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Salud

Los medicamentos aumentaron por encima de la inflación y ya representan el 30% de los costos de la salud

Un informe de la Unión Argentina de Salud (UAS) detalló que casi el 60% de los medicamentos más vendidos quedaron en mayo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec

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Los medicamentos aumentaron por encima de la inflación y ya representan el 30% de los costos de la salud

Los medicamentos, artefactos y equipos sanitarios aumentaron 6,1% en mayo y quedaron un punto por encima de la inflación general de 5,1% medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), al tiempo que los remedios pasaron a representar el 30% del gasto de obras sociales y empresas de medicina prepaga, según la Unión Argentina de Salud (UAS).

En un reciente relevamiento de su Observatorio de Costos de la Salud, la UAS indicó que “se sostiene así una tendencia alcista desde principios de año, cuando venció el acuerdo de precios entre el Gobierno y los laboratorios”.

El informe detalló además que casi el 60% de los medicamentos más vendidos quedaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, entre ellos, el anticonceptivo hormonal Divina, con un incremento de 8,2%, la levotiroxina de GSK, con un alza de 7,9%, el Ventolín, cuyo precio creció 7,7%, el Actron 600 de acción rápida, con un alza de 7,6% y el Alplax, con una suba 7,5 por ciento.

La UAS también destacó que actualmente obras sociales y prepagas gastan en medicamentos $3 de cada $10 de sus presupuestos, lo que representa que ya se destina a remedios un 30% del gasto total respecto del 24% que se emplea en internaciones y cirugías, rubro que en 2021 estuvo a la par

En el primer cuatrimestre también hubo un aumento promedio del 14% de los insumos de internación, liderado por sueros, con un alza del 12%, albúmina (16%) y antibióticos (11%). En simultáneo, se registró un crecimiento del consumo medido en unidades vendidas, por lo que la incidencia de los remedios en el costo total de la salud es cada vez más alta.

“Estos casos particulares absorben una gran porción de los presupuestos de obras sociales y prepagas y reducen la capacidad financiera para dar cobertura a los demás afiliados y asociados”, indicó la UAS. También destacó que actualmente las obras sociales y las prepagas gastan en medicamentos $3 de cada $10 de sus presupuestos, lo que representa que ya se destina a remedios un 30% del gasto total respecto del 24% que se emplea en internaciones y cirugías, rubro que en 2021 estuvo a la par.

Desde la entidad que nuclea a empresas de salud atribuyen la suba de medicamentos a la “curva ascendente en el consumo” y a que están “atados al dólar”. Sobre esto último, el estudio señala que “en los primeros tres meses del año el dólar oficial subió 8,07%, mientras que en el primer cuatrimestre los medicamentos de alto costo tuvieron aumentos del 18,50% en promedio”.

Suben los precios tras el descongelamiento

El estudio del Observatorio de Costos de la Salud muestra que los medicamentos subieron durante 2020 diez puntos porcentuales más que la inflación (46,1% contra 36,1%) y esta tendencia se mantuvo hasta finales de 2021, cuando el Gobierno -a través de la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Salud de la Nación- alcanzó un acuerdo con la industria farmacéutica para retrotraer los precios al primero de noviembre y congelarlos hasta principios de enero de este año. Así en 2021 el aumento de los remedios quedó equiparado por el Índice de Precios al Consumidor medido por el Indec.

Una vez finalizada la medida, los precios volvieron a subir. En enero de este año, los aumentos en el rubro de la salud fueron del 4,1%, mientras que la inflación general fue del 3,9%, según datos del Indec. Los medicamentos quedaron apenas por debajo: 3,6%. En febrero, la tendencia fue similar: subieron 4,1%, mientras que el IPC fue del 4,7 por ciento.

En un reciente relevamiento de su Observatorio de Costos de la Salud, la UAS indicó que “se sostiene una tendencia alcista desde principios de año, cuando venció el acuerdo de precios entre el Gobierno y los laboratorios” REUTERSEn un reciente relevamiento de su Observatorio de Costos de la Salud, la UAS indicó que “se sostiene una tendencia alcista desde principios de año, cuando venció el acuerdo de precios entre el Gobierno y los laboratorios” REUTERS

En marzo se marcó el pico de los incrementos en lo que va de 2022. Datos relevados por el Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR) indicaron que los medicamentos aumentaron el 6,6%.

Un factor importante es que hubo subas aún mayores dentro de los 10 más utilizados, como por ejemplo: levotiroxina (8,3%), alprazolam (7,2%), clonazepam 7,1 (%), metformina (8,2%) y omeprazol (6,8%). Todos ellos superaron el 6,7% que arrojó la inflación general del mes. También hubo fuertes alzas de clopidogrel (6,6%), atorvastatina (6,3%) y de los anticonceptivos (6,6%).

