CONECTATE CON NOSOTROS

Salud

Alertan que la vacuna podría ser menos efectiva en personas con obesidad

La respuesta a la inmunización puede verse afectada en este grupo de la población, tal como se ha constatado que sucede con otras vacunas tales como la antigripal, la de la hepatitis B y la antirrábica.

Avatar

Publicado

el

Alertan que la vacuna podría ser menos efectiva en personas con obesidad

Mientras el mundo aguarda con gran expectativa una vacuna contra nuevo coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, especialistas de distintos países han expresado su preocupación ante la posibilidad de que ésta no cumpla su objetivo en uno de los grupos de riesgo que más la necesita: las personas que sufren obesidad.

Desde el comienzo de la pandemia de Sars-CoV-2, diversos estudios han demostrado que la población que presenta un índice de masa corporal elevado tiene un riesgo incrementado de enfermar y morir a causa de la enfermedad por coronavirus.

Ahora, a medida que avanzan los ensayos con distintos candidatos vacunales, preocupa que la potencial vacuna contra el COVID-19 no proteja a este grupo de riesgo pues la evidencia científica indica que la efectividad de vacunas previas -como la de la influenza, la hepatitis B, el tétanos y la rabia- está disminuida en personas con obesidad.

En una reciente entrevista, el doctor Matthew B. Laurens, investigador principal de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, uno de los centros estadounidenses donde están más avanzados los ensayos de la vacuna contra el coronavirus de Moderna Therapeutics, admitió: «Sabemos de otras vacunas que han sido probadas en poblaciones de personas con obesidad que estos individuos no responden tan bien a estas vacunas».

«Mientras estamos desarrollando una vacuna para el COVID-19, reconocemos que podría no funcionar en todas las poblaciones, incluyendo a aquellas que sufren obesidad. Por lo tanto, esa es una gran preocupación», añadió el investigador.

Si bien aún se están investigando los mecanismos biológicos exactos por los que las personas con obesidad pueden no responder de la manera esperada a la vacunación, los especialistas indican que la inflamación crónica parece interferir con la respuesta inmune a las vacunas, lo cual pone en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes padece obesidad frente a enfermedades prevenibles incluso tras la inmunización.

Según explicó la doctora Mónica Katz, presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), la inquietud sobre la eficacia de la potencial vacuna contra el COVID-19 en la población con obesidad surge a partir de dos conocimientos: «El primero es que en otros casos las vacunas no funcionan de la misma manera en personas con obesidad que en aquellas con peso normal», detalló.

«El segundo conocimiento es el compromiso inmunológico que presenta quien padece obesidad, es decir, quien tiene un índice de masa corporal de más de 30», añadió Katz, para luego precisar el mecanismo subyacente: «El exceso de órgano adiposo -inflamado y fibrosado-, que se presenta en quienes padecen obesidad, contribuye a la existencia de adipocitos muy grandes, que de alguna manera son interpretados como un cuerpo extraño, como si fueran un virus o una bacteria, por lo que el organismo de la persona con obesidad los combate. Esta situación hace que, cuando de verdad aparece un virus o una bacteria, es decir un patógeno externo, el organismo tiene comprometido ya su sistema de defensa en una especie de estado inflamatorio crónico».

En otras palabras, el poco efecto que podría tener la potencial vacuna contra el coronavirus en las personas con obesidad tiene que ver con el compromiso inmunológico que ya tienen de base por su inflamación crónica -de leve a moderada-.

«La respuesta de anticuerpos y la respuesta de la inmunidad innata -es decir la respuesta celular y la respuesta humoral- ambas están comprometidas. Entonces, cuando se inyecta una vacuna por la que se espera una respuesta inmunológica, ésta no va a suceder. De hecho, hay antecedentes de mala respuesta a la vacuna de la gripe y a la vacuna de la hepatitis», puntualizó Katz.

Como un Tsunami

En opinión de la especialista en nutrición, la de la obesidad constituye una problemática ante la cual se ve desde hace años cierta inacción en términos de políticas sanitarias, algo que ahora -en el marco de la pandemia de COVID-19- configura el escenario para un tsunami, una tormenta perfecta.

«Diversas encuestas a nivel nacional han documentado la obesidad, pero hay una dilación en tomar cartas en el asunto. Existe una subestimación de una problemática que involucra por lo menos a la tercera parte de la población adulta argentina«, remarcó Katz, quien hizo hincapié en que «como la agenda sanitaria la instala el Covid, todo el resto que no sea COVIDha pasado a un segundo plano».

