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Economía

La inflación de julio fue del 3% según el Indec

Los primeros siete meses del año los precios minoristas aumentaron 29,1%, y 51,8% a lo largo del último año

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El índice de precios al consumidor subió 3% en julio, dos décimas por debajo del 3,2% registrado en junio, informó hoy el Instituto nacional de Estadística y Censos (INDEC) que registra la evolución de la inflación.

Según cifras recopiladas por el INDEC, en los primeros siete meses del año los precios minoristas aumentaron 29,1%, y 51,8% a lo largo del último año.

El informe del INDEC dio cuenta también que los precios de productos y servicios considerados estacionales subieron 4,9% en julio, mientras que los regulados avanzaron 1,4%, y la inflación «núcleo» fue de 3,1%.

En julio, el rubro alimentos y bebidas -que marcó un incremento de 3,4%- tuvo un comportamiento mixto, en el que se destacó un menor incremento en los precios de carnes y derivados y pan y cereales respecto a los meses previos.

La suba de 4,9% en los estacionales fue explicada principalmente por los incrementos en verduras y servicios turísticos y de recreación, por las vacaciones de invierno.

La inflación de julio de 3% marcó el menor registro desde octubre de 2020, cuando se ubicó en 3,8%, recortando así por cuarto mes consecutivo el ritmo de incremento de precios.

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Economía

Se perdieron más de 290 mil puestos de trabajo durante la Era Milei

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el sector «Administración Pública» es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo.

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A través de su informe «Dinámica laboral y empresarial«, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se redujo la cantidad de empleadores en 24.180 casos: más de 30 por día.

Detalla el CEPA que tanto en términos absolutos como relativos, «Servicio de transporte y almacenamiento» es el sector más afectado, con una pérdida de 5.899 empleadores, lo que representa una pérdida del 14,9%.

En el mismo período, el CEPA reveló que se perdieron 290.123 puestos de trabajo registrados en unidades productivas: casi 366 por día.
En este caso, el sector «Administración Pública» es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 86.108 trabajadores.
En términos relativos, en tanto, el sector más afectado es la «Construcción«, con una pérdida del 17,8% de su personal.En el sector de trabajadoras y trabajadores en casas particulares, por su parte, se perdieron 27.056 puestos de trabajo registrados: casi 36 por día.

Agrega el análisis del CEPA que en cuanto a la reducción de empleadores, se observa que los principales afectados son las empresas de hasta 500 trabajadoras y trabajadores, donde se registran 24.117 empresas menos (99,74% del total).

Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores y trabajadoras explican solo el 0,26% de los cierres (63 casos).

En este punto, agrega el informe que la expulsión de trabajadores es mayor en las empresas de mayor porte: 186.771 trabajadoras y trabajadores (64,38% de la pérdida de empleo); mientras que en las firmas de menos de 500 trabajadoras y trabajadores, se perdieron 103.352 empleos (35,62% del total).

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Economía

Nación se quedó con más de US$ 2.000 millones que pertenecen a las provincias

Mientras cae el consumo, la recaudación crece por la suba de alícuotas. Se profundiza el reclamo de intendentes y gobernadores por el impacto en los precios y la falta de recursos para obras viales esenciales.

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Más del 60% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe ser transferido a las provincias bajo diferentes conceptos, pero el Gobierno nacional lo retiene. Las pérdidas que esta maniobra arrojó para las jurisdicciones del interior el año pasado rozan los 3 billones de pesos, equivalentes a unos 2.000 millones de dólares.

 

La composición del precio del combustible refleja la magnitud del despojo. De los $2.000 que ronda en promedio el litro de nafta, unos $932 corresponden a impuestos. De ese total, alrededor de $830 quedan en manos de la Nación a través del IVA, el impuesto a los débitos y créditos y los gravámenes específicos sobre los combustibles. Por su parte, las provincias reciben directamente apenas $60 (equivalentes al 3% de Ingresos Brutos) y los municipios, $42 por sus tasas.

Sin embargo, el punto de conflicto no se limita a cómo se reparte el precio final en el surtidor. El problema central es que una parte sustancial de los fondos que la ley asigna para financiar infraestructura provincial no se ejecuta en los destinos previstos y termina siendo absorbida por el Tesoro Nacional.