En abril, la suba general fue menor (2,77%), pero consolidó un aumento interanual del 50,15%, si se comparan los precios con los del mismo mes de 2021, según datos de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Otra vez hubo subas puntuales que se dispararon: un relevamiento de Ceprofar detectó un aumento promedio del 6% en los medicamentos ambulatorios (igualando la inflación del mes), con saltos más abruptos en el ibuprofeno de venta bajo receta (12%), la levotiroxina (7%) y losartán (6,8%).

En mayo de este año, los productos medicinales, artefactos y equipos quedaron un punto porcentual por encima de la inflación general: aumentaron 6,1% (consultora PXQ), mientras que el IPC medido por el Indec fue del 5,1 por ciento.

Diferencias entre marcas y respecto de otros países

Los aumentos de precios generaron o ampliaron disparidades en los valores del mercado. En estos meses, se acentuaron las diferencias entre los medicamentos de marca respecto de productos similares. Hay casos en los que ya casi triplican su valor, según un relevamiento de la consultora PxQ.

Por ejemplo, un ibuprofeno de 200 miligramos de Pfizer tiene un precio 177% mayor a un ibuprofeno similar; un paracetamol de 500 mg de Genomma tiene un precio 49% mayor a un medicamento similar; un anticonceptivo (drospirenona 3mg etinilestradiol 0,03mg) de Bayer tiene un precio 69% mayor a un medicamento similar y una metformina de 850mg de Montpellier tiene un precio 31% mayor a un medicamento similar.

El estudio de mercado de PxQ arrojó otro patrón importante: en comparación con los Estados Unidos, el impacto del costo de los medicamentos en relación al salario es mucho más alto en Argentina. A un paciente argentino, le cuesta un 411% más comprar un iboprofeno de 600 mg que a un estadounidense, un 354% más acceder a una buscapina de 10 mg, un 292% más pagar una aspirina de 500 mg y un 128% más abonar un paracetamol de 500 mg.

Crece el consumo de medicamentos

El aumento de los precios se registró en paralelo con una curva ascendente en el consumo de medicamentos. La retracción que había comenzado en 2018 se frenó en 2020, cuando volvió a crecer la cantidad de unidades vendidas.

Si consideramos como eje de la comparación el año 2021, surge que la variación interanual fue de 9,03% superior. Si tomamos los 24 meses anteriores, se incrementa en un 10,61%”, señaló el informe del Observatorio de Costos de la Salud de la UAS con datos de COFA.

En tanto, los primeros cuatro meses de 2022 continuaron la tendencia según la UAS. Hubo un alza de 8,43% en la dispensa respecto del mismo período del año pasado, llegando a un total de 60 millones de unidades. Los fármacos de tres grupos terapéuticos (sistema nervioso, digestivo-metabólico y cardiovascular) participan con el 45,65% del mercado total en unidades, siempre según datos de COFA.

“Esto puede explicarse en parte a la demanda contenida de atención médica durante la pandemia, pero hay también un aumento permanente en el consumo de medicamentos en general. Así, cada vez es mayor la incidencia del gasto en medicamentos en el costo médico total”, analizan desde la UAS.

En otro orden, el informe de la UAS dio cuenta del impacto de los medicamentos de alto costo. En ese sentido, indicó que como están atados al dólar, los precios de estos fármacos sufrieron fuertes incrementos en los últimos años, incluso superando y hasta duplicando los movimientos en la cotización de la moneda estadounidense. En 2021, por ejemplo, tuvieron aumentos de 45%, cuando el dólar oficial subió un 22 por ciento.

“Este año la diferencia tiende a ampliarse. En los primeros tres meses del año el dólar oficial subió 8,07%, mientras que en el primer cuatrimestre los medicamentos de alto costo tuvieron aumentos del 18,50% en promedio”, destacó el informe.

La Hemlibra, por ejemplo, que se usa en tratamientos de hemofilia, se encareció en el primer cuatrimestre de 2022 un 17,55%, por lo que cada vial pasó a costar casi 2.600.000 pesos. El tratamiento para el cáncer Keytruda tuvo un salto del 19,59% y ya supera los 500.000 por vial. Otro caso es el tratamiento para el VIH Genvoya, que subió 26,06% y pasó a costar más de 90.000 pesos.

Por último, el informe de la UAS afirmó que el déficit financiero del sistema de obras sociales que se proyecta para este año “ascenderá al récord de 50.000 millones de pesos”.

Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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