El Gobierno de Tucumán dispuso una nueva flexibilización en las condiciones de pago de los 100 ómnibus 0 kilómetro que fueron entregados a principios de 2025 a las empresas de transporte público de pasajeros para sostener el servicio urbano e interurbano en la provincia.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 913/8 (MOIyTP), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y publicado este lunes 18 de mayo en el Boletín Oficial.

La decisión responde a un pedido formulado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), cuyos representantes argumentaron que las compañías atraviesan una situación económica crítica, con elevados niveles de endeudamiento y al borde de la quiebra debido al incremento de los costos salariales, de los insumos y del combustible.

En los fundamentos del instrumento, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el Ejecutivo provincial señala que los empresarios solicitaron “la adopción de medidas destinadas a flexibilizar la forma de pago prevista en los contratos de leasing” y justificaron el planteo en “la difícil y angustiosa situación que vienen arrastrando y soportando con gran endeudamiento y al límite de la quiebra”.

Según se detalla en el decreto, las empresas advirtieron que “los últimos incrementos de la escala salarial de sus dependientes, los mayores costos de insumos y el precio del combustible hacen que su actividad resulte inviable”.

En enero de 2025, la Provincia concretó la compra y entrega de 100 unidades cero kilómetro, lo que demandó una inversión superior a los 17 millones de dólares. La operatoria se instrumentó mediante contratos de leasing, a través de los cuales las empresas debían reintegrar el valor de los vehículos mediante la cesión de parte de la recaudación proveniente de la venta de boletos.

Los contratos originales establecían un plazo de 36 meses consecutivos para cancelar el 90 % del capital financiado, con sistema de amortización alemán e intereses sobre saldos. Sin embargo, en octubre de 2025 el Poder Ejecutivo ya había aprobado una primera adenda que otorgó un período de gracia de seis meses para el pago del capital, durante el cual las prestatarias continuaron abonando únicamente los intereses.

Con el nuevo decreto, el Ministerio de Economía y Producción, que conduce Daniel Abad, consideró viable “ampliar el plazo de pago de las unidades de 54 a 60 meses totales, otorgando así un período de gracia de seis meses en lo que refiere al capital adeudado”.

El decreto también autoriza al secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial a firmar las nuevas adendas con las empresas beneficiarias ante la Escribanía de Gobierno y a realizar todos los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Automotor.

Asimismo, el artículo 3 de la norma establece “la alícuota del 0 % (cero por ciento) en el Impuesto de Sellos para las adendas a los contratos de leasing”, con el objetivo de evitar costos adicionales vinculados a la formalización de la refinanciación.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo remarca que la medida fue analizada por distintas áreas técnicas y financieras del Estado provincial, que concluyeron que existían condiciones para acceder a la solicitud empresaria.

Con esta decisión, el Gobierno de Tucumán vuelve a asistir al sector del transporte público, al que ya había respaldado con la adquisición de nuevas unidades el año pasado y al que viene sosteniendo con millonarios subsidios todos los meses para garantizar la continuidad del servicio.

Solamente en abril la Provincia otorgó más de $ 7.600 millones en subsidios a las empresas de colectivos, mientras AETAT presiona para que el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán autorice un nuevo aumento en el precio del boleto como paliativo para enfrentar la crisis de la actividad. /Tendencia de Noticias

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán resolvió por mayoría postergar la Asamblea Universitaria que estaba prevista para mañana y reprogramarla para el miércoles 10 de junio, en medio de la crisis institucional abierta tras el fallo judicial que suspendió la candidatura de Sergio Pagani.

La decisión fue adoptada durante una sesión integrada por 31 consejeros, en la que se registraron tres abstenciones.

En el mismo encuentro, Pagani advirtió que su mandato vence el 28 de mayo y aseguró que no aceptará una prórroga hasta que se resuelva la elección de nuevas autoridades. Por ese motivo, el Consejo Superior deberá volver a reunirse la próxima semana para definir un rector y un vicerrector subrogantes.

Durante el debate también se produjo un cruce entre la decana de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, alineada con el oficialismo, y el decano electo de Ciencias Naturales, Hugo Fernández, cercano al espacio opositor de Miguel Cabrera y Virginia Abdala.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de la Fiscalía Ambiental Municipal y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó adelante una investigación que derivó en la clausura preventiva de distintos predios ubicados en márgenes del Canal Sur y del Río Salí, donde se constató la descarga irregular de escombros, residuos de construcción y otros desechos. En el marco de las actuaciones, además, se dispusieron sanciones contra cinco empresas dedicadas a esas operatorias, a las que se les prohibirá seguir descargando el material en esos terrenos hasta tanto presenten la documentación habilitante y den cumplimiento a las normas ambientales vigentes.

La investigación comenzó a partir de publicaciones y denuncias difundidas en redes sociales, donde vecinos advirtieron sobre movimientos frecuentes de camiones y contenedores en zonas cercanas al Canal Sur y al Río Salí. A partir de esos registros, que incluían fotos y videos, se iniciaron actuaciones para verificar lo que estaba ocurriendo en el lugar.

