Ordenan el traslado al penal de Villa Urquiza a Gerónimo Helguera por el crimen en el centro comercial de Yerba Buena
La Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas lo imputó por el sangriento hecho ocurrido el 13 de octubre pasado en un centro comercial, donde fue asesinada Mariela Márquez
Este miércoles 22 de diciembre se llevó adelante una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal a los fines de formalizar la investigación, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de Gerónimo José Helguera (29), acusado de asesinar de un disparo en la cabeza a Mariela Alejandra Márquez (34) e intentar matar a Juan José Ledesma (30) y Luis Fabián Gómez (43) durante un ataque que protagonizó el último 13 de octubre en un centro comercial ubicado en la intersección de avenida Aconquija y Chacho Peñaloza, en la ciudad de Yerba Buena.
Cabe recordar que el pasado 14 de octubre ya había sido declarada la legalidad de la aprehensión, pero la audiencia terminó siendo suspendida por la jueza interviniente. En ese entonces, la magistrada dispuso la internación de Helguera en el hospital Obarrio hasta tanto se cuente con el dictamen de una Junta Médica para que se determine: si sufría una grave alteración morbosa de sus facultades o insuficiencia de las mismas; si presentaba un peligro para sí mismo o para terceros; si tenía que ser internado o no; si podía comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones conforme a esa comprensión; y si podría presenciar y comprender una formulación cargos en su contra, sin que eso implique una violación al derecho de defensa.
En esta ocasión, la jueza indicó: “Del último informe remitido por el Obarrio surge que (Helguera) está tranquilo, orientado globalmente, con conciencia de situación, que no se constatan alteraciones en sus perceptivas, que sus funciones fisiológicas están conservadas, que recibe un tratamiento psiquiátrico y psicológico con buena adherencia al mismo, que se encuentra compensado y que no reúne criterios para seguir internado en el hospital”. Y añadió que “hubo una estabilización del cuadro inicial que presentaba”, al tiempo que aseguró que “si hay evidencias suficientes, esta causa debería llegar a un juicio oral y público donde allí será una cuestión a debatir la imputabilidad o inimputabilidad”.
“Ingresó al edificio con un plan: matar a Ledesma”
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Atentados Contra las Personas, a cargo de Pedro Gallo, quien en esta audiencia relató detalladamente el hecho imputado e indicó cuáles son evidencias recolectadas, entre las que se destacan las halladas en el lugar: un tapón auditivo; una vaina servida; un arma de fuego tipo pistola calibre 22 sin cargador y con un cartucho en recámara percutido; un cargador con 9 cartuchos calibre 22; una mochila que contenía dos cuchillos de tipo cacería y una caja con 29 cartuchos calibre 22.
Además, el fiscal manifestó que la calificación legal provisoria endilgada al imputado es: autor de los delitos de homicidio doblemente agravado por ser cometido con el empleo de un arma de fuego y criminis causa (en contra de Márquez), en concurso ideal con homicidio doblemente agravado por ser cometido con el empleo de un arma de fuego y criminis causa, en grado de tentativa (en contra de Gómez), en concurso ideal con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (en contra de Ledesma).
“En nuestra teoría del caso, consideramos que Helguera ingresó al edificio con un plan concreto: matar a Ledesma, quien estaba trabajando allí. Cuando sube al primer piso para buscarlo, se topa en la zona de baños con Márquez, a quien le dispara para poder continuar desplazándose por ese lugar y concretar así su objetivo principal. Seguidamente trata de matar a Gómez, a quien lo apunta con el arma con la misma idea de eliminarlo para continuar con su plan”, explicó Gallo.
Preso mientras avanza la causa
La Fiscalía, en adhesión con las querellas, solicitó la medida cautelar de mayor intensidad, la prisión preventiva, por el término de 4 meses y el alojamiento en el penal de Villa Urquiza, aduciendo la existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, en cuanto a la posibilidad de que Helguera influya sobre víctimas y testigos.
