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Salud

Vacuna rusa: Se desató la guerra por el negocio de vencer al coronavirus

Pfizer vs. Sputnik en Argentina | La insólita campaña mediática contra la vacuna rusa y los más insólitos condicionamientos de la vacuna de Pfizer. La guerra comercial por la fabricación y venta de miles de millones de dósis en el mundo. El pedido de juicio político al ministro de Salud. La urgencia por acceder al medicamento para proteger primero a los trabajadores esenciales antes de que llegue la segunda ola.

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Vacuna rusa: Se desató la guerra por el negocio de vencer al coronavirus

“Dénme una palanca y moveré al mundo” decía Arquímides 200 años antes de Cristo. 2220 años después de que el sabio griego saltara en una pata mientras festejaba su descubrimiento, el mundo clama “dénme una vacuna y moveré la economía” lo cual desató una verdadera guerra comercial por la fabricación y venta de miles de millones de vacunas contra la epidemia que asola el planeta y ha hecho temblar a las economías más poderosas.

La insólita campaña contra la vacuna rusa y los más insólitos condicionamientos de la vacuna norteamericana, más los problemas de producción que tuvo la vacuna en cuya fabricación intervienen capitales argentinos, desató una tormenta mediática con relatos sobre internas en el gabinete y pedidos de juicio político a ministros.

La raíz de esa tormenta artificial puede responder a estupideces ideológicas, cuestiones de poder político o intereses comerciales. Aunque como sucede siempre en cualquiera de esas tres posibilidades, hay un contexto del cual se aprovechan. En este caso son las dificultades lógicas del proceso casi desesperado para encontrarle una solución rápida a la crisis planetaria.

Al despreciar el desarrollo científico comprobado del laboratorio Gamaleya que tiene en sus filas a varios premios Nobel, el argumento ideológico para descalificar a la Sputnik V pertenece a la categoría de la estupidez. Usan estos polvorientos prejuicios anticomunistas, aunque Rusia hace décadas que dejó de ser comunista, para engatusar en otra disputa más concreta como son las de poder político y las económicas.

La campaña mediática se asienta en dos factores. El primero descalifica al gobierno por no haber cerrado el contrato con la norteamericana Pfizer. El segundo descalifica al gobierno por haber priorizado el contrato con Astra Zeneca que ha tenido problemas en la producción del medicamento. Y la crítica sigue porque, ante la caída circunstancial de Astra Zeneca, el gobierno puso los huevos en la canasta rusa.

Los que ensalzan a la vacuna de Pfizer, al mismo tiempo han dicho que la rusa es incompatible con el alcohol, después dijeron que no es aplicable a mayores de 60 años y al final se informó que tiene problemas de distribución y no llegará antes de tres meses.

En ese cuadro se describen internas con críticas a Alberto Fernández por haber anunciado que la vacuna llegaría antes de fin de año. También afirman que hay una pelea entre la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro Ginés González García. La vice, junto con Kicillof, estarían en el bando de los malditos prorusos (el apellido del gobernador lo delata) enfrentados a Ginés, quien favorecería a Astra Zeneca por su amistad con el empresario argentino Hugo Sigman, que participa en la producción de esa vacuna, en sociedad con el mexicano Carlos Slim.

Como se ve, serían todos perdedores. Ninguno apostó a Pfizer, que ya empezaría a llegar a Chile, donde el gobierno de Sebastián Piñera ha sido muy criticado por su desmanejo de la peste.

Montado en ese escenario que han dibujado los medios hegemónicos, el diputado radical José Cano presentó un pedido de juicio político al ministro Ginés González García. El radical, mal informado, publicó en su cuenta de Twitter: “Vladimir Putin dijo que no se recomienda la vacuna rusa para mayores de 60. Una vergüenza, Ginés González debería renunciar. Se compraron millones de dosis que en Rusia no se aplican a la población de riesgo”.

Parece un castigo por no haber cerrado con Pfizer. Los diputados radicales arriesgan una acusación gravísima que involucra a la salud pública sin tener la información verídica, o manejando la información manipulada por los medios que les son afines.

