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Quién es quién entre los policías del caso Facundo Castro

Falso testimonio, amenazas y pacto de silencio

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Quién es quién entre los policías del caso Facundo Castro

«En plena pandemia, cuando la Bonaerense salía de cacería y metía preso a cualquiera que anduviera por la calle, a Facundo justo le tocaron los cuatro policías más piolas que lo dejaron seguir viaje lo más tranquilo», dice el abogado Luciano Peretto, en nombre de la familia Castro, al referirse a una decena de «casualidades» de esta historia. La noche del 29 de abril Facundo estuvo en la casa de uno de sus mejores amigos, el hijo de Virginia Góngora. Jugaron en video hasta muy tarde, luego el joven Castro pasó por la casa de su abuelo a buscar algunas pertenencias y salió desde Pedro Luro por la ruta nacional 3, sin permiso de circulación y a dedo, con la intención de llegar hasta lo de Daiana González, su ex novia, en Bahía Blanca. A las 10 de la mañana del 30 de abril fue detenido en la entrada de Mayor Buratovich por los oficiales Mario Gabriel Sosa y Jana Jennifer Curuhinca. Según ellos, le hicieron la infracción al decreto presidencial sobre la prohibición de circular en cuarentena y lo dejaron seguir su camino.

«Soy fachero»

El policía Sosa lo sostiene a Facundo de un brazo, el joven no lleva la gorra que usaba siempre. Su madre Cristina dice que en la foto que les saca Curuhinca se ve que le falta la zapatilla izquierda, que su ropa está como si lo hubieran revolcado, y que sus manos estaban esposadas. Delante del patrullero está su mochila. Un mes y medio más tarde se venía el primer rastrillaje con perros y el policía intercambia mensajes con Curuhinca, autora de esa foto y también de la del DNI de Facundo. «Ahí lo paramos pero ahora no me ubico», dice la mujer policía. «Soy fachero, jaja», bromeó Sosa.

El 3 de julio Curuhinca le envía una nota sobre la desaparición de «Astudillo», y luego le reenvía un audio de su jefe el cual dice que se quede tranquila que ellos hicieron bien su trabajo, y que no hay nada que los pueda señalar como autores de una desaparición forzada: «No te preocupes está todo muy bien hecho y no nos va a traer problemas ni a vos ni a Grillo (Fernando Grilloni a cargo de la búsqueda inicial) ni a Sosa ni a nadie (…) acá no ha pasado nada por el estilo». Curuhinca le expresa su preocupación de que los desafecten durante la investigación, a lo que Sosa le responde «no creo, que se dejen de joder», según lo que pudieron rescatar los investigadores porque tanto él como su compañera borraron todos los mensajes y comunicaciones de sus teléfonos.

Sosa vuelve a aparecer en el expediente, a fojas 444, cuando informa al policía federal Cristian Arias García el 13 de julio a las 18.40 que «instantes antes, en su domicilio se apersono un sujeto masculino no identificado ni conocido por él, quien le manifestó que por intermedio de N.N. Villegas ( obrero albañil domiciliado en XXX ) tomó conocimiento que la señora E.H.R. D.N.I. 5.689.XXX abonado celular 291444XXXX habría sido la persona que habría llevado a Facundo a Bahía Blanca y quien no se habría presentado a brindar testimonio en sede judicial y/o policial por temor».

Medio hermanas

«Tranqui Janita, nadie sabe que fuimos nosotros», intenta calmarla su compañero de armas. Sin embargo, Jana Jennifer Curuhinca no se queda tranquila. «Sí, por eso, pero como dice que tres testigos vieron como lo subíamos al patrullero en Burato y lo llevábamos eh y como lo hostigamos y toda esa cosa digo bue (…) yo preguntaba para no venirme ver el sogazo de golpe, estar alerta aunque sea para tomarme unas vacaciones jaja», le responde en ese chat a Sosa.

