El sector farmacéutico cuestionó el decreto que rubricó el gobierno de Javier Milei en el Boletín Oficial que habilita a las farmacias a comercializar medicamentos de venta libre en sus góndolas y permite que los supermercados y kioscos vendan esos fármacos cuando se trate de antiácidos y analgésicos, en el marco de las políticas desregulatorias de la administración de La Libertad Avanza.
Política
Farmacéuticos alertan «que la salud está en riesgo» con el decreto del Gobierno
El sector farmacéutico cuestionó el decreto que rubricó el gobierno que permite a los supermercados y kioscos la venta libre de antiácidos y analgésicos.
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El decreto 1024/24 autoriza a que los medicamentos de venta libre se expongan en las góndolas de las farmacias y deben situarse de modo tal que guarde sus propiedades fisicoquímicas. De esta manera, se habilitó a que el público en general pueda acceder a ellos sin intermediarios.
En tal sentido, la normativa que se dio a conocer el 20 de noviembre, también permite que los establecimientos que no sean farmacéuticos comercialicen medicamentos de venta libre que sean analgésicos y antiácidos. Por otro lado, tres días después, la expresidenta Cristina Kirchner, en un acto en Rosario, desafió al jefe de Estado a que el Gobierno desregule las importaciones de los fármacos para bajar el costo de los presupuestos sanitarios.
Luego de la publicación de la norma, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los motivos de su contenido. «Primero, por comodidad, ya que se podrán sumar a la compra semanal en tu almacén o supermercado», expresó en sus redes sociales.
En esta línea, se refirió a las zonas en las que se encuentran los establecimientos farmacéuticos: «Segundo, porque en muchos lugares, una farmacia está lejos y entonces poder adquirirlos en otros lugares facilita el acceso a estos medicamentos. Si tengo a un niño/niña con fiebre no quiero que la regulación imponga la obligación de hacer decenas de kilómetros para ir a una farmacia para comprar ibuprofeno».
Por último, apuntó hacia los valores de los remedios: «Tercero, porque permitirá una mayor competencia de precios. Ya hemos dicho que en antiácidos como el omeprazol hay diferencias de precios que son de 8 veces. Con un canal comercial más ágil y más focalizado en precio dudo realmente que estas diferencias puedan mantenerse mucho tiempo».
En diálogo con C5N, el presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, rechazó el decreto que estableció la administración de La Libertad Avanza y advirtió por la consecuencia en los precios: «Si el Estado está buscando es una situación de control de precios, hay que avisarle que no somos los formadores de precios. Las farmacias dispensamos al valor que el laboratorio pone en el producto. Cada vez que ocurre que los medicamentos están fuera de las farmacias, los precios suben».
En este marco, el director del Centro de Profesionales Farmacéuticos, Rubén Sajem, expuso en comunicación con C5N la intención del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. «Sturzenegger quiere que haya una góndola en la farmacia y que la gente compre sin ningún tipo de asesoramiento, que el farmacéutico no intervenga. El conocimiento que se va a tener del medicamento es lo que ve en la publicidad», alertó.
El riesgo sanitario por los cambios en la comercialización de medicamentos de venta libre
También, Pesenti alertó por el impacto sobre la salud tras la publicación de la normativa. «El problema mayoritariamente es sobre la salud porque se pierde todos los controles. Nos parece que desde el punto de vista sanitario es una aberración. Está en riesgo la salud de la gente. Por ejemplo, hay personas que utilizan indiscriminadamente analgésicos y eso también produce consecuencias graves», marcó.
En tanto, marcó la falta de control en la venta de distintos medicamentos en otros establecimientos: «Hace tres meses hicimos un relevamiento y mandamos a tomar muestras en la ciudad de Buenos Aires, que tienen 15 lugares diferentes. Fue antes de esta resolución. Encontramos medicamentos de todo tipo, incluso de venta bajo receta, en kioscos, supermercados chinos y estaciones de servicio. Por lo tanto, el grave problema es que no habrá fiscalización de nada, porque el Ministerio de Salud no controlará nada, lo único que fiscaliza son las farmacias».
