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La provincia trancurrió una trágica jornada de jueves

En la jornada de ayer se reportaron un asesinato en ocasión de robo, la confesión de un homicidio y dos muertes que aún se investigan, dejando como saldo 5 fallecidos.

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La jornada del pasado jueves 4 de marzo se inició con la aparición sin vida de un hombre a la altura del puente del Canal Norte en la capital tucumana, dando comienzo a una jornada negra en la provincia. Ángel Miguel Robles, un enfermero de 38 años, fue asesinado por malvivientes que lo golpearon con un fierro para quedarse con su moto.

Pasado el mediodía y a solo horas de que autoridades del Ministerio Público Fïscal (MPF), recibieran a los familiares de Julia Ríos, la mujer que desapareció el 26 de diciembre en La Reducción, la pareja de la misma confesó que la había asesinado y reveló dónde estaba su cuerpo.

Poco después, se halló sin vida a Ignacio Sosa Soler, el joven catamarqueño estudiante de Educación Física que era buscado desde el lunes. Y aunque las autoridades aún no descartan ninguna hipótesis, en este caso un posible suicidio toma cada vez más fuerza.

Por último, entrada la tarde en la localidad de Los Pereyra, se informó sobre el descubrimiento de un filicidio seguido de suicido terminó de horrorizar a una sociedad que ya había recibido muchos golpes. Un padre asesinó a su hijo de 8 años, dejando un mensaje en la pared de la vivienda en la que fueron encontrados que hace sospechar que el hombre cometió el atroz crimen tras pensar que eran víctimas de brujería.

Cuatro hechos. Cinco personas fallecidas y un jueves para olvidar en Tucumán.

Los casos uno por uno

Ángel Miguel Robles, un enfermero de 38 años, fue asesinado sobre la ruta nacional 9, a la altura del puente del Canal Norte en un intento de robo cuando recién amanecía en Tucumán y él se trasladaba en su motocicleta por la zona.

El fiscal Carlos Sale, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, indicó que el hombre sufrió un traumatismo de cráneo por un golpe ocasionado sujetos que se ocultaron entre los pastizales y salieron al encuentro del motociclista con fines de robo, golpeándolo en la cabeza con un hierro. Un elemento de esas características fue hallado en la escena. Otros rastros e indicios avalarían esa hipótesis.

Por el momento, la Justicia trata de establecer quienes fueron los autores de este crimen.

Un nuevo femicidio

Luego de que las autoridades del Ministerio Público Fïscal (MPF), encabezadas por el secretario judicial, Tomás Robert recibieran en la mañana de este jueves 4 de marzo a los familiares de Julia Ríos, quien se encontraba desaparecida desde el 26 de diciembre de 2020, su pareja se quebró y confesó el crimen.

La confesión de Guillermo Nieva, autor del homicidio de acuerdo a su declaración, se dio luego de una medida de allanamiento realizada en el domicilio donde alquilaba en la localidad de Lules. La UFI a cargo de López Bustos, fue la que llevó a cabo las tareas que permitieron dar con la ubicación donde el sospechoso arrojó los restos de la víctima.

“Esta tarde se hizo un allanamiento en búsqueda de unos celulares, medida solicitada por el doctor Pedro Gallo en el domicilio del señor Nieva, principal sospechoso del hecho. Y mientras estaba concretando la medida, el hombre se acercó y habría contado el hecho. Posteriormente, el sujeto le indicó a la policía donde estaba el cuerpo de la víctima y en base a ello llegamos al lugar donde se encontraron los restos óseos”, subrayó el Fiscal.

Los restos fueron hallados en una finca del Ingenio Bella Vista, en la localidad de María Elena, departamento de Lules.

El final menos esperado

Ignacio Sosa Soler tenía 25 años, y era buscado con intensidad desde el pasado lunes por familiares y amigos que lo vieron por últimas vez salir de su departamento, en bici y rumbo a San Javier.

El estudiante de Educación Física, no volvió a comunicarse con ellos y pasado el mediodía del jueves, su cuerpo sin vida fue encontrado cerca de la Primera Confitería.

Su cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición en una especie de morro y a unos 20 metros de la ruta que conduce a San Javier y la autopsia determinará qué sucedió con el joven.

Aunque aún no se descartó ninguna hipótesis como un accidente o un intento de robo, el hallazgo en el lugar de su teléfono celular de más de $100 mil, blisters vacíos de psicofármacos y una botella de una bebida energizante, hacen que por el momento un suicidio sea la teoría más firme.

Su bici aún no apareció.

