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Policiales

Acusan por un robo con tentativa de homicidio al delincuente que hirió al menor que defendió a su mamá

El caso es investigado por el equipo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, a cargo de Pedro León Gallo. Se le atribuyó al delincuente otro hecho realizado el mismo día con iguales características. La prisión preventiva será por el plazo de 6 meses.

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Este miércoles 21 de abril, se llevó a cabo una audiencia de formalización de cargos y medidas de coerción contra el joven, de 19 años, imputado como coautor del ataque contra la integridad del menor que, permanece internado por una herida de bala, y había intentado defender a su madre de un robo en el barrio San Francisco.

Durante la audiencia, el juez validó el pedido del titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, Pedro León Gallo, quien le atribuyó la coautoría en dos hechos. La calificación legal provisoria es de “robo agravado por el empleo de arma de fuego (operativa) en concurso ideal con homicidio criminis causae en grado de tentativa”, respecto al primer hecho, en “concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego”, por el segundo suceso, ocurrido minutos después contra una mujer en calle Rufino al 1800, a la que también le robó un celular (ver abajo).

El Fiscal solicitó seis meses de prisión preventiva para avanzar en la etapa intermedia y posterior debate oral. “Por la magnitud y la complejidad, necesitamos este plazo”, alegó Gallo al tiempo que hizo mención a elementos de prueba que restan secuestrarse aún en el marco de la causa (el arma que se utilizó y la moto en el que se movilizaban), además de la cámara gesell para el menor, una vez que esté recuperado.

El juez consideró que el plazo resultaba razonable por las características del hecho, las causas pendientes y facilidades para mantenerse oculto, como vinculadas a la obstaculización de la investigación. Entre las evidencias, Gallo dijo que fue secuestrada una campera similar al que vestía el sujeto al momento del hecho (según los testimonios en el lugar y las cámaras); además incautaron cuatro celulares, uno de los cuales podría ser de la víctima. “No se trata solo de un robo con violencia, sino que dispararon con un desprecio hacia una zona vital y con el menor herido le sustrajeron el celular. Y después cometió otro con la misma modalidad”, expuso Gallo.

Debido al rol activo de la víctima en el nuevo Código Procesal Penal, el juez dio lugar a Lorena Sánchez, madre del menor herido, para que brinde unas palabras. “Solo un milagro hace que mi niño este ahora en terapia. Pido tiempo para que se recupere y pueda declarar”, señaló. “Vi cómo le dispararon a quemarropa con un desprecio por la vida. Nunca me resistí al robo, incluso, la moto estaba con la llave puesta”, detalló. También lo hizo la otra joven, quien sufrió seguidamente el robo de su celular. Finalmente, se dispuso el inmediato traslado a la Comisaría VIII, donde permanecerá detenido.

Se informó que a la víctima se le deberá practicar una intervención quirúrgica debido a que la bala se encuentra alojada en la columna.

Los hechos que se le atribuyen

El primer hecho imputado al delincuente ocurrió el sábado 17 de abril, a las 9.30 horas, en circunstancias que la señora Lorena Sánchez se hacía presente junto con su hijo en la Fundación «Brindar más», que se ubica en Pasaje León 13, intersección con calle Torres Posse altura 1800, en el barrio San Francisco. El menor víctima descendió de su moto Honda We,i en la cual habían llegado, y se dirigió hasta la puerta del establecimiento a los fines de entregar una bolsa con ropa para donar. Mientras su madre estaba por descender del rodado, estacionado frente al inmueble, fue interceptada por una motocicleta de color oscuro, tipo Honda Titán CG 150, conducida por un sujeto no identificado, que estacionó al frente y de la cual descendió el imputado. El individuo arremetió violentamente en contra de la madre y la abordó esgrimiendo un arma de fuego, a los fines de sustraerle una mochila que se encontraba sujeta a la moto. Ante esta situación, el menor intentó defenderla, pero el delincuente sin mediar palabras y con el claro propósito de causarle la muerte efectuó un disparo ocasionándole una herida en el tórax, por lo que el menor cayó al piso y es inmediatamente socorrido por su madre. Seguidamente, el ladrón aprovechó para sustraerle el celular, subiendo a la motocicleta en la cual se encontraba su cómplice, el otro sujeto no identificado, para darse a la fuga por el pasaje León 13 en dirección a calle Rufino Cossio.
El segundo hecho investigado sucedió el mismo día, a las 9.35 horas aproximadamente, en circunstancias que una joven se encontraba en la vereda de intersección de calle Vicente Gallo e Inca Garcilaso cuando fue abordada por el imputado y un masculino desconocido, quienes se movilizaban en una motocicleta oscura y de la cual descendió el encausado esgrimiendo un arma de fuego con la cual amenazó a la mujer para sustraerle el teléfono, logrando apoderarse del mismo.