Según manifestó Gallo, el acusado “llegó armado listo para concretar una masacre”. En cuanto a Márquez, el representante del MPF sostuvo: “Era una mujer joven, madre de familia, con toda una proyección de vida por delante”.
Por su parte, la defensa pidió la internación en el hospital Obarrio mientras dure la preventiva. En tanto, cuando se le dio la palabra, la hermana de Márquez expresó: “Quiero agradecerle al Ministerio Fiscal por toda la contención y pedir justicia por mi hermana. Tenía tres niños que la necesitan. (Helguera) Dejó una familia destruida, quedamos re mal. Quiero Justicia, que vaya a Villa Urquiza y deje de tener privilegios”.
En su resolución, la jueza hizo lugar a todo lo requerido por el MPF al disponer la prisión preventiva hasta el 22 de abril del 2022 y el inmediato traslado a Villa Urquiza. A su vez, aclaró que hasta tanto se cuenta con cupo en el Centro de Referencia de Detenidos (CEREDE), lugar donde debe realizar el aislamiento debido a la pandemia previo a su ingreso al servicio penitenciario, el acusado deberá permanecer en el hospital Obarrio.
La teoría del caso
El 13 de octubre de 2021, a las 10:00 horas aproximadamente, Helguera se hizo presente en un edificio comercial ubicado en la intersección de avenida Aconquija y calle Chacho Peñaloza, con el propósito de quitarle la vida a Ledesma, quien en ese momento estaba trabajando en una de las oficinas del primer piso.
El imputado llevaba entre sus manos una mochila que contenía en su interior, entre otros elementos: una pistola COLT Goodsman calibre 22L con su almacén cargador colocado con 10 cartuchos calibre 22; dos cuchillos de tipo cacería; un par de guantes de látex; un guante de trabajo; dos vainas servidas calibre 22L; y una caja con 29 cartuchos calibre 22L.
Una vez en la planta alta, y mientras buscaba a Ledesma para darle muerte, fue que a pocos metros de donde se encontraba éste, se topó con Márquez, quien trabajaba como empleada de limpieza y conversaba en un depósito con Gómez, el conserje.
A continuación, Helguera extrajo la pistola de la mochila, con la que apuntó en la cabeza a Márquez y, con claras intenciones de causarle la muerte para continuar desplazándose por el primer piso y concretar así su plan de asesinar a Ledesma, realizó un disparo que impactó en región témporo-parietal derecha del cráneo de la mujer, produciéndole lesiones gravísimas. La víctima falleció a las 20:52 de ese mismo día.
Luego, Helguera apuntó a Gómez con el arma de fuego con claras intenciones de causarle la muerte para continuar avanzando y así alcanzar a Ledesma, no logrando su cometido debido a la rápida reacción de Gómez, quien se trenzó en lucha con el acusado, logrando finalmente reducirlo con la ayuda de un empleado del bar ubicado en la planta baja del centro comercial, hasta que arribó personal policial.
La investigación por la muerte de Cinthia Verónica Lazarte, alias “Piba”, sumó un elemento clave: un video de una cámara de seguridad en el que se vería a un hombre dentro del automóvil donde luego fue encontrado el cuerpo de la mujer.
Las imágenes son analizadas por los investigadores, que buscan establecer la identidad de esa persona y determinar qué participación pudo haber tenido en el hecho. El registro habría sido tomado poco antes de que el vehículo comenzara a incendiarse sobre calle Francia al 1.100, a pocas cuadras del parque 9 de Julio.
El material incorporado a la causa profundiza las sospechas sobre una muerte violenta. Según las primeras observaciones realizadas en la escena, Lazarte fue hallada semidesnuda y con un cable atado alrededor del cuello.
El auto quedó completamente afectado por el fuego, por lo que los peritos intentan determinar si la mujer ya había fallecido antes del incendio o si las llamas fueron provocadas para intentar borrar evidencias.
