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Robo de agua: El imputado deberá regresar de inmediato de Europa y pagar una caución de $100.000.000

El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el MPF, y en consecuencia imponer al acusado las medidas de coerción de promesa de someterse al procedimiento,

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Este martes 1° de octubre se realizó (vía plataforma de videoconferencias Zoom) la audiencia de formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de María del Carmen Reuter, quien fue representada por el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao.

Durante la misma, la UFI detalló la acusación contra Juan Zamora, titular de la finca en cuestión ni (actualmente se encuentra en Roma, Italia), solicitando como medidas de coerción la fijación de una caución por $100.000.000 y que ponga a disposición ante la UFI su pasaporte en un plazo de 10 días, ante los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El auxiliar de fiscal Bilbao destacó que, a los fines de la Ley, “el agua es un elemento de uso común, escaso, finito y esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Constituye un recurso cíclicamente renovable y vulnerable, por lo que será premisa básica garantizar su aprovechamiento racional, eficiente y equitativo, fomentando el desarrollo sustentable y procurando no alterar su calidad ni el equilibrio del medio ambiente, teniendo en cuenta el beneficio de las generaciones actuales y futuras”.

El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el MPF, y en consecuencia imponer al acusado las medidas de coerción de promesa de someterse al procedimiento, la obligación de mantener un domicilio, la obligación de permanecer a disposición del tribunal y de someterse al proceso, concurrir mensualmente a la comisaría más cercana a su domicilio hasta el día 10 de cada mes y la prohibición de salir del país sin autorización por el plazo de seis meses; además de la prestación de una caución por $100.000.000.

La acusación

En mayo de 2023, Juan Zamora, mediante el uso de mano de obra especializada, rompió el acueducto central, principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva Lomas de Imbaud, cuya concesión pertenece a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), realizando una conexión clandestina que consiste en desviar parte del caudal de agua potable, direccionándola mediante caños para abastecer una laguna artificial de su propiedad, entorpeciendo el normal funcionamiento del servicio público de provisión de agua potable y el abastecimiento en la localidad de Yerba Buena, ocasionando un perjuicio a miles de usuarios.

La investigación se puso en marcha a partir de una denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). Según la misma, el martes 24 de septiembre de 2024, ante los numerosos reclamos por falta de agua en la zona oeste de Yerba Buena, el personal de Sociedad Aguas de Tucumán (SAT) recorrió la traza de la toma Las Piedras (principal fuente de abastecimiento de agua para la reserva en Lomas de Imbaud), detectando una conexión clandestina que desviaba parte del caudal de agua en dirección a una laguna ubicada hacia el este del acueducto.

Nuevas medidas

Por disposición de la fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, en la jornada del lunes 30 septiembre, se llevó a cabo una medida de allanamiento en la finca donde se encuentra la laguna ilegal, con la presencia de personal de la SAT y un geólogo de la Dirección de Recursos Hídricos.

Durante la medida se estableció que el embalse artificial presenta una superficie aproximada de 8.900 metros cuadrados y una profundidad de seis metros, lo que arrojaría una capacidad de reserva de agua de 53.400 metros cúbicos.
También se observó que dicha represa se encuentra recubierta por una geo membrana de polietileno y se encontró la ubicación de la llave esclusa para evacuación del agua.

Habiendo finalizado la medida, se analizó el registro satelital de la base de datos de la aplicación Google Earth Pro, donde se puede observar que en el mes de mayo de 2023, ya se encontraba la laguna artificial con la cobertura mencionada y conteniendo agua.
Paralelamente, durante toda la jornada la UFI interviniente prosiguió con la toma de declaraciones testimoniales en el marco en la que se continúan realizando medidas de investigación para determinar la extensión del perjuicio producido.

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Sindicatos anunciaron medidas de fuerza tras el fallo de la Corte

En respuesta al fallo de la Corte Suprema contra CFK, varios gremios como ATE, las dos CTA y CATT anunciaron medidas de fuerza.

