En los hogares pobres, el 70,5% de los ingresos totales provienen de ocupaciones laborales (sin incluir los planes de empleo), valor que resulta apenas inferior al del promedio de los hogares no pobres (73,0%).

Sin embargo, mientras que en los hogares pobres casi la mitad de los ingresos laborales provienen de ocupaciones informales (48%), en los hogares no pobres los ingresos de ocupaciones formales representan el 84% de los ingresos laborales. Dentro de los pobres, la participación de los ingresos laborales es más baja entre los indigentes, entre quienes además es mucho mayor el peso de las ocupaciones informales en la masa de ingresos laborales. En los no pobres, la mayor participación de los ingresos laborales se observa entre los sectores vulnerables (es decir, aquellos cuyos ingresos familiares se ubican apenas por encima de la línea de la pobreza), y el peso de las ocupaciones formales en el total del ingreso laboral se incrementa a medida que más arriba de la pirámide se ubica el hogar.

En contrapartida, los ingresos por transferencias directas no contributivas dirigidas a población vulnerable como la AUH, los planes de empleo (con contraprestación laboral) y de capacitación, las becas escolares, etc. representan solo el 9,3% de los ingresos de los hogares pobres: del total de estos ingresos, el 84% corresponden al ítem “ayuda social” donde el mayor aporte proviene de la AUH, el 12% a planes de empleo y el 4% a becas.

De esta manera, por cada ocho pesos de ingreso que los hogares pobres reciben por su trabajo, nos encontramos con apenas un peso proveniente de este tipo de transferencias.

Desde otro ángulo, mientras que el 85% de los pobres forman parte de hogares donde al menos uno de sus integrantes tiene ingresos laborales (valor casi idéntico al de los no pobres, 86%), apenas el 0,5% de los pobres integra hogares en el que todo el ingreso proviene de planes, AUH y similares.

En el caso de la población en hogares indigentes, la participación de estas transferencias en el total de la masa de ingresos alcanza al 25,2%, mientras que entre los pobres no indigentes cae al 7,9%. El peso relativo que los ingresos por estas transferencias tienen entre los indigentes no implica que sean sumas cuantiosas, sino, simplemente, a que sus ingresos originados en otras fuentes son exiguos: cada persona que integra hogares indigentes, en promedio y a precios de septiembre, recibe unos $550 mensuales por medio de estas transferencias, frente a los $3.600 que necesitaría para no ser indigente y a los cerca de $9.000 que requeriría para no ser pobre.

Cabe señalar que estas transferencias tienen distintos orígenes y objetivos. A diferencia del periodo transcurrido entre fines de los noventa y los primeros años del siglo, cuando la estrella eran los “planes de empleo”, actualmente la transferencia social directa cuantitativamente más importante es la AUH que está lejos de ser “un plan manejado por punteros”: constituyó una de las medidas de equiparación de derechos más importantes de las últimas décadas (los hijos de los trabajadores formales reciben ingresos por sus hijos por la vía de las asignaciones familiares o por la de deducción de ganancias) y, junto a las moratorias previsionales, fueron fundamentales para garantizar un piso mínimo de protección social que alcanza a casi todos los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores de nuestro país.

Por otro lado, en los hogares pobres los ingresos por jubilación o pensión ocupan el segundo lugar luego de los ingresos laborales, al igual que entre los no pobres. Pero mientras representan 15,2% del total de ingresos en hogares pobres, en el resto representan una proporción mayor, especialmente en los sectores acomodados (23,8%), donde también tienen un peso destacado los ingresos por rentas y alquileres (3,4%). Los ingresos monetarios por cuota alimentaria o ayuda de otros hogares están presente en todos los segmentos, pero en mayor medida en los hogares pobres, especialmente entre aquellos que se encuentran en la indigencia (5,6%).

Para el periodo analizado, los ingresos de los hogares pobres representaron, en promedio, el 62% de lo que hubieran requerido para alcanzar el umbral de la línea de la pobreza. Esto significa que tuvieron los recursos necesarios para afrontar solo 18 días y medio de los 30 días del mes: 13 días con ingresos provenientes del trabajo, apenas algo más de un día y medio con los ingresos por AUH, planes de empleo, etc., y los otros cuatro días con ingresos de otras fuentes no laborales, especialmente jubilaciones y pensiones.

Si los ingresos no alcanzan, ¿cómo (sobre)viven los pobres?

