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La Policía recorre zonas rurales para prevenir delitos

Con la colaboración de diferentes divisiones de la Policía, se despliegan operativos preventivos en zonas rurales de la provincia.

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El Ministerio de Seguridad coordina reuniones con vecinos de de La Ramada de Abajo para escuchar sus inquietudes, tras la preocupación de la comunidad por el homicidio del productor rural, José Pepe Porcel.

“En la prevención de delitos en zonas rurales se viene trabajando con diferentes estrategias, que incluyen controles en rutas y caminos vecinales, con recorridos a caballo por zonas de difícil acceso. También, en el último periodo, se apuntó a intensificar las investigaciones de los tipos de delitos que se cometen en este contexto y que tienen sus particularidades específicas”, explicó el jefe de Policía Manuel Bernachi, sobre los operativos a cargo de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales en coordinación con las Unidades Regionales del Interior y la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Este sábado, los efectivos recorrieron la zona de La Ramada de Abajo, donde tuvo lugar el crimen del productor el viernes pasado y se entrevistaron con vecinos para coordinar una reunión que se concretará durante la semana para conversar sobre las inquietudes y necesidades de la gente.

Prevención y protección en el sur

En el marco de esos operativos, más de 60 efectivos de la Unidad Regional Sur, a cargo de Servando Burgos, recorrieron este fin de semana las localidades de Atahona, Los Sandovales, Ampata, San Pedro Martín, Villa Chicligasta, Paraje El Rodeo, La Florida, Los Mendoza, Monteagudo, Palomino y Arroyo Atahona.

El objetivo de este tipo de medidas es reforzar y acentuar la presencia policial en esas zonas rurales propiciando un acercamiento con la comunidad, como así también prevenir delitos, infracciones y actos de crueldad hacia animales. Los empleados policiales dialogaron con los vecinos y les entregaron folletería e información para poder contactarse rápidamente en caso de tener una emergencia.

Productores pecuarios de la regional facilitaron algunos caballos y camionetas a la Policía para realizar los recorridos, que además contaron con la colaboración de Sección Caballería Capital, Grupo de Contención Ciudadana Sur, Dirección de Delitos Rurales N°5, Policía Vial Sur, Patrulla Motorizada de Aguilares y Concepción, y efectivos de Jefatura de Zona II URS. Como resultado, fueron secuestrados cinco vehículos por infracción a la ley de Tránsito.

Caza ilegal

Por otro lado, recorridos preventivos realizados por Delitos Rurales en el departamento de Leales permitieron la identificación y aprehensión de dos personas que se encontraban violando la Ley 6.292 de Protección de la Flora y Fauna Silvestre.

Un hombre de 76 años fue aprehendido en la localidad de Cachillaco y se le secuestró una escopeta calibre 12 con 15 cartuchos. Mientras que en Puma Pozo fue aprehendido otro hombre, de 68 años, que también tenía en su poder una escopeta calibre 12 con 11 municiones. Ambos fueron puestos a disposición de la Dirección de Flora y Fauna Silveste y la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos (SAAYA).

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Avanza la investigación por el secuestro de 470 kilos de droga: detuvieron a un excandidato a concejal

El sospechoso, según confiaron fuentes judiciales y policiales, tenía una verdulería y había sido candidato a concejal de esa localidad.

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Con la detención de un habitante de Famaillá, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz avanza con la investigación del secuestro de 470 kilos de cocaína registrado el viernes pasado en el sureste tucumano. El sospechoso, según confiaron fuentes judiciales y policiales, tenía una verdulería y había sido candidato a concejal de esa localidad por el peronismo.

El viernes a la madrugada, personal de Gendarmería Nacional que realizaba tareas de control en la ruta 157, a la altura de Río Seco, detuvo una camioneta Toyota Hilux. Los gendarmes notaron que el conductor, al exigirle que se identificara y que mostrara la documentación del vehículo, se puso nervioso, por lo que decidieron revisar lo que llevaba en la caja.

Los uniformados corrieron la lona protectora y descubrieron que transportaba 15 bultos y dos bidones con combustible. Al abrir las bolsas de color verde, encontraron 449 ladrillos forrados con papel amarillo ocre que arrojaron un peso de 470 kilos de cocaína. La droga tenía el sello del delfín. El conductor, identificado como Marcos Martín Nacif (62), quedó detenido.

Primeros pasos

Desde ese día, Vehils Ruiz comenzó a indagar sobre el origen de esta carga -la segunda más importante en la historia del narcotráfico de Tucumán-, cuál era su destino y quiénes podrían haber estado detrás de esta operación.

