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Política

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y ahora la asamblea universitaria decidirá una salida electoral

El tribunal declaró inadmisible el planteo de nulidad promovido por la UNT contra la medida cautelar que había impedido la candidatura de Sergio Pagani a un nuevo mandato consecutivo como rector.

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La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán volvió a pronunciarse sobre el conflicto electoral que mantiene en vilo a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y dejó una definición con importantes consecuencias institucionales. En sus resoluciones, el tribunal declaró inadmisible el planteo de nulidad promovido por la UNT contra la medida cautelar que había impedido la candidatura de Sergio Pagani a un nuevo mandato consecutivo como rector; y, al mismo tiempo, rechazó la cautelar solicitada por los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Sara Luz Abdala para dejar sin efecto las resoluciones que postergaron la Asamblea Universitaria, con la salvedad de que ordenó a la Universidad adecuar el cronograma electoral conforme a los lineamientos fijados por el tribunal.

 

 

Origen del conflicto y medida cautelar

La disputa se inició cuando los decanos Cabrera y Abdala promovieron una acción declarativa de certeza para que la Justicia interpretara los alcances de los artículos 17 y 190 del Estatuto de la UNT, sosteniendo que Sergio Pagani no podía aspirar a un tercer mandato consecutivo como rector. Esa controversia motivó una medida cautelar de la Cámara que suspendió la candidatura del actual rector y alteró el tramo final del proceso electoral universitario.

 

Decisión sobre la nulidad y mantenimiento de la cautelar

En una de las resoluciones, la Cámara declaró “inadmisible” el planteo de nulidad presentado por la Universidad y resolvió además “no hacer lugar al levantamiento de la medida cautelar dispuesta en autos”. Con ello, el tribunal mantuvo la decisión que había frenado la postulación de Pagani, rechazando el intento de la UNT de revertirla por la vía de la nulidad.

 

 

Rechazo de la cautelar solicitada por los decanos y alcance del control judicial

La segunda resolución se centró en la controversia generada tras la readecuación del cronograma electoral y la postergación de la Asamblea Universitaria. Cabrera y Abdala habían pedido la nulidad de esos actos y reclamado una cautelar innovativa para suspender su ejecución, retrotraer el proceso y evitar la apertura de nuevas etapas o la recepción de nuevas fórmulas. La mayoría integrada por los camaristas Fernando Poviña, Patricia Moltini y Marina Cossio rechazó dicho pedido cautelar.

 

 

Los magistrados recordaron que los actos universitarios gozan de “presunción de legitimidad y ejecutoriedad” y subrayaron la necesidad de ejercer el control judicial con prudencia para no sustituir las decisiones de los órganos de gobierno universitarios. En ese sentido afirmaron que “el control judicial de la actividad universitaria no puede transformarse en una injerencia que sustituya el criterio de oportunidad y conveniencia de los órganos de gobierno locales en ejercicio de su autonomía”.

 

Precisión sobre la medida cautelar previa

Los jueces dedicaron apartados a precisar el alcance de la medida cautelar dictada el 15 de mayo, y puntualizaron que aquella resolución “no implicó en modo alguno una intromisión en el proceso eleccionario general ni una afectación a la autonomía universitaria”. Según la Sala, la orden judicial se limitó a impedir la candidatura de quienes estuvieran alcanzados por la prohibición estatutaria de un tercer mandato consecutivo: “La orden judicial no dispuso la paralización integral de las elecciones ni la exclusión generalizada de otros participantes”, sostuvieron.

 

 

Responsabilidad de la Universidad y origen de la alteración del proceso

En uno de los pasajes más contundentes del fallo, la mayoría rechazó la versión de la UNT según la cual la crisis electoral fue provocada por la intervención judicial. Por el contrario, los vocales consideraron que “la alteración del proceso eleccionario no encuentra su causa en la actuación del Poder Judicial de la Nación, sino en la conducta previa de las propias autoridades universitarias”. Agregaron que la “presentación y tolerancia inicial de una postulación que contrariaba sus propias cláusulas estatutarias generó la situación de conflicto y la posterior necesidad de intervención protectora por parte de la justicia”.

Interpretación del Estatuto sobre reelección

El tribunal ratificó asimismo su criterio respecto del artículo 17 del Estatuto universitario, recordando que las máximas autoridades ejecutivas “podrán ser reelectos o sucederse recíprocamente una sola vez” y que, luego de ello, sólo podrán volver a competir “con el intervalo de un período”.