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Detuvieron a dos nuevos sospechosos por los 470 kilos de cocaína secuestrados en Río Seco

La detención de Enrique Santos Catulo, vinculado con el Clan Ale, derivó en el allanamiento y la clausura de la agencia de venta de automotores ubicada en la calle San Martín al 1.000.

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La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en la ruta nacional 157, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico tucumano, sumó en las últimas horas dos nuevos detenidos y amplió el entramado de vínculos que analiza la Justicia Federal. Los arrestos fueron concretados por personal de Gendarmería Nacional durante una serie de allanamientos realizados en San Miguel de Tucumán y Famaillá, en el marco de una causa que ya cuenta con varios imputados y que apunta a desentrañar una posible estructura dedicada al tráfico y eventual lavado de activos.

Uno de los nuevos detenidos es Enrique Santos Catulo, quien había sido condenado en 2017 durante el juicio contra el denominado clan Ale por integrar una asociación ilícita destinada al lavado de dinero proveniente de diversas actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico. También fue arrestado su hijo, Ernesto Catulo Chamas, cuyo nombre ya había surgido durante aquel proceso judicial aunque nunca llegó a ser imputado.

La causa se inició el viernes 5 de junio cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta durante un control de rutina sobre la ruta 157, a la altura de Río Seco. El conductor, Marcos Nacif, mostró signos de nerviosismo, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Al revisar la carga, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en el rodado, dando origen a una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en la provincia.

A partir de ese hallazgo, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz encabezó una pesquisa que rápidamente derivó en nuevas detenciones. Días después fue arrestado Rodrigo “Icha” Chávez, ex candidato a concejal de Famaillá y propietario de una reconocida verdulería de esa ciudad. Posteriormente, el empresario famaillense Pablo Abraham se presentó voluntariamente ante la Justicia al tomar conocimiento de que existía una orden de captura en su contra.

Durante las indagatorias, Nacif sostuvo que había sido contratado para realizar un traslado, aunque aseguró desconocer qué transportaba. El acusado es tío de Jorge “Pelaín” Nassif, actualmente detenido en otra causa donde está imputado por presuntamente abastecer de drogas a puntos de venta ubicados en el sur tucumano y en Termas de Río Hondo.

Por su parte, Chávez rechazó cualquier vinculación con la operación investigada. Según explicó su abogado defensor, Benito Allende, reconoció que la camioneta utilizada para trasladar la droga había sido de su propiedad, pero afirmó que la había entregado a Abraham como parte de pago por otro vehículo similar y que nunca completó los trámites de transferencia.

Abraham, asistido legalmente por Ernesto García Biagosch, optó por abstenerse de declarar hasta conocer el contenido de las pruebas reunidas en su contra.

Mientras avanzaba la investigación, el fiscal Vehils Ruiz ordenó una serie de procedimientos simultáneos. El domingo por la noche se realizaron dos allanamientos en Famaillá: uno en un local gastronómico y boliche vinculado a Abraham y otro en un galpón perteneciente a su empresa de transporte. En ambos lugares se secuestraron computadoras y documentación considerada relevante para la causa, aunque no se encontraron armas ni sustancias prohibidas.

Las medidas continuaron al día siguiente con nuevos operativos. Uno de ellos se desarrolló en una concesionaria ubicada sobre calle San Martín al 1.000, en la capital tucumana. Allí los investigadores secuestraron un teléfono celular, un vehículo y realizaron un inventario de los 15 automóviles existentes en el predio. Además, la concesionaria quedó clausurada por disposición judicial.

Durante ese procedimiento fue detenido Enrique Santos Catulo. Según surge de la sentencia dictada en 2017 contra el clan Ale, Catulo utilizaba esa concesionaria para canalizar y justificar ingresos provenientes de la organización liderada por Ángel “El Mono” Ale y Rubén “La Chancha” Ale.

