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Política

En la Legislatura se llevó a cabo la disertación ”Pozo de Vargas – Delitos de Lesa Humanidad” para conmemorar el 24 de marzo

Durante el acto, el vicegobernador Acevedo sostuvo que el derecho a la vida debe ser respetado siempre e hizo un llamamiento para que los horrores de la última dictadura se conozcan y no se repitan nunca más.

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Con motivo de haberse conmemorado el 24 de marzo último el Día Nacional de la Memoria por la Verdad Verdad y la Justicia, el vicegobernador Miguel Acevedo, junto a la legisladora Sandra Figueroa y el titular de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, Gabriel Yedlin, encabezaron la jornada de concientización a través de la disertación ”Pozo de Vargas – Delitos de Lesa Humanidad” brindada por el periodista David Correa. También participaron los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Alejandro Figueroa y Alejandra Cejas.

Durante el acto, el vicegobernador destacó el compromiso de David Correa con la defensa de los derechos humanos y contó, embargado por una profunda tristeza, cómo vivió las excavaciones en el Pozo de Vargas: «Ahí tenemos muchos compañeros, compañeras desaparecidas, y a los de mi generación nos golpea muchísimo ver el trabajo de los antropólogos cuando hacían las excavaciones. No queremos que esas cosas se repitan nunca más, por eso hacemos un llamado a que se respete el derecho a la vida, que no se respetó. Hay que decirle a cada uno de los argentinos y argentinas que no conocieron esa historia, qué es lo que pasó para que no se vuelva a repetir».

Luego de la disertación, las autoridades hicieron entrega de un reconocimiento al periodista por las investigaciones que llevó adelante en el Pozo de Vargas, donde, luego de un exhaustivo trabajo de antropología forense, se pudieron identificar a 119 desaparecidos de la última dictadura militar. Correa agradeció la distinción y resaltó la importancia de que la Legislatura de Tucumán haya hecho suyo el tema de los derechos humanos: «No solo para mantener viva la memoria, sino también para que continúen las investigaciones y las causas que están abiertas en la justicia federal y que necesitan de decisiones judiciales, que van desde la toma de decisiones para el avance de las causas hasta la gestión de recursos para que avancen estas investigaciones. Por eso es muy importante que el Poder Legislativo tome para sí este tema e incentive a las nuevas generaciones a que conozcan lo que sucedió en nuestra provincia».

«Lo que más me sorprendió cuando realizaba la investigación del Pozo de Vargas fue la dimensión del horror. Allí nos encontramos familias enteras desaparecidas, restos de dirigentes, catequistas, artistas, obreros ferroviarios, obreros del surco. Y aún con ese horror para mí es incomprensible que ante todo eso todavía haya personas que duden», declaró el periodista.

A su turno, la legisladora Figueroa señaló que la distinción a Correa es un reconocimiento al trabajo que viene realizando para que la memoria siga viva: «Por eso debemos cuidar nuestra democracia y tratar de incentivar y motivar a los chicos para que conozcan esta historia triste que nos tocó vivir a los tucumanos, para que no se vuelva a repetir».

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, que también participó del acto, recordó que el primer cuerpo que apareció en el Pozo de Vargas fue el de su padre, Guillermo: «Justo el día que cumplía 71 años», expresó.

Política

Educación emitió dictamen a proyectos sobre establecimientos escolares y estatuto docente

La comisión presidida por el legislador Aldo Salomón avanzó con nueve proyectos de resolución y cuatro iniciativas de ley, entre ellas la designación de nombres a instituciones educativas y modificaciones al Estatuto Docente .

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La Comisión de Educación de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Aldo Salomón, se reunió para dar tratamiento a diversos proyectos que se encontraban en estudio dentro de su ámbito de competencia.

Los parlamentarios resolvieron emitir dictamen favorable a nueve proyectos de resolución y cuatro proyectos de ley, varios de los cuales serán incorporados al orden del día de la próxima sesión legislativa.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran tres proyectos de ley destinados a nombrar distintos establecimientos educativos de la provincia. Asimismo, obtuvo dictamen por mayoría un proyecto que propone la designación de supervisores por excepción, mediante la modificación de la Ley N 3470, correspondiente al Estatuto Docente.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Aldo Salomón, destacó el trabajo realizado por los integrantes del cuerpo. “La verdad es que hoy nos reunimos para dar dictamen a nueve resoluciones y cuatro proyectos de ley, de los cuales ingresarán al orden del día de la sesión del próximo jueves, las iniciativas que designan nombres a establecimientos educativos y la modificación del Estatuto Docente”, expresó.

Participaron de la reunión, los legisladores Adriana Najar, José Cano, Marcelo Herrera, Carlos Gómez, Sara Lazarte y Carolina Vargas Aignasse.

Con estas iniciativas, la comisión continúa avanzando en el análisis y actualización de normas vinculadas al sistema educativo provincial, así como en el reconocimiento de instituciones que forman parte de la historia y la identidad educativa de Tucumán.

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Política

El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.

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La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

 

 

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Declaración y resolución

Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.

Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.

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Política

Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.

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El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.

Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.

Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.

La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.

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