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Las redes sociales fueron fundamentales en la detención del prófugo «Picky» Puenzo

Aún en la clandestinidad, Puenzo siguió usando las redes sociales valiéndose de perfiles falsos para contactarse con sus allegados, abriendo así la grieta por la que los investigadores llegaron a dar con su paradero.

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Después de permanecer casi cuatro años prófugo de la Justicia, Ricardo Horacio “Ricky” Puenzo, principal acusado por el transfemicidio de Alejandra “Power” Benítez y por el intento de homicidio de Diego Mercado, fue detenido en la localidad bonaerense de Mar del Tuyú en un operativo encabezado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Sobre el sospechoso pesaban pedidos de captura nacional e internacional, además de una recompensa de 30 millones de pesos ofrecida por el Gobierno de Tucumán para quien aportara datos que permitieran localizarlo.

La captura puso fin a una extensa etapa de clandestinidad que comenzó en octubre de 2022, cuando el imputado dejó de presentarse ante la Justicia en el marco del proceso judicial que debía culminar con un nuevo juicio oral por el crimen de la joven trans.

Según reconstruyeron los investigadores, uno de los factores que terminó facilitando su localización fue su constante actividad en redes sociales. A pesar de encontrarse prófugo, continuó manteniendo contacto con allegados y familiares mediante perfiles falsos, una conducta que resultó clave para que los pesquisas pudieran seguir sus movimientos.

El caso tiene origen en los hechos ocurridos durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, cuando Puenzo llegó en motocicleta hasta una vivienda ubicada en Ayacucho al 900, en San Miguel de Tucumán. Allí se encontraba Alejandra “Power” Benítez compartiendo bebidas con Diego Mercado.

De acuerdo con la acusación impulsada por el fiscal Carlos Sale, tras una discusión con la víctima, el sospechoso extrajo una pistola y abrió fuego contra ambos. Benítez recibió disparos que le provocaron la muerte en el lugar, mientras que Mercado logró sobrevivir al ataque.

Una semana después del hecho, Puenzo se presentó ante las autoridades y quedó imputado por homicidio agravado por odio a la identidad de género, transfemicidio y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.

El proceso judicial avanzó hasta mayo de 2021, cuando se desarrolló el primer juicio oral. El debate estuvo marcado por fuertes controversias, especialmente a partir de la declaración de Diego Mercado, testigo presencial del ataque.

Durante la investigación, Mercado había identificado a Puenzo como autor de los disparos. Sin embargo, frente al tribunal aseguró no estar completamente seguro de que hubiera sido él quien efectuó los disparos. Esa contradicción motivó que los jueces ordenaran investigarlo por un posible falso testimonio.

Finalmente, el tribunal absolvió a Puenzo aplicando el beneficio de la duda. La decisión fue ratificada posteriormente por la Cámara de Impugnación. No obstante, el fiscal Sale y el querellante Carlos Garmendia recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que anuló ambas resoluciones y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Antes de que se conociera ese fallo, Puenzo regresó a Joaquín V. González, en la provincia de Salta, ciudad donde nació y donde comenzó a administrar un boliche bailable. Vecinos de la localidad recordaron que organizaba fiestas de gran despliegue económico y que incluso llegó a arrojar billetes de mil pesos al público desde una tarima durante uno de los eventos. Según relataba entonces, el dinero regresaría rápidamente a sus manos mediante la venta de bebidas en el local.

La situación cambió drásticamente en octubre de 2022. En esa fecha debía comparecer ante una audiencia vinculada a la organización del nuevo juicio, pero nunca se presentó. Alegó encontrarse de vacaciones en Cancún, México, y aseguró que regresaría en los días siguientes. Sin embargo, jamás volvió a comparecer ante la Justicia.

Desde entonces comenzó una intensa búsqueda. Los investigadores sospechan que regresó al país de manera irregular, posiblemente utilizando pasos fronterizos no habilitados, ya que su identidad figuraba en todos los sistemas de personas buscadas. Aunque nunca se pudo determinar con exactitud dónde permaneció oculto durante esos años, sí se confirmó que se desplazó por distintos puntos del territorio nacional.

