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Política

Procesaron a Macri y le prohibieron salir del país

La medida fue adoptada por el juez federal de Dolores, Martín Bava, quien además le trabó un embargo por 100 millones de pesos.

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El expresidente Mauricio Macri fue procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como «autor» de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

Tras analizar la prueba y tomarle declaración, Bava estimó que «prima facie» Macri es «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal».

El fallo también establece que el expresidente no podrá salir del país, medida que regirá cuando Macri regrese de un viaje que realizó a Chile, donde fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.

Además de sufrir un embargo en sus bienes de 100 millones de pesos, el exmandatario «no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal», establece el fallo.

El juez Bava, reiteradamente cuestionado por el mismo Macri y dirigentes de JxC, consideró que el exmandatario fue responsable de «haber posibilitado, generado las condiciones, acumulado información, hacer uso y no haber dispuesto el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520”, sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre diciembre del año 2017 y finales del año 2018.

“Esas acciones (de espionaje) buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”, señaló el juez en el fallo de 171 páginas al que Télam tuvo acceso.

Bava estimó que «prima facie» Macri es «penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal»

En la misma línea argumentativa, el magistrado federal subrayó que “todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”.

Para Bava, está demostrado en la investigación que “el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en conjunto con los jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, posibilitó, generó las condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de la realización de tareas de inteligencia expresamente prohibidas”.

Foto Fernando Gens Archivo

Foto: Fernando Gens. (Archivo)

La causa en la que este miércoles quedó procesado Macri se inició en septiembre del año pasado, a raíz de la denuncia de la titular de la Administración Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre la aparición de documentos en la delegación Mar del Plata que daban cuenta de espionaje ilegal sobre los familiares del ARA San Juan.

Por el mismo expediente, el juez federal procesó a principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados.

Ayer, dos ex jefes de Contrainteligencia de la AFI durante el Gobierno de Macri, también fueron procesados con embargos de 20 millones de pesos.

La defensa de Macri, encabezada por el ex fiscal Pablo Lanusse, sostuvo como estrategia que los documentos hallados eran producto de las tareas vinculadas a la seguridad presidencial y en este sentido pidió que el juez indagara a funcionarios vinculados a esas gestiones.

En este sentido, en los últimos días, ingresó al expediente la declaración testimonial escrita de Alejandro Guglielmi, quien se desempeñó como segundo jefe de la Casa Militar y jefe de la Agrupación Seguridad e Inteligencia de dicho organismo durante los años 2017 y 2018, el período comprendido por la investigación judicial.

Bajo juramento de decir la verdad, relató que, en forma previa a que el expresidente visitara algún lugar, la AFI entregaba a la Casa Militar «un informe socioambiental en soporte papel, que complementaba el informe previo del jefe del equipo de seguridad que concurría al evento».

El juez federal procesó a principios del mes pasado al ex titular de la AFI y a su segunda en la jerarquía, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros involucrados

La declaración de Guglielmi fue en la misma dirección que la del ex jefe de la Casa Militar, José Luis Yofre, quien dijo que ese “informe socioambiental” quedaba en la Casa de Gobierno y no en la AFI, y que contenía cuatro puntos: estado del clima, rutas de escape, hospitales públicos y privados y eventuales cortes de ruta que podían afectar el recorrido del presidente.

Según informaron a Télam fuentes de la causa, las explicaciones de los funcionarios de la Casa Militar no alcanzan para justificar la aparición de imágenes de familiares de tripulantes del submarino San Juan, ni su individualización, ni los informes sobre sus movimientos y reclamos, que forman parte de la denuncia.

Fuentes de la defensa del ex presidente aseguraron que apelarán el procesamiento, con lo cual será la Cámara Federal de Mar del Plata la que decidirá si Macri continúa o no procesado. /Télam/

Política

Jaldo sostuvo que acatará el fallo de la Corte sobre su reelección

El gobernador afirmó que esperará el pronunciamiento que tome la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por sectores de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución provincial. “Este gobernador no está aferrado a ningún sillón”, aseguró.

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El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al avance del tratamiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la presentación judicial que cuestiona su candidatura. Según consta en el sistema del Poder Judicial de la Nación, la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal solicitó este martes a la Procuración que se expida sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por sectores de la oposición.

El planteo apunta contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo provincial.

Consultado sobre el avance de la causa, Jaldo ratificó que aguardará la resolución de la Justicia nacional y aseguró que cumplirá lo que determine el máximo tribunal.

“Una vez que eso ya está en la Corte nacional, lo único que hacemos es esperar, con los tiempos que se tome la Corte y, fundamentalmente, el procurador en primera instancia. No hay duda de que los fallos o dictámenes que de allí se emanen nosotros los vamos a cumplir a rajatabla”, expresó.

En ese sentido, el mandatario descartó que su posición esté condicionada por la continuidad en el cargo y ratificó su disposición a respetar la decisión judicial.