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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad generó una inmediata reacción en distintos sectores del sindicalismo argentino.

Varias organizaciones gremiales anunciaron medidas de fuerza, entre paros y movilizaciones, como respuesta a lo que consideran una maniobra de persecución judicial.

Uno de los primeros en pronunciarse fue ATE Capital, que declaró un paro y movilización en rechazo al fallo. “El pueblo organizado no va a permitir este grave atropello”, sostuvo el gremio a través de un comunicado en el que también afirmaron: “Paramos y movilizamos, defender a Cristina es defender la democracia”.

La conducción del sindicato estatal, encabezada por Daniel “Tano” Catalano, participó de una reunión con otros dirigentes gremiales, inicialmente convocada en la sede de SMATA y luego trasladada al Partido Justicialista, donde también estuvo presente la expresidenta.

En ese contexto, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, difundieron un documento conjunto bajo el título “Contra la proscripción de Cristina – En defensa de la democracia”. En el texto, firmado por Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, manifestaron un rechazo anticipado al fallo, al que calificaron como “un operativo judicial”

Afirmaron que se trataba de una acción ejecutada por el “triunvirato que ocupa la Corte”, al que acusaron de actuar como “brazo ejecutor de los poderes fácticos”.

“La sentencia contra CFK estaba escrita antes de que comenzara el juicio”, aseguraron en el comunicado. Para ambas centrales, la resolución del máximo tribunal constituye una “vendetta política” que apunta directamente contra las conquistas populares alcanzadas en los últimos años.

“Ratificamos nuestra disposición a enfrentar la proscripción tal como lo hicimos en otros momentos críticos de la historia argentina”, advirtieron, evocando resistencias previas contra dictaduras y gobiernos de facto.

En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, expresó su repudio a lo que definió como un “ataque que recibe Cristina Fernández de Kirchner de la Justicia”. La CATT, que nuclea a más de treinta sindicatos del transporte terrestre, aéreo, ferroviario, portuario y fluvial, sostuvo: “Nos pronunciamos en contra de la proscripción y la persecución política contra CFK”.

El comunicado de la CATT remarcó una “creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución y proscripción política”, particularmente en períodos electorales, mediante “fallos irregulares y operaciones mediáticas que intentan condicionar la voluntad popular”.

Schmid, quien además encabeza la FeMPINRA, comparó la situación con lo ocurrido en Brasil con Lula da Silva, al señalar: “Se reproducen medidas de dudosa legalidad promovidas por actores poderosos que nunca abandonan la escena política, aunque no se vean”.

En la misma línea, la CATT subrayó: “No tendremos democracia plena sin la libre participación de todos y todas”. Por ello, expresaron su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, a quien definieron como “quien fuera dos veces presidenta del país”.

El anuncio de estas medidas se dio en un marco de expectativa por una resolución que ya había comenzado a movilizar al sindicalismo. Mientras desde el oficialismo se hablaba de “respetar las instituciones”, sectores del peronismo y del movimiento obrero preparaban distintas acciones que incluyeron concentraciones, cortes sorpresivos y planes de lucha a desplegarse en las próximas horas.

El escenario, marcado por la tensión entre la dirigencia sindical y el gobierno, también quedó atravesado por un malestar creciente dentro de las filas gremiales frente a lo que consideran una falta de diálogo con la Casa Rosada.

Esa lectura fue planteada por Andrés Rodríguez, titular de UPCN, quien describió un “conflicto continuo” derivado de la actitud “tan cerrada” del Ejecutivo nacional.

Desde el Instituto Patria no descartaron que otras organizaciones más alineadas con el kirchnerismo decidan adoptar medidas similares, en lo que ya se configura como un capítulo más de la disputa entre el sindicalismo combativo y el poder judicial.

