La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en el sur de Tucumán, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico provincial, sumó un nuevo capítulo con la incorporación de un tercer sospechoso. Se trata de un empresario de Famaillá vinculado a actividades gastronómicas y nocturnas, sobre quien ya pesa una orden de detención emitida por la Justicia Federal.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que el hombre es propietario de un local gastronómico y de un boliche bailable en esa ciudad del sur tucumano. Además, no se descarta que en las próximas horas se presente voluntariamente ante las autoridades para ponerse a disposición de la investigación.

La causa se originó el viernes pasado, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control de rutina sobre la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco. Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux conducida por Marcos Nacif. La actitud nerviosa del conductor despertó sospechas y motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Al retirar la lona que cubría la caja de la camioneta, los gendarmes descubrieron 15 bultos que contenían un total de 470 kilos de cocaína, distribuidos en numerosos paquetes compactados. Nacif fue detenido de inmediato y quedó a disposición de la Justicia Federal.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien tres días después ordenó una segunda detención. El arrestado fue Rodrigo Chávez, propietario de una de las verdulerías más importantes de Famaillá y excandidato a concejal por sectores del peronismo local.

De acuerdo con fuentes judiciales, ambos imputados ya prestaron declaración indagatoria. Aunque el contenido de sus testimonios permanece bajo reserva, los investigadores consideran que la información aportada podría haber sido determinante para avanzar sobre nuevos involucrados y profundizar distintas líneas de investigación.

Hasta el momento tampoco trascendió si alguno de los detenidos evalúa acogerse a la figura del arrepentido para colaborar con la Justicia a cambio de eventuales beneficios procesales.

En ese contexto, la situación judicial del tercer sospechoso se habría complicado significativamente. Se trata de un joven empresario menor de 30 años que, según los investigadores, en los últimos años desarrolló diversos emprendimientos comerciales en Famaillá. Entre ellos figuran una sandwichería, un boliche bailable en esa ciudad y otro establecimiento similar que habría funcionado durante la temporada de verano en El Mollar.

Mientras algunos vecinos lo vinculan con sectores del poder político local, allegados al empresario rechazaron esas versiones. No obstante, confirmaron que ya contrató representación legal y que sus abogados analizaban la posibilidad de una presentación espontánea ante la Justicia Federal.

Más allá de las detenciones concretadas hasta el momento, la fiscalía continúa trabajando para despejar interrogantes clave sobre la organización detrás del cargamento secuestrado.

La principal hipótesis de Rafael Vehils Ruiz sostiene que la cocaína ingresó a la región mediante un vuelo clandestino. Según esta teoría, la carga habría sido descargada en un campo ubicado en Catamarca o en el sudoeste tucumano para luego ser trasladada por vía terrestre hacia un centro de acopio que podría estar localizado en Monteros o Famaillá.

Los investigadores sospechan además que la organización tenía previsto dejar una parte de la droga en Tucumán para financiar la operatoria logística y distribuir el resto hacia otras provincias.

Otro de los puntos que aún no fue esclarecido es si los detenidos y los sospechosos identificados eran efectivamente propietarios del cargamento o si cumplían funciones dentro de una estructura criminal de mayor escala.

Por el volumen de la carga y su valuación, superior a los dos millones de dólares, los investigadores consideran poco probable que los implicados contaran individualmente con la capacidad económica necesaria para financiar una operación de semejante magnitud. Sin embargo, entienden que podrían haber desempeñado un rol fundamental en la logística, el transporte y el almacenamiento de la sustancia.

“No importa cuál haya sido su función; lo único que interesa es que formaban parte de un grupo que cometió un grave delito”, sostuvo el fiscal Vehils Ruiz, quien continúa encabezando una investigación que busca determinar el origen, destino y responsables finales de uno de los mayores cargamentos de cocaína secuestrados en territorio tucumano.

La causa contra Juan Facundo Ale, Jorge González Anaya y Juan Nicolás Vargas continúa avanzando y, si no surge ningún inconveniente legal, los tres serán enjuiciados después de la feria judicial de julio por el tiroteo registrado el 21 de septiembre del año pasado en el salón La Foresta.

El fiscal Mariano Fernández acusó a González Anaya y a Vargas por portación ilegal de armas de guerra y anticipó que solicitará para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión. A Ale le atribuyó los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego, por lo que pedirá una condena de seis años y medio de prisión.

Según la acusación, durante la madrugada del 21 de septiembre se realizó una fiesta en La Foresta que se extendió hasta el mediodía. En el lugar se encontraban González Anaya y Vargas, quienes portaban armas de guerra sin autorización legal. Cerca de las 12, Ale llegó a bordo de un VW Passat, descendió del vehículo y comenzó a disparar contra ambos. González Anaya terminó herido en una pierna y Vargas respondió al ataque junto con González Anaya desde el interior del predio. Ale tampoco contaba con autorización para portar armas.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad que provoca conmoción no sólo entre las personas que se encontraban presentes, sino también en la sociedad”, sostuvo Fernández al fundamentar la elevación de la causa a juicio.

El fiscal agregó que se trató de “un caso de abuso y portación de armas” y señaló que la acción de Vargas, González Anaya y Ale se produjo “en el contexto de una fiesta electrónica en la que había numerosas personas”, lo que generó “una situación de riesgo evidente”.

Una de las pruebas consideradas más relevantes por la acusación es un informe elaborado por un especialista que, mediante un análisis comparativo de sonidos, concluyó que Facundo Ale habría utilizado un arma de alto calibre durante el enfrentamiento. El arma que habría usado nunca fue encontrada.

La investigación comenzó como una supuesta disputa por el control de la barra brava de San Martín, pero con el avance de la pesquisa surgieron indicios que apuntaban a un conflicto relacionado con el dominio territorial de actividades vinculadas al narcotráfico.

En el marco de la causa fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Casanova fue acusado inicialmente de haber participado en el tiroteo, pero luego fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en sus domicilios, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.

Tras el enfrentamiento, Ale huyó del lugar y no volvió a saberse de su automóvil. El vehículo reapareció cuando Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió en un accidente de tránsito en la zona norte de la capital. Los investigadores sospechan que Ale se lo habría entregado para que lo ocultara.

A González Anaya le revocaron el arresto domiciliario cuando la Policía encontró tres kilos de marihuana en la vivienda donde cumplía la medida cautelar.

Los defensores de los acusados cuestionaron sin éxito los procedimientos policiales que derivaron en las detenciones. Lobos fue quien más objetó el accionar de los uniformados. Sus familiares incluso realizaron una manifestación para exigir su liberación, al sostener que la droga hallada en su domicilio había sido plantada por efectivos policiales. Semanas después de ser arrestado, fue procesado por lavado de activos.

Ale es quien enfrenta el escenario judicial más complejo. En abril del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, por lo que, en caso de una eventual condena, ambas penas podrían ser unificadas.