CONECTATE CON NOSOTROS

Política

Espionaje ilegal: la acusación completa que pica muy cerca de Mauricio Macri

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, asegura en su escrito que Arribas y Majdalani «fueron responsables» de la red de espionaje ilegal.

Avatar

Publicado

el

Espionaje ilegal: la acusación completa que pica muy cerca de Mauricio Macri
“El Director de la AFI Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el plan de inteligencia Nacional que llevaría delante la Agencia”, consignó el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

El magistrado, a cargo de la causa de la megacausa de espionaje ilegal, consideró que la funcionaria de la Presidencia, Susana Martinengo “se aseguró” que distintos informes que recibía de los agentes de la AFI le hubieran llegado al entonces al presidente, Mauricio Macri, remarcó el juez en la acusación formal contra más de veinte acusados.

Entre los que van a ser indagados en la nueva ronda de indagatorias que comienza mañana por Zoom, está Darío Nieto, el exsecretario de Macri a quien las pruebas recolectadas en el caso lo ponen como sospechoso de las maniobras. Nieto declarará el 6 de octubre.

En una nueva resolución en la que se detalla la acusación completa para la ronda de indagatorias que se realizará a partir de mañana por la plataforma Zoom, el juez describió todas las pruebas del espionaje ilegal que se hicieron contra dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y diversas organizaciones.

Augé plasmó los detalles del espionaje que sufrieron los opositores, los propios del gobierno de Cambiemos, y hasta la hermana de Macri, Florencia y su pareja.

En el documento el juez puso la lupa en la relación de los agentes, no solo con la cúpula de la AFI sino con los funcionarios “dependientes de la Presidencia de la Nación” que estaba a cargo de Mauricio Macri.

“Si bien dentro de la estructura de la AFI la dirección provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, algunos de los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes”, remarcó el juez Augé.

En esa línea, citó a Susana Martinengo, funcionaria pública que prestó funciones en la Oficina de Documentación Presidencial durante la Presidencia de Mauricio Macri, y que “formó parte de la empresa criminal del resto de los imputados, en tanto recibía, coordinaba trabajos y transmitía información obtenida a partir de las actividades de espionaje ilegal que realizaban los agentes”

Así, “se utilizó la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos de ellos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.

“El Director Gustavo Arribas y la Subdirectora Silvia Majdalani fueron los responsables institucionales a cargo de ejecutar el plan de inteligencia Nacional que llevaría delante la agencia”, advirtió el magistrado.

Las órdenes que impartieron a sus agentes y las actividades que ellos realizaron “fueron justamente las que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción ( art. 4 inc. 2 de la ley 25520)”.

La acusación continúa: “El objetivo de estas tareas de inteligencia ilícita fue, a partir de la información recolectada, influir en la situación institucional, política y social del país”.

“La obtención de información y producción de inteligencia tuvo múltiples y variados destinatarios, consistió por ejemplo en la obtención de información de una de las principales políticas opositoras al Gobierno de Mauricio Macri, la Sra. Cristina Fernández de Kirchner a quien siguieron y controlaron sus movimientos, sus actividades partidarias, sus aliados”.

Respecto de Martinengo, el juez remarcó que la funcionaria recibía información de las actividades de espionaje ilegal “que realizaban los agentes Jorge Sáez y Leandro Araque, pero además conocía a (quien fue jefe de contrainteligencia) Alan Ruiz e incluía en su círculo de decisiones a Diego Dalmau Pereyra, quien muchas veces cumplía un rol decisivo en algunas de las maniobras articuladas por la nombrada”.

El juez advirtió que “si bien algunas de las tareas descriptas tenían un rédito especial para ella, ya sea por su futura candidatura a un cargo electivo o bien para posicionarse mejor dentro de la estructura de personas de confianza del Presidente de la Nación, lo cierto es que solicitaba información, colaboraba con la actividad de los agentes (principalmente Sáez y Araque) y los contactaba con otros funcionarios, es decir que, la nombrada resultó ser un canal secundario de la circulación de información obtenida ilegalmente”.

“A la vez, los informes remitidos por Sáez y Araque los envió, en varias oportunidades a Darío Nieto. En particular, Martinengo recibió de los agentes Sáez y Araque un informe relativo a la comunidad Mapuche; un informe sobre los escraches sufridos por el entonces Presidente de la Nación, solicitó informes sobre las manifestaciones en el Congreso de la Nación”.

“Este último caso, Martinengo se aseguró que dichos informes le hayan llegado al Presidente de la Nación”, remarcó el juez en la acusación.