Horror en Los Pereyra

El caso tomó relevancia por la tarde, pero también en la mañana del jueves, en un domicilio de Los Pereyra, se encontraron los cuerpos de un padre y su hijo muertos en una vivienda.

«De la inspección a los cuerpos surge que fallecieron por ahorcamiento. En principio estaría descartada la intervención de terceros, por lo que se trataría de un homicidio seguido de suicidio. También se advirtió que se intentó prenderle fuego a la casa; en ese sentido, el hombre fallecido presentaba signos de quemaduras», señaló Alejandro Valeros coordinador de la Unidad Fiscal de Intervención temprano.
Los fallecidos fueron identificados como Víctor Rubén Carranza, de 62 años y su hijo Samuel, de 8. Según las fuentes del MPF, cerca de las 11.30 horas de hoy, sus cuerpos fueron encontrados colgados de las vigas del tinglado de una vivienda en la que Carranza trabajaba como cuidador, por un hombre que colaboraba con las labores de campo.

La data de los fallecimientos sería de unas 12 horas previas al hallazgo, determinaron los expertos del Cuerpo Médico Forense (CMF) del MPF que revisaron los cuerpos.

Los pesquisas del Ministerio Fiscal indicaron que en una de las paredes hallaron una inscripción por lo que se cree que el hombre creyó que los habían embrujado por lo que decidió matar a su hijito para luego suicidarse. /A las 7/

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Detuvieron a dos nuevos sospechosos por los 470 kilos de cocaína secuestrados en Río Seco

La detención de Enrique Santos Catulo, vinculado con el Clan Ale, derivó en el allanamiento y la clausura de la agencia de venta de automotores ubicada en la calle San Martín al 1.000.

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La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico tucumano, sumó en las últimas horas dos nuevos detenidos y amplió el entramado de vínculos que analiza la Justicia Federal. Los arrestos fueron concretados por personal de Gendarmería Nacional durante una serie de allanamientos realizados en San Miguel de Tucumán y Famaillá, en el marco de una causa que ya cuenta con varios imputados y que apunta a desentrañar una posible estructura dedicada al tráfico y eventual lavado de activos.

Uno de los nuevos detenidos es Enrique Santos Catulo, quien había sido condenado en 2017 durante el juicio contra el denominado clan Ale por integrar una asociación ilícita destinada al lavado de dinero proveniente de diversas actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. También fue arrestado su hijo, Ernesto Catulo Chamas, cuyo nombre ya había surgido durante aquel proceso judicial aunque nunca llegó a ser imputado.

La causa se inició el viernes 5 de junio cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta durante un control de rutina sobre la ruta 157, a la altura de Río Seco. El conductor, Marcos Nacif, mostró signos de nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Al revisar la carga, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en el rodado, dando origen a una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en la provincia.

A partir de ese hallazgo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz encabezó una pesquisa que rápidamente derivó en nuevas detenciones. Días después fue arrestado Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y propietario de una reconocida verdulería de esa ciudad. Posteriormente, el empresario famaillense Pablo Abraham se presentó voluntariamente ante la Justicia al tomar conocimiento de que existía una orden de captura en su contra.

Durante las indagatorias, Nacif sostuvo que había sido contratado para realizar un traslado, aunque aseguró desconocer qué transportaba. El acusado es tío de Jorge “Pelaín” Nassif, actualmente detenido en otra causa donde está imputado por presuntamente abastecer de drogas a puntos de venta ubicados en el sur tucumano y en Termas de Río Hondo.

Por su parte, Chávez rechazó cualquier vinculación con la operación investigada. Según explicó su abogado defensor, Benito Allende, reconoció que la camioneta utilizada para trasladar la droga había sido de su propiedad, pero afirmó que la había entregado a Abraham como parte de pago por otro vehículo similar y que nunca completó los trámites de transferencia.

Abraham, asistido legalmente por Ernesto García Biagosch, optó por abstenerse de declarar hasta conocer el contenido de las pruebas reunidas en su contra.

Mientras avanzaba la investigación, el fiscal Vehils Ruiz ordenó una serie de procedimientos simultáneos. El domingo por la noche se realizaron dos allanamientos en Famaillá: uno en un local gastronómico y boliche vinculado a Abraham y otro en un galpón perteneciente a su empresa de transporte. En ambos lugares se secuestraron computadoras y documentación considerada relevante para la causa, aunque no se encontraron armas ni sustancias prohibidas.