Medio hermana de Curuhinca, la sargento Siomara Flores fue parte de la investigación desde el inicio, pero recién dio su versión un mes y diez días más tarde, cuando Cristina Castro y sus abogados intentaron hacer un rastrillaje con perros pero los patrulleros les bloquearon el paso. Antes no consideró importante hacerle saber a la madre de Facundo que ella lo habría levantado en su auto particular desde las afueras de Buratovich y hasta Teniente Origone. «Él la está pasando bomba en otro lado y la familia pensando que le pasó lo mismo que a Maldonado, jaja», le dijo Sosa a Flores el 16 de junio. «¿Qué sabés de lo tuyo, pudiste averiguar algo?», dice Flores. «Jajaja, vamos a ir todos presos, pero eso no lo dicen en ninguna parte», responde Sosa.

Según consta en la causa, el testimonio de Flores se contradice con los de otros testigos, y además ubica a Facundo en una zona sin señal de celular justo a la misma hora en que el joven mantuvo la última conversación con su madre. Además, esta policía trabaja con los demás uniformados señalados por la querella particular –Sosa, Curuhinca y González– y ocultó su parentesco con Jana Curuhinca. En la investigación fue comprobado que el 8 de mayo Flores desactivó de su teléfono la aplicación WhatsApp. Junto a Sosa, Flores comunicó a los policías federales la existencia de la testigo E.H.R.

González y sus versiones

A las 15.16 del mismo día, el oficial Alberto González se hace presente en el kilómetro 750 de la ruta 3 ante el aviso de que había un joven tirado, lo cual fue verificado en base a la ubicación satelital de su patrullero, sus comunicaciones y la foto del carnet de conducir de Facundo. Su relato cambió de final tres veces, cuando tiene que decir cuándo y dónde se alejó del joven. A su mamá Cristina le dijo que se fue caminando, pero cuatro días antes había declarado en sede policial que lo vio subir a una camioneta Renault Duster Oroch color gris oscuro. Recién en su última declaración mencionó el vehículo de la productora rural de 72 años, la famosa testigo H, que en la causa está mencionada por las iniciales de sus nombres y apellido –E.H.R.– porque pidió reserva de su identidad.

Estas contradicciones provocaron las sospechas que finalmente hicieron que la causa pasara al fuero federal, a instancias de la familia y sus abogados, aunque el ministro Sergio Berni repite que eso sucedió por la intervención del gobernador Axel Kicillof. Los investigadores afirman que si hubiera recitado bien el «cuentito» no hubiera hecho falta introducir a Siomara Flores en el «plan». «Gonzalez debió decir que a Facundo se lo llevó la testigo E.H.R. en cada oportunidad que fue interrogado, pero lo hizo solo en la última. El orden en que hizo esas anotaciones es inverso al que hubiera hecho según dicen que sucedieron los hechos: primero para a Facundo, luego anota su dirección y la de la novia, y por último los datos de quien lo levantó en la ruta. Sin embargo, la testigo E.H.R figura primera en su libretita», explicó a Página12 una alta fuente de la causa.

González dijo que llamó a la comisaria de Médanos y que le contestan que ya lo habían infraccionado en Buratovich, que lo deje seguir viaje. Pero esa llamada no fue encontrada en el celular del policía.

Un tal Galarza

En la causa provincial quedaron plasmados los esfuerzos de la Policía Bonaerense para que la familia de Facundo no hiciera denuncia alguna, pero a partir del 5 de junio cuando finalmente Cristina logra formalizar la búsqueda del paradero de su hijo comenzó, según explican sus abogados, el operativo de encubrimiento para ubicar al joven lo más lejos posible de Villarino. Al mismo tiempo que un grupo de policías viajaban a Bahía a apretar a la exnovia de Facundo y su familia para que declararan un supuesto “crimen narco”, comenzaron a desfilar “testigos” que decían haber visto a Facundo en diferentes partes de la ruta 3 e incluso haberlo encontrado en las calles de Bahía Blanca. El principal de ellos fue el teniente Jorge Agustín Galarza.

