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Política

Cristina se refirió a su posible condena: «A veces estar preso es un certificado de dignidad»

La presidenta del Partido Justicialista encabezó un homenaje a los fusilados de José León Suárez. Acompañada de los principales dirigentes del PJ, también se refirió a su posible encarcelamiento.

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En el marco de un nuevo aniversario de los fusilamientos de José León Suarez, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este lunes un acto en la sede del Partido Justicialista, mientras la Corte Suprema decide sobre la condena por corrupción que enfrenta en la causa Vialidad«Anunciamos la candidatura y se desataron los demonios», afirmó sobre la reacción de lo que denominó como los «grupos hegemónicos económicos» que pretenden frenar la organización opositora. Sin embargo, resaltó que mientras sigan libres aquellos que endeudaron al país, estar presa «es un certificado de dignidad».

En ese sentido, habló de la reacción de los grupos concentrados contra el peronismo y citó los fusilamientos de la Revolución Libertadora, los bombardeos de 1955 en la Plaza de Mayo. Incluso rememoró el encarcelamiento de Hipólito Yrigoyen junto a su abogado. «Espero que a mi abogado no lo encarcelen», dijo a modo de broma.

«Bastó que anunciara una candidatura para que se desataran los demonios, porque este modelo tiene fecha de vencimiento, se agota, es una copia del de Martínez de Hoz, de los noventa, que se sostiene con dólar barato», y aseguró que lo que están preparando es «cómo desarticular la organización, que se va a producir» porque la gente «se va a terminar organizando en defensa propia».

«Los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse como en el 2017», dijo sobre el reamado del PJ que en aquel entonces terminó con la candidatura de unidad con Alberto Fernández. «No nos van a dejar seguir porque tienen miedo. Descreen que puedan organizar algo enfrente nuestro. Esto que está ahora, este gobierno cachivache», añadió. «Cuando esto finalmente fracase, esperan que no haya nada», continuó en referencia a las pretensiones de los grupos hegemónicos.

«Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos. Mientras caminen por la calle, libres de polvo y paja los que hicieron mega canje, endeudaron dos veces al país con el FMI y los siguen endeudando, los de las autopistas y los Parques Eólicos, siguen en libertad, créanme que estar presa es un certificado de dignidad», prosiguió en referencia a Federico Sturzenegger, Mauricio Macri, Javier Milei y Luis Caputo, entre otros.

Respecto al futuro del partido en caso de ser encarcelada, planteo a los dirigentes del PJ que se pongan al hombro la unidad. «No importa el nombre, importa la unidad», resaltó. Entre los presentes se encontraba el gobernador Kicillof.

En una referencia a la historia y al aniversario por la masacre de José León Suárez, la expresidenta se consideró como «una fusilada que vive» debido al silenciamiento al que, según afirmó, es un intento de sometimiento por parte del Partido Judicial.

Cristina Kirchner: «Yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor»

Sobre el cierre del homenaje, salió a la puerta de la sede principal del Partido Justicialista para hablarle a la militancia. «Es una emoción muy fuerte. Recién estuve abrazando a la nieta y al bisnieto del general José Valle, fusilado en 1956. El próximo jueves van a ser 69 años que fusilaron a un general argentino por ser peronista», recordó.

«Aflojen con decir que desde que llegaron los kirchnerista hay una grieta. La grieta la generaron los gorilas», continuó y planteó: «Es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Hubo un país industrial, de trabajadores, de la que yo soy hija de un colectivero que llegó a Presidenta de la Nación».

Cristina planteó «discutir entre todos los argentinos en serio hacia donde vamos» porque ninguno «puede decir mirándome a los ojos, sin bajar la vista, que es posible crecer en un país que todos los días se endeuda más y más, sin que los argentinos veamos un solo peso».

Luego puso en duda el orden macroeconómico. «Nos dicen que hay superávit fiscal. ¿De dónde? No se reparan las rutas, no se financian hospitales, no se construyen más viviendas, no se financia la educación. ¿Cómo no va a tener plata? Si no pagas la luz, el gas, a tu empleada, seguramente vas a tener superávit. Los argentinos tienen que saber que les están mintiendo. Los interese se multiplican y no los pagan, los mandan a la cuenta capital», añadió.

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Luego aseguró que «los empresarios y los medios saben que este modelo es inviable». «Creen que van a solucionar esto metiéndome presa. ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar a las escuelas y hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el FMI y los bonistas», le preguntó a los militantes presentes, que al unísono respondieron: «Nooo». «Bueno hermano, entonces pensá en otra salida, porque yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política y lo saben«, remarcó.

