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Política

Confirmaron que 17 gobernadores participarán de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán

Casa Rosada realizó el anuncio como parte de los preparativos de la firma del pacto propuesto por el gobierno y que se concretará en la vigilia del próximo 9 de Julio en la Casa Histórica de Tucumán.

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En Casa Rosada ultiman detalles de la convocatoria a la firma del Pacto de Mayo, que se realizará en la provincia de Tucumán, en la vigilia del Día de la Independencia.

El Gobierno Nacional abrió la convocatoria a todos los gobernadores, además de referentes de distintas fuerzas del arco político y expresidentes.

El objetivo del oficialismo es imprimirle un sello refundacional al acto y conseguir el apoyo a la gestión. Javier Milei hizo modificaciones respecto de la versión original y, en un guiño a los gobernadores “dialoguistas”, eliminó el punto que proponía una “reforma política estructural que modifique el sistema actual”. En su lugar, incluyó “una educación inicial, primaria y secundaria útil y modernacon alfabetización plena y sin abandono escolar”.

Los gobernadores que confirmaron la asistencia son: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires),  Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zedero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En el caso de Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, todavía es una incógnita.

Qué otros sectores irán a Tucumán

Además del sector político, Javier Milei invitó a los empresarios del Grupo de los Seis. En su representación irá la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman y la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico.

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó los 10 puntos del Pacto de Mayo:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada

2. El equilibrio fiscal innegociable

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

Política

El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.

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La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

 

 

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Declaración y resolución

Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.

Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.

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Política

Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.

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El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.

Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.

Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.

La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.

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Política

Inicia una semana de paro en las universidades públicas

En Tucumán,Adiunt adhirió a la medida de fuerza tras rechazar el ofrecimiento realizado por el gobierno nacional.

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La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y Fundación Miguel Lillo ADIUNT, llevó al Congreso de CONADU Histórica el mandato votado en Asamblea General de rechazo a la firma del acta acuerdo de Milei, los rectores y las direcciones burocráticas sindicales.

El Congreso de la Federación, con una importante votación, rechazó la oferta y ratificó el paro de una semana del 16 al 20 de junio. Aseguran que firmar hubiese significado «entregar la lucha por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario».

Frente a la pérdida salarial de más de 50%, la propuesta del gobierno significa un aumento sólo de 21,3% ahora, y otro 3% en noviembre. A nivel presupuestario, fondos para hospitales universitarios y un 20% para gastos de funcionamiento. En cuanto a becas estudiantiles, solo aumenta la Belgrano, no así las Progresar.

«El ofrecimiento del gobierno lo consensuó con los rectores, pero de espaldas a las y los trabajadores docentes y no docentes», expresaron.

El gobierno sigue actuando fuera del orden legal desconociendo una ley votada por el Congreso, ahora con el aval de las autoridades universitarias. Cabe denunciar a la Corte Suprema por su complicidad al dilatar su fallo

Desde ADIUNT plantaron que hay que darle continuidad a la lucha, coordinando con las asociaciones de base y sectores autoconvocados que rechazan el acuerdo.

En ese marco, convocan a toda la docencia, con independencia de la federación que pertenezca, a parar en todas las universidades del 16 al 20 de junio y organizar una acción de protesta nacional el miércoles 17.

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