.
Cabe destacar que el número de casos activos al momento, en la provincia es de 4600, “son personas que están cursando en este momento dengue. Este es un dato de importancia, porque si existen mosquitos que piquen a estas personas activas, es mucho más fácil de que se continúe este cuadro epidémico”.
Reconocimiento al personal sanitario
Sobre los trabajadores de la salud, Medina Ruiz dijo: “Hemos tenido la autorización y por supuesto el aval del gobierno de la provincia de ampliar la capacidad de oferta, de atención y tenemos un recurso humano muy valioso que yo quiero aprovechar para agradecer y felicitar el trabajo que se viene haciendo porque no se dejó de atender en ningún momento el resto de las patologías”.
“No se dejó de operar. Más de 3.800 cirugías se hicieron en marzo. Más de 70.000 fichas escolares se están realizando. No se dejó de visitar pueblos del interior con los trailers de salud de los Mil Días, de Crónicos, de Vacunación y de la Mujer. Todas las otras actividades de salud se vienen haciendo con normalidad”, informó y comentó que se reforzó la atención de los laboratorios porque un paciente con dengue, “independientemente del diagnóstico confirmatorio con serología, tenemos que evaluar cómo están sus glóbulos rojos y blancos, sus plaquetas, porque de eso depende también el pronóstico y la decisión de que el paciente quede internado o no. Una persona que tiene menos de 50.000 plaquetas tiene que quedar internado para evaluar si el día siguiente siguen descendiendo y necesita eventualmente una transfusión”.
“En la previsión de esta contingencia fuimos haciendo campañas de donación de sangre, tenemos sangre, tenemos plaquetas. Tenemos que tener la disponibilidad de todos estos insumos que son de alto costo. Los laboratorios están cerca de la gente en los lugares donde se atiende, las 24 horas en algunos lugares, en otros las 12 horas, los 7 días de la semana y eso permite que la persona reciba una atención integral, se hace el diagnóstico, se decide la gravedad, se indica la hidratación y prácticamente más del 95% de los pacientes se vuelven a su casa con un riesgo disminuido, habitualmente con paracetamol, con repelente que se le coloca en el lugar de atención”, dijo.
Y puntualizó que los 25.000 son casos notificados: “Probablemente hay un subregistro cuando hay, por ejemplo, feriados largos y demás, que son unos miles más, que no es significativo. Pero esto es el mismo parámetro que usa la Nación, el valor epidemiológico. De todos modos, este es un parámetro y es la cifra que tenemos oficial en base a la carga de datos”.
Sobre los fallecidos
“Tenemos cuatro pacientes fallecidos. Lamentablemente hay dos más que posiblemente se notifiquen el día de hoy. Para notificar a una persona como fallecida por dengue, necesitamos varios elementos. Primero una historia clínica, ver por qué sucedió el fallecimiento. Muchas veces se trata de una persona que tiene un cuadro grave, mortal, que además en ese momento tenía fiebre, se le hace un test y da positivo”.
“La importancia es hacer el diagnóstico con certeza, con la historia clínica, con un seguimiento, viendo las enfermedades previas de la persona, viendo la causa del fallecimiento y posteriormente, cuando tenemos la certeza, le comunicamos a la familia, que son las primeras personas que tienen que enterarse por nosotros, que se hizo un diagnóstico definitivo y luego notificamos públicamente. Es lo que se hace por normativa nacional. Siempre hay un atraso porque eso va a un comité de expertos que hace el análisis de cada una de las personas”, comentó.
“Lamentablemente, cada vez que fallece alguien, primero que es un golpe para la sociedad, es un golpe para el personal de salud. No queremos que nadie fallezca y lamentablemente en esta enfermedad y este serotipo en especial, es muy agresivo en personas jóvenes” y analizó: “Estamos notando cómo personas jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, sin enfermedades previas, llegan muy tarde, con estado de shock, deshidratadas. Muchas veces nos cuesta recuperarlas. No tenemos dimensión de las centenas de mujeres y varones jóvenes que estamos salvando la vida todos los días”.
“Si uno se pone a dimensionar la cantidad de personas que hidratamos en forma urgente y rápida, administrando 7 u 8 litros de suero, inmediatamente que ocurre la consulta, eso es algo que tenemos que valorar. Nuestro recurso humano está continuamente rescatando en forma inmediata a pacientes que consultan y que por supuesto después no son noticias, gracias a Dios”.
“Los signos de alarma que nos tienen que obligar a hacer una consulta inmediata en cualquier servicio de salud, en el más cercano al domicilio, son el dolor abdominal intenso y la incapacidad de tomar líquidos. Recordemos que esta enfermedad es infecciosa, que consume líquidos de por sí y nosotros necesitamos aportar más líquidos y el líquido es agua, tres cuartas partes de agua y una parte en líquido salino que venden en el comercio o eventualmente un suero casero que se prepara con 5 a 6 cucharaditas de azúcar y una cucharadita de sal en un litro de agua. Eso repone las sales que necesita la persona”. recomendó.
“Pero si no tengo la posibilidad de hidratar adecuadamente o si hay signos de hemorragias o vómitos o diarrea, la consulta tiene que ser urgente independientemente del estado general previo. Independientemente si se trata de una persona joven y deportista. Acá el riesgo es para todos”, sostuvo.
Entrega de repelentes

“Con respecto a los repelentes, venimos fabricando desde el año pasado con base a citronela, que es muy efectivo. Entregamos en los lugares donde hacemos el control de foco y en las guardias. Vamos a entregar al Ministerio de Educación para que se rocíe a los chicos que están en clases para que tengan mayor seguridad. Se entregan kits que tienen repelente, paracetamol y sales de rehidratación oral, en la mayoría de los casos”.
Medina Ruiz dijo también que “es muy importante entender que la indicación médica es para salvar la vida y evitar complicaciones futuras” a la persona que padece la enfermedad y que es sometida a un tratamiento de hidratación.
Pacientes en estado crítico

En cuanto a la cantidad de pacientes en estado crítico, comentó: “tenemos en este momento internados 129 pacientes, 17 en terapia intensiva y la mayoría son por enfermedades que acompañan al dengue o porque tienen las plaquetas muy bajas pero ninguno por el dengue en sí, por cuadros graves, sino por comorbilidades. Y la mayoría de los pacientes que internamos nosotros son por domicilio alejado, para precaución, por alguna complicación que pueda llegar a tener la persona”.
Y amplió: “una persona que tiene dengue debe cuidarse de los contagios respiratorios, eventualmente, usar barbijo si hay alguien que está enfermo en la casa porque una bronquitis en una persona que tiene dengue con las plaquetas bajas, con los glóbulos blancos bajos, se puede transformar en neumonía muy fácilmente”.
Salud
Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios
El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.
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29 mayo, 2026
El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.
Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.
La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.
El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.
Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.
Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.
La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.
Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.
Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.
Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil
Salud
El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude
Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.
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3 semanas atrásel
28 mayo, 2026
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.
Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.
Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.
En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.
FUENTE: Infobae
Salud
Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos
Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.
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3 semanas atrásel
27 mayo, 2026
La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.
Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.
Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.
Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).
La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/
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