El expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como «autor» de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.
Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que «prima facie» Macri es «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal».
El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.
Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario «no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal», establece el fallo.
El juez Bava, reiteradamente cuestionado por el mismo Macri y dirigentes de JxC, consideró que el exmandatario fue responsable de «haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018.
“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”, señaló el juez en el fallo de 171 páginas al que Télam tuvo acceso.
Bava estimó que «prima facie» Macri es «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal»
En la misma línea argumentativa, el magistrado federal subrayó que “todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.
Para Bava, está demostrado en la investigación que “el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”.
Foto: Fernando Gens. (Archivo)
La causa en la que este miércoles quedó procesado Macri se inició en septiembre del año pasado, a raíz de la denuncia de la titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre la aparición de documentos en la delegación Mar del Plata que daban cuenta de espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San Juan.
Por el mismo expediente, el juez federal procesó a principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados.
Ayer, dos ex jefes de Contrainteligencia de la AFI durante el Gobierno de Macri, también fueron procesados con embargos de 20 millones de pesos.
La defensa de Macri, encabezada por el ex fiscal Pablo Lanusse, sostuvo como estrategia que los documentos hallados eran producto de las tareas vinculadas a la seguridad presidencial y en este sentido pidió que el juez indagara a funcionarios vinculados a esas gestiones.
En este sentido, en los últimos días, ingresó al expediente la declaración testimonial escrita de Alejandro Guglielmi, quien se desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante los años 2017 y 2018, el período comprendido por la investigación judicial.
Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en forma previa a que el expresidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la Casa Militar «un informe socioambiental en soporte papel, que complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría al evento».
El juez federal procesó a principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados
La declaración de Guglielmi fue en la misma dirección que la del ex jefe de la Casa Militar, José Luis Yofre, quien dijo que ese “informe socioambiental” quedaba en la Casa de Gobierno y no en la AFI, y que contenía cuatro puntos: estado del clima, rutas de escape, hospitales públicos y privados y eventuales cortes de ruta que podían afectar el recorrido del presidente.
Según informaron a Télam fuentes de la causa, las explicaciones de los funcionarios de la Casa Militar no alcanzan para justificar la aparición de imágenes de familiares de tripulantes del submarino San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos y reclamos, que forman parte de la denuncia.
Fuentes de la defensa del ex presidente aseguraron que apelarán el procesamiento, con lo cual será la Cámara Federal de Mar del Plata la que decidirá si Macri continúa o no procesado. /Télam/
El Hospital Padilla apartó a un médico y abrió un sumario tras una denuncia de abuso sexual
La institución comunicó que el profesional fue separado de sus funciones el mismo día en que una paciente denunció el hecho. La causa avanza en la Justicia y también es investigada por el SIPROSA.
Tras la repercusión pública de una denuncia por presunto abuso sexual realizada por una paciente, las autoridades del Hospital Padilla emitieron un comunicado oficial en el que detallaron las medidas adoptadas desde que se reportó el episodio ocurrido el pasado 8 de abril.
Según informó la institución, el hecho involucra a una joven de 20 años y a un médico neurólogo que se desempeñaba en el área de consultorios externos. De acuerdo con el reporte oficial, el episodio se produjo durante la atención médica en horario vespertino.
Desde el hospital señalaron que, una vez finalizada la consulta, la paciente se presentó ante personal de enfermería para relatar lo sucedido. A partir de ese momento se activó el protocolo interno y se notificó de manera inmediata a las autoridades del establecimiento.
La joven fue resguardada en dependencias administrativas hasta la llegada de sus familiares, quienes posteriormente la acompañaron a radicar la denuncia policial correspondiente. La documentación fue presentada ante las autoridades sanitarias al día siguiente.
Respecto de la situación del profesional denunciado, el Hospital Padilla informó que fue apartado de sus funciones y retirado del establecimiento el mismo día en que se conoció el hecho, medida que continúa vigente mientras avanzan las investigaciones.
En paralelo a la actuación judicial, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) inició las actuaciones administrativas correspondientes para sustanciar un sumario interno conforme a la normativa vigente.
Desde la conducción del centro asistencial remarcaron que existe plena disposición para colaborar con el esclarecimiento del caso y destacaron que tanto la investigación judicial como el proceso administrativo deberán desarrollarse respetando los tiempos establecidos por la ley.
Asimismo, señalaron que la institución mantiene su compromiso con la protección de los derechos de los pacientes y de los trabajadores de la salud, al tiempo que reiteraron que el profesional involucrado permanecerá apartado de sus funciones hasta que se determinen las responsabilidades correspondientes.
La causa continúa bajo investigación judicial y, por el momento, no se informaron nuevas resoluciones vinculadas al expediente.
La incertidumbre vuelve a instalarse en el transporte público de pasajeros de Tucumán. Este miércoles, empresarios nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán(AETAT) y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvieron una reunión para analizar alternativas que permitan cumplir con el pago de los salarios correspondientes al mes de mayo.
La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) le envió la semana pasada un comunicado a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) pidiendo que de manera excepcional acepten cobrar el aguinaldo en tres cuotas mensuales consecutivas y el sueldo del mes de mayo en forma desdoblada.
