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Economía

Una familia tipo necesitó más de $33.000 en agosto para no ser pobre

En tanto, para no ser indigentes, el grupo requirió cerca de $13.258,32.

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El precio de la Canasta Básica Total, que mide el nivel por debajo del cual se cae en la línea de la pobreza, aumentó en agosto 3,4%, por lo tanto una familiar requirió de 33.013,22 pesos para adquirir la cantidad mínima de bienes, indumentaria y servicios que contempla la CBT, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo dio cuenta además que con esta suba la CBT acumuló un alza del 29,5% en lo que va del año y del 58,2% en los últimos 12 meses.

En tanto, el precio de la Canasta Básica Alimentaria, es decir, la cantidad mínima para subsistir y no caer por debajo de la línea de la indigencia, ascendió a $13.258,32 para el mismo núcleo familiar, de una pareja con dos hijos de 6 y 8 años, lo que significó un incremento del 3,8% en agosto.

De esta manera, la Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 30% durante el 2019 y del 58,8% respecto a agosto del año 2018.

El Indec tiene previsto informar el lunes 30 de septiembre la medición del Índice de Pobreza e Indigencia correspondientes al primer semestre de este año que, según estimaciones públicas y privadas, estará por sobre los relevamientos anteriores.

El organismo dio cuenta que al término del segundo semestre del año pasado, el 32% de los habitantes eran pobres y dentro de ese grupo, el 6,7% era indigente.

Esta cifra estuvo por encima de las del primer semestre del 2018, que mostraban un índice de pobreza del 27,3% y de indigencia del 4,9%.

El director del Indec, Jorge Todesca, sostuvo a finales de marzo cuando informó esos índices que «si la inflación baja, la pobreza va a bajar» y consideró que la suba de precios «se mete por todos los rincones de nuestras vidas y afecta a los más vulnerables».

«Al haber aumentado la tasa de inflación, los ingresos han quedado atrasados y ese atraso se refleja en el aumento de la tasa de pobreza. La clave para que la pobreza por ingresos tenga un mejor resultado es que baje la inflación. Cuando la inflación baja el indicador va a mejorar», indicó Todesca en diálogo con radio Continental.

En tanto, un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirmó que el 10 por ciento de la población argentina se encuentra en situación de «pobreza crónica».

El reporte, titulado «El desafío de la pobreza en Argentina: diagnóstico y perspectivas», definió que «la idea de pobreza crónica alude a situaciones de carencias persistentes que no pueden ser superadas aún bajo condiciones económicas coyunturalmente favorables» y está «caracterizada por cierta inelasticidad a los beneficios del crecimiento económico y a las políticas públicas inclusivas».

Además, el informe elaborado por los economistas Leonardo Gasparini, Leopoldo Tornarolli y Pablo Guzmán advirtió que el nivel de la pobreza en la Argentina -medido en base a los ingresos de la población- se ubicó al cierre de 2018 en 32%, por encima de los valores de 1983, cuando se recuperó la democracia, debido esencialmente al casi nulo crecimiento de la economía, ya que en similar período el PIB per cápita creció por debajo de 1% promedio por año.

Economía

La firma de galletas y pepas Tía Maruca cerró su fábrica en San Juan

La marca seguirá en góndolas con producción tercerizada, mientras el establecimiento quedó bajo otra administración.

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Tía Maruca dejó de operar con planta propia y se desvinculó de la fábrica de Albardón, en San Juan, desde donde durante años abasteció a buena parte del mercado local. La marca seguirá en góndolas con producción tercerizada, mientras el establecimiento quedó bajo otra administración.

Según pudo saber iProfesional, la decisión se produjo después de varios años de dificultades financieras, caída del consumo, cambios accionarios y una reestructuración que modificó el esquema con el que la empresa había crecido. La baja de ventas y el aumento de costos terminaron por acelerar ese proceso.

La planta de Albardón había sido la mayor apuesta industrial de Tía Maruca. En 2017, la compañía adquirió ese establecimiento, conocido en la provincia como Dilexis, donde anteriormente había operado PepsiCo.

La operación incluyó además el traspaso de marcas como Dale y Argentitas, junto con un acuerdo para seguir fabricando durante tres años las galletitas Toddy en esa planta, aunque la marca continuaba en manos de PepsiCo.

Con esa compra, Tía Maruca buscaba ganar escala, ampliar producción y pelear mercado en una categoría dominada por Bagley y Mondelez. En ese momento, la firma controlaba cerca del 5% del mercado local de galletitas. Durante sus años de mayor actividad, el predio llegó a emplear alrededor de 300 personas y se transformó en una de las principales fuentes de trabajo de Albardón.

La empresa nació en 1998 de la mano de Alejandro Ripani. El vínculo de la familia con la actividad, sin embargo, venía de antes. En 1972, su padre, Cliver Ripani, había fundado una fábrica de galletitas bajo la marca RC, donde Alejandro dio sus primeros pasos en el rubro y aprendió el oficio.