La primera declaración testimonial de Galarza fue el 18 de junio en la seccional de General Cerri de la Policía Bonaerense, donde cumple tareas de mantenimiento, ya que se encuentra bajo el régimen de Tareas No Operativas (TNO), una suerte de «carpeta psiquiátrica» informal. Ese día dijo que al ver la foto de búsqueda de Facundo en los patrulleros se acordó que lo había visto el día anterior. En esa declaración figura como «empleado» y no como policía. «Me pidió fuego, sin dudas es Astudillo Facundo», afirmó.

Los primeros días de julio, cuando el paso de la causa al fuero federal era inevitable, lo volvieron a llamar. Esa vez dijo que lo había visto otra vez, el día anterior. Durante su declaración testimonial, a Galarza le exhibieron una foto de Facundo y el policía no tuvo dudas: “Es la misma persona que pasó por mi casa dos veces, una el 17 de junio y otra ayer”. La tercera vez que declaró fue ante el fiscal Andrés Heim, de la PROCUVIN, quien luego de leerle sus anteriores dichos le preguntó si estaba seguro de que se trataba de Facundo Astudillo Castro. Galarza respondió que, en realidad, no le había dicho a sus pares que estaba ciento por ciento seguro de que se trataba del joven sino que era “muy parecido”, tal como consta en el documento al que accedió La Izquierda Diario. El fiscal insistió: «Yo lo que le pregunto es si usted está seguro que vio a Facundo Astudillo Castro”. Galarza contestó “no, señor”.

“Todo lo que usted diga de acá en adelante, Galarza, lo puede comprometer ante una eventual imputación. Hay contradicciones en su declaración y además hay situaciones que lo enfrentan con el cumplimiento de su deber de policía. A partir de este momento suspendemos la declaración. ¿Está bien?”, le preguntó Heim. “Sí, señor”, respondió el policía. Es que minutos antes el fiscal había querido saber por qué la segunda vez que vio al supuesto Facundo no le dijo que lo estaban buscando por todas partes. Los abogados de Cristina solicitaron en forma inmediata el secuestro del teléfono celular del «testigo», una medida que el juzgado y la fiscalía recién concretaron 70 días más tarde de la primera declaración de Galarza.

«Sé todo lo que decís»

El 11 de julio ya había caído la noche cuando sonaron los celulares y se puso en marcha el operativo hacia un basural de la localidad de Mayor Buratovich. Cristina llegó junto a uno de sus abogados Luciano Peretto y se encontraron con la Policía Bonaerense. Peretto se trenzó en una áspera discusión con el subcomisario Pablo Reguillón por la presencia de esa fuerza en un procedimiento cuando hacía ya varios días había sido apartada por la justicia del caso. «Me estoy guardando todos los links de los medios donde hablaste, cuando esto termine yo sé lo que tengo que hacer», fue la amenaza que profirió Reguillón al abogado, lo que motivó una denuncia penal. Son altas las probabilidades de que el jefe que tranquilizó a los policías cuando el caso saltó a los medios haya sido este subcomisario, el mismo que junto al comisario Marcos Navarrete impidió el paso a Cristina Castro el 18 de junio durante el frustrado rastrillaje con los perros del K9. «Usted no tiene nada que hacer acá, señora», le dijeron.

Hoy declaró el abogado Peretto sobre el episodio de las amenazas, en el marco de la causa principal.

Desde Asuntos Internos dejaron trascender que el subcomisario Reguillón fue «rajado» de la fuerza, sin dar precisiones sobre su actual situación. Sin embargo, su nombre también será parte de las actuaciones principales del caso porque este policía reveló un dato fundamental sobre el contexto en el que sucedió la presunta desaparición forzada de Facundo: de manera informal desde la justicia federal de Bahía Blanca reunieron a todos los jefes de la Bonaerense para decirles que no envíen más infracciones dado que estaban superando las mil por mes, que dispusieran ellos en cada caso. Esto explicaría las irregularidades en la detención de Facundo, que hasta ahora no han tenido reproche alguno para la justicia: no lo acompañaron de regreso ni tampoco avisaron a la justicia de su infracción.

