Una mujer formuló una desesperada denuncia de «violencia institucional» por parte de la Justicia provincial al obligarla a desalojar una vivienda en la que vive junto a su hija de cinco años tras hacer lugar a un planteo del padre de la menor.
Roxana Aranda, quien debería abandonar en el lapso de diez días la vivienda que actualmente habita, sostuvo que fue «víctima de violencia de género», por parte del progenitor de la menor. «Vivo junto a mi hija, acosada, sin tregua, con malos tratos constantes desde el año 2016. Fui víctima de violencia doméstica, física y psicológica», denunció.
Además la mujer dijo que por parte de su ex pareja sufrió violencia económica, patrimonial, ambiental, digital, como así también hoy es víctima de la violencia institucional por una parte de la Cámara de Familia del Poder Judicial. «Me siento revictimizada, han vulnerado mis derechos y los de mi hija. Los camaristas, ordenaron que nos retiremos de la vivienda en la que mi hija ha crecido y vive, para que ingrese la persona que viene ejerciendo violencia sobre nosotras sistemáticamente desde hace varios años. Un padre ausente en todos los sentidos, un incumplidor de sus obligaciones alimentarias. Un hombre que a pesar de tener suficientes recursos económicos como propiedades, un negocio importante, autos de alta gama, entre otros bienes. Actúa siempre fraudulentamente para eludir obligaciones como padre«, agregó Aranda.
A la vez dijo que se trata de una persona violenta, manipuladora, que desoye absolutamente todas las órdenes judiciales sin importarle nada. «Esta persona junto a sus empleados y a su propia familia mandó a que usurpen, robándome, colocando todas las pertenencias de nuestra hija (cuando tenía apenas dos año , en ese momento) en bolsas de residuos. Violó todas las medidas de protección dispuestas a mi favor, cuyo único objetivo es interés es el patrimonial«.
No obstante, dijo que la propiedad en cuestión se encuentra en firme con un proceso de desalojo pese a que se comprobó que fue ella quien la adquirió en su mayor parte y que el demandado había actuado de «mala fe, para sacar ventaja de manera ilícita, fraudulenta, clandestina y violenta«, dijo.
En tal sentido, recordó que esta medida surge después que la jueza de primera instancia interviniente no hizo lugar a la acción de desalojo. «El demandado lo único que quiere es sacarme la casa que adquirí con mi sacrificio hace 8 años y en la cual vivimos aún junto a mi pequeña niña.
Lamentablemente, el daño que una mujer sufre cuando denuncia por violencia de género a su ex pareja es interminable, privilegiando a un hombre violento,manipulador, acosador, abusivo y que no ve a su hija hace dos años», afirmó.
Además recordó que su ex pareja fue el que decidió romper el vínculo y a quien la justicia le fijó la irrisoria suma de $1.200 de Alimentos en forma mensual, obligación que incumple. Además sostuvo que el demandado pose otras propiedades y negocios. «La justicia, al menos en esa instancia, nos dio la espalda a mi hija y a mi, eludiendo las obligaciones convencionales y constitucionales de juzgar con tutela preferencial a las personas en condiciones de vulnerabilidad, pasando por alto el deber de decidir con perspectiva de género», lamentó.