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Salud

Contratos de las vacunas: los 22 millones de dosis contra el Covid que Argentina no recibió y cuánto costaron

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Contratos de las vacunas: los 22 millones de dosis contra el Covid que Argentina no recibió y cuánto costaron

Según publica Clarín Llegó al país el 28 por ciento de las vacunas que a esta altura estaban previstas, según datos a los que accedió Clarín de los contratos que firmó el Gobierno. De un cronograma de 12 entregas hasta julio, siete ya no se cumplieron.

Por: Pablo Sigal

El 30 de abril, ya se sabe, tendrá lugar una nueva frustración. En este caso con el laboratorio AstraZeneca, que se había comprometido a entregar antes de esa fecha, según el anexo del contrato que firmó con Argentina el 6 de noviembre, 4.040.000 vacunas contra el coronavirus. De esa manera, el país iba a sumar esas dosis a los 2.382.000 que también se esperaban para antes de fin de marzo. Nada de eso ocurrió.

Si esas previsiones contractuales más otras similares de los diferentes laboratorios proveedores se hubieran cumplido, la cantidad de inyecciones contra el Covid aplicadas hasta hoy en el país podría haber llegado a los 31 millones. En cambio, han arribado algo menos de 9 millones de dosis y, en el mejor de los casos, en plazos casi siempre fuera del cronograma. A la fecha hay un saldo negativo de 22 millones de unidades.

Esas dos entregas de AstraZeneca que no se produjeron se suman a otros cinco retrasos de las compañías farmacéuticas que negociaron con Argentina, según datos de los contratos a los que accedió Clarín. En total son cinco contratos, divididos en un total de 12 plazos de entrega: los últimos caducarán entre mayo y julio.

En el caso puntual de AstraZeneca, Argentina pagó el 60 por ciento de las vacunas por adelantado. Según pudo saber Clarín, los plazos acordados figuran en un anexo del documento, mientras que una de las cláusulas del cuerpo principal habla de que la provisión debe ocurrir dentro del “primer semestre de 2021”.

Esa supuesta “contradicción” podría ser usada como argumento para evitar que las demoras sean consideradas un incumplimiento del contrato ante un eventual reclamo. Aunque también es cierto que el anexo es parte del mismo escrito y que abunda en detalles sobre la generalidad de la cláusula.

Vacunas compradas por Argentina

De todos modos, es probable que si las entregas comienzan recién en mayo, como se prevé ahora, el punto del “primer semestre” (toda una novedad si se tiene en cuenta que el Gobierno siempre habló de un cronograma y generó expectativas) tampoco pueda ser cumplido antes del vencimiento para llegar a los 22,4 millones de vacunas comprometidas.

El contrato que firmó el país no dice que las vacunas adquiridas deban ser necesariamente las que se producen en la planta MabXience de Garín y se envasan en el laboratorio mexicano Liomont, con lo que AstraZeneca tendría la posibilidad de traer las dosis desde otro lugar del mundo.

Los problemas de abastecimiento abarcan también a la vacuna Sputnik V y a la de Sinopharm, que completan el tridente que eligió Argentina para poner en marcha, en diciembre de 2020, el Plan Nacional de Vacunación.

El único contrato que hasta ahora se respetó al pie de la letra fue el de las 580 mil dosis de la vacuna Covishield (versión india de la de AstraZeneca). Y las entregas del Fondo Covax se encuentran dentro de lo previsto: llegaron 1.082.000 dosis y hasta fines de mayo tienen tiempo de saldar el primer contrato por 1,9 millón de unidades. Luego se esperan nuevos contratos para llegar a los 9 millones de dosis que le encargó el país a ese mecanismo solidario.

Uno por uno

Según la información que surge de cada uno de los documentos, puede verse que el que más cerca estuvo de ser fiel al cronograma fue, inicialmente, Gamaleya, aunque con pocas dosis en juego.

La fecha acordada para la primera entrega era el 31 de diciembre. Debían llegar 300 mil dosis del componente uno y la misma cantidad del dos. El 24 de diciembre arribó la primera mitad; la segunda no lo hizo sino hasta el 16 de enero.