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Detuvieron a dos nuevos sospechosos por los 470 kilos de cocaína secuestrados en Río Seco

La detención de Enrique Santos Catulo, vinculado con el Clan Ale, derivó en el allanamiento y la clausura de la agencia de venta de automotores ubicada en la calle San Martín al 1.000.

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La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico tucumano, sumó en las últimas horas dos nuevos detenidos y amplió el entramado de vínculos que analiza la Justicia Federal. Los arrestos fueron concretados por personal de Gendarmería Nacional durante una serie de allanamientos realizados en San Miguel de Tucumán y Famaillá, en el marco de una causa que ya cuenta con varios imputados y que apunta a desentrañar una posible estructura dedicada al tráfico y eventual lavado de activos.

Uno de los nuevos detenidos es Enrique Santos Catulo, quien había sido condenado en 2017 durante el juicio contra el denominado clan Ale por integrar una asociación ilícita destinada al lavado de dinero proveniente de diversas actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. También fue arrestado su hijo, Ernesto Catulo Chamas, cuyo nombre ya había surgido durante aquel proceso judicial aunque nunca llegó a ser imputado.

La causa se inició el viernes 5 de junio cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta durante un control de rutina sobre la ruta 157, a la altura de Río Seco. El conductor, Marcos Nacif, mostró signos de nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Al revisar la carga, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en el rodado, dando origen a una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en la provincia.

A partir de ese hallazgo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz encabezó una pesquisa que rápidamente derivó en nuevas detenciones. Días después fue arrestado Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y propietario de una reconocida verdulería de esa ciudad. Posteriormente, el empresario famaillense Pablo Abraham se presentó voluntariamente ante la Justicia al tomar conocimiento de que existía una orden de captura en su contra.

Durante las indagatorias, Nacif sostuvo que había sido contratado para realizar un traslado, aunque aseguró desconocer qué transportaba. El acusado es tío de Jorge “Pelaín” Nassif, actualmente detenido en otra causa donde está imputado por presuntamente abastecer de drogas a puntos de venta ubicados en el sur tucumano y en Termas de Río Hondo.

Por su parte, Chávez rechazó cualquier vinculación con la operación investigada. Según explicó su abogado defensor, Benito Allende, reconoció que la camioneta utilizada para trasladar la droga había sido de su propiedad, pero afirmó que la había entregado a Abraham como parte de pago por otro vehículo similar y que nunca completó los trámites de transferencia.

Abraham, asistido legalmente por Ernesto García Biagosch, optó por abstenerse de declarar hasta conocer el contenido de las pruebas reunidas en su contra.

Mientras avanzaba la investigación, el fiscal Vehils Ruiz ordenó una serie de procedimientos simultáneos. El domingo por la noche se realizaron dos allanamientos en Famaillá: uno en un local gastronómico y boliche vinculado a Abraham y otro en un galpón perteneciente a su empresa de transporte. En ambos lugares se secuestraron computadoras y documentación considerada relevante para la causa, aunque no se encontraron armas ni sustancias prohibidas.

Las medidas continuaron al día siguiente con nuevos operativos. Uno de ellos se desarrolló en una concesionaria ubicada sobre calle San Martín al 1.000, en la capital tucumana. Allí los investigadores secuestraron un teléfono celular, un vehículo y realizaron un inventario de los 15 automóviles existentes en el predio. Además, la concesionaria quedó clausurada por disposición judicial.

Durante ese procedimiento fue detenido Enrique Santos Catulo. Según surge de la sentencia dictada en 2017 contra el clan Ale, Catulo utilizaba esa concesionaria para canalizar y justificar ingresos provenientes de la organización liderada por Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale.

En paralelo, Gendarmería allanó un departamento ubicado sobre calle Balcarce al 600, en pleno barrio Norte. En ese lugar se secuestraron un vehículo, cheques de distintos montos y documentación considerada de interés para la investigación. Allí fue detenido Ernesto Catulo Chamas.

