La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la entidad que nuclea a jueces y fiscales nacionales y federales, calificó de “injusta agresión” a los dichos del presidente Alberto Fernández quién ayer le pidió a los jueces y fiscales “que terminen con las payasadas” en referencia a la investigación penal que se inició contra el ex ministro de Salud Ginés González García por el llamado vacunatorio Vip ya que el jefe de estado consideró que no hay delito para investigar en el caso.

“Con profunda preocupación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional transmite la sensación de injusta agresión que todos sus miembros experimentan ante manifestaciones realizadas por el Sr. Presidente de la República, en un país hermano, contra la Justicia y los Ministerios Públicos argentinos”, sostuvo la entidad en un comunicado que lleva la firma de su presidente, Marcelo Gallo Tagle.

El pronunciamiento fue luego del pedido de dos agrupaciones de la entidad, el oficialismo y la oposición, para que la AMFJN repudiara los dichos. La nota es en repuesta a lo que dijo ayer el Presidente. “Cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas, bajo su dependencia. He leído que han hecho una denuncia. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés haya tenido que renunciar. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, dijo Fernández ayer en México, a donde viajó para reunirse con su par Andrés Manuel López Obrador.

Luego el jefe de Estado sostuvo que en el caso judicial que se inició no hay un delito para investigar porque no existe el delito de vacunar a alguien. “No existe ese delito y no se puede construir. Si quieren trabajar, hay muchos delitos para investigar como los peajes de Macri, el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos y la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino en el que murieran 44 tripulantes”, completó.

“Ni la ocasión internacional, ni el sentido ni los términos de la crítica son admisibles, pues se refieren a actos propios de la función de los magistrados que, sin perjuicio del destino final de las investigaciones, no pueden ser coartados por el Poder Ejecutivo, ni por ámbito político alguno”, agrega el comunicado que señaló que la institución presidencial “debe ser garante, justamente, del equilibrio entre los poderes del Estado” y le pidieron a Fernández “con respetuosa firmeza, que cesen las acometidas contra el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, seguros que, cumpliendo cada uno con su deber jurado en el marco de independencia y garantías procesales, todas las investigaciones serán llevadas a cabo con objetividad y resueltas en justicia”. “Sin agravios y sin presiones”, concluyó la AMFJN.

Más temprano, la Lista Bordó, oficialista en la política de los jueces y la más crítica con el kirchnerismo, y la Lista Celeste, opositora y más cercana al oficialismo nacional, también criticaron los dichos de Fernández y le pidieron al Consejo Directivo de la AMFJN que se pronuncien sobre el tema.

“No corresponde al titular del PEN emitir juicios acerca de la posible tipicidad o atipicicidad de conductas de funcionarios públicos dependientes de ese Poder del Estado que se encuentran sometidas al conocimiento de jueces/as y fiscales”, sostuvo la Lista Bordó y agregó que la postura de Fernández “resulta reprochable por constituir una afrenta a la división de poderes y una falta de consideración a otro Poder del Estado, calificar de ‘payasada’ una investigación impulsada por fiscales que tienen a su cargo promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

Por su parte, la Lista Celeste calificó de “inadmisibles” las expresiones del Presidente porque “pueden ser entendidas como una afectación a la división de los poderes del estado y a la consecuente independencia que los mismos deben gozar”. Y agregaron que “es necesario remarcar que, en caso de advertirse alguna irregularidad en el accionar de cualquiera de ellos, se podrá recurrir por las vías constitucionales correspondientes a fin de ser investigados mediante los procedimientos legalmente establecidos a tales efectos”.

Por el vacunatorio Vip la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Eduardo Taiano abrieron una investigación para determinar si se cometieron delitos en la vacunación de personas que no eran personal estratégico. El lunes a la noche fue allanado el Ministerio de Salud y en el procedimiento se secuestraron las filmaciones de las cámaras de seguridad y el listado de las personas vacunas.

En tanto, el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, declaró ayer como testigo en la causa penal y reconoció que el jueves de la semana pasada fue al Ministerio de Salud de la Nación a vacunar a Horacio Verbitsky, Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otros. Y dijo que una vez anterior a esa lo llamaron para ir a Olivos a darle la segunda dosis de la Sputnik V a Alberto Fernández, algo que no había trascendido. Y que eso fue por pedido directo de funcionarios del Ministerio de Salud, quienes también indicaban quiénes se debían vacunar en el Hospital Posadas y que frenta a eso no podía negarse.