La Universidad Nacional de Tucumán continúa atravesando un escenario de incertidumbre electoral mientras aguarda una resolución judicial definitiva sobre la candidatura del rector Sergio Pagani. En ese contexto, el apoderado legal de la casa de altos estudios, Jorge Chehín, aseguró que la medida cautelar dictada por la Justicia Federal no significa la exclusión automática del actual rector de la contienda electoral.

«Quiero aclarar y dejar muy bien sentado que esta asesoría letrada no representa los intereses de ninguna de las listas, solamente defendemos lo que se refiere a las resoluciones que toma la Universidad. Cada fórmula tiene su abogado y asesor», expresó.

Chehín sostuvo que la estrategia jurídica de la institución se centra en respaldar las resoluciones de la Junta Electoral y del Honorable Consejo Superior, particularmente en lo relacionado con la interpretación del Estatuto Universitario y la oficialización de candidaturas.

El abogado remarcó que el debate trasciende la situación de una candidatura en particular y se relaciona directamente con el principio de autonomía que poseen las universidades nacionales para interpretar y aplicar sus propias normas.

«La interpretación de sus propios reglamentos ha sido dictada por la propia Universidad», afirmó.

Respecto de la suspensión de la Asamblea Universitaria y la elaboración de un nuevo cronograma electoral, indicó que la decisión fue adoptada por el Consejo Superior en función de los recientes pronunciamientos de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además, recordó que la resolución vigente tiene carácter cautelar y, por lo tanto, no constituye una sentencia definitiva sobre el caso.

«Cautelar significa que es provisorio. El juez encuentra una verosimilitud del derecho, una posible situación que puede vulnerar algún derecho. Entonces, preventivamente dice: ‘No reciba esta inscripción’, pero todavía no se expidió sobre el fondo del asunto», explicó.

En ese sentido, sostuvo que la situación de Pagani continúa abierta y que será la Justicia la que deberá resolver definitivamente la controversia.

«Hasta tanto no haya una sentencia definitiva de esta situación, no podemos decir expresamente que un candidato está excluido o no», manifestó.

Finalmente, Chehín reiteró la postura institucional respecto de la aplicación del nuevo Estatuto Universitario, interpretación que difiere de la expresada por la Cámara Federal en la medida cautelar.

«Consideramos que las normas se aplican para adelante, no para atrás. Esa es la interpretación que hemos sostenido en nuestros escritos», concluyó.

Mientras la causa sigue su curso en la Justicia Federal, la UNT trabaja en la reorganización de su cronograma electoral, en una disputa que mantiene en suspenso la elección de las próximas autoridades universitarias y reabre el debate sobre los límites entre la autonomía universitaria y el control judicial de sus decisiones.