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Salud

Vizzotti anunció el «pase sanitario» para eventos masivos y en espacios cerrados

La decisión, acordada con los titulares de las carteras sanitarias de todo el país, fue comunicada por la ministra durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la cual además informó que se van a «postergar vuelos directos con el continente africano» ante la aparición de la nueva variante del coronavirus, «Omicron».

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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, brindó esta tarde una conferencia de prensa en Casa Rosada, una vez concluida la reunión que mantiene con titulares de las carteras sanitarias de todo el país para analizar la situación epidemiológica, la preocupación por la nueva variante y el avance del plan de vacunación contra el coronavirus.

«No terminó«, exhortó a completar los esquemas de vacunación y anunció la implementación de un «pase sanitario» para mayores de 13 años con esquema de inmunización completa para realizar actividades de «más riesgo, como las masivas».

La funcionaria destacó que Argentina está en «una situación favorable», con una «cantidad de casos bajos» pese a la «circulación de la variante Delta», que «es del 90 por ciento», y expresó que «se está estudiando una nueva variante de preocupación más transmisible», sobre la que «aún no hay información sobre su letalidad y su respuesta a las vacunas».

Vizzotti hizo declaraciones en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno tras encabezar una reunión de la Consejo Federal de Salud (Cofesa), en la que las autoridades sanitarias del país acordaron una serie de medidas para mantener las condiciones sanitarias y evitar el ingreso de la nueva variante de coronavirus, «Ómicron».

En ese marco, anunció que se mantendrá la «postergación de vuelos directos con el continente africano» y sostuvo que las personas que hayan estado en el continente africano en los últimos días deberán realizar una prueba de PCR al ingresar al país, aislamiento de 14 días y luego un nuevo testeo.

Foto Raul Ferrari

Foto: Raul Ferrari

La ministra de Salud aseguró que «el primer consenso» logrado en el marco del Cofesa fue que «diciembre será el mes de las segundas dosis» para que la población «complete su esquema de vacunación», al tiempo que estimó en «7 millones» la cantidad de personas que estando en condiciones de inmunizarse con la segunda dosis, aún no lo hicieron.

En ese sentido, manifestó que «la expectativa es que avance la vacunación» porque «cuantas más personas» tengan «completo el esquema» de inmunización se va a estar «en una situación de mayor inmunidad ante el aumento de casos, para que no terminen en internación», sobre todo de cara a marzo.

Asimismo, aseguró que la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus en Argentina «es más favorable que en diciembre pasado» y pronosticó un verano con mayor tranquilidad, «independientemente de lo que sucede en el Hemisferio Norte».

En ese marco, alentó a los padres y madres de niños de entre 3 y 11 años a que los vacunen y que tengan en cuenta lo que está sucediendo en otros países donde crecen los casos y en los que se comienzan a ver nuevas variantes del coronavirus.

Respecto del «pase sanitario», sostuvo que será para mayores de 13 años con esquema de inmunización completa para realizar actividades de «más riesgo, como las masivas», entre ellas, eventos al aire libre y también en lugares cerrados.

Foto Raul Ferrari

Foto: Raul Ferrari

Ese pase sanitario, precisó, deberá ser tramitado 14 días antes del evento, a través de la app Cuidar.

Vizzotti, al referirse a la situación internacional de la pandemia, también alertó respecto a que existen «seis veces más terceras dosis» aplicadas en los países desarrollados que «primeras dosis en países pobres» y con esto convocó a las naciones del mundo a que ayuden a esos países en peores condiciones a terminar con esta inequidad.

En ese contexto, recordó que «ayer llegaron a Monzambique las vacunas donadas por Argentina».

Vizzotti, quien estuvo acompañada en la conferencia de prensa por autoridades sanitarias de las provincias, entre ellos el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, encabezó la reunión del Cofesa que se hizo desde las 8 en la Cancillería.

En la apertura de esa reunión, que fue el 50° realizado desde el primer caso de Covid 19 en el país, Vizzotti dijo que «es importante poner en valor el inmenso trabajo, el inmenso avance de la campaña de vacunación» y «el inmenso mensaje de consenso que venimos transmitiendo las 24 jurisdicciones desde el Consejo Federal de Salud en todos estos meses de pandemia».

Foto Raul Ferrari

Foto: Raul Ferrari

«Estar en noviembre vacunando a mayores de 3 años, habiendo aplicado más de 1.200.000 terceras dosis e iniciado ya la estrategia de refuerzos, y con esta reunión para planificar cómo vamos a seguir avanzando, es una fortaleza y una oportunidad enorme», destacó la ministra.

En ese sentido, sostuvo que «tenemos más del 72% de cobertura de adolescentes con una dosis, superando al 42% con dos dosis» y dijo que «llegamos al 51% de niños y niñas con una dosis y estamos superando al 17% con dos dosis».

Asimismo, se refirió a la situación epidemiológica en el hemisferio norte y la emergencia de una nueva variante en el sur de África y afirmó que «Argentina tiene una situación que no es comparable con el hemisferio norte».

En ese contexto, convocó a sus pares a «analizar la situación, consensuar, transmitir esos consensos y hacer lo que tenemos que hacer nosotros como país, que no es necesariamente lo que están haciendo en otros lados».

El encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) comenzó a las 8 en el Palacio San Martín con la presencia de los ministros y ministras provinciales para «abordar los nuevos desafíos y los próximos pasos a seguir en la campaña de vacunación», indicaron las fuentes.

La conferencia de prensa está prevista para las 17.15 y participarán algunos representantes de los ministerios de Salud provinciales con los que se encuentra analizando el avance del plan para combatir el coronavirus.

Así como Argentina pone bajo la lupa la propagación del coronavirus y la aparición de nuevas cepas como la B.1.1.529, detectada en Sudáfrica, alrededor del mundo avanzan con la aplicación de nuevas medidas sanitarias.

En Europa, por ejemplo, se decidió este viernes cerrar las puertas a los viajeros procedentes de varios Estados del sur de África, pese al rechazo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y horas antes de detectarse el primer caso de esta nueva variante del coronavirus en Bélgica.

El primer país en blindarse fue Reino Unido, que anunció el jueves que prohibirá la entrada de personas procedentes de seis países de África: Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana y Esuatini (o Suazilandia) a partir del viernes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en Twitter que propondrá «activar el freno de emergencia para interrumpir los vuelos procedentes de la región del sur de África» durante una reunión prevista el viernes.

Pero varios países, como Alemania, Francia e Italia, no esperaron el visto bueno de Bruselas.

La variante B.1.1.529 tiene un número «extremadamente elevado» de mutaciones y «podemos ver que tiene un potencial muy alto de propagación», avisó el jueves el virólogo brasileño Tulio de Oliveira, basado en Sudáfrica y director del KRISP, un centro especializado en el estudio del coronavirus.

Sudáfrica registró hasta ahora 22 casos de esta variante, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. También se registraron casos en el vecino Botsuana, en Hong Kong y en Israel.

Las medidas de los países europeos se tomaron justo antes de que Bélgica detectara el primer caso de la nueva variante en su territorio.

«Tenemos un caso confirmado de esta variante. Se trata de alguien que vino del extranjero y dio positivo el 22 de noviembre y no estaba vacunado», dijo el ministro de Salud belga Frank Vandenbroucke, en una rueda de prensa.

 

FUENTE: Ambito.com

Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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