Competencia de la UNT para adecuar el cronograma

Pese a declarar la vigencia de las resoluciones internas de la Junta Electoral y del Consejo Superior, la Cámara consideró que corresponde a la propia Universidad encauzar la finalización del trámite eleccionario: “la adecuación del cronograma y la finalización del trámite eleccionario es una carga exclusiva que la propia universidad debe afrontar y resolver conforme al estatuto vigente”. En consecuencia, rechazó la cautelar pedida por Cabrera y Abdala, pero dispuso que la UNT cumpla con la adecuación del cronograma electoral en atención a las resoluciones dictadas por su Junta Electoral en acatamiento de la medida cautelar anterior.

Voto concurrente y consecuencias institucionales

El camarista Mario Leal acompañó el resultado mediante un voto propio. Coincidió en que “corresponde a los órganos de gobierno de la UNT asumir la responsabilidad legal e institucional de encausar sus decisiones democráticas bajo el estricto respeto de su Estatuto” y sostuvo que la adecuación del cronograma es una competencia exclusiva de la Universidad. También avaló la conclusión de que las resoluciones internas mantienen vigencia y que la UNT debe cumplir con la readecuación electoral dispuesta por sus órganos competentes.

Escenario actual y próximos pasos

Las resoluciones conocidas dejan un panorama complejo para la UNT: la medida cautelar que impidió la candidatura de Sergio Pagani continúa vigente, la nulidad planteada por la Universidad fue desestimada y la Cámara revalidó que la prohibición de un tercer mandato consecutivo se encuentra respaldada por el Estatuto. Al mismo tiempo, el tribunal evitó intervenir en la organización concreta de los comicios y dejó en manos de las autoridades universitarias la responsabilidad de adecuar el cronograma y avanzar hacia la elección de un nuevo rector.

Con la Asamblea Universitaria convocada para el 10 de junio, las decisiones judiciales vuelven a colocar a la UNT frente al desafío de encontrar una salida institucional a uno de los conflictos electorales más trascendentes de su historia reciente.

Política

Jaldo se refirió a la demanda de la oposición: “El primer testigo que vamos a llamar es Juan Manzur»

«Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”, remarcó Jaldo.

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Durante una conferencia de prensa en la que rechazó la demanda de la oposición contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo también dirigió críticas al senador Juan Manzur y a otros dirigentes opositores. El mandatario sostuvo que la presentación judicial busca apartarlo de la competencia electoral de 2027 y afirmó que Manzur será convocado como testigo en el proceso.

Jaldo calificó la acción judicial como una maniobra política “para sacar de la cancha” a quien, según dijo, ganará las próximas elecciones. Al cerrar la conferencia, planteó: “En este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”.

Las críticas a la Convención Constituyente

Durante su exposición sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad, el gobernador cuestionó al senador, aunque en un primer momento no lo mencionó por su nombre. Lo acusó de objetar “a través de bambalinas” una disposición que, según Jaldo, Manzur había redactado en 2006, cuando presidió la Convención Constituyente que elaboró la actual Constitución provincial.

 

También se refirió al intento de Manzur de postularse como vicegobernador en 2023, después de haber cumplido dos períodos como gobernador y dos como vicegobernador. Jaldo sostuvo que esa candidatura habría buscado abrir paso a un nuevo mandato y afirmó: “Ha querido buscar un quinto mandato y la Constitución de Tucumán es muy clara: no se puede tener un quinto mandato en la provincia de Tucumán. Al Cañito se lo hicieron a él”.

El gobernador respondió a los cuestionamientos opositores

Al ser consultado sobre las objeciones planteadas por el presidente de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán; el diputado Mariano Campero, de Cambia Tucumán; otros sectores de la oposición y el propio Manzur, Jaldo distinguió entre las declaraciones públicas y la presentación judicial.

Sobre Catalán, expresó: “Lo escuché al candidato de LLA y lo he visto un poquito más ubicado que los que hicieron este tipo de presentación, ya que hacía referencia a que para impugnar a alguien hacía falta que concrete la candidatura. Eso se va a concretar el 9 de abril. Antes es imposible, es abstracto”.

Luego se refirió a Manzur, quien, según Jaldo, manifestó en afiches su intención de competir por la gobernación en 2027, aunque no lo hizo verbalmente. “En el caso del candidato Manzur, que no escuché que haya lanzado una candidatura, creo que apenas pega afiches, nada más. La verdad que en este juicio al primer testigo que vamos a llamar es a Juan Manzur”, dijo.

El gobernador argumentó que Manzur ejerció dos mandatos al frente de la provincia: el primero, tras ser elegido por primera vez, y el segundo, luego de la reelección prevista en el artículo 90. “Manzur tuvo dos mandatos de gobernador, que es lo que hoy se le quiere prohibir al gobernador Osvaldo Jaldo. Aspiro a una reelección, como la aspiró Manzur y llegó a ser gobernador por cuatro años más”, sostuvo.

