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Policiales

Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para el hijo del Mono Ale por el tiroteo en una fiesta electrónica

El fiscal Mariano Fernández acusó a Facundo Ale por portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego

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La causa contra Juan Facundo Ale, Jorge González Anaya y Juan Nicolás Vargas continúa avanzando y, si no surge ningún inconveniente legal, los tres serán enjuiciados después de la feria judicial de julio por el tiroteo registrado el 21 de septiembre del año pasado en el salón La Foresta.

El fiscal Mariano Fernández acusó a González Anaya y a Vargas por portación ilegal de armas de guerra y anticipó que solicitará para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión. A Ale le atribuyó los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego, por lo que pedirá una condena de seis años y medio de prisión.

Según la acusación, durante la madrugada del 21 de septiembre se realizó una fiesta en La Foresta que se extendió hasta el mediodía. En el lugar se encontraban González Anaya y Vargas, quienes portaban armas de guerra sin autorización legal. Cerca de las 12, Ale llegó a bordo de un VW Passat, descendió del vehículo y comenzó a disparar contra ambos. González Anaya terminó herido en una pierna y Vargas respondió al ataque junto con González Anaya desde el interior del predio. Ale tampoco contaba con autorización para portar armas.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad que provoca conmoción no sólo entre las personas que se encontraban presentes, sino también en la sociedad”, sostuvo Fernández al fundamentar la elevación de la causa a juicio.

El fiscal agregó que se trató de “un caso de abuso y portación de armas” y señaló que la acción de Vargas, González Anaya y Ale se produjo “en el contexto de una fiesta electrónica en la que había numerosas personas”, lo que generó “una situación de riesgo evidente”.

Una de las pruebas consideradas más relevantes por la acusación es un informe elaborado por un especialista que, mediante un análisis comparativo de sonidos, concluyó que Facundo Ale habría utilizado un arma de alto calibre durante el enfrentamiento. El arma que habría usado nunca fue encontrada.

La investigación comenzó como una supuesta disputa por el control de la barra brava de San Martín, pero con el avance de la pesquisa surgieron indicios que apuntaban a un conflicto relacionado con el dominio territorial de actividades vinculadas al narcotráfico.

En el marco de la causa fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Casanova fue acusado inicialmente de haber participado en el tiroteo, pero luego fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en sus domicilios, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.

Tras el enfrentamiento, Ale huyó del lugar y no volvió a saberse de su automóvil. El vehículo reapareció cuando Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió en un accidente de tránsito en la zona norte de la capital. Los investigadores sospechan que Ale se lo habría entregado para que lo ocultara.

A González Anaya le revocaron el arresto domiciliario cuando la Policía encontró tres kilos de marihuana en la vivienda donde cumplía la medida cautelar.

Los defensores de los acusados cuestionaron sin éxito los procedimientos policiales que derivaron en las detenciones. Lobos fue quien más objetó el accionar de los uniformados. Sus familiares incluso realizaron una manifestación para exigir su liberación, al sostener que la droga hallada en su domicilio había sido plantada por efectivos policiales. Semanas después de ser arrestado, fue procesado por lavado de activos.

Ale es quien enfrenta el escenario judicial más complejo. En abril del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, por lo que, en caso de una eventual condena, ambas penas podrían ser unificadas.

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Choque de motos en Alderetes: una pasajera resultó herida y el conductor del otro rodado escapó del lugar

Las autoridades policiales tratan de identificar al motociclista que escapó del lugar del accidente, abandonando a la mujer que resultó herida.

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Una joven de 23 años sufrió politraumatismos al chocar dos motocicletas este miércoles, alrededor de las 20, en avenida Eva Perón y Azcuénaga, en Alderetes. La pasajera fue trasladada al Centro de Salud Zenón Santillán y se encuentra fuera de peligro. La Fiscalía ordenó buscar testigos y revisar cámaras para reconstruir el siniestro e identificar a uno de los motociclistas, que se retiró del lugar.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas, con intervención de la Unidad Fiscal Criminal del Centro Judicial Capital. La mecánica del impacto todavía debe ser esclarecida y la primera reconstrucción surge de los testimonios recogidos por la Policía.

Según esas versiones, una Honda Wave, conducida por un trabajador de una aplicación de transporte que llevaba a la joven como pasajera, circulaba junto con una Honda New Titán negra por avenida Eva Perón, de sur a norte. Ambos vehículos giraron hacia Azcuénaga y, durante esa maniobra, el conductor de la Wave habría intentado sobrepasar al otro rodado.

Los testigos señalaron que se produjo un impacto en la parte trasera de la New Titán, tras el cual los dos ocupantes de la Wave cayeron al pavimento. Describieron al conductor de la otra motocicleta como un hombre de entre 50 y 60 años, aproximadamente, vestido de negro, que abandonó el sector después del choque.

Una ambulancia municipal trasladó a la pasajera al Centro de Salud Zenón Santillán. Allí fue atendida por el médico de guardia, quien diagnosticó politraumatismos y determinó que estaba fuera de peligro.

