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Política

Espionaje ilegal: la acusación completa que pica muy cerca de Mauricio Macri

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, asegura en su escrito que Arribas y Majdalani «fueron responsables» de la red de espionaje ilegal.

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Espionaje ilegal: la acusación completa que pica muy cerca de Mauricio Macri
“El Director de la AFI Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el plan de inteligencia Nacional que llevaría delante la Agencia”, consignó el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

El magistrado, a cargo de la causa de la megacausa de espionaje ilegal, consideró que la funcionaria de la Presidencia, Susana Martinengo “se aseguró” que distintos informes que recibía de los agentes de la AFI le hubieran llegado al entonces al presidente, Mauricio Macri, remarcó el juez en la acusación formal contra más de veinte acusados.

Entre los que van a ser indagados en la nueva ronda de indagatorias que comienza mañana por Zoom, está Darío Nieto, el exsecretario de Macri a quien las pruebas recolectadas en el caso lo ponen como sospechoso de las maniobras. Nieto declarará el 6 de octubre.

En una nueva resolución en la que se detalla la acusación completa para la ronda de indagatorias que se realizará a partir de mañana por la plataforma Zoom, el juez describió todas las pruebas del espionaje ilegal que se hicieron contra dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y diversas organizaciones.

Augé plasmó los detalles del espionaje que sufrieron los opositores, los propios del gobierno de Cambiemos, y hasta la hermana de Macri, Florencia y su pareja.

En el documento el juez puso la lupa en la relación de los agentes, no solo con la cúpula de la AFI sino con los funcionarios “dependientes de la Presidencia de la Nación” que estaba a cargo de Mauricio Macri.

“Si bien dentro de la estructura de la AFI la dirección provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, algunos de los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes”, remarcó el juez Augé.

En esa línea, citó a Susana Martinengo, funcionaria pública que prestó funciones en la Oficina de Documentación Presidencial durante la Presidencia de Mauricio Macri, y que “formó parte de la empresa criminal del resto de los imputados, en tanto recibía, coordinaba trabajos y transmitía información obtenida a partir de las actividades de espionaje ilegal que realizaban los agentes”

Así, “se utilizó la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.

“El Director Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el plan de inteligencia Nacional que llevaría delante la agencia”, advirtió el magistrado.

Las órdenes que impartieron a sus agentes y las actividades que ellos realizaron “fueron justamente las que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción ( art. 4 inc. 2 de la ley 25520)”.

La acusación continúa: “El objetivo de estas tareas de inteligencia ilícita fue, a partir de la información recolectada, influir en la situación institucional, política y social del país”.

“La obtención de información y producción de inteligencia tuvo múltiples y variados destinatarios, consistió por ejemplo en la obtención de información de una de las principales políticas opositoras al Gobierno de Mauricio Macri, la Sra. Cristina Fernández de Kirchner a quien siguieron y controlaron sus movimientos, sus actividades partidarias, sus aliados”.

Respecto de Martinengo, el juez remarcó que la funcionaria recibía información de las actividades de espionaje ilegal “que realizaban los agentes Jorge Sáez y Leandro Araque, pero además conocía a (quien fue jefe de contrainteligencia) Alan Ruiz e incluía en su círculo de decisiones a Diego Dalmau Pereyra, quien muchas veces cumplía un rol decisivo en algunas de las maniobras articuladas por la nombrada”.

El juez advirtió que “si bien algunas de las tareas descriptas tenían un rédito especial para ella, ya sea por su futura candidatura a un cargo electivo o bien para posicionarse mejor dentro de la estructura de personas de confianza del Presidente de la Nación, lo cierto es que solicitaba información, colaboraba con la actividad de los agentes (principalmente Sáez y Araque) y los contactaba con otros funcionarios, es decir que, la nombrada resultó ser un canal secundario de la circulación de información obtenida ilegalmente”.

“A la vez, los informes remitidos por Sáez y Araque los envió, en varias oportunidades a Darío Nieto. En particular, Martinengo recibió de los agentes Sáez y Araque un informe relativo a la comunidad Mapuche; un informe sobre los escraches sufridos por el entonces Presidente de la Nación, solicitó informes sobre las manifestaciones en el Congreso de la Nación”.

“Este último caso, Martinengo se aseguró que dichos informes le hayan llegado al Presidente de la Nación”, remarcó el juez en la acusación.

“Su interlocutor Jorge Saez incluso le confirma que Diego Dalmau entregó esa información y le mandó a decir a Martinengo que se quede tranquila pues todo había sido informado al Presidente, añadiendo además que ese mismo día Mauricio Macri iba a reunirse con Gustavo Arribas, por esa misma cuestión”.

“Asimismo, la nombrada Martinengo utilizaba los servicios de los agentes para sus propios intereses y los de su núcleo cercano de personas, por ejemplo, la familia Lusardi”.

Según describe el juez, “Darío Nieto, jefe de Martinengo, recibía de la nombrada estos informes, convirtiéndose así en un canal subsidiario; pero no por eso menos importante, de la transmisión de la información producida en violación a la ley de inteligencia por los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia”.