Jaldo agregó que el senador será convocado cuando la Provincia sea notificada en el expediente. También recordó que Manzur presidió la Convención Constituyente y cuestionó su posición actual: “Es decir que él la hizo y ahora va en contra de lo que hizo. Bueno, estamos acostumbrados: nunca hizo las cosas bien. Pero también hay que aclarar: Manzur va a volver a declarar en la provincia de Tucumán. Y capaz que no solo volver sino también devolver. Así que él va a venir a la provincia de Tucumán”.

El cruce entre Jaldo y Manzur

La semana anterior, durante un acto por el Día de la Lealtad en Villa Luján, Manzur le había dicho al gobernador: “Jaldo, no te tengo miedo”. En esa ocasión, también respondió a una declaración previa de Jaldo, quien había afirmado que lo esperaba a él y a sus seguidores “el 9 de mayo de 2027 en las urnas”.

Manzur, por su parte, había expresado: “No me invite Jaldo a un lugar que no sabe si va a estar usted. Yo voy hasta el final y vamos a recuperar el peronismo para Tucumán”.

La respuesta a Campero

Jaldo también contestó a Campero, quien había afirmado que el gobernador “está flojo de papeles”. El mandatario rechazó esa caracterización y respondió: “Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles, sino que están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo porque saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando la provincia”.

Para concluir, sostuvo que la presentación judicial, a su entender, ratifica el resultado electoral que espera para 2027: “Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones del 9 de mayo”.

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Política

Reelección de Jaldo: «se quiere sacar de la cancha a un candidato” denunció el mandatario tras la demanda de la oposición

El gobernador se refirió al pedido de inconstitucionalidad promovido por sectores opositores sobre la reelección de autoridades provinciales. Ratificó que respetará el fallo judicial y aseguró que la norma es clara y vigente desde 2006.

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, respondió con dureza a la demanda presentada por cuatro partidos opositores ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar su eventual reelección. El mandatario defendió la vigencia de la Constitución provincial, rechazó los argumentos sobre una posible permanencia indefinida en el poder y desafió a sus adversarios de cara a las próximas elecciones.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, Jaldo sostuvo que el artículo 90 de la Constitución tucumana establece con claridad las condiciones para acceder a los cargos de gobernador y vicegobernador.

El mandatario recordó que la Carta Magna provincial tiene casi dos décadas de vigencia y que, durante ese período, los tres poderes del Estado desarrollaron sus funciones respetando sus disposiciones.

En ese sentido, aseguró que el artículo cuestionado está redactado “con total claridad” y “con total contundencia”, por lo que consideró que no admite interpretaciones diferentes.

Jaldo defendió el artículo 90 de la Constitución provincial

El gobernador sostuvo que las limitaciones de los mandatos se aplican a todos los cargos electivos de la provincia y negó que exista algún privilegio especial para el Poder Ejecutivo.

“Si nosotros nos ponemos en los diferentes cargos institucionales de la provincia, hoy con toda contundencia un comisionado comunal tiene derecho a un mandato y reelección. Si vamos a los intendentes, tienen el derecho a un mandato y a una reelección. Si vamos a los concejales y a los legisladores provinciales, también”, expresó.

Y agregó: “Acá no hay coronita para nadie ni privilegios absolutamente para nadie”.

La demanda opositora sostiene que el artículo 90 permitiría una continuidad prolongada en el poder mediante la alternancia entre los cargos de gobernador y vicegobernador.

Según ese planteo, una misma persona podría permanecer hasta 16 años consecutivos en los principales cargos del Poder Ejecutivo provincial.

Sin embargo, Jaldo rechazó esa interpretación y argumentó que se trata de funciones institucionales distintas.

“Hablan de 16 años y toman ocho años del vicegobernador y ocho años del gobernador. No sé con qué intención lo hacen cuando son diferentes cargos”, cuestionó.

El mandatario insistió en que las responsabilidades de ambos puestos no son equivalentes y apeló a una explicación sobre la división de poderes.

“Y esto es de instrucción cívica de un colegio secundario de segundo o tercer año: el Poder Legislativo es uno y el Poder Ejecutivo es otro. Por eso nunca pueden existir 16 años de mandato de nadie”, afirmó.

Fuertes críticas contra Mariano Campero y la oposición

Más allá de los argumentos constitucionales, Jaldo trasladó la discusión al terreno electoral y apuntó directamente contra el diputado nacional Mariano Campero, uno de los principales impulsores de la presentación judicial.