“Su interlocutor Jorge Saez incluso le confirma que Diego Dalmau entregó esa información y le mandó a decir a Martinengo que se quede tranquila pues todo había sido informado al Presidente, añadiendo además que ese mismo día Mauricio Macri iba a reunirse con Gustavo Arribas, por esa misma cuestión”.

“Asimismo, la nombrada Martinengo utilizaba los servicios de los agentes para sus propios intereses y los de su núcleo cercano de personas, por ejemplo, la familia Lusardi”.

Según describe el juez, “Darío Nieto, jefe de Martinengo, recibía de la nombrada estos informes, convirtiéndose así en un canal subsidiario; pero no por eso menos importante, de la transmisión de la información producida en violación a la ley de inteligencia por los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia”.

Continuar Leyendo
Publicidad

Política

Sadop expresó su solidaridad con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo

Mediante un comunicado el gremio docente expresó la relevancia histórica del predio tras el anuncio de su privatización del Belgrano Cargas.

Avatar

Publicado

el

Desde el SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) se solidarizaron con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo tras la decisión del gobierno nacional de privatizar la concesión del Belgrano Cargas. «Levantamos bien alto nuestra voz, codo a codo junto al pueblo de Tafí Viejo y a nuestros hermanos ferroviarios, en defensa irrestricta de los históricos Talleres Ferroviarios», expresaron.

«Defender los Talleres de Tafí Viejo es defender el corazón mismo de nuestra identidad, nuestra historia y la soberanía de una Nación verdaderamente federal. Fueron los trenes argentinos el motor productivo que llevó progreso a cada rincón de la Patria, uniendo a los pueblos entre sí y conectando hasta el paraje más lejano con el resto del país. Pero, por sobre todas las cosas, los Talleres significaron y siguen significando dignidad, futuro y el pan en la mesa de miles de familias trabajadoras«, añade el comunicado.

«Hoy, frente a la incertidumbre, no están solos. Los docentes privados de Tucumán abrazamos con el alma a cada trabajador ferroviario y a toda la comunidad taficeña. Su lucha es nuestra lucha, porque cuando se toca una fuente de trabajo, se hiere a todo el pueblo. ¡Los Talleres de Tafí Viejo se defienden!», indica el comunicado emitido por el Consejo Directivo del gremio presidido por Mario Dionisi.

Continuar Leyendo

Política

El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y puso fin al régimen de emergencia

La Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que establece un marco permanente para la cobertura y las prestaciones del sector, tras un debate en el que confluyeron distintas posturas políticas

Avatar

Publicado

el

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad en una sesión celebrada este jueves, luego de que la iniciativa obtuviera previamente media sanción en la Cámara de Diputados. La norma, de orden público y alcance nacional, reemplaza el régimen de emergencia vigente y busca otorgar estabilidad y previsibilidad a las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, sin fecha de vencimiento.

Durante la apertura del debate en el recinto, el senador libertario Agustín Monteverde, miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la necesidad de dejar atrás las respuestas coyunturales. Según indicó, la creación de un régimen permanente asegura la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas, además de garantizar su compatibilidad con el trabajo formal.

Por su parte, legisladores de la oposición y de distintos bloques expresaron sus puntos de vista sobre el alcance de la medida. La senadora peronista Alicia Kirchner señaló que la sanción representa un punto de partida pero no una solución definitiva para los derechos vulnerados. En la misma línea, su par Lucía Corpacci sostuvo que la existencia de la ley responde al reclamo sostenido de los colectivos en la calle y advirtió sobre la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios correspondientes. Desde Provincias Unidas, la senadora Alejandra Vigo remarcó la importancia de optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios a las familias.

En representación de los bloques dialoguistas y oficialistas, el senador radical Maximiliano Abad recordó las dificultades previas de profesionales e instituciones con aranceles congelados y pagos demorados. A su turno, el titular del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la tranquilidad de las familias y la dignidad de las personas no pueden estar sujetas a una prórroga anual. En tanto, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la norma como un acuerdo social y político destinado a aportar transparencia y estabilidad, aclarando que el texto define con precisión el origen de los fondos para solventar las prestaciones.