Cristina Kirchner pidió dejar de lado «las mezquindades» para organizar una alternativa a Javier Milei

También cuestionó las dificultades del PJ para interpretar los problemas de la gente y apuntó contra la dirigencia política. «Lo único que escucho es ‘qué lugar me toca en las listas’. Déjense de joder de una vez por todas», manifestó enojada porque «no hay final feliz» para este Gobierno por lo cual es necesario organizarse «para ser alternativa» porque «si no lo sabemos hacer por mezquindades, mediocridades y estupideces, igualmente la historia no se detiene».

La expresidenta planteó que actualmente, bajo el gobierno de Javier Milei, la plata «sigue sin alcanzar y los remedios siguen aumentando», e incluso hay quienes se han quedado sin trabajo o no les aumentan el salario. «Han levantado el cepo a los dólares de las personas físicas pero le han puesto un gran cepo al salario y todo el mundo se queda calladito porque tal vez le conviene el cepo al salario al gran capital», cuestionó.

Ante ese escenario, la exvicepresidenta de la Nación y actual titular del PJ insistió en que hace falta «mucha militancia, mucho trabajo, mucha organización y mucha solidaridad» porque «nadie va a creer que somos solidarios si nos ven despedazarnos entre nosotros», en relación a la interna del PJ con Kicillof. «El ejemplo empieza por casa», continuó y cerró con un pedido: «Volvamos a ser militantes políticos, que eso siempre nos hizo grande y nos permitió construir grandes victorias».

La propia Cristina Fernández de Kirchner se refirió el sábado a su situación judicial durante un acto de campaña en Corrientes. En esa ocasión, al lanzar la candidatura a gobernador de Martín «Tincho» Ascúa, intendente de Paso de los Libres, la exmandataria pidió «estar atentos» ante la posibilidad de que la «metan presa». En un tono desafiante, expresó: «Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo«.

La expresidenta hizo hincapié en la recurrente mención a la posibilidad de ser encarcelada y estableció un paralelismo con acontecimientos históricos que marcaron tragedias para el peronismo. «Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina», concluyó en su alocución.

Causa Vialidad: el Grupo de Puebla respaldó a Cristina Kirchner y apuntó contra la Justicia por una «clara persecución política»

El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) apuntaron contra la justicia argentina al advertir un «riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política» de cara al inminente fallo de la Corte Suprema que podría confirmar la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El foro político apoyó a la titular del Partido Justicialista y señaló que la Causa Vialidad está «viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política, desde su inicio».

Sobre este último punto, apuntaron que la causa judicial es una «denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente con ausencia total de pruebas directas y con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales».

Política

Educación emitió dictamen a proyectos sobre establecimientos escolares y estatuto docente

La comisión presidida por el legislador Aldo Salomón avanzó con nueve proyectos de resolución y cuatro iniciativas de ley, entre ellas la designación de nombres a instituciones educativas y modificaciones al Estatuto Docente .

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La Comisión de Educación de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Aldo Salomón, se reunió para dar tratamiento a diversos proyectos que se encontraban en estudio dentro de su ámbito de competencia.

Los parlamentarios resolvieron emitir dictamen favorable a nueve proyectos de resolución y cuatro proyectos de ley, varios de los cuales serán incorporados al orden del día de la próxima sesión legislativa.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran tres proyectos de ley destinados a nombrar distintos establecimientos educativos de la provincia. Asimismo, obtuvo dictamen por mayoría un proyecto que propone la designación de supervisores por excepción, mediante la modificación de la Ley N 3470, correspondiente al Estatuto Docente.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Aldo Salomón, destacó el trabajo realizado por los integrantes del cuerpo. “La verdad es que hoy nos reunimos para dar dictamen a nueve resoluciones y cuatro proyectos de ley, de los cuales ingresarán al orden del día de la sesión del próximo jueves, las iniciativas que designan nombres a establecimientos educativos y la modificación del Estatuto Docente”, expresó.

Participaron de la reunión, los legisladores Adriana Najar, José Cano, Marcelo Herrera, Carlos Gómez, Sara Lazarte y Carolina Vargas Aignasse.

Con estas iniciativas, la comisión continúa avanzando en el análisis y actualización de normas vinculadas al sistema educativo provincial, así como en el reconocimiento de instituciones que forman parte de la historia y la identidad educativa de Tucumán.

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Política

El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.

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La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

 

 

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Declaración y resolución

Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.

Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.

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Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.

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El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.

Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.

Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.

La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.

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