En paralelo, Gendarmería allanó un departamento ubicado sobre calle Balcarce al 600, en pleno barrio Norte. En ese lugar se secuestraron un vehículo, cheques de distintos montos y documentación considerada de interés para la investigación. Allí fue detenido Ernesto Catulo Chamas.

Fuentes judiciales también confirmaron la realización de otros dos procedimientos: uno en un inmueble ubicado sobre calle San Juan al 1.300, en San Miguel de Tucumán, y otro en un local emplazado sobre la ruta 301, en Famaillá, que estaría relacionado con Abraham. Ambos operativos finalizaron sin resultados relevantes para la causa.

A menos de dos semanas del inicio de la investigación, los interrogantes siguen siendo numerosos. Los investigadores intentan determinar si la droga llegó efectivamente por vía aérea y cuál era el destino final del cargamento. También buscan establecer quiénes eran los verdaderos propietarios de la cocaína y cuál era el rol específico de cada uno de los involucrados.

Uno de los elementos que más llama la atención de los pesquisas es la reiterada aparición de concesionarias de automóviles y operaciones vinculadas a la compraventa de vehículos. Jorge “Pelaín” Nassif había manifestado durante un juicio realizado años atrás que se dedicaba a esa actividad. Chávez sostuvo que Abraham también operaba en ese rubro. Ahora, padre e hijo Catulo aparecen igualmente relacionados con el negocio automotor.

Esa coincidencia llevó a los investigadores a profundizar el análisis sobre la posible utilización de concesionarias, empresas y emprendimientos comerciales como mecanismos para justificar movimientos económicos y eventualmente blanquear fondos provenientes del narcotráfico.

Por el momento, la Justicia Federal no descarta ninguna hipótesis. Lo que comenzó con un procedimiento rutinario sobre una ruta del este tucumano se transformó en una compleja investigación que cada día incorpora nuevos protagonistas, amplía la red de relaciones bajo sospecha y expone posibles conexiones entre el tráfico de drogas, los negocios privados y el movimiento de importantes sumas de dinero.

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Femicidio de Cynthia Lazarte: el acusado había salido de la cárcel hace 40 días tras cumplir una condena por abuso

Roberto Fuentes, de 39 años, había estado preso seis años por ese delito. La víctima era conocida en el barrio como “La Piba”: vivía en situación de calle, se movilizaba con muletas y el viernes la esperaban para festejarle el cumpleaños a su madre.

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Roberto Fuentes tenía apenas 40 días de libertad cuando fue detenido acusado de asesinar a Cynthia Verónica Lazarte. El hombre de 39 años había cumplido una condena de seis años por abuso sexual y su regreso a las calles terminó con el cuarto femicidio registrado en Tucumán en lo que va del año.

 

La víctima, de 41 años y conocida en el barrio como «La Piba», vivía en situación de calle desde hacía años. Madre de cuatro hijos, arrastraba problemas de adicción desde los 15 y se desplazaba con muletas tras perder el pie derecho y tres dedos del izquierdo en un accidente. Habitualmente recorría el este de la capital pidiendo ayuda o limosna.

El último viernes de su vida

Quienes la conocían recuerdan que ese viernes estaba contenta. Había logrado bañarse y sus sobrinas la esperaban para pasar la noche juntas. Pero algo ocurrió en el medio. Durante la tarde, Cynthia le mostró a una conocida la fotografía de un «hombre malo» que, según decía, la perseguía. La imagen mostraba a una persona de espaldas que no pudo ser identificada.

 

Pasada la 1 del sábado, vecinos llamaron al 911 para reportar un auto en llamas en Francia al 1.100. Cuando los efectivos llegaron, encontraron un cuerpo en el interior. Las cámaras de seguridad permitieron establecer que la última persona que había estado con ella era Fuentes, quien fue detenido horas después en su vivienda de Lola Mora al 100.

Un crimen brutal

Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar fiscal Lucas Maggio detalló la brutalidad del ataque: Lazarte fue golpeada con un objeto contundente, sufrió heridas cortantes en distintas partes del cuerpo y fue estrangulada con un cable negro. Tras asesinarla, el acusado roció el cuerpo con un líquido inflamable e intentó incendiarlo para eliminar evidencias. Los investigadores determinaron que la víctima ya había fallecido cuando comenzó el fuego, dado que no se hallaron restos de hollín en sus vías respiratorias. Las muestras recolectadas también serán analizadas para determinar si fue víctima de un abuso sexual.