Uno de los primeros detalles que surgió en la pesquisa es que el detenido, a pesar de que su apellido aparece escrito de manera distinta, sería pariente de Jorge “Pelaín” Nassif, un hombre que se encuentra detenido acusado de ser proveedor de droga de redes de narcomenudeo en el sur de la provincia y en Santiago del Estero.

Nacif es conocido en Famaillá por ser un empresario vinculado al transporte de pasajeros. No tiene antecedentes y tampoco actividad política conocida. Es la cabeza de una familia reconocida en esa ciudad y sus hijos son profesionales, por lo que causó sorpresa que haya quedado involucrado en el transporte de semejante cantidad de droga.

Sus allegados le dijeron que la camioneta en la que se movilizaba no era de su propiedad y que posiblemente haya sido contratado para realizar un traslado de mercadería. “Él conoce como nadie los caminos y las rutas de la zona”, sostuvo un vecino que, por cuestiones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva.

Los investigadores lograron averiguar quién podría haber sido la persona que lo contrató. Con esa información, personal de la comisaría de Famaillá, por orden de la Justicia Federal, detuvo a Rodrigo Cristian Chávez (47). En la llamada “capital de la empanada”, su arresto generó revuelo, pero no sorpresa. Todos los consultados dijeron que, de la noche a la mañana, inauguró una de las mayores verdulerías del municipio, que tiene la particularidad de estar abierta las 24 horas.

Además, en las últimas elecciones, ocupó el primer lugar en una lista del peronismo, pero opositora al “orellanismo”. “En Famaillá todos saltan de un lado a otro, según la conveniencia del momento”, sostuvo Mariano Ramírez.

Chávez fue dirigente de los hermanos Orellana y, entre 2015 y 2024, fue empleado municipal, o por lo menos eso surge al analizar sus antecedentes laborales. Las razones por las cuales dejó de ocupar ese cargo, por ahora, son todo un misterio. “Aquí todos pensaron que su negocio lo había hecho con la política, pero ahora parece que hay otras cosas”, añadió el hombre entrevistado.

Las autoridades están ahora tras los pasos de los posibles socios de Chávez. Según trascendió, están investigando a otro comerciante oriundo de esa ciudad que, según las primeras versiones, estaría vinculado a Nassif, el hombre que está detenido acusado de ser proveedor de sustancias.

También estaría en el radar de los pesquisas el supuesto titular de la camioneta. El hombre en cuestión viviría en Lomas de Tafí y también habría tenido aspiraciones políticas en el municipio donde reside.

El caso se registró en un contexto particular. No sólo porque Famaillá volvió a quedar en la mira de una investigación narco, sino porque, al día siguiente del secuestro récord, una joven fue hallada sin vida en un domicilio del barrio Nueva Baviera. Se investiga si la chica murió por una sobredosis de drogas durante una fiesta.

“Mientras nuestros jóvenes se mueren por consumir esa porquería, nuestra querida ciudad quedó otra vez expuesta por quienes se llenan de oro vendiéndola. Les imploro a las autoridades que hagan algo”, señaló una vecina de Famaillá.

Su reclamo resume el sentimiento que se instaló en la ciudad después del secuestro de los 470 kilos de cocaína y de la muerte de una joven en circunstancias que aún son investigadas. / La Gaceta

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Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para el hijo del Mono Ale por el tiroteo en una fiesta electrónica

El fiscal Mariano Fernández acusó a Facundo Ale por portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego

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La causa contra Juan Facundo Ale, Jorge González Anaya y Juan Nicolás Vargas continúa avanzando y, si no surge ningún inconveniente legal, los tres serán enjuiciados después de la feria judicial de julio por el tiroteo registrado el 21 de septiembre del año pasado en el salón La Foresta.

El fiscal Mariano Fernández acusó a González Anaya y a Vargas por portación ilegal de armas de guerra y anticipó que solicitará para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión. A Ale le atribuyó los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego, por lo que pedirá una condena de seis años y medio de prisión.

Según la acusación, durante la madrugada del 21 de septiembre se realizó una fiesta en La Foresta que se extendió hasta el mediodía. En el lugar se encontraban González Anaya y Vargas, quienes portaban armas de guerra sin autorización legal. Cerca de las 12, Ale llegó a bordo de un VW Passat, descendió del vehículo y comenzó a disparar contra ambos. González Anaya terminó herido en una pierna y Vargas respondió al ataque junto con González Anaya desde el interior del predio. Ale tampoco contaba con autorización para portar armas.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad que provoca conmoción no sólo entre las personas que se encontraban presentes, sino también en la sociedad”, sostuvo Fernández al fundamentar la elevación de la causa a juicio.

