El panorama habitacional en Argentina alcanzó un punto de inflexión. Según el último informe de la Fundación Tejido Urbano, el 57,6% de los hogares inquilinos debió recurrir a estrategias financieras —como el endeudamiento o el uso de ahorros acumulados— para sostener sus gastos básicos en 2025.

Este dato marca un crecimiento alarmante frente al 46,2% registrado en 2022. Sin embargo, el cambio más profundo no es solo cuánto se gasta, sino cómo se paga: el uso de crédito bancario para cubrir el techo saltó del 10,6% al 18,1% en el mismo período.

De los ahorros a la «espiral de insolvencia»

Históricamente, el uso de ahorros (o desahorro) fue el primer dique de contención ante la crisis. Tras alcanzar un pico del 42% en 2024, esta práctica bajó levemente al 39,6% en 2025, pero no por una mejora económica, sino por el agotamiento de las reservas familiares.

Matías Araujo, investigador de Tejido Urbano, advierte sobre la peligrosidad de este viraje hacia el sistema bancario:

“Cuando el alquiler se financia con crédito, dejamos de hablar de un problema habitacional para hablar de una espiral de insolvencia. La deuda bancaria es rígida; para no caer en mora, las familias recortan en salud, educación o alimentación”.

El «auto desalojo»: Cuando el techo se vuelve insostenible

Desde las organizaciones de inquilinos, la lectura es contundente. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, señala que el financiamiento con deuda es la antesala de la pérdida de la vivienda. Este proceso, que Katy Chiappa (Asociación Platense de Inquilinos) define como «auto desalojo», suele terminar con familias regresando a hogares de parientes o mudándose a asentamientos más precarios.

Actualmente, ingresar a un nuevo alquiler puede demandar hasta $2 millones, una cifra inalcanzable para sectores que ya destinan la mayor parte de su sueldo a la renta mensual.

Radiografía del ajuste: Ingresos vs. Alquiler

El desfasaje económico queda en evidencia al observar los números reales del mercado:

• El margen de supervivencia: Un trabajador con ingresos de $900.000 que paga $400.000 de alquiler dispone de apenas $500.000 para el resto de sus necesidades.
• Cerca de la indigencia: Con una canasta básica que ronda los $452.000, cualquier imprevisto o gasto de salud empuja automáticamente al hogar por debajo de la línea de pobreza.
• Sectores afectados: El 82,5% de los inquilinos se concentran en los deciles de ingresos bajos y medios, demostrando que la crisis ya no es exclusiva de los sectores vulnerables.

El impacto crítico en AMBA y CABA

La presión habitacional se intensifica en los grandes centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, el 69,7% de los inquilinos utiliza estrategias financieras para llegar a fin de mes, mientras que en el AMBA la cifra alcanza el 63,2%.

Si se integrara el costo del alquiler a la medición oficial de pobreza en la Capital Federal, la suma de pobreza e indigencia saltaría del 8,9% al 16,6%, revelando una realidad social mucho más frágil de la que muestran las estadísticas tradicionales.

Hacia una solución estructural

El debate sobre cómo frenar esta inercia divide aguas. Mientras que desde la Fundación Tejido Urbano proponen soluciones integrales que incluyan financiamiento del suelo y transparencia de mercado, las federaciones de inquilinos insisten en medidas urgentes:

1. Regulación de precios: Recuperar marcos normativos que limiten los aumentos discrecionales.
2. Emergencia habitacional: Declarar la crisis formalmente para activar mecanismos de asistencia.
3. Créditos hipotecarios reales: Generar alternativas de acceso a la propiedad que sean pagables para un salario medio.

Hoy, el alquiler ha dejado de ser un simple gasto mensual para convertirse en el eje que desorganiza la economía familiar, transformando el derecho a la vivienda en una carga financiera que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.

La Justicia declaró esta mañana la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, tras la solicitud de la propia entidad la semana pasada al reconocer sus serias dificultades para resolver la situación en el marco del concurso de acreedores. La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gelcich.

El juez señaló que la situación encuadra en una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. En consecuencia, la declaración de quiebra habilita el procedimiento concursal propio de esa etapa, con las implicancias legales y administrativas correspondientes para la cooperativa, sus socios y acreedores.