Con esa experiencia previa, Tía Maruca comenzó a crecer en kioscos, autoservicios y supermercados con pepas, surtidos, biscochos y líneas económicas, productos con los que fue ganando presencia en todo el país.

El nombre surgió después de que no prosperara un acuerdo inicial para utilizar la marca Doña Petrona. Finalmente, se eligió Maruca, en homenaje a una tía del diseñador que trabajaba en la identidad visual de la empresa.

El rescate que no alcanzó para evitar el cierre
 

En 2019, la empresa entró en concurso preventivo, con una deuda que en ese momento se estimaba en $300 millones. En 2024 ingresó un nuevo socio, una operación que permitió destrabar ese proceso.

Argensun Foods, dueña de Pipas, compró el 50% del capital accionario y tomó el control operativo y estratégico de la empresa.

El desembarco permitió regularizar salarios atrasados y ordenar cheques rechazados. También incorporó a Tía Maruca dentro del plan de expansión de Argensun, que buscaba transformarse de grupo agroindustrial en una compañía nacional de alimentos.

La compradora ya contaba con una fuerte red de distribución en kioscos y comercios de cercanía a través de Pipas, marca con la que aseguraba presencia en nueve de cada diez kioscos del país. La idea era aprovechar esa estructura comercial para sumar galletitas y ampliar su llegada al consumo masivo.

En paralelo, también había sumado las marcas Plenty y Pura Fresh, con las que buscaba crecer en lácteos y jugos.

Según trascendió entonces, Argensun proyectaba producir unas 20.000 toneladas anuales de galletitas y contaba con ventas cercanas a u$s120 millones al año y unos 700 empleados.

Sin embargo, la reorganización no alcanzó para sostener el esquema original con planta propia.

Las señales de alarma que anticiparon el final
 

Durante 2025 empezaron a acumularse señales de tensión en Albardón. Hubo frenos temporarios de actividad, menor ritmo de producción y reclamos gremiales por demoras salariales, en una fábrica que ya venía trabajando lejos de sus mejores niveles.

En agosto del año pasado, la empresa informó que la interrupción respondía a una parada programada para tareas de mantenimiento y mejoras operativas. También aseguró que contaba con stock suficiente para seguir abasteciendo a sus clientes y que no se trataba de un cierre.

En esa misma explicación reconoció además un cambio en la demanda. Mientras algunas líneas de mayor precio mostraban menor salida, los productos más económicos sostenían mejores niveles de ventas.

Meses antes, la compañía ya había cerrado la planta que tenía en Chascomús,
 una decisión que anticipaba el proceso de ajuste y la concentración de la producción en San Juan.

Ahora se conoció que la fábrica de Albardón dejó de estar vinculada a la marca. El establecimiento pasó a manos de nuevos operadores y quedó bajo conducción del empresario Juan Carlos Crovela, quien avanzó en una reorganización interna.

La marca, en cambio, siguió otro camino. Sin planta propia, adoptó un esquema de producción a fasón, modalidad habitual en la industria alimenticia por la cual una empresa terceriza la elaboración en instalaciones de terceros y conserva el manejo comercial, la distribución y la presencia en góndolas. /iProfesional

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Economía

Acuerdo con el FMI: la Argentina obtendría un «salvavidas» equivalente a unos u$s4.700 millones

El organismo de crédito redujo la exigencia de superávit primario del 2,2% del PBI a 1,4% para este año. Pero también cambió proyecciones de crecimiento y de inflación.

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El gobierno de Javier Milei estaría recibiendo este año un auxilio equivalente a unos u$s4.700 millones aproximadamente. El benefactor es el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien lo hace a través de una fuerte reducción de la meta fiscal.

Hay que tener en cuenta que no solo bajó la exigencia fiscal: además, el FMI tiene en cuenta otros cambios relevantes en las estimaciones de Argentina. Entre octubre de 2025 y ahora redujo la tasa de crecimiento del 4% al 3,5% y, a su vez, elevó la proyección de inflación del 16,4% al 30,4%.

Escenarios posibles

A pedido de Ámbito, el economista Lucas Beltramore, de la Fundación Libertad, puso en juego todas esas variables. Hay que tener en cuenta que las metas exigibles del organismo no se expresan como proporción del PBI sino en moneda del país.

Es decir, cuando se fija una meta indicativa de 1,4%, en rigor, se habla de un número concreto que equivale a esa proporción del PBI. Si la economía crece más y se obtiene un superávit más alto, lo que se toma en cuenta es el nominal que figura en el acuerdo. Algo de ello pasó en 2025. Se había acordado 1,5% del PBI, pero con 1,3% se había logrado cumplir con el compromiso. Se debe a que la economía creció más de lo previsto y la inflación fue más alta de lo proyectado.

Al respecto, Beltramore señala que «si se toma en cuenta como base el dato del INDEC de un PBI nominal de 2025 de $847 billones hay dos escenarios«.

