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Política

Farmacéuticos alertan «que la salud está en riesgo» con el decreto del Gobierno

El sector farmacéutico cuestionó el decreto que rubricó el gobierno que permite a los supermercados y kioscos la venta libre de antiácidos y analgésicos.

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El sector farmacéutico cuestionó el decreto que rubricó el gobierno de Javier Milei en el Boletín Oficial que habilita a las farmacias a comercializar medicamentos de venta libre en sus góndolas y permite que los supermercados y kioscos vendan esos fármacos cuando se trate de antiácidos y analgésicos, en el marco de las políticas desregulatorias de la administración de La Libertad Avanza.

El decreto 1024/24 autoriza a que los medicamentos de venta libre se expongan en las góndolas de las farmacias y deben situarse de modo tal que guarde sus propiedades fisicoquímicas. De esta manera, se habilitó a que el público en general pueda acceder a ellos sin intermediarios.

En tal sentido, la normativa que se dio a conocer el 20 de noviembre, también permite que los establecimientos que no sean farmacéuticos comercialicen medicamentos de venta libre que sean analgésicos y antiácidos. Por otro lado, tres días después, la expresidenta Cristina Kirchner, en un acto en Rosario, desafió al jefe de Estado a que el Gobierno desregule las importaciones de los fármacos para bajar el costo de los presupuestos sanitarios.

Luego de la publicación de la norma, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los motivos de su contenido. «Primero, por comodidad, ya que se podrán sumar a la compra semanal en tu almacén o supermercado», expresó en sus redes sociales.

En esta línea, se refirió a las zonas en las que se encuentran los establecimientos farmacéuticos: «Segundo, porque en muchos lugares, una farmacia está lejos y entonces poder adquirirlos en otros lugares facilita el acceso a estos medicamentos. Si tengo a un niño/niña con fiebre no quiero que la regulación imponga la obligación de hacer decenas de kilómetros para ir a una farmacia para comprar ibuprofeno».

Por último, apuntó hacia los valores de los remedios: «Tercero, porque permitirá una mayor competencia de precios. Ya hemos dicho que en antiácidos como el omeprazol hay diferencias de precios que son de 8 veces. Con un canal comercial más ágil y más focalizado en precio dudo realmente que estas diferencias puedan mantenerse mucho tiempo».

En diálogo con C5N, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, rechazó el decreto que estableció la administración de La Libertad Avanza y advirtió por la consecuencia en los precios: «Si el Estado está buscando es una situación de control de precios, hay que avisarle que no somos los formadores de precios. Las farmacias dispensamos al valor que el laboratorio pone en el producto. Cada vez que ocurre que los medicamentos están fuera de las farmacias, los precios suben».

En este marco, el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos, Rubén Sajem, expuso en comunicación con C5N la intención del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. «Sturzenegger quiere que haya una góndola en la farmacia y que la gente compre sin ningún tipo de asesoramiento, que el farmacéutico no intervenga. El conocimiento que se va a tener del medicamento es lo que ve en la publicidad», alertó.

El riesgo sanitario por los cambios en la comercialización de medicamentos de venta libre

También, Pesenti alertó por el impacto sobre la salud tras la publicación de la normativa. «El problema mayoritariamente es sobre la salud porque se pierde todos los controles. Nos parece que desde el punto de vista sanitario es una aberración. Está en riesgo la salud de la gente. Por ejemplo, hay personas que utilizan indiscriminadamente analgésicos y eso también produce consecuencias graves», marcó.

En tanto, marcó la falta de control en la venta de distintos medicamentos en otros establecimientos: «Hace tres meses hicimos un relevamiento y mandamos a tomar muestras en la ciudad de Buenos Aires, que tienen 15 lugares diferentes. Fue antes de esta resolución. Encontramos medicamentos de todo tipo, incluso de venta bajo receta, en kioscos, supermercados chinos y estaciones de servicio. Por lo tanto, el grave problema es que no habrá fiscalización de nada, porque el Ministerio de Salud no controlará nada, lo único que fiscaliza son las farmacias».

Además, luego de que el decreto también permitiera la comercialización de medicamentos de venta libre en góndolas de farmacias, expuso la poca cantidad de esos establecimientos con estantes: «Se mira a la ciudad de Buenos Aires nada más. Hay pocas farmacias en el país que tiene góndolas. En la mayoría de las farmacias hay un mostrador donde se atiende a los pacientes. También es desconocer que la salud es un derecho federal, por lo que está delegada a las provincias y una normativa de una ley nacional o reglamentación no tiene afectación en la mayoría de las provincias. Por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, tiene leyes propias».