Cinthia Verónica Lazarte tenía 41 años y, según fuentes policiales, solía frecuentar la zona donde apareció el vehículo. También se informó que se encontraba en situación de calle desde los 15 años y vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La causa continúa bajo investigación mientras se analizan las imágenes de seguridad y se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer la mecánica del hecho
Las redes sociales fueron fundamentales en la detención del prófugo «Picky» Puenzo
Aún en la clandestinidad, Puenzo siguió usando las redes sociales valiéndose de perfiles falsos para contactarse con sus allegados, abriendo así la grieta por la que los investigadores llegaron a dar con su paradero.
Después de permanecer casi cuatro años prófugo de la Justicia, Ricardo Horacio “Ricky” Puenzo, principal acusado por el transfemicidio de Alejandra “Power” Benítez y por el intento de homicidio de Diego Mercado, fue detenido en la localidad bonaerense de Mar del Tuyú en un operativo encabezado por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Sobre el sospechoso pesaban pedidos de captura nacional e internacional, además de una recompensa de 30 millones de pesos ofrecida por el Gobierno de Tucumán para quien aportara datos que permitieran localizarlo.
La captura puso fin a una extensa etapa de clandestinidad que comenzó en octubre de 2022, cuando el imputado dejó de presentarse ante la Justicia en el marco del proceso judicial que debía culminar con un nuevo juicio oral por el crimen de la joven trans.
Según reconstruyeron los investigadores, uno de los factores que terminó facilitando su localización fue su constante actividad en redes sociales. A pesar de encontrarse prófugo, continuó manteniendo contacto con allegados y familiares mediante perfiles falsos, una conducta que resultó clave para que los pesquisas pudieran seguir sus movimientos.
El caso tiene origen en los hechos ocurridos durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, cuando Puenzo llegó en motocicleta hasta una vivienda ubicada en Ayacucho al 900, en San Miguel de Tucumán. Allí se encontraba Alejandra “Power” Benítez compartiendo bebidas con Diego Mercado.
De acuerdo con la acusación impulsada por el fiscal Carlos Sale, tras una discusión con la víctima, el sospechoso extrajo una pistola y abrió fuego contra ambos. Benítez recibió disparos que le provocaron la muerte en el lugar, mientras que Mercado logró sobrevivir al ataque.
Una semana después del hecho, Puenzo se presentó ante las autoridades y quedó imputado por homicidio agravado por odio a la identidad de género, transfemicidio y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.
El proceso judicial avanzó hasta mayo de 2021, cuando se desarrolló el primer juicio oral. El debate estuvo marcado por fuertes controversias, especialmente a partir de la declaración de Diego Mercado, testigo presencial del ataque.
Durante la investigación, Mercado había identificado a Puenzo como autor de los disparos. Sin embargo, frente al tribunal aseguró no estar completamente seguro de que hubiera sido él quien efectuó los disparos. Esa contradicción motivó que los jueces ordenaran investigarlo por un posible falso testimonio.
Finalmente, el tribunal absolvió a Puenzo aplicando el beneficio de la duda. La decisión fue ratificada posteriormente por la Cámara de Impugnación. No obstante, el fiscal Sale y el querellante Carlos Garmendia recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que anuló ambas resoluciones y ordenó la realización de un nuevo juicio.
Antes de que se conociera ese fallo, Puenzo regresó a Joaquín V. González, en la provincia de Salta, ciudad donde nació y donde comenzó a administrar un boliche bailable. Vecinos de la localidad recordaron que organizaba fiestas de gran despliegue económico y que incluso llegó a arrojar billetes de mil pesos al público desde una tarima durante uno de los eventos. Según relataba entonces, el dinero regresaría rápidamente a sus manos mediante la venta de bebidas en el local.
La situación cambió drásticamente en octubre de 2022. En esa fecha debía comparecer ante una audiencia vinculada a la organización del nuevo juicio, pero nunca se presentó. Alegó encontrarse de vacaciones en Cancún, México, y aseguró que regresaría en los días siguientes. Sin embargo, jamás volvió a comparecer ante la Justicia.