 

Desvío de fondos: lo que marca la ley

De acuerdo con la legislación vigente, la recaudación del impuesto a los combustibles debe distribuirse del siguiente modo:

  • 28,69% al sistema de seguridad social.
  • 28,58% al Sistema de Infraestructura de Transporte (obras viales y Sisvial).
  • 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
  • 10,40% a la Nación.
  • 10,40% directamente a las provincias.
  • 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
  • 2,55% a Compensación del Transporte Público (subsidios).

La cuenta es simple: el 60,91% del componente tributario debe ser invertido en las provincias, ya sea con transferencia directa o mediante el financiamiento para obras públicas, viviendas y subsidios. Sin embargo, la Nación se apropia de ese dinero y solo coparticipa lo que corresponde al IVA.

El año pasado, la recaudación de este gravamen fue de casi 5 billones de pesos. A las provincias deberían haberles correspondido unos $540.000 millones en forma directa y más de 2 billones por financiamiento de obras en sus distritos.

Caída del consumo, pero aumento de recaudación

El impuesto a los combustibles es el único tributo que creció en lo que va del año, contrastando con la caída generalizada de la recaudación (los derechos de exportación bajaron un 40,2% y el IVA un 13,6%).

 

La recaudación por combustibles líquidos, en cambio, aumentó un 18,8% en el primer bimestre. Esta suba no responde a un mayor consumo —ya que las ventas marcaron su peor registro desde 2021 con una caída interanual del 1,7%— sino a la actualización constante de las alícuotas. Esta decisión del Gobierno busca compensar la pérdida de ingresos tras el fin del Impuesto PAIS, utilizando el tributo al combustible como una herramienta de ajuste fiscal que termina castigando directamente al consumidor y a las provincias.

El impacto en las rutas: deterioro crítico y riesgo vial

El área más perjudicada por esta retención es la infraestructura vial. Recientes informes legislativos denuncian que la Nación no transfirió más de $1,16 billones que debían girarse al Sistema Vial Integrado entre 2024 y los primeros meses de 2026.

El impacto de este desfinanciamiento está a la vista de todos los conductores. Según datos recientes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo. La falta de presupuesto paralizó el bacheo, la repavimentación y el mantenimiento de banquinas y señalización.

Este abandono tiene dos consecuencias graves:

  1. Pérdida de vidas: la falta de mantenimiento dispara los índices de siniestralidad. En provincias como Río Negro o Neuquén, ONG de seguridad vial han reportado incrementos alarmantes en la cantidad de accidentes fatales sobre los corredores nacionales más deteriorados.
  2. Efecto cascada y sobrecostos: los especialistas en infraestructura advierten que por cada peso que el Estado ahorra hoy en mantenimiento preventivo, deberá gastar entre tres y cinco veces más en el futuro para reconstruir vías completamente arruinadas. Además, las rutas rotas encarecen drásticamente los costos logísticos para las economías regionales.

Denuncias formales y tensión internacional

Informes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) ya habían señalado los desvíos. En 2025, Vialidad Nacional debió recibir $2,25 billones de presupuesto, pero percibió apenas $1,2 billones. Esa diferencia multimillonaria nunca se aplicó a su destino original.

En este contexto, los intendentes que se movilizaron esta semana a las puertas del Ministerio de Economía advirtieron sobre graves irregularidades y no descartaron avanzar con una denuncia judicial penal si no obtienen respuestas por parte de la administración del ministro Luis Caputo.

Para agravar el panorama, el escenario internacional suma presión al surtidor. El conflicto en Medio Oriente impulsó el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, lo que ya derivó en aumentos de entre el 15% y el 21% en los combustibles durante el último mes, asfixiando aún más el bolsillo de los usuarios.

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Economía

La firma de galletas y pepas Tía Maruca cerró su fábrica en San Juan

La marca seguirá en góndolas con producción tercerizada, mientras el establecimiento quedó bajo otra administración.

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Tía Maruca dejó de operar con planta propia y se desvinculó de la fábrica de Albardón, en San Juan, desde donde durante años abasteció a buena parte del mercado local. La marca seguirá en góndolas con producción tercerizada, mientras el establecimiento quedó bajo otra administración.

Según pudo saber iProfesional, la decisión se produjo después de varios años de dificultades financieras, caída del consumo, cambios accionarios y una reestructuración que modificó el esquema con el que la empresa había crecido. La baja de ventas y el aumento de costos terminaron por acelerar ese proceso.