Esto fue rechazado por los trabajadores y el viernes pasado se reunieron para abordar el tema, pero no llegaron a ningún acuerdo. Tras un cuarto intermedio, volvieron a dialogar este martes 2 de junio.
El encuentro de este martes entre los empresarios y los choferes comenzó cerca de las 12:30, en la sede AETAT. Tras la reunión, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, explicó que el ofrecimiento que le hicieron a los choferes es pagar el salario completo hasta el día 10. «Esta es la propuesta concreta», sostuvo el empresario.
Respecto al aguinaldo explicó que vence el 30 de junio: «día tras día vamos a ir trabajando y ver qué se puede hacer y cómo lo podemos resolver».
La propuesta empresarial y la posibilidad de un nuevo paro
Por su parte, el secretario general de la UTA Tucumán, César González, explicó que los empresarios acercaron dos alternativas para cancelar los haberes de mayo.
La primera consiste en abonar el 100% de los salarios el próximo 10 de junio. La segunda opción que comunicó el representante de UTA, desmentida por Jorge Berreta, contempla pagar un 70% ese mismo día y completar el 30% restante diez días después.
González confirmó que la UTA convocó a una reunión para definir los pasos a seguir y no descartó una medida de fuerza en caso de que no exista una solución satisfactoria.
Según explicó, las empresas recién entrarían formalmente en incumplimiento una vez vencido el plazo legal para el pago de salarios. «El sueldo se vence el jueves. A partir de las 0 horas y un minuto del viernes estarían en falta», indicó.
En ese escenario, el gremio quedaría habilitado para implementar acciones directas que podrían afectar la prestación del servicio.
Avanza el análisis de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Legisladores recibieron a representantes de los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, y posteriormente a miembros de la Asociación de Magistrados, en el marco del proceso de apertura institucional impulsado por la Legislatura.
La Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura de Tucumán continuó este martes con el análisis del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La reunión de comisión fue encabezada por su presidenta, la legisladora Carolina Vargas Aignasse, y contó con la participación de los legisladores Rodolfo Ocaranza, Agustín Romano Norri, Aldo Salomón y Tomás Cobos.
En esta instancia fueron recibidos representantes del Colegio de Abogados de Tucumán y del Colegio de Abogados del Sur, quienes acercaron observaciones y propuestas vinculadas al proyecto en estudio. Posteriormente, en Presidencia de la Legislatura, se desarrolló una nueva audiencia con integrantes de la Asociación de Magistrados de Tucumán, quienes fueron recibidos tras la solicitud de formar parte del debate legislativo en el marco de la política de apertura institucional promovida por la Cámara. Participaron del encuentro el vicepresidente de la entidad, Jorge Héctor Jakobsen, junto a otros miembros de la asociación.
La presidenta de la comisión, Carolina Vargas Aignasse, explicó que el objetivo del trabajo legislativo es avanzar en una revisión integral del funcionamiento judicial. “Estamos analizando un proyecto de reforma integral de la ley orgánica del Poder Judicial, es decir, las atribuciones, divisiones y asignaciones de competencia de los magistrados”, señaló.
En ese sentido, destacó la participación de los distintos sectores vinculados al ámbito judicial: “La Comisión de Asuntos Constitucionales ha recibido a los colegios de abogados tanto de la capital como del sur, con sus nuevas comisiones directivas, para seguir en el análisis del proyecto tomando en cuenta los aportes que ellos han presentado en una reunión anterior”.
Vargas Aignasse remarcó que la Legislatura también escuchó la postura de los magistrados: “En el día de hoy la Presidencia de la Legislatura, a cargo de Sergio Mansilla, recibió a representantes de la Asociación de Magistrados, quienes vinieron a dar su opinión acerca de esta reforma integral. Hemos receptado todas estas inquietudes para poder conversarlas, debatirlas y buscar el consenso para la aprobación de esta modificación”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Sur, Eugenio Racedo, valoró el resultado de la reunión y destacó que algunas inquietudes planteadas por la institución fueron incorporadas al proyecto. “El balance es muy productivo. Nosotros teníamos una gran preocupación con respecto al primer proyecto de reforma, que pretendía unificar los juzgados de documentos y locaciones junto con el juzgado Civil y Comercial”, explicó.
Además, destacó la importancia de los espacios de diálogo institucional. “Agradecemos que se nos haya convocado. Somos quienes estamos día a día y utilizamos los centros judiciales, por eso consideramos muy importante poder participar de estas discusiones”, afirmó.
En representación del Colegio de Abogados de Tucumán, Pablo Lizondo también resaltó la apertura de la Legislatura al intercambio con los distintos actores del sistema judicial. “Entendemos que la reunión fue muy positiva. Esta serie de escuchas por parte de la Legislatura es muy importante. Los colegiados venían pidiendo que aunemos fuerzas con la Legislatura y que se nos escuche”, manifestó.
Lizondo señaló que el Colegio presentó un dictamen con observaciones y propuestas. “Se han receptado algunos puntos muy favorables, especialmente respecto a la competencia de los jueces de paz en materia de consumo”, indicó.
Finalmente, destacó el valor institucional de la convocatoria: “Lo positivo que nos llevamos es que la Legislatura nos abrió las puertas, nos está convocando y el Colegio vuelve a ser parte del desarrollo de las leyes y de la normativa. Venimos a traer la voz de los colegiados y agradecemos la recepción favorable que hemos tenido”.