Por su parte, Sajem aclaró los límites sobre las porciones de los medicamentos y advirtió: «La gente piensa que cuanto más se usa medicamento mejor se va a sentir, por lo que suma dosis y se pasa de las dosis de venta libre. Por ejemplo, el ibuprofeno es de venta libre cuando es de 200 o 400 miligramos y no de 600, el paracetamol cuando es de 500 miligramos y no de 650. El Diclofenac se puede vender sin receta hasta 25 miligramos y no más. Eso mucha gente no lo sabe y ahí está la función del farmacéutico que Sturzenegger pretende eliminar porque quiere aplicar las reglas del mercado a todo».

«Los medicamentos tienen que ser resguardados y tener un uso racional. Está probado que acá la lógica del mercado en los medicamentos no funciona. Además, los kioscos no tienen un mecanismo tan eficiente como sí las farmacias. También hay que mencionar las condiciones de seguridad porque cuando hay que rescatar un medicamento que está adulterado, el kiosco no lo puede hacer y la farmacia lo hace en un día. Todos los países, incluso los más liberales como Estados Unidos, Australia, Luxemburgo o Irlanda, regula los precios de los medicamentos», agregó.

El fantasma de los noventa

Domingo Cavallo, quien fue el ministro de Economía entre 1991 y 1996 y luego desde marzo hasta diciembre de 2001, firmó un decreto en 1991 en el que se desreguló la venta de medicamentos. En aquel entonces, la normativa argumentaba que la medida se definió para incrementar una competencia de mercado.

En esta línea, Sajem advirtió que la intención del Gobierno es replicar aquella resolución que rubricó Cavallo y recordó sus efectos: «Tenía los mismos principios que ahora fomenta Sturzenegger. Fue un desastre con consecuencias catastróficas. En esa experiencia se mostró que los medicamentos fuera de la farmacia eran mucho más caros y se encarecieron los medicamentos de venta libre porque empezaron a tener más publicidad para que la gente los compre y eso aumenta los precios».

«No se consiguió nada de lo que se buscaba. Los supermercados vendían caro los medicamentos porque no les interesaba e incluso después dejaron de vender porque tienen otros intereses. Tenían que poner la caja en la góndola protegida con un sistema antirrobo y el precio era más caro que la farmacia. No les sirvió. Tal es así que ahora tampoco les entusiasma para nada la idea de vender medicamentos», apuntó.

En tanto, enumeró las irregularidades en la distribución de los fármacos: «En 2009, después de 18 años de venta de medicamentos en kioscos, ya empezaban a sumarse las denuncias. Los medicamentos ya se vendían en las ferias, estaciones de servicio, medios de transporte y en cualquier otro lado. Cuando se hacían allanamientos se encontraba que en pequeños supermercados y kioscos no sólo se comercializaban medicamentos de venta libre, sino que también había antibióticos, medicamentos de venta bajo receta y hasta psicofármacos, además de medicamentos adulterados con el vencimiento recortado y falsificados».

«Tal es así que en 2009, prácticamente por unanimidad, ambas cámaras del Congreso sancionaron la Ley 26.567, que Sturzenegger no la mencionó en el decreto, sino que él se remitió a la Ley de Farmacia de 1967 pero no mencionó la ley que se aprobó en 2009, que estaba vigente hasta ahora y decía que los medicamentos solamente se pueden dispensar en las farmacias, incluso en los de venta libres, y tienen que ser entregados en el mostrador por el profesional farmacéutico», marcó.

La experiencia negativa en Chile

Por otra parte, el presidente de la Confederación Farmacéutica Sudamericana, Mauricio Huberman, expresó en diálogo con C5N que distintas farmacias en Chile rechazaron el mercadeo de medicamentos de venta libre en sus góndolas, aunque el sistema se lleva a cabo con algunos productos: «Tenemos un sistema de góndolas pero generalmente se usan solamente para productos cosméticos, se permitió la venta en góndolas, siempre y cuando se cumpliera con una serie de obligaciones legales, como tener un afiche con teléfonos por emergencias por intoxicaciones».

