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Economía

El proyecto para reducir la carga tributaria al sector inmobiliario quedó a un paso de convertirse en ley

La comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento tucumano dio dictamen al proyecto del Poder Ejecutivo, que va camino a la aprobación en la próxima sesión parlamentaria.

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La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que busca reducir el costo de escrituras y transferencias inmobiliarias, luego de las fuertes críticas generadas por el impacto de la aplicación del Observatorio Inmobiliario de Tucumán (Omituc). La iniciativa obtuvo respaldo mayoritario y quedó en condiciones de ser tratada en la próxima sesión parlamentaria.

El expediente llegó con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y apunta a modificar la base imponible del impuesto de sellos, uno de los tributos que más cuestionamientos despertó en los últimos meses por el aumento de los valores aplicados a las operaciones inmobiliarias.

Desde la comisión que conduce el legislador justicialista Carlos Gallia se dio luz verde al texto sin modificaciones. El oficialismo acompañó la propuesta con las firmas de Gallia, Hugo LedesmaSandra FigueraFrancisco Serra y Sara Lazarte.
Según explicó Gallia, el Omituc comenzó a establecer nuevos parámetros de valuación catastral desde el año pasado, lo que derivó en una mayor carga fiscal al momento de escriturar propiedades. El legislador reconoció que el esquema vigente había encarecido considerablemente este tipo de operaciones.
En ese sentido, remarcó que la reforma apunta a aliviar la presión tributaria sobre los contribuyentes y favorecer la normalización del mercado inmobiliario. También destacó que el proyecto contempla exenciones del impuesto de sellos para transferencias de dominio entre familiares mediante donaciones o sucesiones hereditarias.
Actualmente, para calcular el impuesto de sellos se toma como referencia la valuación fiscal o el precio pactado entre las partes. Con la modificación propuesta, el tributo pasará a liquidarse sobre el valor catastral vigente al momento de la operación, reducido en un 30%, o sobre el precio convenido si este fuera superior.
El debate legislativo se produce luego de que el Colegio de Escribanos reconociera una marcada caída en la cantidad de escrituras desde fines de diciembre, cuando entró en vigencia la Ley N° 9.857. Notarios y entidades vinculadas al sector estimaron que la retracción ronda el 70%, como consecuencia de costos que calificaron como excesivos.
Desde la oposición también surgieron propuestas alternativas. El legislador Claudio Viña presentó un dictamen en minoría para que los contribuyentes que abonaron el impuesto desde la entrada en vigencia de la ley cuestionada puedan recuperar diferencias económicas cuando se apruebe la nueva norma.
Su planteo establece que quienes hayan pagado conceptos que luego resulten exentos o reducidos recibirían un crédito fiscal de libre disponibilidad, aplicable automáticamente al pago de cualquier tributo previsto en la Ley 5.121.
Viña sostuvo que la iniciativa oficial representa apenas una solución parcial frente a un revalúo que consideró abusivo. Cuestionó además los criterios utilizados para actualizar los valores inmobiliarios y señaló que se aplicaron parámetros poco claros, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
El dirigente de Nueva Fuerza afirmó que la fuerte suba de los costos desalentó las escrituras y empujó a muchos contribuyentes a postergar operaciones para evitar una carga tributaria que calificó como excesiva.
No obstante, admitió que la propuesta oficial implica una mejora frente al esquema actual, aunque insistió en que debió avanzarse con una corrección más profunda.
Con el dictamen ya firmado, el proyecto quedó habilitado para ser incorporado al temario de la próxima sesión legislativa, donde se espera un nuevo debate sobre la política tributaria aplicada al mercado inmobiliario tucumano.

Economía

YPF y Tesla sellaron un acuerdo que impulsa una red de carga rápida para vehículos eléctricos

La petrolera argentina y la compañía de Elon Musk firmaron una carta de intención para desarrollar infraestructura de carga y almacenamiento de energía en el país, con el objetivo de acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica.

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YPF y Tesla dieron un paso clave hacia el desarrollo de la movilidad eléctrica en Argentina al firmar una carta de intención para avanzar en proyectos conjuntos vinculados a la instalación de una red de estaciones de carga rápida y sistemas de almacenamiento de energía.

 

El acuerdo fue alcanzado en Texas, durante la visita del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, a la Gigafactory de Tesla. Allí, directivos de ambas compañías mantuvieron reuniones de trabajo centradas en infraestructura energética, innovación tecnológica y movilidad sustentable, con la intención de explorar oportunidades de inversión y cooperación.

«En YPF creemos que el futuro de la energía requiere un enfoque integrado que combine infraestructura, tecnología e innovación», expresó Marín tras la jornada. Además, destacó que la visita permitió «conocer de primera mano el trabajo de vanguardia que realiza Tesla y explorar posibles vías de colaboración con una de las compañías líderes a nivel global en estos campos».

El primer objetivo de la alianza será el desarrollo de una red de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, aprovechando la experiencia internacional de Tesla en soluciones de carga y la amplia infraestructura que YPF posee en todo el territorio nacional.

Además, ambas empresas analizaron alternativas para incorporar tecnologías avanzadas de almacenamiento energético, una herramienta considerada estratégica para garantizar el suministro eléctrico de los cargadores de alta potencia y optimizar el funcionamiento de la red.

 

Más de 1.600 estaciones de servicio

Uno de los principales atractivos del acuerdo para Tesla es la presencia territorial de YPF. La compañía cuenta con más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en todo el país, una infraestructura que facilitaría la expansión de la red de carga para vehículos eléctricos.

Actualmente, YPF opera el programa «YPF Punto Eléctrico», integrado por cerca de 40 cargadores ubicados en corredores estratégicos, que conectan la Ciudad de Buenos Aires con Rosario, Córdoba y distintos destinos de la Costa Atlántica.