«Hay que pensar en el sistema inmune de una persona joven con obesidad, teniendo que responder frente a un virus, especial, muy virulento, que tiene una afinidad por receptores específicos que tenemos en pulmones. Pero esa persona tiene todo el tiempo su sistema inmune abocado a otras tareas, a combatir su propio cuerpo, porque su órgano adiposo es su propio cuerpo», illustró.

Como primer paso para revertir esta situación de particular vulnerabilidad de las personas con exceso de peso frente al Sars-CoV-2, consideró necesario que el Ministerio de Salud de la Nación declare a la obesidad como enfermedad, ya que hasta ahora y, desde hace muchos años, está nombrada por la cartera sanitaria de dos maneras: «como factor de riesgo para otras enfermedades» o como «condición».

Sin embargo, Katz subrayó que la obesidad cumple con todas las características de enfermedad. «Tiene diferentes causas, pero básicamente altera estructura y función del organismo. Como he dicho, altera el sistema inmunológico, el metabolismo, las funciones orgánicas de diferentes órganos y puede desencadenar hígado graso, deterioro cognitivo, diabetes, cáncer… múltiples patologías».

Además, la obesidad se presenta con signos y síntomas típicos. «La persona obesa tiene disminución de la saciedad o un aumento de la hiperfagia; estos son síntomas. Y, por otro lado, tiene múltiples signos: desde hipertensión, pasando por lípidos alterados y diabetes. Tiene una evolución que está estudiada, con mayor morbimortalidad y, aún así, en la Argentina no es una enfermedad», insistió Katz

Asimismo, la experta estimó necesario actualizar las guías de tratamiento en obesidad, que datan de 2014. «El Ministerio de Salud tiene las guías de 2014, se republicaron en 2017 pero no hubo cambios. Y estamos en 2020», recordó. Para concluir, Katz reflexionó que en situaciones inéditas como la de esta pandemia, tan compleja, «es bueno buscar estrategias del pasado, evidencias científicas del pasado, para responder a preguntas y posibles problemas del futuro: por ejemplo, la respuesta inadecuada de una persona con obesidad a una vacuna».

Antecedentes

«Recibimos información de que algunas vacunas (en especial, la antigripal y contra hepatitis A y B) pueden reducir su efectividad en determinados grupos poblacionales, como mayores de 70 o personas que padecen obesidad, pero no sabemos a ciencia cierta que esto vaya a pasar en la vacuna de COVID-19», admitió el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en una reciente conferencia de prensa.

En ese sentido, Barbosa estimó que es necesario esperar los datos de los ensayos de las vacunas contra el Covid cuando se realicen «en 40.000 o 50.000 personas, porque en función de esa evidencia se pueden adoptar estrategias específicas, por ejemplo, si hay que dar refuerzo al cabo de un año o hay que dar dos dosis o tres dosis. Esa información es fundamental».

La evidencia sobre la alteración de la eficacia de las vacunas en personas con obesidad puede remontarse a 1985, cuando cientos de empleados de un hospital en Carolina del Norte, Estados Unidos, fueron vacunados contra la hepatitis B y luego fueron estudiados para ver cómo habían respondido sus sistemas inmunes. Los investigadores hallaron que la vacuna tenía el doble de posibilidades de fallar, es decir de no proveer la protección adecuada contra la hepatitis B, en aquellos empleados con un IMC más elevado en comparación con los que tenían un IMC más bajo.

Algo similar se comprobó en 2017, cuando investigadores de la Universidad de Carolina del Norte hallaron que entre los más de 1.000 pacientes que habían sido vacunados contra la gripe, aquellos con obesidad tenían el doble de riesgo -que las personas con normopeso- de sufrir una gripe o enfermedades del tipo gripal, a pesar de haber recibido la vacuna contra el virus de la influenza.

«Dado que la obesidad condiciona no solo mayor riesgo de severidad de infección por Sars-CoV2 sino también menor respuesta a la vacunación, es central la pérdida de peso en las personas con obesidad para así aumentar las probabilidades de mejorar su respuesta a la vacunación contra el Covid-19», opinó por su parte el doctor Pedro Martínez Duartez, presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), que además llamó a no postergar ni interrumpir el tratamiento de la obesidad en el contexto de la actual pandemia. Por este motivo, a comienzos de agosto SACO junto a la Asociación Argentina de Cirugía (AAC) publicaron las «Recomendaciones para reiniciar la realización de Cirugías Bariátricas electivas» seguras en este tiempo de COVID-19

Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

Avatar

Publicado

el

El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

Continuar Leyendo

Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

Avatar

Publicado

el

El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

Continuar Leyendo

Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

Avatar

Publicado

el

La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

Continuar Leyendo