El Gobierno provincial a través del instrumento legal designó como normalizador a Guillermo Norry y convocó a elecciones municipales para los próximos meses, con el objetivo de restituir la plena normalidad institucional a través del voto popular.

Junto al mandatario tucumano, estaban presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; los ministros provinciales: Daniel Abad (Economía y Producción), Federico Masso (Desarrollo Social), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; Federico Nazur, secretario general de la Gobernación y Raúl Albarracín, secretario de Gobierno; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla y el legislador provincial, Gerónimo Vargas Aignasse.

En su presentación, Jaldo explicó: “este gobierno provincial es respetuoso de las instituciones. Respetamos el normal funcionamiento de las instituciones, siempre y cuando se cumplan con los objetivos y las metas que el ciudadano necesita y exige. Hoy estamos hablando de una decisión muy de fondo, una decisión casi extrema, como es intervenir un municipio…” donde, dijo, “…hemos venido observando la sumatoria de problemas de gestión de funcionamiento que el gobierno provincial ha venido solucionando, ya que es un municipio que está en el pacto social. Veníamos pagando los sueldos en tiempo y forma, por ahí veníamos también ayudando a prestar algún servicio. Es decir, que el Gobierno provincial ha venido colaborando y va a seguir colaborando con Alberdi como lo hace con todos los municipios”.

“Lamentablemente en esta ciudad, se han empezado a producir las sumatorias de hechos, algunos con denuncias judiciales, tanto en la justicia provincial como en la federal. Se han venido generando hechos ligados a delitos, a conflictos personales dentro del funcionamiento y de las autoridades. Fundamentalmente, y el que más nos preocupa, se han venido denunciando delitos que tienen que ver con el narcotráfico y la comercialización de sustancias tóxicas” y añadió: “si un objetivo nos hemos propuesto al comienzo de nuestra gestión, es la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo. Todos aquellos que comercializan sustancias tóxicas, que comercializan muerte, nosotros, con la Policía de Tucumán, con las leyes que nos da el Poder Legislativo, los capturamos y los ponemos a disposición de la justicia”.

Jaldo amplió: “como nunca sucedió antes, hoy tenemos más de 300 condenas por narcomenudeo. Y en la provincia nunca se había condenado una persona por el narcomenudeo. Primero, porque no había una ley, y segundo, no había una decisión política institucional. Al día de hoy ya hemos secuestrado casi la misma cantidad de sustancias tóxicas que en 2024. Tenemos personas condenadas, sustancias tóxicas secuestradas y además también tenemos permanentemente nuestras unidades de la Digedrop que manejan la inteligencia criminal permanentemente buscando a todas estas personas que le hacen tanto daño a nuestra gente”.

“El Gobierno de la provincia va a ir hasta el fondo. Va a hacer lo que deba hacer para que caigan los que deban caer. Aquí en Tucumán se acabó la impunidad y aquellos que anden en este tipo de delito, tarde o temprano van a ser capturados por la Policía, puesto a disposición de la justicia, tanto federal o provincial, de acuerdo a las cantidades, y van a ser detenidos, condenados y llevados a Benjamín Paz. Nadie tiene coronita en Tucumán”:

“Por eso es que hemos tomado esta decisión de intervenir los dos poderes municipales en la ciudad de Alberti. Ciudad que queremos tanto, que somos muy respetuosos de cada uno de los vecinos de esa jurisdicción que, cada vez que los visitamos, la verdad que todos nos reciben muy bien y no podíamos ver sufrir ni padecer. Y no es posible que unos cuantos tengan en vilo a toda una comunidad”, dijo.

“Estas denuncias de diferentes tipos de delitos se vinculan con algunas personas, funcionarios municipales o algunos allegados a funcionarios municipales. Nosotros le dimos tiempo para que las instituciones locales puedan de alguna manera solucionar el problema. Porque no nos olvidemos que el intendente tiene todas las facultades y nosotros con los intendentes venimos trabajando en equipo en toda la provincia. Y muchos intendentes, por no decir la mayoría, hicieron suya esta jurisdicción que es de la provincia, que es el área de seguridad. La mayoría de los intendentes nos ayudan a cuidar la seguridad en la provincia. Y se vienen complementando perfectamente con la Policía de Tucumán”, comentó.

El mandatario destacó que la política antinarcóticos es impulsada por los tres poderes del Estado provincial. “Por eso tampoco se puede generalizar una situación de esto. Esto es un tema puntual, en una ciudad puntual y es una decisión puntual que hoy estamos tomando. Nosotros dimos tiempo a que el intendente pueda solucionar su problema, dimos tiempo a que el organismo de control, que es el Concejo Deliberante, actúe y pueda también solucionar, mejorar y erradicar las cuestiones que permanentemente se denunciaban o se acusaban que tenían que ver con diferentes tipos de delitos. Fundamentalmente el que no vamos a perdonar jamás que el narcotráfico en ningún lugar de la provincia de Tucumán”, sostuvo y destacó el esfuerzo que se realiza para evitar el ingreso de sustancias a la provincia y su comercialización en suelo tucumano: “Como hoy lo demostramos en Alberdi, lo vamos a seguir haciendo en cada ciudad de Tucumán”.

