La investigación por presunta administración fraudulenta en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) sumó una medida clave: la Justicia ordenó el secuestro de teléfonos celulares vinculados a la causa, entre ellos el de Jorge Berreta.

La medida también alcanzó a Daniel Orell, ambos señalados en la denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone, quien cuestionó el manejo interno de recursos dentro de la entidad que nuclea a los empresarios del transporte.

Según la denuncia, habrían existido presuntas maniobras irregulares en la distribución de fondos y posibles beneficios indebidos dentro de la estructura de AETAT. A partir de esa presentación, la causa penal comenzó a avanzar con nuevas medidas de prueba.

El análisis de los dispositivos será central para la investigación. Los peritos buscarán mensajes, documentos, registros y otros elementos digitales que permitan confirmar o descartar las acusaciones formuladas.

En ese marco, se indicó que Berreta entregó voluntariamente su teléfono personal para ser peritado durante los procedimientos realizados en la sede de AETAT.

La causa está a cargo del fiscal Mariano Blanno, quien ya cuenta con material secuestrado en los allanamientos y ahora incorporará evidencia digital al expediente. El objetivo es reconstruir posibles circuitos de decisión internos y determinar si existieron maniobras compatibles con administración fraudulenta o estafas.

El caso profundiza la interna dentro del sector del transporte tucumano y podría derivar en nuevas medidas judiciales. Por el momento, la investigación avanza con cautela, aunque no se descarta que el expediente tenga consecuencias de alto impacto en la conducción de AETAT.

Después de veinte años de una instrucción accidentada y plagada de sospechas, el fiscal Carlos Sale solicitó en un duro alegato la pena de prisión perpetua para César Soto, ex pareja de Paulina Lebbos. El representante del Ministerio Público sostuvo la hipótesis de que el acusado la mató por estrangulamiento manual en la madrugada del 26 de febrero de 2006. Sin embargo, la última palabra la tendrá el tribunal, que en su sentencia del próximo martes 28 de abril podría convalidar el pedido o dictar la absolución si considera que las pruebas no alcanzan para quebrar el estado de inocencia.

Al mismo tiempo, la jornada marcó un giro que redefine el mapa de responsabilidades del debate: el fiscal decidió desistir de la acusación contra Sergio Kaleñuk. Argumentando «orfandad probatoria», Sale admitió que no existen elementos suficientes para vincular al hijo del fallecido ex secretario privado de la Gobernación con el homicidio o el posterior descarte del cuerpo.

Con el pedido de pena máxima sobre la mesa, la causa entra en su etapa de mayor suspenso. La defensa de Soto tendrá ahora su turno para subrayar las dudas que han persistido durante veinte años, buscando la absolución. Los jueces deberán deliberar si la cadena de indicios y el perfil trazado por los testigos alcanzan para sellar una condena de por vida, o si el caso Lebbos sumará, a más de dos décadas del crimen, un nuevo capítulo de incertidumbre judicial.