Fuentes judiciales también confirmaron la realización de otros dos procedimientos: uno en un inmueble ubicado sobre calle San Juan al 1.300, en San Miguel de Tucumán, y otro en un local emplazado sobre la ruta 301, en Famaillá, que estaría relacionado con Abraham. Ambos operativos finalizaron sin resultados relevantes para la causa.

A menos de dos semanas del inicio de la investigación, los interrogantes siguen siendo numerosos. Los investigadores intentan determinar si la droga llegó efectivamente por vía aérea y cuál era el destino final del cargamento. También buscan establecer quiénes eran los verdaderos propietarios de la cocaína y cuál era el rol específico de cada uno de los involucrados.

Uno de los elementos que más llama la atención de los pesquisas es la reiterada aparición de concesionarias de automóviles y operaciones vinculadas a la compraventa de vehículos. Jorge “Pelaín” Nassif había manifestado durante un juicio realizado años atrás que se dedicaba a esa actividad. Chávez sostuvo que Abraham también operaba en ese rubro. Ahora, padre e hijo Catulo aparecen igualmente relacionados con el negocio automotor.

Esa coincidencia llevó a los investigadores a profundizar el análisis sobre la posible utilización de concesionarias, empresas y emprendimientos comerciales como mecanismos para justificar movimientos económicos y eventualmente blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

Por el momento, la Justicia Federal no descarta ninguna hipótesis. Lo que comenzó con un procedimiento rutinario sobre una ruta del este tucumano se transformó en una compleja investigación que cada día incorpora nuevos protagonistas, amplía la red de relaciones bajo sospecha y expone posibles conexiones entre el tráfico de drogas, los negocios privados y el movimiento de importantes sumas de dinero.

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Femicidio de Cynthia Lazarte: el acusado había salido de la cárcel hace 40 días tras cumplir una condena por abuso

Roberto Fuentes, de 39 años, había estado preso seis años por ese delito. La víctima era conocida en el barrio como “La Piba”: vivía en situación de calle, se movilizaba con muletas y el viernes la esperaban para festejarle el cumpleaños a su madre.

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Roberto Fuentes tenía apenas 40 días de libertad cuando fue detenido acusado de asesinar a Cynthia Verónica Lazarte. El hombre de 39 años había cumplido una condena de seis años por abuso sexual y su regreso a las calles terminó con el cuarto femicidio registrado en Tucumán en lo que va del año.

 

La víctima, de 41 años y conocida en el barrio como «La Piba», vivía en situación de calle desde hacía años. Madre de cuatro hijos, arrastraba problemas de adicción desde los 15 y se desplazaba con muletas tras perder el pie derecho y tres dedos del izquierdo en un accidente. Habitualmente recorría el este de la capital pidiendo ayuda o limosna.

El último viernes de su vida

Quienes la conocían recuerdan que ese viernes estaba contenta. Había logrado bañarse y sus sobrinas la esperaban para pasar la noche juntas. Pero algo ocurrió en el medio. Durante la tarde, Cynthia le mostró a una conocida la fotografía de un «hombre malo» que, según decía, la perseguía. La imagen mostraba a una persona de espaldas que no pudo ser identificada.

 

Pasada la 1 del sábado, vecinos llamaron al 911 para reportar un auto en llamas en Francia al 1.100. Cuando los efectivos llegaron, encontraron un cuerpo en el interior. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la última persona que había estado con ella era Fuentes, quien fue detenido horas después en su vivienda de Lola Mora al 100.

Un crimen brutal

Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Lucas Maggio detalló la brutalidad del ataque: Lazarte fue golpeada con un objeto contundente, sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y fue estrangulada con un cable negro. Tras asesinarla, el acusado roció el cuerpo con un líquido inflamable e intentó incendiarlo para eliminar evidencias. Los investigadores determinaron que la víctima ya había fallecido cuando comenzó el fuego, dado que no se hallaron restos de hollín en sus vías respiratorias. Las muestras recolectadas también serán analizadas para determinar si fue víctima de un abuso sexual.

 

El acusado presentaba además lesiones y escoriaciones en el cuello y el tórax, marcas que los peritos atribuyen a un intento desesperado de Cynthia por defenderse.

