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Policiales

La justicia dispuso la detención de un empresario gastronómico de Famaillá por el caso de los 470 kilos de cocaína

La investigación sumó como sospechoso a un joven empresario famaillense, dueño de negocios gastronómicos y de un local nocturno, al que algunos trascendidos le atribuyen vínculos con dirigentes políticos locales.

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La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en el sur de Tucumán, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico provincial, sumó un nuevo capítulo con la incorporación de un tercer sospechoso. Se trata de un empresario de Famaillá vinculado a actividades gastronómicas y nocturnas, sobre quien ya pesa una orden de detención emitida por la Justicia Federal.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que el hombre es propietario de un local gastronómico y de un boliche bailable en esa ciudad del sur tucumano. Además, no se descarta que en las próximas horas se presente voluntariamente ante las autoridades para ponerse a disposición de la investigación.

La causa se originó el viernes pasado, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control de rutina sobre la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco. Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux conducida por Marcos Nacif. La actitud nerviosa del conductor despertó sospechas y motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Al retirar la lona que cubría la caja de la camioneta, los gendarmes descubrieron 15 bultos que contenían un total de 470 kilos de cocaína, distribuidos en numerosos paquetes compactados. Nacif fue detenido de inmediato y quedó a disposición de la Justicia Federal.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien tres días después ordenó una segunda detención. El arrestado fue Rodrigo Chávez, propietario de una de las verdulerías más importantes de Famaillá y excandidato a concejal por sectores del peronismo local.

De acuerdo con fuentes judiciales, ambos imputados ya prestaron declaración indagatoria. Aunque el contenido de sus testimonios permanece bajo reserva, los investigadores consideran que la información aportada podría haber sido determinante para avanzar sobre nuevos involucrados y profundizar distintas líneas de investigación.

Hasta el momento tampoco trascendió si alguno de los detenidos evalúa acogerse a la figura del arrepentido para colaborar con la Justicia a cambio de eventuales beneficios procesales.

En ese contexto, la situación judicial del tercer sospechoso se habría complicado significativamente. Se trata de un joven empresario menor de 30 años que, según los investigadores, en los últimos años desarrolló diversos emprendimientos comerciales en Famaillá. Entre ellos figuran una sandwichería, un boliche bailable en esa ciudad y otro establecimiento similar que habría funcionado durante la temporada de verano en El Mollar.

Mientras algunos vecinos lo vinculan con sectores del poder político local, allegados al empresario rechazaron esas versiones. No obstante, confirmaron que ya contrató representación legal y que sus abogados analizaban la posibilidad de una presentación espontánea ante la Justicia Federal.

Más allá de las detenciones concretadas hasta el momento, la fiscalía continúa trabajando para despejar interrogantes clave sobre la organización detrás del cargamento secuestrado.

La principal hipótesis de Rafael Vehils Ruiz sostiene que la cocaína ingresó a la región mediante un vuelo clandestino. Según esta teoría, la carga habría sido descargada en un campo ubicado en Catamarca o en el sudoeste tucumano para luego ser trasladada por vía terrestre hacia un centro de acopio que podría estar localizado en Monteros o Famaillá.

Los investigadores sospechan además que la organización tenía previsto dejar una parte de la droga en Tucumán para financiar la operatoria logística y distribuir el resto hacia otras provincias.

Otro de los puntos que aún no fue esclarecido es si los detenidos y los sospechosos identificados eran efectivamente propietarios del cargamento o si cumplían funciones dentro de una estructura criminal de mayor escala.

Por el volumen de la carga y su valuación, superior a los dos millones de dólares, los investigadores consideran poco probable que los implicados contaran individualmente con la capacidad económica necesaria para financiar una operación de semejante magnitud. Sin embargo, entienden que podrían haber desempeñado un rol fundamental en la logística, el transporte y el almacenamiento de la sustancia.

“No importa cuál haya sido su función; lo único que interesa es que formaban parte de un grupo que cometió un grave delito”, sostuvo el fiscal Vehils Ruiz, quien continúa encabezando una investigación que busca determinar el origen, destino y responsables finales de uno de los mayores cargamentos de cocaína secuestrados en territorio tucumano.

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Acusan a una mujer de usar el home banking de su ex suegro para obtener $4,6 millones

El MPF también imputó a una amiga por encubrimiento, quien habría recibido dinero en su cuenta sabiendo que provenía de un ilícito.

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Este jueves 10 de septiembre se realizó una audiencia en la que el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego López Ávila, formuló cargos contra Andrea Natalia Gómez Gallo (32) y Carla Agostina Montenegro (30), en el marco de una investigación por una maniobra que habría provocado un perjuicio patrimonial de $4.656.600.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, Gómez Gallo habría utilizado, sin autorización, las credenciales de acceso al home banking de su ex suegro, aprovechando que conocía su usuario y contraseña porque anteriormente lo había asistido en la creación y utilización del canal bancario. Según la teoría del caso, desde la cuenta sueldo de la víctima gestionó distintos créditos y posteriormente transfirió los fondos obtenidos hacia cuentas vinculadas a ella y a Montenegro.

Créditos y transferencias desde la cuenta de la víctima

La maniobra se habría desarrollado entre el 19 de noviembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025. El primer hecho atribuido ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cuando Gómez Gallo habría gestionado un crédito por $650.000 desde la cuenta de la víctima y transferido ese importe a una cuenta vinculada a su persona.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2025, habría realizado tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, también hacia una cuenta vinculada a ella. El 21 de abril de 2025 gestionó un nuevo crédito por $1.200.000. Una vez acreditado el dinero, realizó dos transferencias, por $500.000 y $700.000, hacia una cuenta vinculada a Montenegro.