La planta de Albardón había sido la mayor apuesta industrial de Tía Maruca. En 2017, la compañía adquirió ese establecimiento, conocido en la provincia como Dilexis, donde anteriormente había operado PepsiCo.

La operación incluyó además el traspaso de marcas como Dale y Argentitas, junto con un acuerdo para seguir fabricando durante tres años las galletitas Toddy en esa planta, aunque la marca continuaba en manos de PepsiCo.

Con esa compra, Tía Maruca buscaba ganar escala, ampliar producción y pelear mercado en una categoría dominada por Bagley y Mondelez. En ese momento, la firma controlaba cerca del 5% del mercado local de galletitas. Durante sus años de mayor actividad, el predio llegó a emplear alrededor de 300 personas y se transformó en una de las principales fuentes de trabajo de Albardón.

La empresa nació en 1998 de la mano de Alejandro Ripani. El vínculo de la familia con la actividad, sin embargo, venía de antes. En 1972, su padre, Cliver Ripani, había fundado una fábrica de galletitas bajo la marca RC, donde Alejandro dio sus primeros pasos en el rubro y aprendió el oficio.

Con esa experiencia previa, Tía Maruca comenzó a crecer en kioscos, autoservicios y supermercados con pepas, surtidos, biscochos y líneas económicas, productos con los que fue ganando presencia en todo el país.

El nombre surgió después de que no prosperara un acuerdo inicial para utilizar la marca Doña Petrona. Finalmente, se eligió Maruca, en homenaje a una tía del diseñador que trabajaba en la identidad visual de la empresa.

El rescate que no alcanzó para evitar el cierre
 

En 2019, la empresa entró en concurso preventivo, con una deuda que en ese momento se estimaba en $300 millones. En 2024 ingresó un nuevo socio, una operación que permitió destrabar ese proceso.

Argensun Foods, dueña de Pipas, compró el 50% del capital accionario y tomó el control operativo y estratégico de la empresa.

El desembarco permitió regularizar salarios atrasados y ordenar cheques rechazados. También incorporó a Tía Maruca dentro del plan de expansión de Argensun, que buscaba transformarse de grupo agroindustrial en una compañía nacional de alimentos.

La compradora ya contaba con una fuerte red de distribución en kioscos y comercios de cercanía a través de Pipas, marca con la que aseguraba presencia en nueve de cada diez kioscos del país. La idea era aprovechar esa estructura comercial para sumar galletitas y ampliar su llegada al consumo masivo.

En paralelo, también había sumado las marcas Plenty y Pura Fresh, con las que buscaba crecer en lácteos y jugos.

Según trascendió entonces, Argensun proyectaba producir unas 20.000 toneladas anuales de galletitas y contaba con ventas cercanas a u$s120 millones al año y unos 700 empleados.

Sin embargo, la reorganización no alcanzó para sostener el esquema original con planta propia.

Las señales de alarma que anticiparon el final
 

Durante 2025 empezaron a acumularse señales de tensión en Albardón. Hubo frenos temporarios de actividad, menor ritmo de producción y reclamos gremiales por demoras salariales, en una fábrica que ya venía trabajando lejos de sus mejores niveles.

En agosto del año pasado, la empresa informó que la interrupción respondía a una parada programada para tareas de mantenimiento y mejoras operativas. También aseguró que contaba con stock suficiente para seguir abasteciendo a sus clientes y que no se trataba de un cierre.

En esa misma explicación reconoció además un cambio en la demanda. Mientras algunas líneas de mayor precio mostraban menor salida, los productos más económicos sostenían mejores niveles de ventas.

Meses antes, la compañía ya había cerrado la planta que tenía en Chascomús,
 una decisión que anticipaba el proceso de ajuste y la concentración de la producción en San Juan.

Ahora se conoció que la fábrica de Albardón dejó de estar vinculada a la marca. El establecimiento pasó a manos de nuevos operadores y quedó bajo conducción del empresario Juan Carlos Crovela, quien avanzó en una reorganización interna.

La marca, en cambio, siguió otro camino. Sin planta propia, adoptó un esquema de producción a fasón, modalidad habitual en la industria alimenticia por la cual una empresa terceriza la elaboración en instalaciones de terceros y conserva el manejo comercial, la distribución y la presencia en góndolas. /iProfesional

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