«En la práctica ninguna cadena ni laboratorio optó por poner ese sistema porque significaba un costo. A ellos les interesaba vender algunas marcas y no tenerlas todas a la vista en el mismo lugar porque generalmente hacían trampas y ponían lo que querían vender en el sistema. La ley los obligaba a hacerlos de una manera que no les era del gusto», agregó en tal sentido el chileno.

En tanto, se refirió a una iniciativa que circula en el Congreso de Chile: «Ahora hay un proyecto sobre cómo aumentar las penas para que los que vendan medicamentos fuera de las farmacias paguen con cárcel, porque el problema es que las autoridades se daban cuenta y sacaban esos productos del sistema, pero no había penas grandes».

También, Huberman hizo alusión a una concentración del mercado vinculada con la desreglamentación y un escándalo de colusión de precios en farmacias: «La concentración de más del 90% en tres cadenas partió con la desregulación que hubo en los años ochenta, aunque se profundizó en los noventa. Hubo cadenas que quebraron. No hubo un sistema de fiscalización adecuado. Hace unos años hubo un subsecretario de Economía, llamado Tomás Flores, que decía que el mercado se regulaba solo, pero no existe un mercado que funcione sin fiscalización».

«Lo más probable es que ahora en la Argentina, si no hay fiscalización, haya productos falsificados, vencidos y robados», advirtió tras el decreto que estableció el gobierno de Javier Milei.

La confabulación a la que hizo alusión el presidente de la Confederación Farmacéutica Sudamericana fue protagonizada por las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand. En 2012 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó por decisión unánime a Cruz Verde y Salcobrand a pagar u$s19 millones.

FUENTE: C5N

Política

Trasladaron a 21 detenidos al penal de Villa Urquiza

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos

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El operativo de traslado desde la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos hacia el Penal de Villa Urquiza se realizó con el objetivo de garantizar que internos con condena firme continúen cumpliendo su pena y reciban el tratamiento penitenciario correspondiente.

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y fueron trasladados al Penal de Villa Urquiza, donde continuarán cumpliendo sus condenas y accediendo a los programas y tratamientos previstos por la normativa aplicable.

Participación de los organismos y personal a cargo

El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, bajo la conducción de su director, el comisario inspector Diego Bernachi, acompañado por efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO). A su arribo al penal, los internos fueron recibidos por el director del complejo, subalcaide Alfredo Medina, junto con la guardia del establecimiento.

Objetivos institucionales y declaraciones

El subalcaide Alfredo Medina señaló que el traslado se enmarca en una continuidad de movimientos hacia distintos penales de la provincia, dispuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En sus palabras: “Recibimos a 21 internos que son de alcaidías de Investigaciones y comisarías con la finalidad de cumplir con la Ley 24.660, son internos penados y procedemos, desde el momento que ingresan acá, con el tratamiento y de esa manera descongestionar las distintas dependencias policiales”.

Por su parte, el comisario inspector Diego Bernachi explicó que el operativo fue supervisado por su dirección y se desarrolló conforme a las directivas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad: “Siguiendo las directivas de Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad continuamos con el traslado de detenidos, en este caso, de la Dirección de Investigaciones y de las comisarías. Este operativo está diagramado con el resguardo que corresponde por parte del CERO que los escoltan hasta el penal”.

Impacto y finalidad

La medida busca, además de asegurar el cumplimiento de penas conforme a la Ley 24.660, aliviar la ocupación en alcaidías y comisarías, permitiendo que las fuerzas policiales concentren sus recursos en tareas operativas y administrativas. El traslado implica la continuidad de los procesos de tratamiento para los internos desde su ingreso al penal.

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Política

La Legislatura aprobó 10 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

Corresponden a distintos Centros Judiciales y especialidades, tras cumplir el proceso de evaluación y entrevistas establecido por el Reglamento Interno.

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En una sesión presidida por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán otorgó acuerdo a diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de cargos vacantes en el ámbito judicial.

Las designaciones se distribuyen en distintos Centros Judiciales de la provincia y abarcan defensorías civiles, laborales y de niñez, adolescencia y capacidad restringida, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio.