Al contemplar solo los ingresos monetarios, la medición de pobreza no toma en cuenta otros recursos a los que pueden echar mano los hogares para satisfacer sus necesidades ante la carencia de ingresos corrientes, como recibir ayuda en especies (alimentos sin cocinar o en comedores, ropa, etc.), descapitalizarse (gastar ahorros, vender pertenencias) o endeudarse (con otros hogares o bien con bancos o financieras).

No obstante, la EPH también nos aporta información sobre estas otras estrategias a las que recurren los hogares (en los tres meses previos). Si bien de manera menos precisa que la indagación exhaustiva por los ingresos, estos datos ofrecen pistas interesantes.

El 13% de las personas pobres integra hogares que declaran haber recibido mercadería (alimentos, ropas, etc.) de parte de instituciones estatales y no estatales o, en medida algo mayor, de parte de otros hogares, y esto adquiere especial relevancia entre los indigentes (17,8%). Sin embargo, esto no es privativo de los pobres: lo mismo se registra para el 5% de las personas no pobres, especialmente para los segmentos vulnerables y medios bajos.

Por otra parte, casi una tercera parte de los pobres se endeuda para solventar sus gastos, con bancos o financieras, pero especialmente con otras familias (una cuarta parte de la población indigente recibió préstamos de otros hogares). Entre los no pobres los préstamos recibidos de otros hogares decrecen a medida que aumenta el nivel de ingreso, pero esto no ocurre con los préstamos de bancos y financieras (sin incluir aquí las compras con tarjetas de crédito), que se mantiene en torno al 15% en todos los segmentos.

Finalmente, otras de las estrategias se vinculan a la descapitalización. El uso de ahorros para solventar gastos alcanza al 30% de todos los segmentos de hogares, lo que, al igual que el endeudamiento con bancos y financieras, puede ocultar fenómenos disímiles: mientras que para algunos es una acción obligada para la satisfacción de necesidades básicas, para otros el uso de ahorros bien podría destinarse al consumo de ciertos bienes (electrodomésticos, por ejemplo) o servicios (paseos, vacaciones) no esenciales, o bien para mantener un cierto nivel de vida en coyunturas en las que se contrae el poder adquisitivo. En cambio, la descapitalización por la vía de la venta de pertenencias sí muestra una mayor preponderancia entre los más desfavorecidos: la población en hogares pobres que recurrió a esta estrategia en los tres meses anteriores (12,5%) duplica a lo observado en la población de hogares no pobres (6,7%), y si se comparan los segmentos extremos, la venta de pertenencias resulta casi cinco veces más usual entre los indigentes que entre los sectores acomodados.

Cabe señalar que, tanto recibir mercaderías como préstamos de parte de otros hogares, constituyen un indicio de la importancia que tienen las redes de relaciones interpersonales en las estrategias de mitigación de la carestía de recursos corrientes por parte de los sectores más vulnerables. Pero, al igual que con la venta de pertenencias, se trata de estrategias que muy probablemente encuentren complicada su permanencia o eficacia en el tiempo cuando una crisis se amplifica y es duradera.

¿Qué pasaría si no existieran las transferencias sociales directas?

Si se decidiese eliminar todos los ingresos que los hogares reciben en concepto de AUH, planes de empleo, etc., la tasa de indigencia aumentaría entre 2,5 y 3 puntos porcentuales, en tanto que la de pobreza total subiría alrededor de un punto y medio. Esto muestra que las transferencias sociales directas tienen mayor eficacia para garantizar un pequeño ingreso estable a los indigentes y para evitar que una porción de los pobres no indigentes caigan en la indigencia, que para reducir la pobreza.

Para ponerlo en perspectiva, si bien un punto porcentual y medio equivale a casi 700 mil personas (extrapolando los datos de las grandes ciudades, que es lo que cubre la EPH, a todo el país), esta magnitud representa apenas una sexta parte del crecimiento experimentado por la tasa de pobreza entre la segunda parte de 2017 (25,7%) y la primera mitad de 2018 (35,4%).

En definitiva, dado el carácter apenas paliativo (aunque necesario, hiper progresivo y, en muchos casos, restitutivo de derechos) de las transferencias sociales directas, el combate a la pobreza (y a la desigualdad) no debe pasar por la estéril discusión sobre ellas, sino por cómo lograr reactivar el mercado de trabajo, para que bajen la desocupación y la informalidad, y se recupere el poder adquisitivo de los salarios.