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Ordenaron nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio e ingresos formales de Adorni

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012, con el fin de reconstruir su historia laboral y, por ende, los ingresos que ambos tenían para cotejar las inconsistencias en las declaraciones juradas y averiguar el origen de sus inversiones.

 

 

Pollicita también le solicitó a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en Argentina, desde ese mismo año, y exigió que la ANSES presente los recibos de sueldo del funcionario oficialista y de su mujer.

 

 

Paralelamente, el fiscal analiza también la información vinculada al patrimonio de su hermano, el diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Adorni para contrastar tanto las declaraciones como los antecedentes.

Las principales líneas de la investigación judicial incluyen la trazabilidad de fondos, las operaciones con critpomonedas y la sucesión familiar, debido a que se investiga el expediente sucesorio de su padre Jorge Adorni, quien falleció en el año 2002, luego de que el jefe de Gabinete afirmara que encontró una cifra importante de dinero en su inmueble que le permitió iniciar sus inversiones con bitcoins.

Por último, la fiscalía analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas, como la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio de Caballito, más el estado de sus deudas que son de un valor relevante.

En su declaración jurada de 2024Adorni informó haber recibido $10.2 millones de una herencia, sin embargo, al año siguiente elevó dicha cifra a $73 millones, mientras declaró tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre los años 2021 y 2023. /Noticias Argentinas

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Se congregaron 500 dirigentes peronistas en un encuentro político e institucional en El Cadillal

El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo acompañado por el vice Miguel Acevedo, gran parte de su gabinete y dirigentes de las tres secciones electorales.

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El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo en el predio de ATSA en El Cadillal, una reunión de trabajo con dirigentes, referentes territoriales, exintendentes, exlegisladores, candidatos a concejales y comisionados comunales que no llegaron a ocupar un cargo en la función pública pero que continúan perteneciendo al espacio del Partido Justicialista.

Jaldo uno de los máximos referentes del peronismo local estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, la intendenta capitalina, Rossana Chahla, los ministros del Gabinete: Dario Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) Susana Montaldo (Educación), Marcelo Nazur (Obras Públicas, Federico Masso (Desarrollo Social), la Fiscal de Estado, Gilda Pedicno, el fiscal Adjunto, Raul Ferrazzano, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur y el presidente subrogante de la Legislatura, Sérgio Mansilla.

También dijeron presente el secretario general de ATSA, Renée Ramirez, el titular del IPLA, el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, el secretario de Adicciones, Lucas Haurigot Posse, Dante Loza, el secretario de Trabajo Andrés Galván, el titular del IPACYM, Regino Racedo, el interventor de Vivienda, Hugo Cabral, el secretario de Planeamiento, Javier Morof y el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán.

Jaldo comentó que «como venimos haciendo todos los miércoles, nos reunimos con dirigentes de diferentes sectores de Tucumán, quienes conocen la situación institucional y las problemáticas que afectan a la gente».

En esta oportunidad, indicó que «participaron dirigentes de las tres secciones electorales, del este, del oeste y de la capital. Contamos con la presencia de casi 500 dirigentes de diferentes lugares. Fue una reunión de trabajo institucional muy importante«.

El gobernador dijo que «esta es la cuarta reunión que realizamos, habiendo convocado primero a quienes ocupan cargos institucionales. Considero que esta es una de las reuniones más importantes, porque participaron vecinos que, aunque por diferentes motivos las urnas no los favorecieron, siguen militando en el Partido Justicialista con esperanza y compromiso«.

A su vez, recordó que «participaron candidatos que han sido delegados comunales, concejales, intendentes y legisladores. Con esta cuarta reunión prácticamente hemos cubierto todo el territorio y todas las categorías, tanto institucionales como no institucionales. Estamos muy contentos de ver el entusiasmo de compañeros, compañeras y vecinos«.

Por último, sostuvo que «escuchamos los planteos y no tenemos duda de que seguiremos el camino que ellos nos indiquen para mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos.

Gran participación

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la convocatoria encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y remarcó la participación de dirigentes de toda la provincia, tanto con responsabilidades institucionales como de militancia territorial.

En ese sentido, señaló que los encuentros de trabajo buscan consolidar la unidad del espacio de cara a los próximos desafíos electorales. “En estas elecciones queremos que estemos todos unidos porque lo que está en juego va mucho más allá de una candidatura. Es defender una postura, es defender la educación pública, es defender la salud pública, es estar donde la gente necesita”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la Provincia debió afrontar con recursos propios distintas demandas ante la reducción de la asistencia nacional. “Nos estamos dando vuelta con el gobernador como podemos en cada municipio, en cada comuna”, expresó.

Acevedo consideró que el objetivo central es sostener un proyecto de desarrollo para Tucumán y afirmó que el trabajo conjunto entre los poderes del Estado resulta fundamental para alcanzar ese propósito. “Queremos un Tucumán productivo, un Tucumán con desarrollo, un Tucumán que crezca. Y para eso hace falta trabajar mucho en la generación de empleo”, manifestó.