Las tareas investigativas desarrolladas por el ECIF permitieron descubrir que seguía activo en redes sociales. De hecho, el mismo día que debía presentarse ante la Justicia publicó una imagen brindando desde una playa que los investigadores creen que correspondía a Cancún.

En las últimas semanas, tras la difusión de la recompensa de 30 millones de pesos, los pesquisas lograron reconstruir parte de sus movimientos y determinaron que se encontraba en la Costa Atlántica bonaerense. Primero fue ubicado en Santa Teresita y posteriormente se confirmó que residía en San Clemente del Tuyú.

Con esa información, el fiscal Sale solicitó la colaboración de la Justicia bonaerense y emitió el exhorto correspondiente para concretar la detención. Personal del ECIF, junto a efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Buenos Aires, montó tareas de vigilancia sobre el inmueble donde se ocultaba.

La captura se concretó durante la madrugada, cuando los investigadores ingresaron a la vivienda que aparentemente alquilaba. Puenzo fue sorprendido mientras dormía y se encontraba acompañado por su actual pareja.

Según trascendió, el acusado presenta actualmente una imagen física diferente a la difundida durante su búsqueda: luce el cabello más largo y cambios notorios en su apariencia. Tras vestirse, fue trasladado a un centro de detención donde permanecerá alojado hasta completar los trámites judiciales necesarios para su extradición a Tucumán.

Con su captura, la Justicia tucumana quedó en condiciones de reactivar el proceso judicial por el transfemicidio de Alejandra “Power” Benítez, uno de los casos más resonantes de violencia contra personas trans registrados en la provincia durante los últimos años.

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Peritos desmintieron supuestos problemas mentales de “El Militar” Sosa

La querella encabezada por Carlos Garmendia denunció que la postura de los defensores busca dilatar el proceso.

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Las audiencias por el crimen de Érika Antonella Álvarez atraviesan jornadas de creciente rispidez en los tribunales tucumanos. En las últimas sesiones, el debate se centró en el estado de salud mental del principal imputado, Felipe “El Militar” Sosa, luego de que sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, solicitaran la revisión médica de su asistido argumentando que no se encontraba en condiciones psíquicas de continuar en el proceso a causa del desgaste del encierro y presuntas amenazas recibidas.

Frente al planteo, el tribunal dispuso la realización de un examen médico inmediato con presencia de un perito de parte. Sin embargo, los resultados de la evaluación fueron categóricos al certificar que Sosa está ubicado en tiempo y espacio y cuenta con plena capacidad para comprender la criminalidad de sus actos, descartando de plano cualquier cuadro de inimputabilidad o motivo de suspensión del debate según el Código Procesal Penal.

Cuestionamientos de la querella y estrategia defensiva

La resolución médica encendió el malestar de la querella representada por Carlos Garmendia, quien no dudó en calificar las maniobras de la defensa como un intento por instalar un relato exculpatorio. De acuerdo con la hipótesis planteada por los defensores Cosiansi y Flores, el hecho habría ocurrido de manera accidental y el acusado habría intentado deshacerse del cuerpo por temor a represalias de la expareja de la víctima.

“Pretendieron hacer creer que tiene problemas para estar en el juicio. El informe de los médicos que lo atendieron es categórico: no tiene ningún problema. Fin de la discusión”, aseveró Garmendia al evaluar los dictámenes técnicos incorporados al expediente. Durante las últimas audiencias, lejos de mostrarse desorientado, a Sosa se lo observó siguiendo atentamente las declaraciones testimoniales y manteniendo permanente diálogo con sus letrados y con Jorge “Chicho” Díaz, su excolaborador imputado por encubrimiento.

El encuadre legal y las pericias en el proceso

El marco procesal vigente establece causales estrictas para la suspensión de un juicio oral: la acreditación fehaciente de un trastorno mental que impida la comprensión de los actos procesales mediante junta médica y la consecuente declaración judicial de incapacidad. Al no haberse verificado ninguna de estas circunstancias, los magistrados ordenaron la continuidad del debate.