Además, luego de que el decreto también permitiera la comercialización de medicamentos de venta libre en góndolas de farmacias, expuso la poca cantidad de esos establecimientos con estantes: «Se mira a la ciudad de Buenos Aires nada más. Hay pocas farmacias en el país que tiene góndolas. En la mayoría de las farmacias hay un mostrador donde se atiende a los pacientes. También es desconocer que la salud es un derecho federal, por lo que está delegada a las provincias y una normativa de una ley nacional o reglamentación no tiene afectación en la mayoría de las provincias. Por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, tiene leyes propias».
Por su parte, Sajem aclaró los límites sobre las porciones de los medicamentos y advirtió: «La gente piensa que cuanto más se usa medicamento mejor se va a sentir, por lo que suma dosis y se pasa de las dosis de venta libre. Por ejemplo, el ibuprofeno es de venta libre cuando es de 200 o 400 miligramos y no de 600, el paracetamol cuando es de 500 miligramos y no de 650. El Diclofenac se puede vender sin receta hasta 25 miligramos y no más. Eso mucha gente no lo sabe y ahí está la función del farmacéutico que Sturzenegger pretende eliminar porque quiere aplicar las reglas del mercado a todo».
«Los medicamentos tienen que ser resguardados y tener un uso racional. Está probado que acá la lógica del mercado en los medicamentos no funciona. Además, los kioscos no tienen un mecanismo tan eficiente como sí las farmacias. También hay que mencionar las condiciones de seguridad porque cuando hay que rescatar un medicamento que está adulterado, el kiosco no lo puede hacer y la farmacia lo hace en un día. Todos los países, incluso los más liberales como Estados Unidos, Australia, Luxemburgo o Irlanda, regula los precios de los medicamentos», agregó.
El fantasma de los noventa
Domingo Cavallo, quien fue el ministro de Economía entre 1991 y 1996 y luego desde marzo hasta diciembre de 2001, firmó un decreto en 1991 en el que se desreguló la venta de medicamentos. En aquel entonces, la normativa argumentaba que la medida se definió para incrementar una competencia de mercado.
En esta línea, Sajem advirtió que la intención del Gobierno es replicar aquella resolución que rubricó Cavallo y recordó sus efectos: «Tenía los mismos principios que ahora fomenta Sturzenegger. Fue un desastre con consecuencias catastróficas. En esa experiencia se mostró que los medicamentos fuera de la farmacia eran mucho más caros y se encarecieron los medicamentos de venta libre porque empezaron a tener más publicidad para que la gente los compre y eso aumenta los precios».
«No se consiguió nada de lo que se buscaba. Los supermercados vendían caro los medicamentos porque no les interesaba e incluso después dejaron de vender porque tienen otros intereses. Tenían que poner la caja en la góndola protegida con un sistema antirrobo y el precio era más caro que la farmacia. No les sirvió. Tal es así que ahora tampoco les entusiasma para nada la idea de vender medicamentos», apuntó.
En tanto, enumeró las irregularidades en la distribución de los fármacos: «En 2009, después de 18 años de venta de medicamentos en kioscos, ya empezaban a sumarse las denuncias. Los medicamentos ya se vendían en las ferias, estaciones de servicio, medios de transporte y en cualquier otro lado. Cuando se hacían allanamientos se encontraba que en pequeños supermercados y kioscos no sólo se comercializaban medicamentos de venta libre, sino que también había antibióticos, medicamentos de venta bajo receta y hasta psicofármacos, además de medicamentos adulterados con el vencimiento recortado y falsificados».
«Tal es así que en 2009, prácticamente por unanimidad, ambas cámaras del Congreso sancionaron la Ley 26.567, que Sturzenegger no la mencionó en el decreto, sino que él se remitió a la Ley de Farmacia de 1967 pero no mencionó la ley que se aprobó en 2009, que estaba vigente hasta ahora y decía que los medicamentos solamente se pueden dispensar en las farmacias, incluso en los de venta libres, y tienen que ser entregados en el mostrador por el profesional farmacéutico», marcó.
La experiencia negativa en Chile
Por otra parte, el presidente de la Confederación Farmacéutica Sudamericana, Mauricio Huberman, expresó en diálogo con C5N que distintas farmacias en Chile rechazaron el mercadeo de medicamentos de venta libre en sus góndolas, aunque el sistema se lleva a cabo con algunos productos: «Tenemos un sistema de góndolas pero generalmente se usan solamente para productos cosméticos, se permitió la venta en góndolas, siempre y cuando se cumpliera con una serie de obligaciones legales, como tener un afiche con teléfonos por emergencias por intoxicaciones».