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Ruta 38: camión municipal de Aguilares cayó a la banquina cerca de Alberdi y hay un herido

El siniestro vial ocurrió este martes a las 9:30 de la mañana en la nueva traza de la ruta nacional 38, a la altura de Juan Bautista Alberdi.

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El conductor del camión perteneciente a la Municipalidad de Aguilares, habría perdido el control del rodado, lo que provocó que el vehículo se precipitara hacia la banquina oeste, en una zona con una pronunciada pendiente. El camionero sufrió una fractura en la pierna derecha.

El siniestro vial ocurrió este martes a las 9:30 de la mañana en la nueva traza de la ruta nacional 38, a la altura de Juan Bautista Alberdi.

El camión, que circulaba en sentido norte-sur, se dirigía presumiblemente hacia la localidad de San Ignacio, en el departamento La Cocha, cuando ocurrió el siniestro.

El conductor, identificado como José Luis Rodríguez, de 33 años y oriundo de Aguilares, recibió asistencia de personal de emergencia en el lugar. Posteriormente, fue trasladado al hospital de Aguilares. Se informó que Rodríguez sufrió una fractura en la pierna derecha, además de otros golpes menores. Su estado general es estable, según testimonios de quienes presenciaron el hecho.

En el sitio del accidente, trabajaron coordinadamente diversas fuerzas de seguridad y organismos de emergencia, incluyendo Tránsito Municipal, Guardia Urbana, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Tucumán. Su labor se centró en la asistencia al herido, el control del tráfico para evitar mayores inconvenientes y el relevamiento de la escena para determinar las causas del suceso. También se llevaron a cabo las gestiones para el retiro del camión y una camioneta que también terminó fuera de laza.

Las causas exactas del accidente están siendo investigadas por las autoridades pertinentes. Afortunadamente, no se registraron otros vehículos involucrados en el incidente ni víctimas adicionales.

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Venta ilegal de módulos alimenticios: Condenan a otro sujeto que participó en la malversación de alimentos

En esta oportunidad, el sujeto recibió la pena de tres años de cumplimiento efectivo, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de peculado. Además, deberá abonar una reparación económica de $2.000.000.

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Este lunes 9 de junio, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal logró mediante un juicio abreviado que se condene a Juan Alberto López Cansillieri, por el delito de peculado. La auxiliar de fiscal Brenda Deroy, siguiendo expresas instrucciones de la titular Mariana Rivadeneira, se refirió a las características del hecho, consistentes en el desvío de módulos alimenticios provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Por esta causa, ya se encuentran dos masculinos condenados.

Deroy, oralizó el convenio que establece la pena de tres años de prisión efectiva, dado que el sujeto contaba con causas anteriores de otra índole. Además, el encartado, se desempeñaba como empleado público. En ese sentido, la UFI solicitó para él la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos. Además, deberá abonar una reparación económica de $2.000.000. El juez actuante homologó el convenio arribado.

La teoría del caso

Como consecuencia de un hallazgo casual en el domicilio sito en barrio Manantial Sur de esta ciudad capital, lugar de residencia de padre (59) e hijo (39), mientras se llevaba a cabo un allanamiento el 25 de noviembre de 2024 (ordenado en el marco del legajo sobre lesiones leves agravadas contra el hombre de 39 años), se pudo constatar la existencia en dicho domicilio del acopio de gran cantidad de mercaderías cuya venta se encuentra prohibida, y de documentación que da cuenta de la comercialización de las mismas.

Con estas operaciones se desvió el destino de donación para los diferentes dispositivos alimentarios de sectores vulnerables, con el fin de venderlas en beneficio propio, todo ello con la necesaria colaboración de personas de su confianza.

Los retiros de mercadería ocurrieron entre el año 2023 y 2024 mediante órdenes de entrega emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social del depósito sito en la autopista Juan Domingo Perón, camino al aeropuerto (en Alderetes), que habían sido confiadas para su distribución.

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