Alcances y requisitos de la nueva normativa

La ley deroga tres artículos de la anterior normativa de emergencia y ratifica el esquema de prestaciones básicas y empleo protegido. La pensión se mantiene fijada en el setenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y se actualiza mediante las reglas previsionales vigentes, sin contemplar un incremento específico.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con el documento de identidad. En el caso de los extranjeros, se exige una residencia legal continuada de cinco años en el país. Los ingresos netos del peticionario no deben superar los dos salarios mínimos, evaluándose la situación individual y no la del grupo familiar, y se establece la incompatibilidad con otras jubilaciones, retiros, pensiones o asignaciones familiares por hijo con discapacidad, además de requerir la aprobación de una evaluación socioeconómica.

La normativa permite a los titulares de pensiones mantener un empleo formal, estar inscriptos en el monotributo o en el régimen general siempre que sus ingresos no rebasen el límite de dos salarios, caso en el cual la pensión se suspenderá de forma temporal hasta que finalice dicha situación laboral o disminuyan los ingresos. Asimismo, se garantiza un programa de atención médica que cubre las prestaciones básicas y se exige la capacitación obligatoria del personal en materia de derechos y trato no discriminatorio.

El texto incorpora un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, la cual estará facultada para cruzar bases de datos de diferentes organismos estatales y quedará exceptuada del secreto fiscal. Ante un presunto incumplimiento, se prevé un procedimiento administrativo de descargo antes de cualquier suspensión preventiva.

En cuanto al financiamiento, los gastos se afrontarán con partidas presupuestarias ministeriales y, de ser necesario, con fondos del Tesoro nacional, garantizando que el crédito por beneficiario no disminuya en términos reales. Finalmente, la norma establece un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores en un plazo máximo de noventa días y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de treinta días hábiles para su reglamentación.

Continuar Leyendo

Política

El Senado convirtió en ley la inviolabilidad de la propiedad privada y restituyó la Ley de Tierras

La Cámara alta aprobó la iniciativa con 42 votos a favor y 26 en contra. La norma reincorpora los límites a la compra de campos por parte de extranjeros y establece nuevas reglas para desalojos y expropiaciones.

Avatar

Publicado

el

El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que atravesó un complejo recorrido legislativo y que finalmente fue aprobada por 42 votos afirmativos y 26 negativos. La votación contó con el respaldo de La Libertad Avanza junto a la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas, Convicción Federal y otros bloques provinciales, mientras que el rechazo provino del bloque Justicialista y de diversas fuerzas provinciales.

El aspecto central de la norma aprobada es la restitución de la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, lo que implica la derogación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. De esta manera, se reafirman los límites a la extranjerización de campos, fijando un tope del 15 por ciento de titularidad a nivel nacional, provincial y municipal, además de un máximo del 30 por ciento por nacionalidad y un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.

El proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo contemplaba la eliminación de estas restricciones, pero el debate parlamentario sufrió modificaciones sustanciales ante el trámite legislativo y las decisiones judiciales en torno al decreto fundacional. En su formato final, la ley también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y regularización dominial.

Nuevas reglas para expropiaciones y desalojos

En cuanto a las expropiaciones, el texto establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva, identificando de forma específica y concreta el fin perseguido de manera idónea, necesaria y proporcional. La indemnización abarcará el valor objetivo del mercado y los daños que sean consecuencia directa e inmediata, limitando el lucro cesante al 30 por ciento del daño emergente, salvo que se demuestre fehacientemente una afectación superior.

La normativa incorpora además un procedimiento abreviado para los desalojos de inmuebles usurpados o con tenencias precarias. Los jueces podrán disponer la entrega inmediata del predio si el derecho invocado es verosímil, previa caución juratoria, o intimar a la devolución en un plazo de 72 horas si el propietario presenta prueba documental. Para los inquilinos morosos, en cambio, se fijó la obligación de recibir una notificación fehaciente mediante carta documento con un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar el pago antes de iniciar una demanda.

Asimismo, se modificó la ley de regularización dominial para permitir que las familias que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.

Debates en el recinto

Durante la sesión, el oficialismo defendió la incorporación de la restitución de la Ley de Tierras como una forma de dar certidumbre a la protección del dominio nacional sobre los recursos. Por su parte, sectores de la oposición criticaron el trayecto legislativo del proyecto, señalando cambios de postura en el oficialismo respecto al texto original enviado meses atrás.

En la misma jornada, el Senado aprobó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un paso vinculado a compromisos comerciales internacionales para facilitar la protección de la propiedad intelectual de pequeñas y medianas empresas. También se sancionó por unanimidad la denominada ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para elementos deportivos en espacios públicos y privados en memoria de un niño fallecido por la caída de un arco de fútbol.

Continuar Leyendo
Publicidad

Facebook

Tendencias