«En la práctica ninguna cadena ni laboratorio optó por poner ese sistema porque significaba un costo. A ellos les interesaba vender algunas marcas y no tenerlas todas a la vista en el mismo lugar porque generalmente hacían trampas y ponían lo que querían vender en el sistema. La ley los obligaba a hacerlos de una manera que no les era del gusto», agregó en tal sentido el chileno.
En tanto, se refirió a una iniciativa que circula en el Congreso de Chile: «Ahora hay un proyecto sobre cómo aumentar las penas para que los que vendan medicamentos fuera de las farmacias paguen con cárcel, porque el problema es que las autoridades se daban cuenta y sacaban esos productos del sistema, pero no había penas grandes».
También, Huberman hizo alusión a una concentración del mercado vinculada con la desreglamentación y un escándalo de colusión de precios en farmacias: «La concentración de más del 90% en tres cadenas partió con la desregulación que hubo en los años ochenta, aunque se profundizó en los noventa. Hubo cadenas que quebraron. No hubo un sistema de fiscalización adecuado. Hace unos años hubo un subsecretario de Economía, llamado Tomás Flores, que decía que el mercado se regulaba solo, pero no existe un mercado que funcione sin fiscalización».
«Lo más probable es que ahora en la Argentina, si no hay fiscalización, haya productos falsificados, vencidos y robados», advirtió tras el decreto que estableció el gobierno de Javier Milei.
La confabulación a la que hizo alusión el presidente de la Confederación Farmacéutica Sudamericana fue protagonizada por las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand. En 2012 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó por decisión unánime a Cruz Verde y Salcobrand a pagar u$s19 millones.
FUENTE: C5N
Política
La Legislatura acompañó la presentación de un trayecto de formación en estrategias de prevención del suicidio
La propuesta impulsada junto con la Facultad de Psicología de la UNT y la Fundación Manos Unidas por la Paz, tiene el objetivo de fortalecer las herramientas de profesionales, docentes y agentes que intervienen ante situaciones de riesgo.
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1 septiembre, 2026
En la Presidencia de la Legislatura de Tucumán se presentó el Trayecto de Formación en Estrategias de Prevención del Suicidio, una propuesta impulsada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), junto a la Fundación Manos Unidas por la Paz, que contará con el acompañamiento de la Legislatura.
El encuentro contó con la presencia del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla; la ministra de Educación, Susana Montaldo; la decana de la Facultad de Psicología de la UNT, Silvia López de Martín; la secretaria de Extensión de esa unidad académica, María Julia López García; y la licenciada en Psicología Agueda Duarte.
La iniciativa propone generar espacios de formación y reflexión destinados a fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para la prevención del suicidio, promoviendo herramientas de detección temprana, prácticas de cuidado y trabajo articulado en red. Está dirigida especialmente a profesionales y agentes vinculados a las áreas de salud, educación, seguridad y comunicación, considerados actores relevantes para la identificación y el abordaje temprano de situaciones de riesgo.
El trayecto contempla instancias presenciales tanto en la Facultad de Psicología de la UNT como en la ciudad de Aguilares, con el objetivo de descentralizar las acciones formativas y fortalecer las estrategias de prevención en el territorio.
El primer módulo se desarrollará los días 18 y 19 de septiembre. En la Facultad de Psicología se dictará la conferencia “Prevención del Suicidio”, a cargo del licenciado Ernesto Páez, y la clase-taller “Estrategias de Promoción y Prevención Comunitaria”, dictada por el licenciado Martín Alejandro Álvarez. En Aguilares, ambos profesionales estarán a cargo de una clase-taller sobre prevención del suicidio el sábado 19.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, destacó la importancia de la propuesta y su articulación con las políticas de salud socioemocional que lleva adelante la cartera educativa.