En toda esa descripción, se podría decir con sentido común, que es lógico, si da buenos resultados, que se mantenga la preferencia por la vacuna en la que intervienen laboratorios argentinos, y no por una cuestión de amiguismo, sino porque además del efecto positivo en la salud de la población, la inversión generará también un efecto positivo en la economía del país. Pero los problemas de producción de Astra Zeneca son reales, el gobierno mantuvo su interés en esa vacuna, pero como segunda prioridad, para marzo o abril.

La incompatibilidad de la vacuna rusa con el alcohol corre a la par de la estupidez de despreciarla porque proviene de un país que hace décadas integró la URSS. No existe esa incompatibilidad. Y el tema de los 60 años aporta a la seriedad de las autoridades rusas y no a su peligrosidad. Porque las distintas fases de prueba de todas las vacunas se hacen por escalas etarias y la última es la de mayores de 60 años.

En Rusia ya se vacuna a menores de 60 años porque los resultados de esa última etapa se conocerán recién esta semana y serán publicados como lo hicieron con los resultados anteriores. Todas las vacunas siguen ese trámite. Llama la atención que se critique a la Sputnik V por cumplir estrictamente los protocolos sanitarios. Si fuera real su preocupación por la salud pública, el diputado Cano, que representa a un gobierno que desfinanció y rebajó al Ministerio de Salud a Secretaría, tendría que informarse mejor.

Los problemas de aviones para la distribución de la vacuna rusa también son reales y de allí surgen las versiones sobre las críticas al presidente por haberse adelantado a anunciar que la vacuna rusa llegaría antes de fin de año. Los rusos tienen que diseñar una infraestructura para vacunar a sus millones de habitantes distribuidos en uno de los países más extensos del mundo. Y además organizar otra red aérea para llevarla a todo el planeta. No alcanzan los aviones.

La urgencia del gobierno argentino es porque necesita que la vacuna llegue antes de la segunda ola de contagio que asola a Europa y Estados Unidos. A falta de aviones rusos, envió entonces un avión de Aerolíneas a Moscú junto con una misión encabezada por la viceministra Vizzotti. El grupo está integrado por un equipo de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) porque se estima que el 20 estarán los resultados de esta última etapa de la fase 3 de la vacuna y quieren estar de regreso el 23 con dosis para 300 mil trabajadores de la salud y esenciales.

Es una carrera contra reloj. En Europa y Estados Unidos la segunda ola ha sido tan letal como la primera. El punto vulnerable del país no fue la falta de camas ni de respiradores, sino el agotamiento y la falta de trabajadores de la salud porque se infectaban y debían ser aislados. Si este sector está inmunizado cuando llegue la segunda ola, la contención sería más efectiva.

El negocio por estas vacunas es inconmensurable. Son miles de millones de dosis a más de 20 dólares cada una, durante varios años. Gamaleya, que produce la Sputnik, tiene gran prestigio científico, pero ésta sería de las pocas veces que interviene en el mercado occidental, lo que ha provocado la reacción de las otras farmacéuticas.

La campaña mediática en su contra realza en contrapartida a la vacuna de Pfizer a la que asignan una eficacia casi milagrosa. Sin embargo, fue la única en exigir que el gobierno impulsara una ley para eximirla de responsabilidad ante cualquier efecto secundario negativo de la vacuna. También exigió que el acuerdo no lo firmara el ministro de Salud, sino el presidente Alberto Fernández. Prometió de inicio producir cien millones de dosis y luego redujo esa cifra a la mitad. Son hechos que ocultan en esa campaña.

El último detalle es que la vacuna de Pfizer necesita estar a menos de 80 grados bajo cero para ser efectiva. O sea que en el caso de su distribución masiva, habría que crear una extensa red de ultrafrío hasta en los rincones más apartados del país, lo que multiplicaría su costo y las dificultades.

Si fuera por esta guerra comercial, la humanidad estaría a las puertas de su extinción.

Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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