Aquel fue un momento clave para el Gobierno, que necesitaba mostrar su capacidad de empezar a vacunar a la población antes de fin de año, en momentos en que las críticas por el desacuerdo con Pfizer ya empezaban a sonar.

Lo positivo, si algo se puede rescatar, fue que entonces transcurrieron sólo 23 días entre el primer y el segundo envío de los rusos, con lo que la fidelidad al esquema de vacunación (primera y segunda dosis) quedó dentro del plazo recomendado por el laboratorio.

Luego, el escenario se complicó cada vez más. La curva de las demoras creció de forma exponencial. Se previó que Rusia entregaría hasta fines de enero otros cuatro millones de vacunas: dos millones del primer componente y dos millones del segundo. Ahí comenzó la cadena de decepciones.

Se sabe que las dificultades de producción ocurrieron sobre todo con la segunda dosis (que con esta vacuna en particular es diferente de la primera). En ese punto reside la mayor carga de la demora, aunque en rigor los retrasos  afectan al conjunto.

Finalmente, antes de fines de febrero estaba previsto que arribaran 15,4 millones de dosis más, divididos en partes iguales entre el primer y el segundo componente. La conclusión del vínculo con los rusos indica que de los 20 millones de dosis comprados han llegado 5,2 millones, en su mayoría correspondientes a la primera dosis. Por esas vacunas el país pautó un pago de 199 millones de dólares, a un precio de casi 10 dólares la unidad.

En cuanto a la vacuna de AstraZeneca, a las dos entregas pendientes hay que sumarles 4.040.000 dosis cuya fecha en el cronograma es fin de mayo; 3.451.000 de junio; y 8.518.000 más hasta el 31 de julio. En total, suman 22.431.000 dosis por un costo total de 89,6 millones de dólares. Es decir, 4 dólares la unidad.

Sobre la vacuna de Sinopharm se pactó una compra de 4 millones de dosis, de los cuales hasta ahora arribó en fecha sólo el primer millón de febrero. Los otros tres millones debían aterrizar antes de fin de marzo, pero Argentina pudo recibir apenas la tercera parte de ese remanente.

Los dos millones restantes llegarán, cuando lo hagan, fuera del calendario establecido. Se trata de la vacuna más cara, a un costo de 20 dólares la dosis, lo que implicó para el país un precio total de 80 millones de dólares.

Si bien en febrero se había anunciado que arribarían, en meses sucesivos, dos lotes de Covishield por 580 mil dosis cada uno, hasta ahora se conoce un solo contrato firmado por esas vacunas, cuya entrega se cumplió en el plazo firmado. Ni el Gobierno ni la empresa aclararon por ahora qué pasó con el segundo lote.

La gestión para que las Covishield llegaran fue del laboratorio AstraZeneca, como compensación al Gobierno por las dilaciones en los tiempos acordados con sus propias vacunas producidas en Argentina y envasadas en México. Como la de AstraZeneca, la Covishield tuvo un costo de 4 dólares por unidad y el total abonado fue de 2.320.000 dólares.

Por último, el primer contrato con el Fondo Covax por 1,9 millón de dosis, también de AstraZeneca, tuvo el mismo costo por unidad que el del contrato bilateral que el Gobierno firmó con el laboratorio: 4 dólares. El precio total en este caso es de 7,6 millones de dólares.

En suma, cuando las entregas de vacunas se completen en su totalidad Argentina deberá tener 48.955.000 dosis, por un costo de casi 379 millones de dólares. Hasta la fecha el país pudo recibir sólo 8.932.600 dosis, esto es el 28 por ciento de los aproximadamente 31 millones de unidades con las que ya debería haber contado.

Ese porcentaje, que mide la relación entre cantidad de vacunas recibidas versus compradas, es bajo. Casualidades de la pandemia, 28 por ciento es también el promedio del índice de positividad que hoy dan los testeos de Covid en el país. En este caso implica un valor muy alto: la variable crítica que, a falta de vacunas, se manifiesta en los partes diarios de contagios y muertes de esta segunda ola. (Clarín)

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Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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