El conductor de la Wave manifestó que buscaría asistencia médica por sus propios medios. Sin embargo, las consultas posteriores realizadas en la Policlínica de Banda del Río Salí y en el Hospital del Este Eva Perón no permitieron constatar su ingreso a ninguno de esos establecimientos.

Efectivos de la Comisaría Martín Miguel de Güemes acudieron tras recibir el aviso del Cuerpo de Vigías de Alderetes. Cuando llegaron, encontraron a numerosas personas y a los agentes municipales resguardando la escena, pero los involucrados ya se habían retirado.

Con la información reunida, la Fiscalía dispuso relevar las cámaras de seguridad y localizar a otros posibles testigos. Esas medidas buscarán precisar cómo ocurrió la colisión y establecer la identidad del conductor de la New Titán.

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Denunciaron que el camión recolector que atropelló a un nene de dos años circulaba a una velocidad fuera de lo permitida

Testigos aseguraron que el camión circulaba rápidamente por el pasaje y afirmaron que no era la primera vez que ocurría.

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Vecinos del pasaje donde murió el bebé Liam cuestionaron la velocidad a la que, según sus testimonios, circulaba el camión recolector de residuos y aseguraron que ya habían existido reclamos por situaciones similares.

Una mujer que se encontraba en el lugar aseguró haber visto pasar al vehículo momentos antes del hecho. “Saqué el auto, lo dejé pasar al camión de la basura, que pasó a una velocidad que no tiene que pasar porque es un pasaje. Pasó muy rápido y no es la primera vez”, relató.

Otra vecina contó que había salido con una bolsa de residuos, pero no alcanzó al camión. “En lo que entré al fondo a dejar la bolsa, salí y sentí el griterío. Ya no estaba el camión”, señaló.

Los testimonios apuntan además a que las quejas por la forma en que circulaban los camiones recolectores no serían recientes.

“El camión de la basura siempre pasa así, con todo. Esto no es desde hace poquito, esto es desde hace muchísimo. Siempre hubo papás que reclamaron y los camioneros, ciegos. Esto se hubiese prevenido”, sostuvo una de las vecinas.

Las declaraciones reflejan la conmoción y el enojo de quienes viven en la zona tras la muerte de Liam. Las afirmaciones sobre la velocidad del vehículo corresponden a los testimonios de los vecinos y deberán ser contrastadas con la investigación del hecho.

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Trasladarán la Comisaría Segunda al Predio Ferial y la División Robos y Hurtos a Las Talitas

La mudanza se llevará a cabo en las próximas horas debido al inicio de las obras para refaccionar el edificio de la calle Buenos Aires al 400, mientras que en los próximos días se producirá lo propio con esta área fundamental de la Brigada de Investigaciones.

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El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que todo el personal de la Comisaría Seccional Segunda será trasladado a un nuevo edificio. El inmueble ubicado en calle Buenos Aires 479 fue inhabilitado de manera preventiva por un inminente riesgo de derrumbe, según la Resolución N.º 748/7 publicada en el Boletín Oficial.

El funcionario de la fuerza, también anunció el traslado de unas de las áreas neurálgicas de la Brigada de Investigaciones a Las Talitas.

Girvau señaló que el estado del edificio  de la Comisaría segunda requiere una intervención total: “Hoy a la comisaría segunda hay que arreglarla íntegramente y la obra será realizada por el Ministerio de Obras Públicas e iniciará inmediatamente”. La frase subraya la urgencia de la reparación y la responsabilidad del Estado en hacerse cargo de la obra.

Respecto al funcionamiento diario, Girvau explicó que se está organizando el traslado de las personas detenidas: “Estamos organizando cuanto antes el traslado de los presos hacia otro lugar y desde el viernes, toda la comisaría funcionará en el predio ferial (calle Charcas 51) hasta que se arregle el edificio”. La medida busca garantizar la continuidad operativa mientras dure la intervención edilicia.

 

Finalmente, el jefe policial informó que los vecinos de la jurisdicción de la Comisaría Segunda podrán realizar trámites habituales en la Comisaría Seccional Primera sin ningún tipo de inconveniente, una disposición pensada para minimizar el impacto sobre la población.
Traslado de la División Robos y Hurtos

La Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia iniciará, en un plazo de 30 días, el traslado de cada una de sus divisiones. El objetivo central es desalojar el edificio ubicado en la calle Junín 850, en San Miguel de Tucumán, para dar comienzo a una serie de refacciones edilicias que consideran necesarias para el funcionamiento del cuerpo.

Girvau, explicó que «es necesario trasladar la dependencia por una cuestión edilicia». Añadió que la primera medida será reubicar a la División de Robos y Hurtos en un inmueble perteneciente a la Municipalidad de Las Talitas, y que a partir de allí se planificará el desplazamiento del resto de las áreas que componen la Brigada.

El traslado busca, según las autoridades, no solo permitir la realización de las obras sino también garantizar la continuidad operativa de lo que describen como la columna vertebral de la policía provincial. El proceso implicará coordinación entre distintas jurisdicciones y la preparación de sedes provisionales que aseguren la prestación de servicios investigativos durante el período de reformas. /Los Primeros/

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