 

El acusado presentaba además lesiones y escoriaciones en el cuello y el tórax, marcas que los peritos atribuyen a un intento desesperado de Cynthia por defenderse.

La jueza María Alejandra Balcázar ordenó seis meses de prisión preventiva y advirtió que, de ser hallado culpable, Fuentes podría recibir prisión perpetua«Hay que garantizar el proceso. Existe riesgo de fuga y también de entorpecimiento de la investigación mediante posibles influencias sobre testigos que aún deben declarar», fundamentó.

«Tuvo una vida muy difícil»

El femicidio generó una profunda conmoción en el barrio. Juan Carlos García, quien la conocía, trazó un retrato doloroso: «Cynthia no tenía maldad. Sólo se ponía agresiva cuando atravesaba cuadros de abstinencia. Era una mujer vulnerable por donde se la mirara: por su condición de mujer, por sus problemas de consumo y por su discapacidad. Le sacaban las muletas y directamente no podía moverse».

Juana de Jiménez, vecina de la zona, también expresó su indignación al conocer el pasado del acusado: «Ahora me entero de que el hombre acusado de matarla había estado preso por abuso sexual. Espero que esta vez la Justicia tenga en cuenta quién es y la gravedad de lo ocurrido«.

La vecina María Victoria Reyna pidió que no se responsabilice a la familia de la víctima: «Me consta que buscaron mil maneras de sacarla de la calle. A veces lo conseguían, pero siempre volvía por culpa de las adicciones. Sé que el viernes la estaban esperando en la casa de su madre para festejarle el cumpleaños».

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Un hombre murió tras recibir un puñetazo en Villa Carmela: el agresor de 25 años quedó detenido

El hecho ocurrió este lunes feriado a la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

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Un hombre de 40 años falleció este lunes 15 de junio en Villa Carmela luego de una violenta discusión que terminó con una agresión física. El principal sospechoso, un joven de 25 años conocido como “Choclito”, fue aprehendido horas después y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas investigativas para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, encabezada por el fiscal Carlos Sale, quien se trasladó personalmente al lugar para supervisar las primeras actuaciones y coordinar el trabajo de los equipos técnicos.

La víctima fue identificada como Carlos Ezequiel Romano Hardoy, de 40 años y con domicilio en Tafí Viejo. Según las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores, cerca del mediodía Romano Hardoy llegó a bordo de un automóvil al asentamiento El Triángulo I, ubicado en Villa Carmela, sobre la vera de la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5.

De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Fiscalía, al descender del vehículo e ingresar por un pasillo desde la ruta, se encontró con Antonio “Choclito” Carrizo, de 25 años. En ese contexto se habría originado una discusión entre ambos que derivó en una agresión física.

Los investigadores sostienen que Carrizo le habría propinado un puñetazo en el rostro a Romano Hardoy. Como consecuencia del golpe, la víctima cayó al suelo y quedó tendida en el lugar.

La secuencia fue observada por una testigo que alertó de inmediato a las autoridades. Tras el llamado, efectivos policiales y personal del Sistema de Emergencias 107 acudieron al sector. Sin embargo, al arribar constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Luego del episodio, el acusado se dio a la fuga, aunque fue localizado y aprehendido posteriormente por personal policial. Quedó bajo custodia mientras la Fiscalía reúne pruebas para avanzar con la imputación correspondiente.

Por disposición del fiscal Sale, trabajaron en la escena especialistas de distintas áreas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron un relevamiento integral del lugar, levantaron rastros y recolectaron evidencias que permitan reconstruir con exactitud la mecánica del hecho.

En las primeras horas de la investigación se descartó la utilización de armas de fuego o armas blancas, por lo que toda la pesquisa se concentra en determinar si el golpe recibido por la víctima fue la causa directa del fallecimiento o si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal.

Las autoridades judiciales adelantaron que en las próximas horas se practicará la autopsia al cuerpo de Romano Hardoy, una medida considerada clave para establecer científicamente la causa de muerte y definir la situación procesal del acusado.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa tomando declaraciones testimoniales y analizando los distintos elementos incorporados al expediente para esclarecer completamente las circunstancias que derivaron en el trágico episodio ocurrido durante el feriado en Villa Carmela.

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