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Salud

AstraZeneca y Sputnik V: crece un mal síntoma en plena carrera por las segundas dosis

El Gobierno busca saldar más esquemas de inmunización antes de que la variante Delta ataque. Pero la vacuna de Oxford y la rusa comparten ahora una debilidad que genera incertidumbre en la población.

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AstraZeneca y Sputnik V: crece un mal síntoma en plena carrera por las segundas dosis

La inmunización contra el coronavirus en la Argentina es un recipiente que pierde por más de un orificio. Cuando no es el de Sputnik V, puede ser el de AstraZeneca. Sinopharm goteó menos: es la vacuna que mayor disponibilidad mostró. La rusa y la de Oxford, en cambio, han necesitado de donaciones extranjeras para que el país pudiera saldar los esquemas «vencidos».

La semana pasada llegó al país un lote pequeño de AstraZeneca, de 381 mil dosis, que no alcanzaba para cubrir a todos aquellos que ya habían transcurrido más de dos meses con la primera aplicación. Según pudo reconstruir Clarín de datos ofrecidos por las provincias, más de 600 mil personas en el país se encontraban en esa situación.

Con las vacunas que se distribuyeron el viernes, quedaban 231 mil argentinos a los que no les iban a poder completar los esquemas, al menos hasta que arribara un nuevo lote desde México. Pero el viernes se conoció la noticia de que Argentina sería una de las beneficiarias de España en su plan de donación de dosis para Latinoamérica.

Son 400 mil dosis más, de manera que la cuenta por ahora cerraría. Sin embargo, otra vez una cesión de vacunas fue lo que le permitió al Gobierno salir de una situación incómoda. A comienzos de agosto habían sido las dosis de Moderna, donadas por Estados Unidos, las que sirvieron para cubrir el faltante de 1,8 millón de segundos componentes de la Sputnik V.

El mal síntoma es claro: las donaciones pueden mitigar la escasez una vez o dos. Pero el recurso no es sustentable en el tiempo. Ya se sabe, por ejemplo, que Estados Unidos donará a la Argentina más vacunas -ahora se espera que sean de Pfizer-. La pregunta es si las utilizarán para menores de 18 años o se necesitarán como segundas dosis de las deficitarias.

Uno de los mayores lotes de AstraZeneca arribados: 2,1 millones de dosis el 31 de mayo.

Uno de los mayores lotes de AstraZeneca arribados: 2,1 millones de dosis el 31 de mayo.

Todo depende de lo que ocurra con las dosis que Argentina compró. El Ministerio de Salud informó, el 12 de agosto, que preveía la recepción de 2,2 millones de dosis de AstraZeneca en la semana que comienza este lunes 23 de agosto. Faltan nueve días para septiembre. El Gobierno corre con el objetivo de aplicar 7 millones de segundas dosis antes de fin de mes.

Argentina suministró, desde comienzos de agosto, 4,8 millones de segundas dosis, con lo que le restarían 2,2 millones para llegar a la meta de los 7 millones. Es decir que habría que sumar unas 244 mil segundas dosis por cada uno de los días que restan, lo que implica un 13 por ciento más de lo se inyecta ahora.

En los últimos días el promedio de segundas dosis aplicadas cada 24 horas fue de 220 mil. De no incrementarse las inoculaciones cotidianas, quedaría un rojo de 220 mil vacunas para saldar en septiembre. Desde lo sanitario no sería una diferencia relevante (se completaría en apenas un día), aunque los tiempos electorales maridan mejor con las promesas cumplidas.

El problema, en realidad, no es ése. Pese a la aceleración de las segundas dosis, la vulnerabilidad de los adultos mayores sigue siendo alta: 3 de cada 10 mayores de 60 años aún no ha completado su esquema de vacunación. Por franja etaria, las deudas se reparten entre el 24,8 por ciento de los mayores de 70, el 31,5 de los mayores de 60 y el 41,5 de los mayores de 50.

Sobre el total de la población, sólo el 26 por ciento recibió la segunda dosis. Y es que se partió desde muy atrás. En marzo, el Gobierno había decidido que el intervalo entre primeras y segundas dosis fuera de 90 días, tras un estudio británico que arrojó que ese lapso era beneficioso para el caso de AstraZeneca. Dicha laxitud, mientras duró, dio aire para avanzar con las primeras dosis.

Vizzotti, en una reunión del Consejo Federal de Salud. Foto: Ministerio de Salud

Vizzotti, en una reunión del Consejo Federal de Salud. Foto: Ministerio de Salud

Cuando la sombra de la variante Delta se irguió amenazante, el Consejo Federal de Salud acortó ese intervalo a entre 30 y 60 días, según la vacuna. El problema es que esa exigencia no llegó de la mano de una regularización del abastecimiento por parte de Gamaleya y AstraZeneca. Es más, durante agosto, cuándo más vacunas se necesitaban, hubo un bache.

