Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola darán a conocer este lunes el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El tramo final de la novena y última jornada de alegato tiene previsto resumir de manera compactada lo que ambos representantes del Ministerio Público desgranaron en las oportunidades anteriores, realizar una evaluación político-judicial y culminará con el pedido de penas, que se insinúa particularmente alto en el caso de los principales imputados.
Voceros del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el debate estimaron que por la forma en que está estructurada la audiencia de hoy, el pedido de penas podría conocerse en torno a las 18.
Después de los alegatos de la acusación comenzará la ronda de las defensas, cuyo organigrama no está aun definitivamente establecido.
Si bien la disposición original indicaba que los abogados defensores alegarían por orden alfabético, ese esquema puede alterarse por pedido de las parte y con la autorización del tribunal.
Fiscal Mola: «No es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”
En el comienzo de la audiencia, y en rechazo a la defensa de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, el primer fiscal en tomar la palabra fue Sergio Mola. “Tomó efectivo conocimiento de la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo en Santa Cruz y optó por no ejecutar las tareas de control que tenía asignadas”, apuntó y, en ese sentido, afirmó que “a esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.
De acuerdo a Mola, Fatala tuvo un manejo de la obra pública vial de Santa Cruz que no habían tenido sus predecesores y que no podía desconocer las alertas que recibió y debió haber atendido. También citó a José López sobre el “ya célebre dinero que arrojó al convento” y recordó la frase en la que dijo: “Ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política”. Fue el 11 de agosto de 2016.
Por último, el fiscal también abordó el homicidio de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la vicepresidenta, en julio de 2020 en El Calafate. Recordó los dichos de López sobre él en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que lo sindicó como “recaudador” y dijo que “era funcional a los dos”, a Néstor y a Cristina Kirchner. “Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había ordenado. Fabián era Cristina”, había dicho López.
El fiscal coadyuvante Sergio Mola inició su descripción final apuntando al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y a su subordinado Abel Fatala, y de inmediato pasó al empresario Lázaro Báez.
Luego retomó la descripción para el resto de los imputados para desembocar en el perjuicio que causó el mecanismo ilegal denunciado.
De eso se encargó, en la sucesión de intervenciones, el fiscal Mola, quien cuantificó en 5.321 millones de pesos.
Tras un cuarto intermedio de media hora, retomó Luciani –en la antesala inmediata del pedido de penas- aclarando que uno de los imputados, Carlos Santiago Kirchner, será acusado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, acaso la imputación más leve de todas las que se insinúan hacia el final de la exposición.
Fernando Cerimedo, el consultor de Milei preso en Bolivia y acusado de haber ordenado el asesinato de su pareja embarazada, ingresó al millonario negocio de los servicios portuarios de la Hidrovía a través de Sanabria SRL, una empresa radicada en Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario.
La firma funcionaba originalmente como guardería náutica, pero se reconvirtió para prestar servicios navales en el corazón del complejo agroexportador. Uno de sus principales negocios es la provisión de diésel para los remolcadores de barcazas, una actividad estratégica que se cobra en dólares y está concentrada en un puñado de operadores.
El expediente para que Sanabria pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector agroexportador saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia.
El tramite express para la reconversión de Sanabria, acorde a lo que pretendía Cerimedo, es casi imposible de conseguir, según confirmaron a LPO fuentes del sector.
El expediente para que la empresa Sanabria que compró Cerimedo pueda operar en el río tuvo que tener luz verde de la Agencia de Puertos y Vías Navegables. En el sector saben que cualquier decisión que tome su titular, el ex macrista Iñaki Arreseygor, debe contar con el aval de Luis «Toto» Caputo, que maneja directamente la dependencia.
Según los registros del Boletín Oficial de Santa Fe, el 31 de julio de 2024 Surlibre Inversiones ingresó como socia de Sanabria SRL y se quedó con el 30% de la compañía luego de que Sergio Ezequiel Amarilla cediera 100 cuotas sociales e Iván Alberto Sanabria otras 50, sobre un capital compuesto por 500 cuotas.