La investigación sostiene que la maniobra continuó durante los meses siguientes. El 12 de junio de 2025, Gómez Gallo habría transferido $326.600 hacia una cuenta vinculada a su persona. Luego, el 24 de julio, gestionó otro crédito por $1.510.000 y transfirió $1.500.000 a una cuenta de su titularidad. Asimismo, el 8 de agosto habría efectuado una transferencia de $290.000 y, finalmente, el 25 de septiembre de 2025 gestionó un nuevo crédito por $300.000, transfiriendo ese mismo día la totalidad del importe hacia una cuenta de su propiedad.

Como consecuencia de estas operaciones, la Fiscalía estimó que el perjuicio patrimonial ocasionado a la víctima ascendió a $4.656.600.

La calificación legal atribuida a Gómez Gallo es la de defraudación mediante manipulación informática, en calidad de autora. En cuanto a Montenegro, la Fiscalía le atribuyó haber recibido $1.200.000 con conocimiento de su origen ilícito, dinero que habría sido obtenido previamente mediante la maniobra de defraudación investigada. Por este hecho fue acusada por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Medidas de coerción

Luego de formular los cargos, Rodríguez del Busto solicitó que, a los fines de resguardar la investigación, se impongan a ambas acusadas medidas cautelares de menor intensidad por el término de cuatro meses. La jueza interviniente analizó el planteo realizado por el MPF y resolvió hacer lugar a la totalidad de las medidas solicitadas, por lo que las acusadas deberán cumplir las reglas de conducta establecidas durante el plazo fijado.

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Choque de motos en Alderetes: una pasajera resultó herida y el conductor del otro rodado escapó del lugar

Las autoridades policiales tratan de identificar al motociclista que escapó del lugar del accidente, abandonando a la mujer que resultó herida.

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Una joven de 23 años sufrió politraumatismos al chocar dos motocicletas este miércoles, alrededor de las 20, en avenida Eva Perón y Azcuénaga, en Alderetes. La pasajera fue trasladada al Centro de Salud Zenón Santillán y se encuentra fuera de peligro. La Fiscalía ordenó buscar testigos y revisar cámaras para reconstruir el siniestro e identificar a uno de los motociclistas, que se retiró del lugar.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas, con intervención de la Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Capital. La mecánica del impacto todavía debe ser esclarecida y la primera reconstrucción surge de los testimonios recogidos por la Policía.

Según esas versiones, una Honda Wave, conducida por un trabajador de una aplicación de transporte que llevaba a la joven como pasajera, circulaba junto con una Honda New Titán negra por avenida Eva Perón, de sur a norte. Ambos vehículos giraron hacia Azcuénaga y, durante esa maniobra, el conductor de la Wave habría intentado sobrepasar al otro rodado.

Los testigos señalaron que se produjo un impacto en la parte trasera de la New Titán, tras el cual los dos ocupantes de la Wave cayeron al pavimento. Describieron al conductor de la otra motocicleta como un hombre de entre 50 y 60 años, aproximadamente, vestido de negro, que abandonó el sector después del choque.

Una ambulancia municipal trasladó a la pasajera al Centro de Salud Zenón Santillán. Allí fue atendida por el médico de guardia, quien diagnosticó politraumatismos y determinó que estaba fuera de peligro.

El conductor de la Wave manifestó que buscaría asistencia médica por sus propios medios. Sin embargo, las consultas posteriores realizadas en la Policlínica de Banda del Río Salí y en el Hospital del Este Eva Perón no permitieron constatar su ingreso a ninguno de esos establecimientos.

Efectivos de la Comisaría Martín Miguel de Güemes acudieron tras recibir el aviso del Cuerpo de Vigías de Alderetes. Cuando llegaron, encontraron a numerosas personas y a los agentes municipales resguardando la escena, pero los involucrados ya se habían retirado.

Con la información reunida, la Fiscalía dispuso relevar las cámaras de seguridad y localizar a otros posibles testigos. Esas medidas buscarán precisar cómo ocurrió la colisión y establecer la identidad del conductor de la New Titán.

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Denunciaron que el camión recolector que atropelló a un nene de dos años circulaba a una velocidad fuera de lo permitida

Testigos aseguraron que el camión circulaba rápidamente por el pasaje y afirmaron que no era la primera vez que ocurría.

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Vecinos del pasaje donde murió el bebé Liam cuestionaron la velocidad a la que, según sus testimonios, circulaba el camión recolector de residuos y aseguraron que ya habían existido reclamos por situaciones similares.

Una mujer que se encontraba en el lugar aseguró haber visto pasar al vehículo momentos antes del hecho. “Saqué el auto, lo dejé pasar al camión de la basura, que pasó a una velocidad que no tiene que pasar porque es un pasaje. Pasó muy rápido y no es la primera vez”, relató.

Otra vecina contó que había salido con una bolsa de residuos, pero no alcanzó al camión. “En lo que entré al fondo a dejar la bolsa, salí y sentí el griterío. Ya no estaba el camión”, señaló.

Los testimonios apuntan además a que las quejas por la forma en que circulaban los camiones recolectores no serían recientes.

“El camión de la basura siempre pasa así, con todo. Esto no es desde hace poquito, esto es desde hace muchísimo. Siempre hubo papás que reclamaron y los camioneros, ciegos. Esto se hubiese prevenido”, sostuvo una de las vecinas.

Las declaraciones reflejan la conmoción y el enojo de quienes viven en la zona tras la muerte de Liam. Las afirmaciones sobre la velocidad del vehículo corresponden a los testimonios de los vecinos y deberán ser contrastadas con la investigación del hecho.

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