El Ministerio de Defensa reconoció la profunda crisis salarial de los militares y habilitó, por primera vez en la historia, que los integrantes de las Fuerzas Armadas tengan un segundo empleo para compensar la fuerte caída de sus ingresos.

La decisión significa un blanqueo del reclamo que vienen planteando los uniformados desde que la gestión de Javier Milei frenó la jerarquización salarial impulsada por la administración anterior (a cargo de Sergio Massa), cuyo objetivo era equiparar los sueldos militares con los de las fuerzas de seguridad policiales.

Según publicó el medio especializado Gestión Sindical, la nueva disposición establece que los efectivos podrán desempeñar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio. La medida alcanza a soldados, suboficiales y oficiales, quienes a partir de ahora podrán trabajar legalmente en el sector privado para engrosar sus ingresos mensuales.

Entre las actividades expresamente permitidas se destacan:

• Empleos vinculados a plataformas de transporte (como Uber, Cabify o Didi).
• Aplicaciones de reparto y delivery.
• Servicios de seguridad privada.
• Otras ocupaciones que sean compatibles con la función militar.

De esta manera, quienes tienen la altísima responsabilidad de custodiar la defensa nacional podrán desempeñarse como choferes, repartidores o vigiladores, una práctica que en los hechos ya ocurría en la informalidad debido a que los salarios castrenses quedaron fuertemente rezagados.

El Gobierno presentó esta medida bajo una narrativa relacionada con la «ampliación de libertades». Sin embargo, el trasfondo expone una situación dramática en los cuarteles que combina el ajuste salarial, la falta de presupuesto para equipamiento y las graves deficiencias en la cobertura médica.

Un dato revelador marca la gravedad del escenario: desde que asumió el actual Gobierno, el sueldo castrense perdió más del 80% en relación con la inflación acumulada, lo que implica que el salario real hoy es un 25% más bajo que en diciembre de 2023.

Fuga de cerebros: el riesgo de perder profesionales calificados

Esta habilitación al pluriempleo militar expone un problema aún mayor para el Estado: la dificultad de retener personal altamente calificado. Muchos de los efectivos que ahora deberán recurrir a una aplicación de viajes o a una garita de seguridad cuentan con años de rigurosa formación en logística, inteligencia, comunicaciones, operaciones tácticas, defensa territorial y conducción estratégica.

Hoy en día, pilotos, ingenieros, médicos, especialistas en comunicaciones y técnicos de alta complejidad encabezan la lista de los perfiles más difíciles de sostener dentro de las filas de las Fuerzas Armadas.

Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Lo hizo el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Este esquema permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, y será un factor determinante en la investigación criminal por presunto enriquecimiento ilícito que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.

Sinceramiento y contraste con el discurso oficial

La Ley 27.799 funciona como un mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris. Quien se acoge evita sanciones, aunque debe regularizar sus declaraciones. En el caso de Angeletti, la adhesión al régimen y su formalización simultánea en Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena.

El desfase temporal es sustancial: Angeletti figura registrada como trabajadora autónoma desde abril de 2017 y se desempeñó durante años como monotributista. Sin embargo, no formalizó su inscripción en IVA ni en Ganancias hasta octubre de 2025, casi ocho años después, cuando Adorni ya era funcionario de primera línea y ambos integraban la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).

Dudas en la Justicia y secreto fiscal

Para los investigadores judiciales, la decisión de Angeletti abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, en tanto esperan la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete.

De acuerdo con la ARCA, Angeletti se encuentra categorizada como autónoma T2 y presentó la solicitud el 31 de mayo. Pero la constancia no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados. Esa información permanece bajo secreto fiscal.

Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria, a presiones mediáticas o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni. Ante las consultas periodísticas sobre la situación fiscal de su esposa, el jefe de Gabinete evitó hacer comentarios.