En el fuero penal local se señaló además que el Ministerio Público suele requerir la intervención de profesionales del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) ante este tipo de incidencias, los cuales coincidieron en ratificar la aptitud de “El Militar” Sosa para continuar respondiendo por el femicidio de la joven tucumana. /Los Primeros

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Murió un motociclista de 43 años tras colisionar con un auto en avenida Siria y Bolivia

Jorge Mauricio Machado, de 43 años, murió este martes alrededor de las 18.45 luego de protagonizar un choque entre su moto y un Toyota Etios en la esquina de las avenidas Siria y Bolivia, en San Miguel de Tucumán.

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Un motociclista identificado como Jorge Mauricio Machado, de 43 años, falleció este martes, alrededor de las 18.45, tras un choque en la intersección de las avenidas Siria y Bolivia, en la zona norte de San Miguel de Tucumán.

Los vehículos involucrados

La víctima circulaba en una motocicleta Honda GLH 150 y colisionó con un Toyota Etios que conducía una mujer. Como consecuencia del impacto, Machado perdió la vida.

Por el momento no se difundieron más detalles sobre la mecánica del choque.

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Imputaron a un tractorista por un trágico siniestro vial en la Ruta 308

Un hombre perdió la vida en el lugar y otros dos conductores resultaron con lesiones tras un choque en cadena provocado por carros agrícolas que circulaban sin luces ni elementos refractarios.

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Un tractorista fue imputado por el Ministerio Fiscal por un trágico siniestro vial registrado en la Ruta Provincial 308, en el que falleció William Leandro Graneros y resultaron lesionados Rubén Leonardo Exequiel Herrera y Alexis Nahuel Nieva. El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana del pasado 2 de septiembre, en una zona rural sin iluminación artificial.

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, subrogada por Carlos Sale, se llevó a cabo la audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas cautelares. En representación del MPF intervino la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi.

De acuerdo con la acusación fiscal, el pasado 2 de septiembre, alrededor de las 07:00 horas, el acusado, identificado como Carlos Enrique Oyola, conducía un tractor Massey Ferguson rojo por el carril sur de la Ruta Provincial 308, de oeste a este, a la altura del kilómetro 30, en el paraje Campo Bello (jurisdicción de la Comisaría de Juan Bautista Alberdi).

El vehículo traccionaba tres carros playos color naranja oxidado, sin marca ni dominio, que circulaban sin el sistema de iluminación reglamentario en sus partes anterior, lateral y posterior, así como también sin luces ni cintas retro reflectivas. Estas condiciones, sumadas a la falta de alumbrado público y la visibilidad reducida de la zona, impidieron que el conductor de un furgón Mercedes Benz Sprinter que circulaba por detrás y en el mismo sentido pudiera divisar la formación a tiempo.

El furgón, al mando de Rubén Leonardo Exequiel Herrera y acompañado por Alexis Nahuel Nieva, colisionó de lleno contra la parte posterior del último carro. Producto del fuerte impacto, el furgón invadió el carril contrario (norte) e impactó de frente contra una camioneta Fiat Strada Adventure negra que circulaba de este a oeste, conducida por William Leandro Graneros.

En tanto, Oyola continuó la marcha con el tractor y los tres carros hasta detenerse en un camino alternativo sobre el margen sur de la ruta. Como consecuencia del siniestro, Graneros falleció en el lugar producto de un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave con politraumatismos severos.

Por su parte, Nieva sufrió una fractura mediodiafisaria desplazada de fémur derecho que requirió intervención quirúrgica con osteosíntesis (con un tiempo de curación e inutilidad laborativa superior a los 30 días), mientras que Herrera resultó con traumatismo cerrado de tórax y policontusiones (con un tiempo estimado de curación de 28 días y 14 de inutilidad laborativa).

Imputación y medidas cautelares

La Fiscalía atribuyó a Carlos Enrique Oyola la calificación jurídica de autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, en concurso ideal con lesiones culposas.
Para garantizar la sujeción del imputado al proceso y el correcto avance de la investigación, la representante del Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de menor intensidad, consistentes en reglas de conducta, fijar domicilio y someterse al proceso.

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