Desde entonces comenzó una intensa búsqueda. Los investigadores sospechan que regresó al país de manera irregular, posiblemente utilizando pasos fronterizos no habilitados, ya que su identidad figuraba en todos los sistemas de personas buscadas. Aunque nunca se pudo determinar con exactitud dónde permaneció oculto durante esos años, sí se confirmó que se desplazó por distintos puntos del territorio nacional.
Las tareas investigativas desarrolladas por el ECIF permitieron descubrir que seguía activo en redes sociales. De hecho, el mismo día que debía presentarse ante la Justicia publicó una imagen brindando desde una playa que los investigadores creen que correspondía a Cancún.
En las últimas semanas, tras la difusión de la recompensa de 30 millones de pesos, los pesquisas lograron reconstruir parte de sus movimientos y determinaron que se encontraba en la Costa Atlántica bonaerense. Primero fue ubicado en Santa Teresita y posteriormente se confirmó que residía en San Clemente del Tuyú.
Con esa información, el fiscal Sale solicitó la colaboración de la Justicia bonaerense y emitió el exhorto correspondiente para concretar la detención. Personal del ECIF, junto a efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Buenos Aires, montó tareas de vigilancia sobre el inmueble donde se ocultaba.
La captura se concretó durante la madrugada, cuando los investigadores ingresaron a la vivienda que aparentemente alquilaba. Puenzo fue sorprendido mientras dormía y se encontraba acompañado por su actual pareja.
Según trascendió, el acusado presenta actualmente una imagen física diferente a la difundida durante su búsqueda: luce el cabello más largo y cambios notorios en su apariencia. Tras vestirse, fue trasladado a un centro de detención donde permanecerá alojado hasta completar los trámites judiciales necesarios para su extradición a Tucumán.
Con su captura, la Justicia tucumana quedó en condiciones de reactivar el proceso judicial por el transfemicidio de Alejandra “Power” Benítez, uno de los casos más resonantes de violencia contra personas trans registrados en la provincia durante los últimos años.
Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer con una soga alrededor de su cuello en el interior de un auto calcinado
El auto incendiado estaba estacionado en la zona de calle Francia 1100 y dentro del rodado hallaron el cuerpo sin vida de quien, se cree, sería una mujer en situación de calle, con una soga alrededor de su cuello
La Justicia tucumana investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el interior de un automóvil incendiado en San Miguel de Tucumán, en un hecho que, por sus características, es analizado como una posible muerte violenta.
El hallazgo se produjo durante las últimas horas del viernes en la zona este de la capital tucumana y motivó un amplio despliegue de efectivos policiales, peritos forenses y autoridades judiciales.
De acuerdo con la información preliminar surgida de la investigación, el cadáver fue localizado dentro del vehículo completamente afectado por el fuego.
Durante las primeras inspecciones realizadas en la escena, los investigadores advirtieron un elemento que incrementó las sospechas sobre un posible crimen: la víctima presentaba una atadura en el cuello.
Ese dato, sumado al estado en que fue encontrado el cuerpo, llevó a los investigadores a profundizar las pericias para determinar si la mujer falleció antes del incendio o si el fuego fue utilizado para intentar ocultar evidencias vinculadas a un homicidio.
Tras el descubrimiento, personal policial acordonó la zona para preservar posibles rastros y permitir el trabajo de los especialistas. En el lugar intervinieron peritos criminalísticos y funcionarios judiciales encargados de recolectar pruebas que permitan reconstruir lo sucedido.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente.
Las autoridades aguardan los resultados de las pericias forenses y de la autopsia, estudios que serán determinantes para establecer la causa exacta de la muerte, identificar a la mujer y conocer las circunstancias en las que se produjo el hecho.
La investigación quedó bajo la órbita de la Justicia, que trabaja para esclarecer el episodio y determinar si se trató de un femicidio. En paralelo, los investigadores avanzan en la búsqueda de indicios que permitan identificar y localizar a los posibles responsables.
Mientras continúan las tareas periciales y la recolección de evidencia, el caso permanece bajo análisis judicial y no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.