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Política

Bianco asegura que hay vínculos entre Macri y el fiscal Luciani

El jefe de asesores bonaerense denunció la existencia de vínculos entre el fiscal Diego Luciani con el expresidente, tras las fotos publicadas por la vicepresidenta en el marco de los alegatos de la causa por la Obra Pública.

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Bianco asegura que hay vínculos entre Macri y el fiscal Luciani

El jefe de asesores del gobierno de la provincia, Carlos Bianco, respaldó la recusación presentada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por la Obra Pública, contra el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

«Para los que respetamos el sistema representativo es algo casi inverosímil lo que se ve, todo a cielo abierto y sin que nadie se despeine. Fiscales amigos de jueces que juegan al fútbol en la quinta del expresidente, el principal opositor de aquella persona que ese fiscal está acusado y sobre quien ese juez debe dictar sentencia», denunció Bianco en diálogo con la990.

En la misma línea expresó que el juicio tomó carácter de «show televisivo», y reveló que no cuenta con «ningún tipo de pruebas, y acusaciones basadas en un supuesto sentido común».

«Lo que se ha hecho es lo que corresponde, recusar tanto a fiscal como a juez, debido a esta situación de tanta cercanía entre ellos y de tanta cercanía política con determinados sectores», ponderó.

Asimismo, el titular de asesores del Gobierno de Axel Kicillof argumentó que los que deben decidir sobre la presentación elevada por la defensa de la exmandataria son «los mismos jueces que han visitado la Casa de Gobierno y la quinta de Macri cuando era presidente».

«Así es difícil confiar en esta justicia», expresó al tiempo que detalló que las encuestas sostiene que «el 80% de la población descree totalmente del poder judicial».

«Cuando la gente ve que a la vicepresidenta de la Nación no se le pueden asegurar las garantías mínimas que tiene que llevar el debido proceso judicial, deberán pensar ‘qué me queda a mí'», apuntó el funcionario.

Bianco denunció que bajo la gestión del expresidente Macri se iniciaron maniobras de persecución judicial a referentes políticos, judiciales y de organizaciones sociales, e indicó que se mantienen hasta la actualidad. También definió de «desesperanzadora» la situación que se vive y cuestionó la autonomía del poder judicial. 

A su parte, disparó contra referentes de Juntos por el Cambio a quienes acusó de «quedarse calladitos» ante la situación expuesta. «Me sorprende de ciertos referentes de la oposición que siempre se han llenado la boca respecto a la república, las instituciones, que ahora se queden calladitos y ni aparezcan. Eso me preocupa», manifestó.

Por último, habló de lawfare y declaró que la persecución judicial mantiene ligazón con «la cuestión mediática» dado que implica «una exposición» que apunta a «instalar un sentido común en la población» para juzgar previo a las condenas firmes.

«Me parece que eso le quita calidad institucional, por eso vuelvo con esta idea de los tres poderes, el menos creíble es el poder judicial y debería tomar nota los principales referentes. Hay una complicidad muy fuerte entre el poder mediático y estas operaciones del poder judicial. Una sin la otra no tienen efecto, por eso van siempre de la mano», concluyó.

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Política

Educación emitió dictamen a proyectos sobre establecimientos escolares y estatuto docente

La comisión presidida por el legislador Aldo Salomón avanzó con nueve proyectos de resolución y cuatro iniciativas de ley, entre ellas la designación de nombres a instituciones educativas y modificaciones al Estatuto Docente .

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La Comisión de Educación de la Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador Aldo Salomón, se reunió para dar tratamiento a diversos proyectos que se encontraban en estudio dentro de su ámbito de competencia.

Los parlamentarios resolvieron emitir dictamen favorable a nueve proyectos de resolución y cuatro proyectos de ley, varios de los cuales serán incorporados al orden del día de la próxima sesión legislativa.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran tres proyectos de ley destinados a nombrar distintos establecimientos educativos de la provincia. Asimismo, obtuvo dictamen por mayoría un proyecto que propone la designación de supervisores por excepción, mediante la modificación de la Ley N 3470, correspondiente al Estatuto Docente.

Al finalizar la reunión, el presidente de la comisión, Aldo Salomón, destacó el trabajo realizado por los integrantes del cuerpo. “La verdad es que hoy nos reunimos para dar dictamen a nueve resoluciones y cuatro proyectos de ley, de los cuales ingresarán al orden del día de la sesión del próximo jueves, las iniciativas que designan nombres a establecimientos educativos y la modificación del Estatuto Docente”, expresó.

Participaron de la reunión, los legisladores Adriana Najar, José Cano, Marcelo Herrera, Carlos Gómez, Sara Lazarte y Carolina Vargas Aignasse.

Con estas iniciativas, la comisión continúa avanzando en el análisis y actualización de normas vinculadas al sistema educativo provincial, así como en el reconocimiento de instituciones que forman parte de la historia y la identidad educativa de Tucumán.

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Política

El jueves se debatirán modificaciones judiciales y del estatuto docente

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema.

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La Legislatura volverá a sesionar el próximo jueves a las 8.30, jornada en la que se abordará el tratamiento de una serie de proyectos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial, el sistema penal y el ámbito educativo provincial.

Entre los principales asuntos previstos, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que encabezó el vicegobernador Miguel Acevedo, se encuentran modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Procesal Penal. Además, los legisladores debatirán cambios en el Estatuto Docente Provincial (Ley N° 3.470), una iniciativa orientada a agilizar y facilitar la cobertura de cargos dentro del sistema educativo tucumano.

 

 

Los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 6.238) vienen siendo impulsados desde principios de abril, por requerimiento de la Corte Suprema, pero las modificaciones encontraron resistencia de algunos sectores y planteos de algunos otros por no haber sido convocados a la discusión. Inicialmente estaba previsto que el tema sea incluido en la sesión del 16 de abril, pero finalmente fue retirado del orden del día por las resistencias señaladas.

Declaración y resolución

Según se informó al término del encuentro, el orden del día también incluirá el tratamiento de distintos proyectos de declaración y resolución impulsados por los bloques parlamentarios.

Otro de los temas que llegará al recinto será la creación del programa “Legislatura en Diálogo”, una propuesta institucional para otorgar un marco formal a jornadas, conferencias y actividades de intercambio que se desarrollan en el ámbito legislativo. El programa permitirá que legisladores, organismos e instituciones externas puedan presentar y promover actividades relacionadas con temas educativos, científicos, culturales, sociales y deportivos.

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Política

Por decreto, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos requisitos para designar jueces de la Corte Suprema

A través de un decreto, la administración de Javier Milei modificó el procedimiento para nombrar integrantes de la Corte Suprema, al Procurador General y al Defensor General de la Nación. La reforma reduce plazos, digitaliza trámites y suprime una etapa administrativa que antecedía al envío de los pliegos al Senado.

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El Gobierno oficializó este martes una reforma en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, así como de las autoridades que encabezan el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. La medida fue instrumentada mediante el decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de JusticiaJuan Bautista Mahiques.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Corte Suprema: cuáles son los cambios que introdujo Milei para nombrar jueces

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación.

Desde el Gobierno sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que «los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan», sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Para el Ejecutivo, esta actualización responde a los hábitos actuales de acceso a la información y permite acortar los tiempos del procedimiento.

Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal.

La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

Entre las novedades también sobresale una omisión respecto del decreto 222/2003. El texto publicado este martes ya no menciona la recomendación dirigida al Presidente para considerar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para los máximos cargos judiciales.

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