El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió con dureza a la demanda presentada por cuatro partidos opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar su eventual reelección. El mandatario defendió la vigencia de la Constitución provincial, rechazó los argumentos sobre una posible permanencia indefinida en el poder y desafió a sus adversarios de cara a las próximas elecciones.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, Jaldo sostuvo que el artículo 90 de la Constitución tucumana establece con claridad las condiciones para acceder a los cargos de gobernador y vicegobernador.

El mandatario recordó que la Carta Magna provincial tiene casi dos décadas de vigencia y que, durante ese período, los tres poderes del Estado desarrollaron sus funciones respetando sus disposiciones.

En ese sentido, aseguró que el artículo cuestionado está redactado “con total claridad” y “con total contundencia”, por lo que consideró que no admite interpretaciones diferentes.

Jaldo defendió el artículo 90 de la Constitución provincial

El gobernador sostuvo que las limitaciones de los mandatos se aplican a todos los cargos electivos de la provincia y negó que exista algún privilegio especial para el Poder Ejecutivo.

“Si nosotros nos ponemos en los diferentes cargos institucionales de la provincia, hoy con toda contundencia un comisionado comunal tiene derecho a un mandato y reelección. Si vamos a los intendentes, tienen el derecho a un mandato y a una reelección. Si vamos a los concejales y a los legisladores provinciales, también”, expresó.

Y agregó: “Acá no hay coronita para nadie ni privilegios absolutamente para nadie”.

La demanda opositora sostiene que el artículo 90 permitiría una continuidad prolongada en el poder mediante la alternancia entre los cargos de gobernador y vicegobernador.

Según ese planteo, una misma persona podría permanecer hasta 16 años consecutivos en los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, Jaldo rechazó esa interpretación y argumentó que se trata de funciones institucionales distintas.

“Hablan de 16 años y toman ocho años del vicegobernador y ocho años del gobernador. No sé con qué intención lo hacen cuando son diferentes cargos”, cuestionó.

El mandatario insistió en que las responsabilidades de ambos puestos no son equivalentes y apeló a una explicación sobre la división de poderes.

“Y esto es de instrucción cívica de un colegio secundario de segundo o tercer año: el Poder Legislativo es uno y el Poder Ejecutivo es otro. Por eso nunca pueden existir 16 años de mandato de nadie”, afirmó.

Fuertes críticas contra Mariano Campero y la oposición

Más allá de los argumentos constitucionales, Jaldo trasladó la discusión al terreno electoral y apuntó directamente contra el diputado nacional Mariano Campero, uno de los principales impulsores de la presentación judicial.

El gobernador sostuvo que la oposición busca impedir su candidatura porque considera que no tiene posibilidades de derrotarlo en las urnas.

“Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles. Ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo. Saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando”, disparó.

Jaldo interpretó que el planteo ante la Corte Suprema responde a una estrategia política destinada a excluirlo de la próxima competencia electoral.

“Con seis meses de anticipación, estos sectores de la oposición ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo. No hay otra explicación para este tipo de presentación”, aseguró.

En esa misma línea, afirmó que la demanda representa un reconocimiento anticipado de la fortaleza electoral del oficialismo.

“Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones. Se quiere sacar de la cancha a un candidato, a quien tiene mayores posibilidades y va a ganar, que se llama Osvaldo Francisco Jaldo”, sostuvo.

La Provincia defenderá su posición ante la Corte Suprema

Durante la conferencia, el gobernador estuvo acompañado por la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone, quien confirmó que la Provincia fue notificada sobre la presentación judicial.

La demanda fue registrada bajo la carátula “Cambia Tucumán contra Superior Gobierno de la Provincia” y cuestiona la constitucionalidad del régimen de mandatos establecido en el artículo 90.

Pedicone adelantó que el Estado provincial responderá formalmente al planteo y defenderá la autonomía de Tucumán frente al máximo tribunal nacional.