La jueza María Alejandra Balcázar ordenó seis meses de prisión preventiva y advirtió que, de ser hallado culpable, Fuentes podría recibir prisión perpetua«Hay que garantizar el proceso. Existe riesgo de fuga y también de entorpecimiento de la investigación mediante posibles influencias sobre testigos que aún deben declarar», fundamentó.

«Tuvo una vida muy difícil»

El femicidio generó una profunda conmoción en el barrio. Juan Carlos García, quien la conocía, trazó un retrato doloroso: «Cynthia no tenía maldad. Sólo se ponía agresiva cuando atravesaba cuadros de abstinencia. Era una mujer vulnerable por donde se la mirara: por su condición de mujer, por sus problemas de consumo y por su discapacidad. Le sacaban las muletas y directamente no podía moverse».

Juana de Jiménez, vecina de la zona, también expresó su indignación al conocer el pasado del acusado: «Ahora me entero de que el hombre acusado de matarla había estado preso por abuso sexual. Espero que esta vez la Justicia tenga en cuenta quién es y la gravedad de lo ocurrido«.

La vecina María Victoria Reyna pidió que no se responsabilice a la familia de la víctima: «Me consta que buscaron mil maneras de sacarla de la calle. A veces lo conseguían, pero siempre volvía por culpa de las adicciones. Sé que el viernes la estaban esperando en la casa de su madre para festejarle el cumpleaños».

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Un hombre murió tras recibir un puñetazo en Villa Carmela: el agresor de 25 años quedó detenido

El hecho ocurrió este lunes feriado a la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

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Un hombre de 40 años falleció este lunes 15 de junio en Villa Carmela luego de una violenta discusión que terminó con una agresión física. El principal sospechoso, un joven de 25 años conocido como “Choclito”, fue aprehendido horas después y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas investigativas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, encabezada por el fiscal Carlos Sale, quien se trasladó personalmente al lugar para supervisar las primeras actuaciones y coordinar el trabajo de los equipos técnicos.

La víctima fue identificada como Carlos Ezequiel Romano Hardoy, de 40 años y con domicilio en Tafí Viejo. Según las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, cerca del mediodía Romano Hardoy llegó a bordo de un automóvil al asentamiento El Triángulo I, ubicado en Villa Carmela, sobre la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Fiscalía, al descender del vehículo e ingresar por un pasillo desde la ruta, se encontró con Antonio “Choclito” Carrizo, de 25 años. En ese contexto se habría originado una discusión entre ambos que derivó en una agresión física.

Los investigadores sostienen que Carrizo le habría propinado un puñetazo en el rostro a Romano Hardoy. Como consecuencia del golpe, la víctima cayó al suelo y quedó tendida en el lugar.

La secuencia fue observada por una testigo que alertó de inmediato a las autoridades. Tras el llamado, efectivos policiales y personal del Sistema de Emergencias 107 acudieron al sector. Sin embargo, al arribar constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Luego del episodio, el acusado se dio a la fuga, aunque fue localizado y aprehendido posteriormente por personal policial. Quedó bajo custodia mientras la Fiscalía reúne pruebas para avanzar con la imputación correspondiente.

Por disposición del fiscal Sale, trabajaron en la escena especialistas de distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron un relevamiento integral del lugar, levantaron rastros y recolectaron evidencias que permitan reconstruir con exactitud la mecánica del hecho.

En las primeras horas de la investigación se descartó la utilización de armas de fuego o armas blancas, por lo que toda la pesquisa se concentra en determinar si el golpe recibido por la víctima fue la causa directa del fallecimiento o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal.

Las autoridades judiciales adelantaron que en las próximas horas se practicará la autopsia al cuerpo de Romano Hardoy, una medida considerada clave para establecer científicamente la causa de muerte y definir la situación procesal del acusado.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa tomando declaraciones testimoniales y analizando los distintos elementos incorporados al expediente para esclarecer completamente las circunstancias que derivaron en el trágico episodio ocurrido durante el feriado en Villa Carmela.

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