El gobernador sostuvo que la oposición busca impedir su candidatura porque considera que no tiene posibilidades de derrotarlo en las urnas.

“Con mucho respeto le digo que ellos no están flojos de papeles. Ellos están cortos de papeles y muy blanditos de cuerpo. Saben muy bien que en Tucumán, el 9 de mayo, el gobernador que hoy gobierna va a seguir gobernando”, disparó.

Jaldo interpretó que el planteo ante la Corte Suprema responde a una estrategia política destinada a excluirlo de la próxima competencia electoral.

“Con seis meses de anticipación, estos sectores de la oposición ya saben qué espacio político va a ganar el 9 de mayo. No hay otra explicación para este tipo de presentación”, aseguró.

En esa misma línea, afirmó que la demanda representa un reconocimiento anticipado de la fortaleza electoral del oficialismo.

“Esta presentación no hace más que reconocer y corroborar los resultados de las elecciones. Se quiere sacar de la cancha a un candidato, a quien tiene mayores posibilidades y va a ganar, que se llama Osvaldo Francisco Jaldo”, sostuvo.

La Provincia defenderá su posición ante la Corte Suprema

Durante la conferencia, el gobernador estuvo acompañado por la fiscal de Estado de Tucumán, Gilda Pedicone, quien confirmó que la Provincia fue notificada sobre la presentación judicial.

La demanda fue registrada bajo la carátula “Cambia Tucumán contra Superior Gobierno de la Provincia” y cuestiona la constitucionalidad del régimen de mandatos establecido en el artículo 90.

Pedicone adelantó que el Estado provincial responderá formalmente al planteo y defenderá la autonomía de Tucumán frente al máximo tribunal nacional.

“Defender esta causa no es una opción, es una obligación. Como fiscal de Estado tengo que ponerme en este rol para defender la autonomía provincial”, manifestó.

La funcionaria coincidió con Jaldo en que los cargos de gobernador y vicegobernador tienen atribuciones diferentes y deben analizarse de manera independiente.

En ese sentido, señaló que ambos puestos “son independientes uno de otro, con mandatos que corresponden cada uno a un plazo”.

La interpretación oficial sobre la candidatura de Jaldo

La fiscal de Estado también defendió la posibilidad de que Jaldo vuelva a presentarse como candidato a gobernador y aseguró que esa alternativa está contemplada expresamente en la Constitución provincial.

“El último párrafo del artículo 90 autoriza que quien haya sido vicegobernador puede postularse a ser gobernador, y de hecho el gobernador ejerce esa conducta”, explicó.

Y concluyó con una frase contundente: “Más claro, echale agua”.

De esta manera, el Gobierno tucumano dejó en claro que sostendrá la validez del artículo 90 y defenderá judicialmente la eventual candidatura de Jaldo.

La controversia quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras el oficialismo y la oposición profundizan sus diferencias de cara a las próximas elecciones provinciales.

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Política

Campero llevó a la Corte su impugnación contra la reelección de Jaldo: “Está flojo de papeles”, dijo

El diputado consideró que existen antecedentes judiciales en otras provincias que podrían respaldar el planteo y volvió a cuestionar la situación institucional de Tucumán

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El diputado nacional por Cambia Tucumán, Mariano Campero, presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia una impugnación contra el artículo 90 de la Constitución provincial, que regula las posibilidades de reelección para los cargos de gobernador y vicegobernador. El planteo apunta a cuestionar la norma en el marco de la discusión sobre una eventual continuidad de Osvaldo Jaldo al frente del Poder Ejecutivo.

“Vamos a objetar esa norma porque entendemos que es violenta y atenta y posterga a nuestra provincia”, sostuvo Campero al referirse a la presentación, que fue trabajada junto con un equipo de abogados encabezado por el legislador Manuel Courel y representantes de distintos espacios políticos.

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Campero sostuvo que la discusión excede la situación particular del gobernador y planteó que la seguridad jurídica es una condición necesaria para el desarrollo provincial. “Tucumán es una provincia con mucha inseguridad jurídica, en donde siempre estamos acostumbrados a que se haga lo que se quiera”, expresó.

Mariano Campero cuestionó la posibilidad de reelección de Osvaldo Jaldo y llevó el planteo ante la Corte de Tucumán.

“Todo esos problemas son virtud de un gobierno que viene hace muchos años dedicado exclusivamente al armado político y a ver cómo se perpetúan en el poder saltando de vicegobernador a gobernador”, cuestionó. /La Gaceta/

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