“Este gobernador no está aferrado a ningún sillón y está muy preparado para gobernar cuatro años en la provincia de Tucumán. Me voy a allanar al fallo que salga de la Corte de la Nación”, concluyó.

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Política

Las comunas abren sus puertas para que 100.000 familias tucumanas accedan al subsidio de la luz

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

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Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior, Darío Monteros, y el secretario de Energía, Martín Viola, acordaron con los comisionados comunales convertir cada comuna en un centro de inscripción. El objetivo: que ningún tucumano que tenga derecho al beneficio se quede afuera. En esta primera reunión participaron todos los comisionados de la zona Oeste de la provincia.

El Gobierno de Tucumán sale a buscar, casa por casa, a las familias que todavía no se inscribieron en el subsidio nacional a la energía eléctrica. Las comunas del interior serán la puerta de entrada: allí los vecinos recibirán asesoramiento y acompañamiento para completar el trámite sin trasladarse a la Capital.

El beneficio es resultado directo de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. Junto a los gobernadores del Norte Grande, Tucumán logró que la Nación reconociera el impacto del calor extremo en las boletas de luz. Gracias a esa negociación, el consumo subsidiado en la provincia pasa de 150 a 300 kilovatios hora mensuales, y el beneficio alcanza a 366.000 hogares tucumanos.

 

Sin embargo, cerca de 100.000 hogares que podrían recibirlo todavía no completaron la inscripción. Para llegar a cada uno de ellos, el Ministerio del Interior reunió ayer a los intendentes del interior y hoy a los comisionados comunales. Mañana, viernes, los equipos municipales y comunales serán capacitados por el Ersept y la Secretaría de Energía para salir de inmediato al territorio.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos dio una instrucción clara: que el Estado vaya a buscar a cada vecino y que nadie se quede sin un beneficio que le corresponde. Este subsidio no cayó del cielo. Es fruto de la negociación que hizo el gobernador en el Congreso de la Nación, defendiendo a Tucumán y al Norte Grande. Ahora nos toca a nosotros, junto a intendentes y comisionados, llevarlo a cada casa. Son cerca de 100.000 familias, y vamos a ir a buscarlas una por una”, afirmó el ministro Darío Monteros.

 

“Muchos vecinos no tienen conectividad, no se animan a hacer el trámite en el celular o directamente no saben que les corresponde. Por eso es tan importante que la comuna, que es la puerta más cercana que tiene la gente, sea el lugar donde lo resuelvan”, agregó Monteros.

Por su parte, el secretario de Energía, Martín Viola, destacó el alcance del beneficio: “Son cerca de 100.000 usuarios que todavía no están inscriptos y que pueden gozar de este derecho. El beneficio llega a siete de cada diez de la provincia. Y cada peso que una familia ahorra en su boleta se queda en el pueblo: se vuelca en el almacén, en el comercio del barrio, en la economía de cada comuna. Por eso esta tarea es clave para el interior”.

¿Ya tengo el subsidio?

En la parte superior derecha de la factura de luz figura la identificación del subsidio nacional. Quienes ya lo tienen lo siguen recibiendo automáticamente y no necesitan hacer ningún trámite.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Los hogares cuyos ingresos no superen las tres canastas básicas totales, unos $4,9 millones mensuales.

¿Dónde y cómo?

  • En la comuna o municipio de residencia, con asistencia del personal capacitado
  • En argentina.gob.ar, sección Solicitar subsidios de luz y gas.
  • En el Ersept, Córdoba 560, San Miguel de Tucumán, de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 17.
  • Hay que tener a mano el DNI (con número de trámite) y una factura de luz, donde figura el número de usuario.

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Política

Disolución de obra social de las fuerzas armadas dejará unos 40 despidos y un tendal de afiliados

A partir del 30 de noviembre, cerca de 40 empleados quedarían sin trabajo en la provincia y más de 500.000 afiliados perderían su cobertura médica.

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El Gobierno de Javier Milei oficializó la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. El proceso quedó a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa, mientras que las funciones y la reestructuración operativa pasarían a la órbita de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

 

La medida incluye el cierre de delegaciones, farmacias, centros de auditoría y centros médicos en distintas provincias. Entre las sedes alcanzadas se mencionan el centro médico y las oficinas de Tucumán. El cese de actividades tendría como fecha límite el 30 de noviembre de 2026.

El plan también contempla despidos y la no renovación de contratos de más de mil trabajadores en todo el país, incluidos empleados con décadas de antigüedad. Frente a esa situación, representantes de ATE, trabajadores y afiliados realizan asambleas, sentadas y movilizaciones para rechazar los cierres y reclamar la reincorporación del personal.

Las protestas también expresan preocupación por la continuidad de las prestaciones médicas y la entrega de medicamentos. De acuerdo con los datos difundidos, el cambio alcanzaría a más de 500.000 afiliados en todo el país. Los reclamos apuntan a obtener garantías sobre la atención durante el proceso de liquidación y la reorganización de los servicios. /Los Primeros/

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