La financiera Surlibre está vinculada a Cerimedo y pasó a controlar 150 cuotas, mientras Sanabria conservó 200 y Amarilla, las 150 restantes, detallaron a LPO las fuentes consultadas.
Tras esa operación, Amarilla y Sanabria fueron designados gerentes conjuntos de la sociedad. Fuentes del negocio portuario señalaron a LPO que, desde el ingreso de Surlibre Inversiones, Sanabria SRL consiguió las autorizaciones necesarias en tiempo récord.
Según empresarios que prestan servicios en la Hidrovía, dijeron a LPO que es un mercado al que resulta prácticamente imposible acceder sin contactos con las máximas autoridades.
El movimiento societario se produjo dos meses después de la llegada de Iñaki Arreseygor a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Arreseygor reemplazó en mayo de 2024 a Pablo Piccirilli y quedó al frente del área encargada de conducir el proceso de privatización de la principal vía navegable del país.
Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada», contó un empresario con décadas de experiencia en el sector.
Fuentes de los agronegocios dijeron a LPO que ingresar a ese mercado resulta prácticamente imposible: «Para comenzar a hablar necesitás 100 mil dólares para que Prefectura dé luz verde en seguridad de puertos. Tenés que tener llegada a lo más alto del poder para que te habiliten un kiosco en una plaza súper monopolizada»
En el ambiente portuario llamó la atención la velocidad con la que la empresa consiguió los permisos nacionales cuando desde la Municipalidad de Puerto General San Martín dijeron a LPO que la sociedad todavía tiene pendiente parte de la documentación para completar su habilitación local. También afirmaron desconocer la presencia de Cerimedo y el vínculo del libertario con Surlibre Inversiones.
El desembarco en la Hidrovía se suma a la expansión empresarial que Cerimedo inició después del triunfo de Javier Milei. Además de sus firmas de comunicación y publicidad, el consultor incorporó sociedades de inversión, tecnología y energía.
El origen de los fondos de Cerimedo también forma parte de la investigación abierta en Bolivia. Durante distintos allanamientos, la fiscalía secuestró dinero en efectivo y reconstruyó movimientos por unos 400 mil dólares a través de una casa de cambios. Uno de sus abogados sostuvo que la CAF financiaba la consultoría que prestaba al gobierno de Rodrigo Paz, pero el banco regional negó que existiera una relación contractual, según publicó el DiarioAr.
En marzo de 2025, la CAF aprobó un crédito por 150 millones de dólares para un programa de infraestructura y logística del Gran Rosario, que incluye un componente de fortalecimiento del sector portuario.
En el organismo negaron haber contratado al consultor detenido, pero ahora, su participación en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario dejó flotando en el sector la verdadera dimensión de la influencia de Cerimedo en el polo agroexportador.
El gobierno de Chile enviará una nota de protesta a la Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes. La Cancillería chilena calificó de indiscutible su jurisdicción y recordó los tratados firmados entre ambos países.
Qué dijo el jefe de la Fuerza Aérea Argentina
La controversia comenzó después de que Valverde se refiriera a Magallanes, el sur y el Drake como zonas de soberanía durante una entrevista realizada el domingo en un programa de streaming.
“Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas”, declaró el brigadier general.
Sus palabras generaron una rápida respuesta en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó que la Cancillería enviará una nota formal a su par argentino y remarcó que las declaraciones deben ser consideradas por toda la región.
La Cancillería chilena reivindicó la soberanía sobre la totalidad del estrecho y recordó los tratados bilaterales de 1881 y 1984.
“La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países”, sostuvo Pérez Mackenna.
El funcionario se encontraba en una gira oficial en Vietnam cuando se refirió a la polémica. Allí también lanzó un llamado a las autoridades extranjeras para que actúen con cautela al referirse a cuestiones territoriales.
“Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó.
Qué establecen los tratados sobre Magallanes
La posición chilena se apoya principalmente en dos acuerdos bilaterales. El Tratado de 1881, conocido como Tratado de Límites, reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando la libre navegación para los barcos de todas las naciones.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984 ratificó los límites australes entre la Argentina y Chile y permitió cerrar las diferencias sobre la boca oriental del estrecho.
