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Salud

Vacuna de Oxford: cómo impacta en la Argentina el avance en su desarrollo

Mientras Pfizer y Moderna buscan aprobar sus candidatas en noviembre, AstraZeneca anunció que su variante crea una «respuesta inmune robusta» en adultos y adultos mayores. A nivel local, el laboratorio mAbxience estará a cargo de la fabricación para Latinoamérica.

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Vacuna de Oxford: cómo impacta en la Argentina el avance en su desarrollo

La vacuna producida por la Universidad de Oxford y por el Laboratorio AstraZeneca (Reino Unido) es una de las candidatas con mejores posibilidades. Se encuentra en Fase III de ensayos clínicos, con lo cual, entre noviembre y diciembre de este año podría aprobarse y comenzar a ser distribuida por el planeta, si es que sortea la evaluación de los organismos de control e instituciones regulatorias. Según adelantó el periódico británico Financial Times, la fórmula produce una “respuesta inmune robusta” en adultos y adultas mayores. Esto representa una buena noticia, más aún si se considera que la gente de mayor edad conforma los denominados “grupos de riesgo” en todo el mundo. Los resultados de la investigación al respecto fueron adelantados por la compañía, sin embargo, hasta el momento no se publicaron en ninguna revista académica de prestigio. Este aspecto es central porque es la única manera con que los desarrollos y avances científicos logran validarse.

Es muy positivo saber que los mayores de 55 años generan una respuesta inmune similar a los menores de esa edad. Ello se constató a partir de los ensayos en Fase II. En la III, precisamente, lo que se investiga es si las defensas que se producen a partir de las vacunas son suficientes para proteger a las personas de una futura infección. De hecho, cuanto más se cheque emejor”, plantea Juan Manuel Carballeda, investigador del Conicet en el Laboratorio de Virus Emergentes del Instituto de Microbiología Básica y Aplicada de la Universidad Nacional de Quilmes. Desde esta perspectiva, también apunta Mario Lozano, virólogo del Conicet y experto en vacunas. “Desde la compañía informaron que los mayores de 55 años demostraron buenos niveles de anticuerpos. Es un dato esperanzador, pero el definitivo lo tendremos cuando difundan los resultados de la etapa siguiente”. Y continúa con su descripción: “Que haya producido anticuerpos es una condición necesaria pero no suficiente para que la vacuna sea buena. Lo que seguramente evaluarán ahora es por cuánto tiempo permanecen las defensas en el organismo, es decir, por cuánto habrá protección efectiva”, sintetiza.

La respuesta inmune advertida en aquellas personas de edad más avanzada estaría en condiciones de prevenir la infección y evitar que se agrave la enfermedad que ocasiona el Sars CoV-2. Según publicó el Financial, la sustancia genera anticuerpos en aquellos adultos que participaron de los estudios, así como también células T, cuya virtud es neutralizar y eliminar tanto al patógeno como a las células infectadas.

¿Cómo es la vacuna que fabrica AstraZeneca? Está basada en un adenovirus, un patógeno que suele infectar a humanos y también a otros animales. No obstante, como fue modificado genéticamente, los voluntarios reciben un virus que no tiene la capacidad de replicarse en el cuerpo (es un vector inactivado) y, además, expresa la proteína “S” (Spike) del coronavirus, con el propósito de despertar la respuesta del organismo. Si bien una dosis generó defensas, desde el equipo científico de AstraZeneca creen que el esquema definitivo constará de dos dosis para robustecer la prevención. En este momento, los expertos procuran analizar por cuánto tiempo esas defensas permanecen en el organismo, así como también buscan escalar la prueba.

Cómo impacta en Argentina

Estos resultados son positivos para Argentina porque en noviembre se espera que el país comience la producción a escala regional para toda Latinoamérica. mAbxience, de grupo Insud (del empresario local Hugo Sigman), será el laboratorio doméstico que se encargará de la fabricación de la sustancia activa, al tiempo que México –a partir de los aportes del magnate Carlos Slim– se ocupará del empaquetamiento y la distribución. A excepción de Brasil, se esperan entre 150 y 200 millones de dosis para el primer semestre del año que viene. Se calcula que cada una costará entre tres y cuatro dólares y que los primeros que la recibirán serán los profesionales de la salud y los adultos mayores.

“Hay que tener en cuenta que para vacunar a la población mayor de 65 en Argentina se necesitan unas 7 millones de dosis iniciales y otras 7 millones más para la segunda aplicación. Estamos muy esperanzados con la de Oxford porque justamente es la que se va a producir acá y ello implicará tener un acceso relativamente rápido. Desde mAbxience informaron que esperaban tener la producción disponible para el primer trimestre de 2021”, señala Lozano.

Vale aclarar lo siguiente: una vez que la vacuna sea aprobada, AstraZeneca deberá realizar toda la transferencia tecnológica del caso, con el propósito de que el laboratorio radicado en la localidad bonaerense de Haedo pueda comenzar con la fabricación a escala regional. Desde aquí, completa: “En los primeros meses del año que viene, de seguro, habrá un número de dosis suficiente para inocular a la población de riesgo, es decir, a los profesionales de la salud, a los mayores de 65 años, así como también a las personas con comorbilidades y enfermedades previas. Ese es el deseo de todos y de todas”.

Así lo entiende Carballeda cuando comenta: “Que funcione en aquellos individuos que por su edad tendrían prioridad para recibirla es un dato alentador. Si la vacuna tiene éxito en la Fase III –aún no se han comunicado resultados– Argentina tendrá una buena posición para recibir una importante cantidad de dosis lo más rápido posible”.

Contramarchas

La candidata de Oxford ya atravesó con éxito una primera etapa: fue probada en 1077 voluntarios sanos de Reino Unido (entre 18 y 55 años) y demostró el desarrollo de defensas. A mediados de julio, estos resultados fueron presentados en The Lancet, la prestigiosa revista del rubro médico. En el presente está siendo evaluada en 50 mil voluntarios en Brasil, Reino Unido, Sudáfrica y en Estados Unidos con muy buenos resultados, salvo excepciones.

A principios de septiembre Pascal Soriot, el director ejecutivo de la farmacéutica, confirmó que los ensayos quedaban “suspendidos por el momento”. Una voluntaria exhibió efectos adversos (desarrolló mielitis transversa, una afección ligada al sistema nervioso y a la inflamación de la médula espinal) y disparó las alarmas del equipo científico. A los pocos días, luego de revisar las causas y como la voluntaria fue dada de alta, el procedimiento continuó. “Lo que sucedió tiene que ver con una situación normal en el desarrollo de cualquier vacuna. No implica que se deba descartar, ni mucho menos. Suele ocurrir, sobre todo, en la fase clínica III, que es cuando la fórmula se prueba en decenas de miles de individuos”, explicaba Lozano en aquel momento.

En Brasil, de manera reciente, falleció un voluntario (médico, 28 años) mientras participaba del procedimiento. Desde la empresa biotecnológica aseguraron que lo sucedido no tenía ningún vínculo con la vacuna porque el individuo había recibido placebo y no la sustancia activa. En efecto, las pruebas continuaron su marcha con total normalidad.

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Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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