«En octubre de 2025, con 4% de crecimiento y 16,4% de inflación, el PBI nominal era de $1.026 billones, mientras que en abril de 2026, con 3,5% de crecimiento y 30,4% de inflación, el PBI nominal es de $1.144 billones«, explicó. La paradoja es que, con un crecimiento real menor, el resultado nominal puede ser más alto por el efecto de la inflación elevada.

En base a esos datos, en octubre pasado la meta de superávit fiscal expresada en moneda local era de $22,6 billones (2,2% de $1.026 billones). Ahora, con los cambios, la meta habría descendido a unos $16 billones (1,4% de $1.144 billones).

La diferencia entre uno y otro objetivo es de unos $6,6 billones, que tomados al tipo de cambio actual serían alrededor de u$s4.700 millones.

Está claro que se trata de estimaciones. El resultado final se va a conocer en algunas semanas cuando el Board del FMI apruebe el acuerdo técnico, desembolse u$s1.000 millones y publique el Staff Report, donde figuran los datos finos.

Más allá de eso, es cierto que la reducción de la meta fiscal es un elemento fundamental para cerrar este año. Y es que, en este momento, la sanidad presupuestaria es producto de un ajuste del gasto antes que de mejora de ingresos. En vez de ser una cuestión estructural producto de una reforma del Estado, es más bien una voluntad del Gobierno. Pero la dinámica tiene límites, porque hay un punto en el que el gasto no se puede recortar más sin afectar el propio funcionamiento del Estado.

Estabilidad fiscal sin mejora estructural

El Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) plantea en un informe sobre el resultado fiscal de marzo que «el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $0,9 billones y un superávit financiero de $0,5 billones, acumulando en el primer trimestre un resultado primario de 0,5% del PBI y financiero de 0,2% del PBI«.

«No obstante, al excluir ingresos extraordinarios asociados a la privatización de activos (centrales hidroeléctricas del Comahue), el superávit primario se reduce a 0,3% del PBI, ubicándose levemente por debajo de los registros del primer trimestre de 2025 (0,5%) y del mismo período de 2024 (0,4%), lo que sugiere una estabilización del resultado fiscal más que una mejora estructural«, dice la consultora.

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Economía

El BID anunció fondeo récord para Argentina y aportará otra garantía por u$s550 millones para los pagos de deuda

Ocurre en medio del viaje de Caputo a Washington y tras el acuerdo técnico para la revisión del FMI. El Gobierno apuesta a sumar préstamos privados con garantía de organismos internacionales para cubrir los próximos vencimientos.

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El Gobierno avanza en su estrategia para cubrir los próximos vencimientos de deuda sin salir a colocar deuda en Wall Street por la vía tradicional. En el marco de la visita del equipo económico a Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que acelerará el financiamiento a la Argentina y que sumará una garantía por u$s550 millones como la que Luis Caputo ya obtuvo del Banco Mundial, en ese caso por u$s2.000 millones.

El organismo multilateral detalló que el BID prevé más de u$s5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen «financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por u$s550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales». Además, BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, proyecta inversiones por alrededor de u$s2.200 millones.
Este plan representa un aumento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de u$s5.000 millones, destacaron desde la entidad que preside Ilan Goldfajn.

La garantía del BID y la estrategia para cubrir los pagos de deuda

De esta manera, la garantía por u$s550 millones del BID se sumará a los u$s2.000 millones que este jueves prometió el Banco Mundial. Se trata de garantías para créditos privados en negociación. El Gobierno espera que la CAF aporte un instrumento similar.

A propósito del anuncio del organismo y luego de reunirse con Goldfajn, Caputo tuiteó: «Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos».

https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/2045140395793830113?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2045140395793830113%7Ctwgr%5E5950c70c5fa3114bdde76e39f8c525e3352ba49b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fel-bid-anuncia-fondeo-record-argentina-y-suma-otra-garantia-us550-millones-los-pagos-deuda-n6267857

Ocurre que en julio vencen más de u$s4.000 millones con los bonistas y el Gobierno no planea rollearlo por la vía tradicional, es decir, mediante la colocación de bonos en Wall Street. Ese mercado está cerrado desde principios de 2018, cuando Caputo era ministro de Finanzas de Mauricio Macri, y hoy considera que las tasas que debería pagar son aún muy elevadas.

Sí continuará con las colocaciones de bonos en dólares en el mercado local, una vía por la cual esta semana consiguió otros u$s500 millones y que seguirá explotando de forma quincenal.

El otro canal para hacerse de los dólares necesarios para pagar la deuda que utilizará Caputo es la privatización de empresas y activos del Estado, como señaló el propio funcionario.

El financiamiento del BID

“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar reformas para el crecimiento. El Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

En 2026, el Grupo BID ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado.

BID Invest priorizará operaciones para fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). También apoyará proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, así como inversiones para mejorar la confiabilidad energética y desarrollar cadenas de valor en minerales críticos, incluido el litio.

Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, y se ampliará el acceso a servicios esenciales como energía, salud y protección social. Las operaciones previstas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID. /Ámbito/

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