En tanto, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, ratificó los límites australes y reafirmó que las aguas del estrecho se encuentran bajo jurisdicción chilena. El acuerdo también permitió cerrar las diferencias existentes entre ambos países sobre su boca oriental.
El estrecho de Magallanes se encuentra entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y otras islas australes. Fue navegado por primera vez en 1520 por Fernando de Magallanes, explorador portugués al servicio de España, y mantiene una importancia estratégica por ser una vía comercial que evita el paso por el Cabo de Hornos.
Gustavo Javier Valverde fue designado a fines de noviembre de 2024 como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, en reemplazo de Fernando Luis Mengo. Este último había sido desplazado luego de detectarse el uso indebido de aeronaves militares para fines personales, además de denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.
La polémica por las declaraciones sobre el estrecho también fue abordada por Claudio Alvarado, ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno de Chile.
“Obviamente que no nos parece bien, porque el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, afirmó el funcionario, en línea con la posición expresada por la Cancillería.
Las declaraciones de Gustavo Javier Valverde generaron críticas de funcionarios y legisladores chilenos, que defendieron la soberanía del país sobre la zona.
Las críticas que surgieron en Chile
Además de Pérez Mackenna, Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, cuestionó las declaraciones de Valverde a través de Facebook.
“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que “la boca de Magallanes es argentina”. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?”, escribió.
También se sumó a las críticas Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, quien sostuvo en X: “Magallanes es territorio soberano chileno y no corresponde que ninguna autoridad extranjera cuestione nuestra soberanía”.
El legislador agregó: “Una declaración de esta naturaleza amerita una nota de protesta de parte del gobierno. El presidente José Antonio Kast tiene que dejar de lado su simpatía con el gobierno de Milei y defender los intereses de Chile con claridad y firmeza”.
El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió una prórroga a la Justicia para responder más adelante el requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo previsto originalmente se vence este miércoles.
La defensa de Adorni presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo argumentando que necesitan acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar. Son archivos y conversaciones citadas por el fiscal en el requerimiento.
Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el ex funcionario libertario para justificar el origen de su patrimonio. Si no logra despejar las 20 inconsistencias que detectaron los investigadores, entonces el fiscal estará en condiciones de dar un paso más y pedir que el juez lo cite a declaración indagatoria.
Ariel Lijo
Ahora el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py puede escuchar la opinión de la fiscalía antes de resolver si prorroga o no el plazo de la justificación patrimonial. La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, sugirió extenderlo otros 15 días más.
Las 20 inconsistencias
El requerimiento se firmó el pasado 10 de agosto. En un dictamen de 207 páginas, el fiscal Pollicita enumeró una veintena de interrogantes sobre los bienes de Adorni y Angeletti. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo.
De acuerdo con la investigación, el matrimonio tuvo ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes del exfuncionario y de su esposa.
Sin embargo, los gastos registrados en moneda nacional —que incluyeron expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros automotores, electrodomésticos y tarjetas de crédito— ascendieron a $272.820.832,20. Esta diferencia generó un saldo de $43.068.549 que aún no encuentra explicación.
Asimismo, el fiscal detectó gastos en moneda extranjera por un valor de USD 402.578,12, destinadas a la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento en la calle Miró 550, el mobiliario de estas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Con una cascada en la pileta y una parrilla de 14.000 dólares, Manuel Adorni gastó 245.000 dólares para refaccionar su casa de fin de semana
Entre los veinte puntos que Adorni deberá aclarar, se destaca el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, detallando qué bienes enajenó, a qué compradores y con qué respaldo documental. Ese dato coincide con la explicación pública del ex ministro coordinador que, acorralado por el escándalo, reveló que desde hace una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas que nunca declaró ni gastó hasta que llegó al poder.
También se le solicitó acreditar la existencia real de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las cuales el lote del Country Indio Cuá figura exclusivamente a nombre de su cónyuge. En esta última propiedad, la fiscalía exigió justificar los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.
Matias Tabar , el contratista que refaccionó la casa de Adorni y lo complicó con su testimonio
El requerimiento judicial también exige explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos del ex jefe de Gabinete.
La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.
Por último, Adorni tendrá que aclarar el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina. /Infobae