Finalmente, aseguró que desde la Legislatura acompañarán las iniciativas necesarias para fortalecer la gestión provincial. “Desde la Legislatura les vamos a dar todas las herramientas que haga falta para que Tucumán esté mejor”, concluyó.

Contexto económico

El ministro del Interior, Darío Monteros, participó de una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo junto a más de 400 dirigentes territoriales de las tres secciones electorales de Tucumán.

“Es muy placentero encontrarnos con muchos compañeros que son referentes territoriales que no tienen cargos electivos de las tres secciones electorales, tanto del Este, Capital, como del Oeste, para seguir haciendo este análisis que venimos haciendo por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y el vice Miguel Acevedo de hablar con aquellos que nos representan tanto institucionalmente como políticamente”, expresó.

El ministro señaló que durante la reunión abordaron la situación institucional vinculada al contexto económico que atraviesan numerosos sectores de la sociedad. En ese sentido, sostuvo: “Cuando digo la problemática, por la situación económica que viven muchos argentinos, y que no es una situación de este gobierno de la provincia, sino que, lamentablemente, son decisiones del gobierno nacional que vienen empobreciendo cada vez más a los argentinos”.

Asimismo, destacó la tarea que desarrollan los dirigentes territoriales en el acompañamiento permanente a los vecinos y en la gestión de distintas demandas ante los organismos del Estado.

«Son estos dirigentes territoriales que carpeta bajo brazo, como yo digo, por ahí van a la Casa de Gobierno, por ahí encuentran soluciones, otras veces no. Pero no hay duda de que hoy teníamos que resaltar este gran trabajo que hacen estos compañeros y compañeras en la provincia”, afirmó.

Monteros también indicó que los participantes analizaron el escenario político y el proceso electoral que se avecina, con eje en el fortalecimiento del trabajo territorial.

Creemos que tenemos que demostrar que el trabajo territorial es el único verdadero trabajo que se puede hacer con la gente”, manifestó.

En esa línea, remarcó la importancia del contacto directo con los vecinos y sostuvo que esa modalidad de trabajo constituye una herramienta central para atender las necesidades de la comunidad.

Nosotros no vamos a salir del trabajo territorial, que es estar el tete a tete con la gente. Y esto es lo que hemos conversado profundamente hoy con todos estos compañeros y compañeras que han sido legisladores, que han sido intendentes, que han sido concejales, que han sido delegados comunales, pero que no hay duda de que siguen haciendo un trabajo territorial”, concluyó.

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Internas en la UCR Tucumán: La Justicia ordenó convocar a elecciones en un plazo de 15 días

La Cámara Nacional Electoral le puso un freno a la prórroga indefinida de la intervención partidaria. El legislador Agustín Romano Norri celebró el fallo y denunció maniobras de último momento.

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó un fallo determinante para el futuro de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán. El tribunal ordenó que el partido a nivel nacional convoque a elecciones internas en el distrito dentro de un plazo máximo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones judiciales.

La resolución responde a una demanda del legislador tucumano Agustín Romano Norri, quien impugnó la prórroga de la intervención dispuesta originalmente en marzo de 2025. Si bien la Justicia validó la medida inicial por el contexto de mandatos vencidos, los jueces Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via determinaron que, al haber expirado el plazo de un año sin ratificación de la Convención Nacional, la normalización mediante el voto de los afiliados no puede dilatarse más.

«La intervención no tiene un cheque en blanco»

Tras conocerse la sentencia, Romano Norri se mostró tajante respecto al revés judicial que recibieron las autoridades partidarias nacionales. «La Justicia nos da la razón: la intervención de la UCR no tiene un cheque en blanco y se debe votar», afirmó el parlamentario.

El dirigente radical remarcó que acudió a la vía judicial ante el silencio de las autoridades frente a sus reclamos previos. «Sin proceso judicial la intervención no hubiese terminado. Tenía que ponerle un freno a una resolución que contenía un plazo tramposo e indeterminado», apuntó, sosteniendo que el destino de la agrupación debe definirse democráticamente en las urnas y no a puertas cerradas.

Denuncia de parches y «reparto a dedo»

Romano Norri también arremetió contra los interventores por lanzar una convocatoria a internas «a las apuradas» en el diario La Gaceta el pasado 13 de junio, pretendiendo hacerla pasar por una resolución firmada en mayo. «Lo hicieron de manera dudosa, sabiendo que la Justicia me daría la razón», disparó.

Finalmente, cuestionó con dureza la integración de la Junta Electoral del partido, calificándola de «arbitraria» y de funcionar como un comité cerrado diseñado a la medida de la intervención para repartir cargos entre sectores internos específicos (vinculados a José Cano, Silvia Elías, Roberto Sánchez, Raúl Moreno y Lucho Argañaraz). «Las maniobras dilatorias ya no les alcanzarán; seguiremos firmes para garantizar una transparencia real para los afiliados», concluyó.

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