Frente al crecimiento que registra el mercado de vehículos eléctricos, ambas compañías apuntan a dar un salto tecnológico mediante la incorporación de estaciones de ultra carga, capaces de reducir significativamente los tiempos de abastecimiento.

El proyecto también contempla el desarrollo de infraestructura de almacenamiento de energía a gran escala, una solución que permitiría suministrar potencia constante a los cargadores rápidos sin sobrecargar el sistema eléctrico y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo energético del país.

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Economía

El Banco Mundial aprobó la garantía de u$s2.000 millones para la Argentina

A su vez, el miércoles, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trataría otra garantía aunque por un monto inferior de u$s550 millones.

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El directorio del Banco Mundial aprobó una garantía de u$s2.000 millones para Argentina. El financiamiento combina dos avales del Grupo Banco Mundial para movilizar: una basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

Según anunció la entidad, en conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial.

Por su parte, Junaid Kamal Ahmad, vicepresidente de Operaciones de MIGA, agregó: «Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros. En el caso de Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia».

A su vez, este miércoles, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también trataría otra garantía para la Argentina, aunque por un monto inferior de u$s550 millones. Por último se espera que el 22 de julio, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) debata una ayuda adicional, en una franja de hasta u$s500 millones.

Con los dos avales del BID y el Banco Mundial que en total llegan a la cifra de u$s2500 millones ante el vencimiento por u$s4.400 millones del próximo 9 de julio. A eso se le sumaría la garantía del CAF. Hasta la semana pasada, las tenencias en moneda extranjera alcanzaban los u$s2917 millones: el 66% del compromiso del 9 de julio.

La posición de Caputo de cara a los vencimientos

Las garantías son importantes porque habilitaría a la Argentina a negociar créditos internacionales a tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% anual y a seis años de plazo. Caso contrario sería que el país salga a emitir deuda internacional y, cómo adelantaron expertos a Ámbito, no bajaría del 8,5%.

Recategorización por parte de calificadoras le dan un aire al Gobierno

La semana pasada la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s elevó la nota de la deuda soberana de largo plazo de Argentina en moneda extranjera desde CCC+ hasta B-, y mantuvo su perspectiva estable.

Hace poco más de un mes, otra importante clasificadora, en este caso Fitch Ratings, había adoptado una medida similar. Con el envión de esta nueva evaluación, el riesgo país comprimió esa semana hasta los 446 puntos básicos, mínimos desde 2018. /Ámbito/

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Economía

El número de empresas cayó en marzo y solo una provincia registró crecimiento

La caída interanual del 2,8% implicó la desaparición de 14.044 compañías en ese período, mientras que desde la asunción de Javier Milei el total acumulado asciende a 26.213 firmas menos

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El número de empresas empleadoras en la Argentina mostró en marzo una contracción interanual del 2,8%, según el informe de la consultora Politikón Chaco basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ese descenso implicó la desaparición de 14.044 compañías respecto de marzo de 2025, dejando un total de 481.635 empresas activas. El documento subraya que marzo constituyó el vigésimo quinto mes consecutivo de retroceso y la caída más pronunciada desde el comienzo de esta serie.

Comportamiento por sectores

El deterioro no fue homogéneo entre actividades. Las principales bajas se concentraron en la industria manufacturera y el comercio. En términos porcentuales y absolutos, los principales guarismos fueron:

  • Industria manufacturera: -4,5% (2.167 empresas menos).
  • Comercio: -3,5% (5.145 firmas menos).
  • Agro: -2,3%.
  • Construcción: -2,1%.

Radiografía provincial

A nivel jurisdiccional, la mayor parte del mapa exhibió caídas en la cantidad de empresas empleadoras. Neuquén fue la excepción: el único distrito que presentó crecimiento en marzo, aunque marginal (+0,1%, equivalente a 12 empresas más).

Las caídas porcentuales más pronunciadas correspondieron a La Rioja (-10,7%), Tierra del Fuego (-6,7%), Santa Cruz (-6,6%) y Misiones (-6,6%). En números absolutos, las mayores pérdidas se dieron en las provincias con mayor concentración empresarial: Buenos Aires (-4.311 empresas), Córdoba (-2.187), CABA (-1.539) y Santa Fe (-1.305).

 

Balance desde el inicio del gobierno de Javier Milei

Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, anterior a la asunción del gobierno de Javier Milei, la caída acumulada asciende al 5,2%, lo que equivale a la desaparición de 26.213 empresas empleadoras en todo el país.

En ese horizonte temporal, la excepción sigue siendo Neuquén, que muestra un crecimiento del 2,1% (+186 empresas). En el extremo opuesto, seis provincias evidencian caídas de doble dígito, destacándose Tierra del Fuego (-11,8%), Catamarca (-12,8%) y La Rioja (-17,6%).

Por volumen de pérdidas absolutas, las jurisdicciones más afectadas desde noviembre de 2023 fueron Buenos Aires (-5.615 empresas), Córdoba (-4.388), Santa Fe (-2.993) y CABA (-2.909). Sectorialmente, la construcción resultó la más impactada (-9,5%), seguida por la industria manufacturera (-6,8%), el comercio (-4,6%) y el agro (-4,5%).

Implicancias y reflexión

El persistente descenso en la cantidad de empresas empleadoras, que ya acumula más de dos años de retrocesos mensuales consecutivos, plantea interrogantes sobre la dinámica productiva y el mercado laboral. La concentración de pérdidas en sectores tradicionales y en las provincias de mayor densidad empresarial sugiere efectos distributivos sobre el empleo y la actividad regional. Por otro lado, el caso de Neuquén remarca que existen áreas con resiliencia o condiciones locales distintas que permiten creación neta de firmas aun en contextos adversos.

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