Sobre la falta del segundo componente de la Sputnik V se ha dicho mucho ya. En cuanto al déficit de AstraZeneca, el cuello de botella parece formarse en el laboratorio Liomont, de México. Mientras el antígeno que fabrica Mabxience en Argentina voló a la planta alternativa de envasado de Albuquerque, Estados Unidos, los tiempos de entrega se habían acelerado, con lotes más abundantes.

Pero el circuito cambió. Ahora todo lo que se produce se envía a México. El 65 por ciento del total fabricado hasta hoy ha tenido ese destino. El problema no es sólo la lentitud, sino que, tal como había anunciado en su momento el Gobierno de ese país, la mayor parte de las vacunas que se envasan en México, se quedan en México. El resto se reparte en Sudamérica.

“En México tienen un lío bárbaro”. La confidencia es del directivo de un importante laboratorio argentino, ante una consulta de Clarín. No es cualquier directivo: asegura que desde Liomont lo llamaron por teléfono para pedirle asesoramiento, con el objetivo de poder escalar el trabajo que por ahora planea bajo.

Con las 381 mil dosis de AstraZeneca que la semana pasada llegaron por Aeroméxico, las dosis arribadas al país suman poco más de 10 millones, sobre el total de 22,4 millones del contrato que firmó Argentina el año pasado. Casi a fines de agosto, el país ha logrado obtener menos de la mitad del compromiso del laboratorio, que cobró el 60 por ciento por adelantado.

Visita del presidente Alberto Fernández al laboratorio Liomont, en febrero. Foto: EFE

Visita del presidente Alberto Fernández al laboratorio Liomont, en febrero. Foto: EFE

El anterior lote de AstraZeneca aterrizado en Ezeiza había sido de 204 mil dosis, el 11 de agosto. El último cargamento importante había arribado el 26 de julio, consistente en 800.500 dosis, pero en esa oportunidad todavía procedían de Estados Unidos. Y el 19 de julio habían llegado 1.349.700, desde el mismo país. Cuando el punto de origen cambió a México, los lotes se redujeron.

Clarín había dado cuenta de los problemas de producción en la planta de Liomont. La capacidad operativa mexicana, según datos oficiales, ha sido la siguiente: desde el 19 de mayo al 13 de agosto (casi tres meses), lograron terminar 4,3 millones de dosis, de las cuales 2,5 millones (58 por ciento) se quedaron en México.

El resto se repartió en partes casi iguales entre Argentina y el resto del continente: 800 mil dosis llegaron a la Argentina y un millón, a otros países. Si se lo mira bien, menos del 10 por ciento de las vacunas de AstraZeneca arribadas al país corresponden al acuerdo original del laboratorio con Mabxience y Liomont. El resto se envasó en Estados Unidos.

Es curioso que, a pesar de esta dudosa performance, el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano haya sostenido en su cuenta de Twitter (hace pocos días) que “para AstraZeneca el formulado y envasado en la planta en la planta Liomont fue crucial. ¿Qué se logró gracias a esta cooperación? Que la región accediera a la vacuna entre 6 y 12 meses antes de lo esperado”.

Vizzotti y Nicolini, en la sede del laboratorio AstraZeneca en Reino Unido, en julio.

Vizzotti y Nicolini, en la sede del laboratorio AstraZeneca en Reino Unido, en julio.

Otra curiosidad es la que dejan los ensayos de combinación de vacunas en Argentina: AstraZeneca puede ser segunda dosis de la Sputnik 1 ante la falta del segundo componente de la rusa. Pero ahora no sólo escasean las que envía el Instituto Gamaleya o termina Richmond en el país (y Gamaleya demora en autorizar), sino que también hay incertidumbre por las dosis de la de Oxford.

Ambas vacunas podrían ser suplidas eventualmente por algún nuevo lote de Moderna o de Pfizer, cuando haya. Aunque lo razonable sería que la Argentina pueda finalmente obtener lo que encargó: la totalidad de los 42,4 millones de dosis de AstraZeneca y Sputnik por ambos contratos, que suman casi 300 millones de dólares.

La falta de respuestas fluidas y cronogramas de entrega más precisos ha hecho que en los últimos dos meses la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, viajaran al Reino Unido y a Rusia para intentar traer en la valija certezas que empiecen a sellar, de una buena vez, los agujeros que atentan contra la campaña de vacunación desde su origen.

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Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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