Los millonarios bienes y gastos que investiga la Justicia

El domicilio fiscal declarado por Angeletti ante la ARCA es un departamento en la Avenida Asamblea al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del inmueble que habitaba el matrimonio antes de su explosivo crecimiento patrimonial, el cual es investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

En ese expediente, se analizan compras y erogaciones multimillonarias que no coinciden con sus ingresos formales:

• Departamento en Caballito (2025): pagaron US$30.000 en efectivo y tomaron una inusual hipoteca «sin intereses» de US$200.000 otorgada por las vendedoras (dos jubiladas).
• Casa en el country Golf Club Indio Cua (2024): valuada en US$120.000. Pagaron US$20.000 en efectivo y tomaron una hipoteca por US$100.000 con una policía retirada y su hija. Aún deben US$70.000. El ingreso al country insumió otros US$5.000.
• Refacciones en negro: el contratista Matías Tabar declaró que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo, y sin facturar, por remodelar la casa del country.
• Deuda personal: el desarrollador inmobiliario Pablo Martín Feijoo declaró que Adorni mantiene una deuda de US$65.000 por un «acuerdo de palabra».
• Viajes al exterior: gastos por US$27.658 en viajes familiares a Aruba, Punta del Este y España, más otros US$6.000 en Bariloche.

El dato más alarmante del expediente judicial revela que Adorni y Angeletti acumularon consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito solo durante 2025 (a un promedio de $7,1 millones por mes). Todo esto ocurrió en momentos en que el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y ella aún figuraba como simple monotributista.

Un informe técnico elaborado por un área especializada en cibercrimen de la Policía Federal sumó nuevos elementos a la investigación judicial sobre la criptomoneda $LIBRA y puso en duda una de las principales explicaciones que había dado el presidente Javier Milei tras el escándalo.

El documento, que ya fue incorporado al expediente, sostiene que al momento de su lanzamiento la criptomoneda no estaba disponible en plataformas centralizadas de compra y que existía un único actor con el «control primario absoluto» de los mil millones de tokens creados.

El dato adquiere relevancia porque Milei había asegurado públicamente que promocionó una moneda que era «pública». Sin embargo, el informe señala que cuando el Presidente compartió en sus redes sociales el código necesario para acceder al activo digital, este todavía no figuraba en exchanges centralizados ni era accesible para el público general mediante los canales habituales.

Los investigadores remarcaron que los primeros compradores dependían exclusivamente de la información difundida por los impulsores del proyecto o de transferencias realizadas desde la billetera que concentraba los tokens disponibles para su distribución.

De acuerdo con el análisis, la única plataforma argentina que incorporó posteriormente a $LIBRA como opción de compra fue Ripio, aunque recién varias horas después de la publicación realizada por el mandatario.

El informe también coincide con el testimonio brindado ante la Cámara de Diputados por el especialista en criptomonedas Fernando Molina, quien había sostenido que el código compartido por Milei no se encontraba disponible públicamente al momento de la publicación presidencial.

La causa además incorporó otros elementos que profundizan las dudas sobre el nivel de conocimiento que tenía el entorno presidencial respecto del lanzamiento de la criptomoneda.

Uno de ellos surge del peritaje realizado sobre el teléfono celular de Mauricio Novelli, señalado como uno de los intermediarios que acercó el proyecto al Presidente. Según la investigación, Milei mantuvo comunicaciones telefónicas con Novelli en los minutos previos y posteriores a la publicación del mensaje que impulsó la compra del activo digital.

Ese mismo día, Novelli se encontraba en Texas junto a Hayden Davis. En declaraciones posteriores, el empresario aseguró que el Presidente conocía de antemano la operación y sostuvo que estaba en contacto telefónico con personas vinculadas a su entorno.

Además, del análisis del teléfono surgió una imagen con un texto parcialmente ilegible que haría referencia a un supuesto acuerdo por 5 millones de dólares destinado a influir en la actividad del mandatario en redes sociales durante la promoción del proyecto.

Mientras avanza la investigación judicial, el nuevo informe técnico se convirtió en una de las piezas más relevantes del expediente, ya que cuestiona directamente la versión oficial sobre el carácter público de $LIBRA y sobre las condiciones en las que fue difundida por el Presidente.