Como parte de la investigación, personal de la Brigada Ambiental Municipal (BAM) y equipos técnicos realizaron distintas inspecciones oculares en los sectores señalados. Durante los recorridos se constató la existencia de grandes acumulaciones de escombros y residuos de construcción, huellas y caminos utilizados por vehículos de gran porte y sectores que, de acuerdo a lo observado, eran utilizados para la descarga frecuente de materiales.

Además, durante las inspecciones se llevaron adelante entrevistas e identificaciones en los lugares intervenidos, incorporándose información sobre el movimiento diario de vehículos y el funcionamiento de los predios inspeccionados. En uno de los testimonios, una persona que se presentó como cuidador de uno de los terrenos manifestó que los escombros eran desplazados hacia el curso de agua. También se detectó la presencia de contenedores pertenecientes a distintas firmas vinculadas al transporte y disposición de estos residuos.

La investigación incorporó informes elaborados por organismos provinciales que, a requerimiento del municipio, determinaron que los sectores inspeccionados no se encuentran habilitados para el depósito de escombros ni para actividades de disposición de estos desechos.

A su vez, en las actuaciones se advirtió sobre la importancia ambiental de las zonas inspeccionadas y sobre los riesgos que puede generar la acumulación irregular de residuos en sectores cercanos al Canal Sur y al Río Salí. Según lo constatado, este tipo de prácticas puede favorecer la formación de microbasurales, afectar el escurrimiento normal del agua y generar riesgos para la salud pública y el ambiente.

Frente a la magnitud de los hechos detectados, el Juez de Faltas interviniente, Fabián Ruiz Lizondo, hizo lugar a lo solicitado por el Fiscal Ambiental y dispuso la clausura preventiva de los predios inspeccionados y la sanción contra las cinco empresas involucradas.

Trabajo conjunto

El secretario de Ordenamiento y Convivencia, a cargo de la Fiscalía Ambiental Municipal, Javier González, explicó que la investigación se inició a partir del aporte de los vecinos. “Tomamos conocimiento de una publicación en redes sociales en la que una vecina denunciaba el arrojo de escombros por parte de un camión con volquete hacia el Canal Sur. A partir de eso se abrió una investigación conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable”, señaló.

El funcionario detalló que durante las actuaciones se reunieron actas, inspecciones oculares, informes técnicos y testimonios que permitieron establecer que tres predios de la ciudad no estaban autorizados para recibir escombros. “Con el material reunido se le requirió al Juez de Faltas la clausura preventiva de esos terrenos y la suspensión de ese tipo de actividades por parte de las empresas involucradas, hasta tanto acrediten en sede del Juzgado de Faltas la documentación correspondiente y las habilitaciones que mandan las ordenanzas vigentes al día de la fecha”, indicó.

González destacó además el rol de la comunidad en la detección de este tipo de irregularidades. “Los vecinos han tenido un protagonismo fundamental con sus publicaciones, denuncias y testimonios. Eso es lo que buscamos desde el Municipio: construir y garantizar el orden y la recuperación de los espacios públicos con el aporte de cada ciudadano”, remarcó.

Sobre los pasos a seguir, el fiscal ambiental municipal informó que cada empresa deberá comparecer ante el Juzgado de Faltas y presentar la documentación correspondiente. “Luego el juez decidirá si corresponde aplicar sanciones, que pueden incluir multas, clausuras e inhabilitaciones. Desde la Fiscalía también solicitamos que se obligue a las firmas a reparar y restaurar los espacios que hoy se encuentran degradados”, sostuvo.

Por último, González recordó que los vecinos pueden realizar denuncias ambientales a través de la plataforma CiDiTuc. “Es el canal que preferimos porque permite hacer el reclamo y también monitorear día a día cómo avanza cada pedido y cuáles son las gestiones realizadas”, explicó.

Una política sostenida

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, señaló que la clausura forma parte de una política sostenida para erradicar basurales a cielo abierto en la ciudad. “Desde que asumimos venimos trabajando intensamente en la erradicación de basurales. Ya logramos eliminar más del 45 % de los focos detectados y continuamos investigando tanto a grandes generadores como a transportistas y operadores que no cumplen con la normativa vigente”, afirmó.

La funcionaria aclaró que el objetivo del Municipio no es únicamente sancionar, sino promover el cumplimiento de las normas ambientales. “Hemos notificado a muchas empresas para que se adecuen. Trabajamos mucho en la educación, la concientización y el compromiso de vecinos, ciudadanos y empresarios. Todos tenemos que involucrarnos para construir la ciudad limpia que queremos”, expresó.

Migliavacca también valoró el rol de los vecinos en la detección y solución de los problemas ambientales. “Nadie conoce mejor su barrio que quien vive allí. Por eso necesitamos el compromiso ciudadano. La transformación de la ciudad la hacemos entre todos”, concluyó.

La funcionaria recordó que también se pueden realizar denuncias ambientales mediante WhatsApp al 381-572-0007 y a través de la cuenta de Instagram Ambiente y Desarrollo SMT, canales que permiten verificar cada caso y, si corresponde, dar intervención a la Fiscalía Ambiental y al Juzgado de Faltas.