Jaldo sostuvo que la intervención estaba en análisis desde hace tiempo y la decisión se evaluaban cuestiones legales, políticas y de diálogo interpoderes: “Se venía trabajando. Una medida extrema no es fácil tomarla. Hacen falta consultas legales y políticas, y hace falta también diálogo con otros poderes. A nosotros nos preocupa por sobre todas las cosas llevar tranquilidad a los vecinos de Alberdi. Uno conoce la provincia y uno sabe qué es lo que vivía el ciudadano. Como Gobierno provincial no podíamos saber lo que estaba pasando y mirar para otro lado, como ocurrió en otras oportunidades. Cuando se tratan delitos que rozan a funcionarios municipales, que tienen que ver con la venta y comercialización de drogas en la provincia y concretamente el Alberdi. No lo vamos a permitir en ningún lugar de Tucumán. Vamos a fondo, se acabó la impunidad en Tucumán”.

Sostuvo que en este momento están actuando la justicia provincial y federal: “Son ellos en definitiva quienes tienen la facultad de determinar no solo el delito, sino qué tipo de delito. Nosotros hemos cumplido con un rol que nos faculta la Constitución Provincial y la Ley de Municipalidades y hasta ahí llegamos. Toda la tarea investigativa con la colaboración de las fuerzas policiales provinciales… y si la justicia federal necesita colaboración de las fuerzas policiales también provinciales, también vamos a colaborar”.

En cuanto al interventor designado, Guillermo Norri, jaldo dijo: “es alguien que viene siendo parte del equipo de gobierno. Si bien tuvo actuación y trabajó en municipios del interior… está trabajando en el Subsidio de Salud como interventor. Es un profesional capaz, honorable y una persona de confianza. Nos hemos decidido por el tipo de personalidad, de confianza y de persona de bien que tiene el contador Norri. Y sabemos que en seis meses es mucha la tarea que tiene que hacer. Como así también se ha formado un equipo. No es únicamente el interventor. El interventor está acompañado por funcionarios en obras públicas, en gobierno, en acción social. Es decir, un gabinete muy pequeño, pero tratando de cubrir todas las áreas posibles”.

Apoyo legislativo

Por su parte, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, explicó que el DNU para la intervención de Alberdi ingresó hoy a primera hora a la Cámara. “Ese DNU será tratado el próximo jueves, ya di las instrucciones para que se haga la convocatoria a una sesión extraordinaria. No habrá labor parlamentaria y se convocará directamente a la sesión con el único tema a tratar. Además, tendré reunión con el cuerpo colegiado de legisladores, integrado por parlamentarios de distinto espacio político, y no habrá inconvenientes en el tratamiento y ratificación de este DNU. Mientras tanto, el DNU está vigente y cuando esté ratificado se transformará en ley”.

Espíritu jurídico de la medida

A su turno, la Fiscal de Estado Gilda Pedicone aseguró: “Me parece muy valioso que el gobernador (Jaldo) no quiera quedarse con un interventor a vivir en Alberdi sino que la gente elija y no es un dato menor que este en el DNU porqué al pueblo se le da la tranquilidad de una intervención que va a normalizar, restablecer, ordenar y gestionar esta transición con miras a la vuelta del ejercicio del voto popular por parte de los vecinos”.

En ese sentido, Pedicone explicó que “la Constitución provincial establece un plazo máximo de 180 días de intervención y la Ley Orgánica de Municipios refleja 30 días a partir de hoy y 120 días como máximo para llamar a elección en el municipio”.

Por estos plazos la Fiscal adelantó que “el gobernador esta evaluando en este año electoral si se inclina por la simultaneidad entre la elección a diputado nacionales el 26 de octubre y las locales en este caso de Alberdi”.

Para Pedicone “aquí se evaluó la enorme decisión de intervenir un municipio que tiene autoridades elegidas por el voto popular que mostro en este tiempo déficit que generó preocupación que la justicia deberá evaluar pero políticamente no debía haber un silencio por el poder ejecutivo y el legislativo”.

Consultada sobre el porqué de la intervención de los dos poderes del estado municipal indicó que “la figura que prevé la carta magna es la intervención y la ley orgánica autoriza a los dos podres a través del instrumento público y solo pide la convalidación del Poder Legislativo por lo cual se formuló la convocatorio”.