Las medidas continuaron al día siguiente con nuevos operativos. Uno de ellos se desarrolló en una concesionaria ubicada sobre calle San Martín al 1.000, en la capital tucumana. Allí los investigadores secuestraron un teléfono celular, un vehículo y realizaron un inventario de los 15 automóviles existentes en el predio. Además, la concesionaria quedó clausurada por disposición judicial.

Durante ese procedimiento fue detenido Enrique Santos Catulo. Según surge de la sentencia dictada en 2017 contra el clan Ale, Catulo utilizaba esa concesionaria para canalizar y justificar ingresos provenientes de la organización liderada por Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale.

En paralelo, Gendarmería allanó un departamento ubicado sobre calle Balcarce al 600, en pleno barrio Norte. En ese lugar se secuestraron un vehículo, cheques de distintos montos y documentación considerada de interés para la investigación. Allí fue detenido Ernesto Catulo Chamas.

Fuentes judiciales también confirmaron la realización de otros dos procedimientos: uno en un inmueble ubicado sobre calle San Juan al 1.300, en San Miguel de Tucumán, y otro en un local emplazado sobre la ruta 301, en Famaillá, que estaría relacionado con Abraham. Ambos operativos finalizaron sin resultados relevantes para la causa.

A menos de dos semanas del inicio de la investigación, los interrogantes siguen siendo numerosos. Los investigadores intentan determinar si la droga llegó efectivamente por vía aérea y cuál era el destino final del cargamento. También buscan establecer quiénes eran los verdaderos propietarios de la cocaína y cuál era el rol específico de cada uno de los involucrados.

Uno de los elementos que más llama la atención de los pesquisas es la reiterada aparición de concesionarias de automóviles y operaciones vinculadas a la compraventa de vehículos. Jorge “Pelaín” Nassif había manifestado durante un juicio realizado años atrás que se dedicaba a esa actividad. Chávez sostuvo que Abraham también operaba en ese rubro. Ahora, padre e hijo Catulo aparecen igualmente relacionados con el negocio automotor.

Esa coincidencia llevó a los investigadores a profundizar el análisis sobre la posible utilización de concesionarias, empresas y emprendimientos comerciales como mecanismos para justificar movimientos económicos y eventualmente blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

Por el momento, la Justicia Federal no descarta ninguna hipótesis. Lo que comenzó con un procedimiento rutinario sobre una ruta del este tucumano se transformó en una compleja investigación que cada día incorpora nuevos protagonistas, amplía la red de relaciones bajo sospecha y expone posibles conexiones entre el tráfico de drogas, los negocios privados y el movimiento de importantes sumas de dinero.

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Femicidio de Cynthia Lazarte: el acusado había salido de la cárcel hace 40 días tras cumplir una condena por abuso

Roberto Fuentes, de 39 años, había estado preso seis años por ese delito. La víctima era conocida en el barrio como “La Piba”: vivía en situación de calle, se movilizaba con muletas y el viernes la esperaban para festejarle el cumpleaños a su madre.

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Roberto Fuentes tenía apenas 40 días de libertad cuando fue detenido acusado de asesinar a Cynthia Verónica Lazarte. El hombre de 39 años había cumplido una condena de seis años por abuso sexual y su regreso a las calles terminó con el cuarto femicidio registrado en Tucumán en lo que va del año.

 

La víctima, de 41 años y conocida en el barrio como «La Piba», vivía en situación de calle desde hacía años. Madre de cuatro hijos, arrastraba problemas de adicción desde los 15 y se desplazaba con muletas tras perder el pie derecho y tres dedos del izquierdo en un accidente. Habitualmente recorría el este de la capital pidiendo ayuda o limosna.

El último viernes de su vida

Quienes la conocían recuerdan que ese viernes estaba contenta. Había logrado bañarse y sus sobrinas la esperaban para pasar la noche juntas. Pero algo ocurrió en el medio. Durante la tarde, Cynthia le mostró a una conocida la fotografía de un «hombre malo» que, según decía, la perseguía. La imagen mostraba a una persona de espaldas que no pudo ser identificada.

 

Pasada la 1 del sábado, vecinos llamaron al 911 para reportar un auto en llamas en Francia al 1.100. Cuando los efectivos llegaron, encontraron un cuerpo en el interior. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la última persona que había estado con ella era Fuentes, quien fue detenido horas después en su vivienda de Lola Mora al 100.