El fiscal agregó que se trató de “un caso de abuso y portación de armas” y señaló que la acción de Vargas, González Anaya y Ale se produjo “en el contexto de una fiesta electrónica en la que había numerosas personas”, lo que generó “una situación de riesgo evidente”.

Una de las pruebas consideradas más relevantes por la acusación es un informe elaborado por un especialista que, mediante un análisis comparativo de sonidos, concluyó que Facundo Ale habría utilizado un arma de alto calibre durante el enfrentamiento. El arma que habría usado nunca fue encontrada.

La investigación comenzó como una supuesta disputa por el control de la barra brava de San Martín, pero con el avance de la pesquisa surgieron indicios que apuntaban a un conflicto relacionado con el dominio territorial de actividades vinculadas al narcotráfico.

En el marco de la causa fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Casanova fue acusado inicialmente de haber participado en el tiroteo, pero luego fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en sus domicilios, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.

Tras el enfrentamiento, Ale huyó del lugar y no volvió a saberse de su automóvil. El vehículo reapareció cuando Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió en un accidente de tránsito en la zona norte de la capital. Los investigadores sospechan que Ale se lo habría entregado para que lo ocultara.

A González Anaya le revocaron el arresto domiciliario cuando la Policía encontró tres kilos de marihuana en la vivienda donde cumplía la medida cautelar.

Los defensores de los acusados cuestionaron sin éxito los procedimientos policiales que derivaron en las detenciones. Lobos fue quien más objetó el accionar de los uniformados. Sus familiares incluso realizaron una manifestación para exigir su liberación, al sostener que la droga hallada en su domicilio había sido plantada por efectivos policiales. Semanas después de ser arrestado, fue procesado por lavado de activos.

Ale es quien enfrenta el escenario judicial más complejo. En abril del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, por lo que, en caso de una eventual condena, ambas penas podrían ser unificadas.

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Procesaron a los imputados por una mortal persecución en Colalao del Valle

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, formalizó la investigación en contra de los acusados.

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Una camioneta que era perseguida por personal de Gendarmería colisionó con otro vehículo con ocupantes. Dos hombres fallecieron en el acto y un tercero sufrió lesiones. En la camioneta que intentó evadir los controles se hallaron 457 kilos de hojas de coca. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, formalizó la investigación en contra de los imputados.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, conducida por Gerardo Salas, quien fue representado por el auxiliar de fiscal César Larry, en la audiencia de control de las aprehensiones, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal.

En primer término, el representante del MPF solicitó que se declaren legales y legitimas las aprehensiones, detallado las circunstancias en las que se registraron las mismas. A continuación, la Fiscalía formuló cargos en contra de Julio Agustín Sosa, de 26 años, por los delitos calificados como desobediencia a la autoridad, en concurso real con homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo motor y agravado por haber ocasionado la muerte de más de una persona y lesiones culposas, en calidad de autor; en tanto, Jennifer Fernanda Mamaní, de 21 años, fue acusada como coautora del delito de desobediencia a la autoridad. Finalmente, la acusación pública solicitó respecto a Sosa la prisión preventiva por el plazo de un mes y para Mamani, medidas de menor intensidad. El juez interviniente resolvió hacer lugar a lo solicitado por parte del representante del Ministerio Fiscal.

El hecho

De acuerdo a la acusación, el 6 de junio pasado, a las 14:30 horas, en circunstancia que los acusados Sosa y Mamaní se desplazaban en una camioneta Ford Ranger por la ruta nacional 40, en jurisdicción de la localidad de Colalao del Valle, al advertir la presencia de un control vehicular afectada al Operativo Lapacho por parte de efectivos de Gendarmería Nacional, hicieron caso omiso a las claras señas de detención, decidiendo sustraerse deliberadamente al control de verificación por parte de las fuerzas de seguridad, continuando la marcha de vehículo y alejándose.

Asimismo, Sosa, para evadirse de Gendarmería, emprendió una conducción imprudente y temeraria circulando a elevada velocidad, manteniendo dicha conducta riesgosa para no ser identificado. En el marco de esa maniobra de fuga, al arribar a intersección de la ruta 40 con calle Ingeniero Orellana, realizó una maniobra abrupta invadiendo la línea de desplazamiento de una camioneta Chevrolet S10, provocando una colisión entre ambos rodados. Como consecuencia de su accionar se produjo el fallecimiento de Vidal Chauqui y de Jesús Horacio Cancino, y resultando lesionado Anacleto Suárez.

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