“Defender esta causa no es una opción, es una obligación. Como fiscal de Estado tengo que ponerme en este rol para defender la autonomía provincial”, manifestó.

La funcionaria coincidió con Jaldo en que los cargos de gobernador y vicegobernador tienen atribuciones diferentes y deben analizarse de manera independiente.

En ese sentido, señaló que ambos puestos “son independientes uno de otro, con mandatos que corresponden cada uno a un plazo”.

La interpretación oficial sobre la candidatura de Jaldo

La fiscal de Estado también defendió la posibilidad de que Jaldo vuelva a presentarse como candidato a gobernador y aseguró que esa alternativa está contemplada expresamente en la Constitución provincial.

“El último párrafo del artículo 90 autoriza que quien haya sido vicegobernador puede postularse a ser gobernador, y de hecho el gobernador ejerce esa conducta”, explicó.

Y concluyó con una frase contundente: “Más claro, echale agua”.

De esta manera, el Gobierno tucumano dejó en claro que sostendrá la validez del artículo 90 y defenderá judicialmente la eventual candidatura de Jaldo.

La controversia quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras el oficialismo y la oposición profundizan sus diferencias de cara a las próximas elecciones provinciales.

Patricia Bullrich salió a diferenciarse de Javier Milei una vez más. En esta oportunidad no fue respecto a temas de política económica, sino que consideró que el Presidente «cruza un límite» al pedir «quemar en la hoguera» a los periodistas.

Milei habló el pasado viernes en la cena de la Fundación Faro, horas después de conocerse que tanto él como Karina Milei fueron sobreseídos en la causa que investigaba las operaciones de la criptomoneda $LIBRA promocionadas desde la cuenta de X del mandatario.

En ese marco, el Presidente apuntó contra el periodismo y contra algunos periodistas en particular que escribieron sobre el escándalo en el que había quedado involucrado. «Como decía Adam Smith, tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos y acá a los buenos les tiene que ir bien, los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta», dijo en relación con los comunicadores.

Este domingo, en un breve reportaje telefónico concedido a LN+, Patricia Bullrich buscó despegarse de la fuerte frase expresada por Milei. «También mi responsabilidad es marcar que cuando una palabra cruza un límite, este límite de quemarlo en la hoguera, es un límite que no es una forma de defenderse frente a una idea, sino que es una expresión muy fuerte, muy dura», enfatizó.

Bullrich apuntó que la libertad de expresión «protege siempre a la prensa cuando critica al poder» y, aclaró, «protege también al presidente cuando responde». «Lo que pasa -continuó- es que las críticas, desde mi punto de vista, se contestan con argumentos».

En esa línea de razonamiento, la senadora y jefa del bloque libertario en la Cámara alta consideró que «defender la libertad también es respetar a los que nos cuestionan».

Bullrich recordó que el poder «siempre está bajo escrutinio» y «siempre es mirado por el periodismo y siempre es comentado».

«Si la justicia da la razón, mejor aún, pero siempre en los procesos, el poder tiene que saber que va a estar siempre mirado», añadió al referirse, de forma indirecta, al sobreseimiento del Presidente en la causa $LIBRA.

«Hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar los límites, que en este caso significa una frase tan fuerte como quemarlos en la hoguera», concluyó.

Los cuestionamientos de Bullrich no fueron los únicos. Desde el viernes se han sucedido los repudios a las palabras del Presidente contra los periodistas desde distintas entidades.

La Academia Nacional de Periodismo (ANP) publicó una solicitada este domingo para denunciar los nuevos ataques de mandatario contra la prensa. «A la cantidad de insultos del Presidente a los periodistas, se suma una amenaza de muerte», dice el texto publicado en los principales medios del país. Y agrega: «La violencia institucional afecta a la democracia».

También se sumaron los comunicados con su repudio de los empresarios de IDEA, el Colegio Público de la Abogacía y de organizaciones periodísticas y ongs.