En el Centro Judicial Capital, se aprobaron los pliegos de la Dra. Marcela Eugenia De Mari, designada como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la II Nominación; la Dra. Georgina Graciela Medina, en la misma especialidad; el Dr. Diego Javier Trabadelo, también como Defensor de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida; la Dra. Ana Ricco Falú, quien asumirá como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación; y la Dra. María Alejandra Rodríguez, designada como Defensora Oficial Civil y del Trabajo de la III Nominación.
En tanto, en el Centro Judicial del Este, se otorgó acuerdo a la Dra. Marcela Alejandra Cardozo Sánchez como Defensora Oficial Civil y del Trabajo; al Dr. Juan Facundo Masaguer, designado como Defensor Oficial Civil y del Trabajo con carácter itinerante; y a la Dra. Gabriela Sami, quien se desempeñará como Defensora Oficial en lo Civil.

Por su parte, en el Centro Judicial Monteros, las designaciones corresponden al Dr. Fernando Antonio Vera como Defensor Oficial Civil y del Trabajo, y a la Dra. María Alejandra Rivas como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida.

El tratamiento de los pliegos se llevó adelante conforme al procedimiento establecido, que prevé la intervención de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, la solicitud de informes a distintos organismos y la realización de entrevistas personales a los postulantes, a fin de evaluar sus antecedentes, formación y aptitud para el ejercicio de la función.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, Carolina Vargas Aignasse, destacó: “Se trata de defensores oficiales que van a poder acercar este servicio de justicia a la comunidad a lo largo de toda la provincia. Hemos tomado las entrevistas a estos magistrados y hemos quedado muy conformes con el intercambio realizado. Hoy la Justicia tiene diez nuevos defensores oficiales”.

Asimismo, remarcó la importancia de avanzar con estas designaciones al señalar que “son quienes van a acercar la justicia a la gente que más lo necesita, especialmente a aquellos ciudadanos que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado particular. Las defensorías oficiales garantizan que toda persona pueda tener la tutela judicial efectiva”.

Finalmente, indicó que se continuará trabajando en nuevas designaciones y que se espera el envío de más pliegos por parte del Poder Ejecutivo.

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Política

Rechazo del Sadop al decreto de Jaldo sobre penas a estudiantes y colegios

Desde la filial local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares advirtieron que los términos del decreto 772-/ (MS) prioriza lo punitivo y expulsivo.

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) expresó su profunda preocupación y rechazo ante los términos del Decreto 772-7 (MS), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero. «Desde nuestra organización advertimos que el enfoque adoptado prioriza lo punitivo y expulsivo, por encima de los mecanismos pedagógicos y el sistema de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes», expresa un comunicado que lleva la firma de Mario Dionisi, ecretario General del Sindicato de Docentes Particulares.

La escuela no es un centro de detención.
El sindicato sostiene que la seguridad en el ámbito escolar no debe ser potestad del sistema penitenciario ni de las fuerzas policiales. El decreto actual omite herramientas fundamentales como la mediación, la prevención y la resolución pacífica de conflictos, la educacion emocional, desplazando la voz de docentes, alumnos y padres en favor de una lógica de control, vigilancia, expulsión y reclusión.

Una respuesta «espasmódica» e ineficaz
Consideramos que la amenaza de expulsión y castigo, es una reacción superficial frente a una conflictividad social que va in crescendo. «La sanción no puede ser el único camino, ni la solución; es una respuesta para mostrar acción que no aborda el fondo del problema». El Estado debe asumir su responsabilidad generando condiciones de prevención y no delegando la resolución de conflictos escolares en el Ministerio de Seguridad.

SADOP recordó que, según la normativa nacional vigente, están expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los jóvenes en el sistema.

La expulsión de adolescentes no solo es una medida regresiva, sino que les quita el soporte fundamental para su formación ciudadana y convivencia democrática.

Nuestra propuesta: Abordaje Integral e inversión en educación real y contextualizada.
Instamos al Gobierno Provincial a dar marcha atrás con la lógica punitiva y apostar por:

Fortalecimiento del sistema de protección: Involucramiento de todas las instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia.

Habilitación de la palabra: Espacios donde los estudiantes participen activamente en la resolución de sus conflictos.

Promoción de la paz: Refuerzo de la escuela como el lugar central para la construcción de una democracia moderna y no violenta.

La escuela debe seguir siendo el espacio donde la palabra circule y la paz se construya. Expulsar es negar un derecho; dialogar es educar.»
​Mario Dionisi, Secretario General de Sadop Tucumán
Liliana Rojas , Secretaria de Comunicación y prensa
San Miguel de Tucumán, 16 de abril de 2026

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