“Estamos viviendo situaciones complejas en la sociedad y por eso nosotros desde el inicio de la gestión trabajamos con la Facultad de Psicología en una línea que es fundamental en nuestro proyecto de política educativa, que es la línea de salud socioemocional. Todo esto hace a la salud emocional de los chicos, que puedan resolver sus conflictos en forma pacífica. Formamos mediadores porque los chicos, cuando no encuentran un canal de comunicación, pueden llegar a estas situaciones que no queremos que se den”.
Montaldo agradeció el trabajo conjunto entre las instituciones que participan de la iniciativa y anunció que se dispondrán 50 lugares gratuitos para docentes, tanto para la formación en Capital como en Aguilares.
“Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a la Legislatura como a la Facultad de Psicología, en la persona de su decana, por haber abierto en esta formación que va a comenzar próximamente tanto en Capital como en Aguilares, 50 lugares que en forma gratuita se van a conceder a nuestros docentes, cerró.
Por su parte, la decana de la Facultad de Psicología, Silvia López de Martín, explicó que la propuesta aborda una problemática de relevancia social: “Es abordar una temática que es prevalente en este momento en nuestra sociedad. Es un trayecto de formación en prevención del suicidio, autolesiones y conductas de riesgo”.
La decana precisó que la capacitación está destinada especialmente a profesionales y agentes de distintas áreas del Estado: “Está destinada sobre todo a profesionales y agentes que trabajan en el Ministerio de Salud, en el área de Educación, en el área de Seguridad y de Comunicación”.
También destacó que el trayecto contempla puntaje docente y que sus disertantes cuentan con una amplia trayectoria en la temática. “Nos parece que poder trabajar y abordar estas temáticas que son fundamentales y es un deber de la universidad pública”, agregó.
Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de Tucumán, la Legislatura, los ministerios de Educación y Salud y las organizaciones que acompañan la iniciativa. “El esfuerzo mancomunado entre la institución, la Universidad Nacional de Tucumán, en este caso la Facultad de Psicología, la Legislatura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Rotary, que ha puesto mucho empeño también en que este proyecto sea posible, hace que los proyectos puedan concretarse, sustanciarse y realmente beneficiar a toda la sociedad”, concluyó.
Política
Los tres poderes del Estado articulan acciones ante la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil
Representantes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial analizaron la próxima entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801 y avanzaron en una agenda de trabajo conjunta para su aplicación en Tucumán.
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1 septiembre, 2026
El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, encabezaron esta mañana una reunión interinstitucional entre representantes de los tres poderes del Estado, en la que se abordó la próxima entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Durante el encuentro se analizaron los distintos aspectos vinculados con la implementación de la normativa, que entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre, y las responsabilidades que corresponderán a cada una de las áreas involucradas. El objetivo fue establecer criterios comunes y sostener una agenda de trabajo coordinada para garantizar su aplicación en Tucumán.
Participaron el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán; los vocales Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; jueces penales y defensores de Niñez y del fuero penal.
Por el Poder Ejecutivo estuvieron presentes la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; y autoridades de distintas áreas. La Legislatura estuvo representada por miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General, entre ellos Carolina Vargas Aignasse, Luis Ocaranza, Gerónimo Vargas Aignasse, Walter Berarducci, José Macome y Christian Rodríguez.
“Fue una reunión muy positiva. Respetando la independencia de poderes, en Tucumán venimos trabajando de manera coordinada y es necesario arbitrar las medidas para la implementación de esta ley. Tenemos una mirada que no se limita a penalizar, sino que también busca cuidar, recuperar y acompañar a nuestros adolescentes”, sostuvo Acevedo.
El vicegobernador señaló además que la Legislatura continuará trabajando desde la escucha y el consenso para alcanzar una norma que responda a las necesidades de la provincia. “Quiero destacar la colaboración y el compromiso de los otros dos poderes para lograr una ley que pueda aplicarse de la mejor manera”, agregó.
Por su parte, el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, remarcó la importancia de la participación conjunta de todas las áreas involucradas. “Esta reunión es fundamental porque todos los poderes son partícipes de la ejecución de la norma nacional. Es esencial que cada uno aporte su mirada desde el lugar que le corresponde. Se trata de una ley muy importante porque involucra a menores y exige ser muy cuidadosos”, afirmó.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, puso el foco en el trabajo preventivo y de acompañamiento que se desarrolla desde el sistema educativo. “Es muy importante que los tres poderes del Estado podamos reunirnos porque se trata del bienestar de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Desde el inicio de la gestión venimos trabajando una línea de salud socioemocional con alumnos y familias”, expresó.