Un crimen brutal

Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Lucas Maggio detalló la brutalidad del ataque: Lazarte fue golpeada con un objeto contundente, sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y fue estrangulada con un cable negro. Tras asesinarla, el acusado roció el cuerpo con un líquido inflamable e intentó incendiarlo para eliminar evidencias. Los investigadores determinaron que la víctima ya había fallecido cuando comenzó el fuego, dado que no se hallaron restos de hollín en sus vías respiratorias. Las muestras recolectadas también serán analizadas para determinar si fue víctima de un abuso sexual.

 

El acusado presentaba además lesiones y escoriaciones en el cuello y el tórax, marcas que los peritos atribuyen a un intento desesperado de Cynthia por defenderse.

La jueza María Alejandra Balcázar ordenó seis meses de prisión preventiva y advirtió que, de ser hallado culpable, Fuentes podría recibir prisión perpetua«Hay que garantizar el proceso. Existe riesgo de fuga y también de entorpecimiento de la investigación mediante posibles influencias sobre testigos que aún deben declarar», fundamentó.

«Tuvo una vida muy difícil»

El femicidio generó una profunda conmoción en el barrio. Juan Carlos García, quien la conocía, trazó un retrato doloroso: «Cynthia no tenía maldad. Sólo se ponía agresiva cuando atravesaba cuadros de abstinencia. Era una mujer vulnerable por donde se la mirara: por su condición de mujer, por sus problemas de consumo y por su discapacidad. Le sacaban las muletas y directamente no podía moverse».

Juana de Jiménez, vecina de la zona, también expresó su indignación al conocer el pasado del acusado: «Ahora me entero de que el hombre acusado de matarla había estado preso por abuso sexual. Espero que esta vez la Justicia tenga en cuenta quién es y la gravedad de lo ocurrido«.

La vecina María Victoria Reyna pidió que no se responsabilice a la familia de la víctima: «Me consta que buscaron mil maneras de sacarla de la calle. A veces lo conseguían, pero siempre volvía por culpa de las adicciones. Sé que el viernes la estaban esperando en la casa de su madre para festejarle el cumpleaños».

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Un hombre murió tras recibir un puñetazo en Villa Carmela: el agresor de 25 años quedó detenido

El hecho ocurrió este lunes feriado a la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

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Un hombre de 40 años falleció este lunes 15 de junio en Villa Carmela luego de una violenta discusión que terminó con una agresión física. El principal sospechoso, un joven de 25 años conocido como “Choclito”, fue aprehendido horas después y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas investigativas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, encabezada por el fiscal Carlos Sale, quien se trasladó personalmente al lugar para supervisar las primeras actuaciones y coordinar el trabajo de los equipos técnicos.

La víctima fue identificada como Carlos Ezequiel Romano Hardoy, de 40 años y con domicilio en Tafí Viejo. Según las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, cerca del mediodía Romano Hardoy llegó a bordo de un automóvil al asentamiento El Triángulo I, ubicado en Villa Carmela, sobre la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Fiscalía, al descender del vehículo e ingresar por un pasillo desde la ruta, se encontró con Antonio “Choclito” Carrizo, de 25 años. En ese contexto se habría originado una discusión entre ambos que derivó en una agresión física.

Los investigadores sostienen que Carrizo le habría propinado un puñetazo en el rostro a Romano Hardoy. Como consecuencia del golpe, la víctima cayó al suelo y quedó tendida en el lugar.

La secuencia fue observada por una testigo que alertó de inmediato a las autoridades. Tras el llamado, efectivos policiales y personal del Sistema de Emergencias 107 acudieron al sector. Sin embargo, al arribar constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Luego del episodio, el acusado se dio a la fuga, aunque fue localizado y aprehendido posteriormente por personal policial. Quedó bajo custodia mientras la Fiscalía reúne pruebas para avanzar con la imputación correspondiente.

Por disposición del fiscal Sale, trabajaron en la escena especialistas de distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron un relevamiento integral del lugar, levantaron rastros y recolectaron evidencias que permitan reconstruir con exactitud la mecánica del hecho.

En las primeras horas de la investigación se descartó la utilización de armas de fuego o armas blancas, por lo que toda la pesquisa se concentra en determinar si el golpe recibido por la víctima fue la causa directa del fallecimiento o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal.

Las autoridades judiciales adelantaron que en las próximas horas se practicará la autopsia al cuerpo de Romano Hardoy, una medida considerada clave para establecer científicamente la causa de muerte y definir la situación procesal del acusado.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa tomando declaraciones testimoniales y analizando los distintos elementos incorporados al expediente para esclarecer completamente las circunstancias que derivaron en el trágico episodio ocurrido durante el feriado en Villa Carmela.

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