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Salud

Importante baja en la edad de los internados y alarma el contagio en los jóvenes

El promedio ahora es de 45 años en el sector público y de 55 años en el privado. Hay casos de chicos de 17 a 19 años con cuadros delicados.

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Durante e 2020 en las salas de internación general y en las de terapia intensiva se vivieron diferentes momentos de acuerdo a los vaivenes que impuso la pandemia. Y si bien siempre hubo personas jóvenes que necesitaron internación lo que están viendo los médicos en ese momento no se parece a lo que sucedió en la primera ola: en la última semana, sobre todo, están ingresando a sanatorios y hospitales adultos con Covid de 45 años promedio, en el sector público, y de 55 años, en el sector privado, según datos que registra Salud provincial. El año pasado la edad media más afectada estaba entre los 60 y 65 años. Los datos fueron corroborados por los médicos que asisten a diario a pacientes con cuadros moderados y severos.

Los especialistas admitieron que es lo que esperaban, aunque no dejaron de sentir preocupación por tener que internar en salas generales, pero también en terapia intensiva, a personas de 30, 40 o 50 años e incluso menos. Ayer, por ejemplo, permanecían internados 3 chicos, dos de 17 años y uno de 19, con diagnóstico de neumonía bilateral por Covid. Uno de ellos sin enfermedades previas registradas. También hay una mujer joven embarazada que está en terapia y que requirió ser intubada.

Otro dato que alarma a los profesionales de la región es la mala evolución que presentan en pocas horas algunos pacientes. Lo que pueda pasar en las próximas dos semanas, en cuanto a la ocupación de camas, mantiene a los médicos en alerta. Entre las similitudes del 2020 y lo que va del 2021 en relación a las hospitalizaciones aparecen las comorbilidades de quienes tienen peor pronóstico: obesidad, diabetes e hipertensión no controladas, problemas cardíacos o pulmonares crónicos se anotan entre la dolencias previas de quienes necesitan un respirador o pasan muchos días internados. También personas con inmunodeficiencias producto de tratamientos o patologías.

Jóvenes en cuidados críticos

«Ha bajado de 10 a 15 años el promedio de edad de los internados en esta segunda ola en relación a la primera», sostuvo, contundente, la médica Carolina Subirá, infectóloga de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Rosario y miembro del consejo técnico operativo de Covid-19 del Ministerio de Salud de Santa Fe.

La profesional, quien además coordina el área de Calidad y Seguridad del Paciente en Sanatorio Parque, dijo ayer a La Capital que «si se toman los últimos tres meses de internados en cuidados críticos vemos cómo viene descendiendo la edad: en febrero era de 65 años promedio, en marzo de 63 y en los primeros días de abril 58 años».

El panorama está cambiando: «Hay cuadros que evolucionan mal en forma rápida. Gente que de 6 a 48 horas desmejora y requiere un paso de su domicilio a internación general y de internación general a cuidados críticos y asistencia mecánica respiratoria».

Subirá mencionó que las complicaciones severas se ven en pacientes con obesidad e hipertensión, por ejemplo, pero también «en personas que no tienen antecedentes de problemas de salud, que son jóvenes, y al no tener la edad no tienen ni una dosis de vacuna».

La especialista dijo que lo que se está viendo en este aspecto en Rosario y zona (y en general en Santa Fe) coincide con los reportes a nivel nacional.

Posibles causas

Desde el Hospital Modular de Granadero Baigorria, el neumonólogo Octavio Fernández coincidió: «En los ingresos se nota que los pacientes afectados cambiaron su perfil en cuanto al grupo etario: son personas de alrededor de la cuarta década los que estamos internando».

«No debería sorprendernos demasiado teniendo en cuenta que era lo que se esperaba en relación a la primera ola porque en ese momento los más afectados fueron pacientes de más edad, con mayores comorbilidades, más vulnerables, y esos pacientes o ya tuvieron Covid y cuentan con alguna protección o han recibido al menos una dosis de vacuna», evaluó Fernández. Por lo tanto, dijo el médico, «los que no fueron tan afectados en la primera ola son los pertenecientes a este grupo, los que internamos ahora, de alrededor de los 40, 45 años». Agregó que no hay retrasos en las consultas y que los pacientes reaccionan bastante rápido ante síntomas de preocupación al igual que el sistema sanitario que les está dando el soporte necesario.

«Aunque es muy pronto, es posible pensar que este panorama cambiará también las características de los casos graves. De manera lenta y progresiva también va a bajar la tasa de letalidad porque si bien internamos a personas de mediana edad e incluso jóvenes no tienen la misma evolución que los adultos mayores y de hecho la mayoría de los contagiados en este grupo pasan el Covid de forma ambulatoria», indicó.

«Veo cantidad de personas que consultan por síntomas, pero que pueden transitar en su domicilio la enfermedad. Y por otro lado, no todos los que se internan terminan en un respirador ni todos los que necesitan un respirador se mueren», agregó Fernández.

Carolina Subirá, dijo, por su parte, que son varias las teorías que se manejan para poder explicar la baja en la edad de los internados en este momento. La médica señaló: «No hay certezas, lo que se está evaluando es si es efecto de la vacunación que protege a los que ya recibieron al menos una dosis _por eso no vemos casi internados mayores de 70_, si las personas que requieren hospitalización ahora (que tienen entre 30 y 50 años) se cuidan menos; si es porque tienen que salir sí o sí a trabajar y además son más susceptibles porque no tienen protección de vacuna o es algún cambio en cuanto a mutaciones del virus que los está afectando especialmente».

Los médicos hicieron mención al enorme trabajo que vienen realizando los equipos de Salud tanto en el sector público como privado. Saben que lo que se avecina no es fácil y aún con toda la experiencia de un largo año en los hombros admiten que el cansancio se siente.

«Las primeras líneas siguen poniendo cuerpo y alma como desde el primer día y por eso es tan importante reconocer lo que hacen. Necesitan mucho apoyo y el reconocimiento de todos», remarcó Fernández.

Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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