Montaldo explicó que la Provincia impulsa además experiencias de mediación escolar en el nivel primario y que ese trabajo se está extendiendo a las escuelas secundarias, con el objetivo de que los jóvenes incorporen herramientas para resolver los conflictos de manera pacífica.
Finalmente, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, explicó que la Cámara ya analiza tres proyectos con estado parlamentario vinculados a la adecuación provincial. “Buscamos que Tucumán cuente con un régimen penal juvenil que permita aplicar la ley nacional y los tratados internacionales sobre derechos de niños y adolescentes, con una mirada orientada también a la recuperación y la reinserción”, señaló.
El legislador indicó que uno de los objetivos centrales será alcanzar un dictamen con amplio consenso. “Es un desafío enorme y una de las leyes más importantes en las que vamos a trabajar. Queremos llevar al recinto un texto con el mayor acuerdo posible, con la menor cantidad de fisuras y que realmente pueda aplicarse como corresponde”, concluyó.
Política
Desde enero los senadores cobrarán una dieta de más de 13 millones de pesos
El aumento acumulado será de casi 7% y se aplicará en cuatro tramos. El incremento surge del acuerdo paritario de los empleados del Congreso.
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1 septiembre, 2026
Los senadores nacionales cobrarán $13.115.760 brutos desde enero de 2027, cuando perciban la dieta correspondiente a diciembre. El nuevo monto surge del aumento acordado entre los gremios legislativos y las autoridades del Congreso.
La paritaria contempla una suba acumulada de 6,98% y replica el esquema acordado para los empleados de la administración pública nacional. El incremento se aplicará en cuatro tramos: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.
Con la última cuota, el valor del módulo que determina las dietas llegará a $3.278,94. Como los senadores cobran 4.000 módulos, el cálculo arroja el nuevo ingreso bruto de $13.115.760.
Cuánto cobran los senadores
El aumento representará casi $1 millón más de ingresos brutos para los integrantes de la Cámara alta. Actualmente, sus ingresos alcanzan unos $12.260.000.
El sistema que determina las dietas surgió de una resolución aprobada por los propios senadores en abril de 2024. Desde entonces, sus ingresos quedaron vinculados a la evolución de los salarios de los trabajadores del Congreso.
La resolución 8/24 estableció que la dieta de los legisladores se compone de 2.500 módulos, a los que se suman 1.000 módulos en concepto de gastos de representación y otros 500 módulos por desarraigo.
Además, aquella decisión incorporó una dieta número 13 para compensar el aguinaldo, una medida que generó cuestionamientos porque los ingresos de los senadores tienen carácter de dieta y no de salario.
El nuevo incremento fue firmado por los gremios con representación en el Congreso y las autoridades de ambas cámaras. En el acuerdo participaron, entre otros, los secretarios administrativos del Senado y Diputados, Alejandro Fitzgerald y Laura Oriolo, y los representantes sindicales Norberto Di Próspero, de APL, y Martín Roig, de UPC.
El mecanismo genera una actualización automática de las dietas cada vez que se modifica la escala salarial de los empleados legislativos. El aumento de los senadores no surge de una nueva votación del pleno, sino del esquema de módulos aprobado en 2024.
Qué harán los bloques con el aumento
Como ocurrió con acuerdos anteriores, algunos bloques ya anticiparon que buscarán desmarcarse del incremento mediante donaciones.
La Libertad Avanza informó que sus integrantes de la Cámara alta optarían por donar el aumento a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales, aunque no precisó el monto ni el destino concreto de los fondos.
El radicalismo también suele tomar distancia de las subas, aunque sin pronunciamientos públicos. En cambio, el kirchnerismo decidió aceptar los aumentos en su totalidad desde el año pasado.
La situación presenta además algunas excepciones dentro de la Cámara alta. Los senadores de la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde no perciben el adicional correspondiente al desarraigo.
A su vez, Alicia Kirchner es la única senadora que no cobra dieta. La legisladora por Santa Cruz decidió percibir su jubilación como exgobernadora en lugar del ingreso correspondiente a su banca.
FUENTE: BAE Negocios
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