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Política

Paro nacional docente en universidades en reclamo de aumento salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento

Las medidas de fuerza incluirán paros, movilizaciones y clases públicas para visibilizar el conflicto. La decisión llega luego de la reunión fallida con autoridades del Gobierno y en medio del conflicto judicial por la aplicación de la ley.
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Los docentes de las universidades nacionales realizarán este miércoles y jueves un paro de 48 horas en todo el país para reclamar por la situación presupuestaria del sistema universitario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

La medida fue confirmada por la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) tras un plenario con representantes gremiales de distintas provincias, donde se evaluó la continuidad del plan de lucha y las acciones para visibilizar el conflicto que atraviesan las casas de estudio.

Además de la suspensión de actividades académicas, las jornadas incluirán movilizaciones, clases públicas y distintas iniciativas de protesta en universidades de todo el país.

Paro universitario: que resolvieron los gremios docentes

La medida de fuerza convocada por FEDUN fue confirmada el pasado lunes, tras el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales realizado el lunes. Allí, la federación resolvió.

  • Realizar 48 horas de protesta los días miércoles 3 y jueves 4 de junio, con paros, movilizaciones, clases públicas y actividades de visibilización en las universidades públicas de todo el país.

  • Exigir el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria urgente a paritarias el 52,1% de poder adquisitivo que, según el gremio, perdieron los universitarios desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

  • Participar de las movilizaciones convocadas para el miércoles 3 de junio bajo la consigna Ni Una Menos.

La negociación que mantiene abierto el conflicto

Mientras se desarrolla la nueva medida de fuerza, el Gobierno busca avanzar en una salida al conflicto universitario que se mantiene desde octubre de 2025, cuando decidió no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso e inició una estrategia judicial para frenar su implementación.

En ese contexto, existía la posibilidad de que durante esta semana se concrete una reunión entre funcionarios nacionales y autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque por el momento no hay fecha confirmada.

Las conversaciones incluyen varios puntos sensibles para el sistema universitario, como la recomposición salarial docente, las becas estudiantiles, los fondos destinados a hospitales universitarios y otras partidas presupuestarias pendientes.

La estrategia oficial también está condicionada por la causa judicial que tramita en la Corte Suprema y cuya defensa está a cargo de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio.

El Gobierno analiza distintas alternativas para evitar una resolución judicial desfavorable. Entre ellas, evaluó ofrecer a las universidades la transferencia de fondos contemplados en el proyecto de financiamiento universitario enviado al Congreso en febrero.

Esa iniciativa contemplaba únicamente la recomposición salarial correspondiente a 2025 y dejaba fuera la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y 2024, con el objetivo de reducir el impacto fiscal, uno de los reclamos centrales del frente docente.

A cambio, la Casa Rosada busca que las universidades retiren la medida cautelar presentada contra el Estado nacional, expediente que actualmente espera una definición de la Corte Suprema. La demanda reclama el cumplimiento de los incrementos salariales y de las becas previstos en la Ley de Financiamiento Universitario, ajustados por la evolución del IPC.

La principal preocupación oficial es el costo económico de una derrota judicial. Según las estimaciones que maneja el Gobierno, un fallo adverso obligaría al Estado a transferir alrededor de $2,5 billones al sistema universitario.

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Política

Organizaciones sociales y Polo Obrero marcharán para reclamar contra los recortes a planes sociales

Tras el fallo judicial que habilitó al gobierno de Javier Milei y Sandra Pettovello a avanzar con la baja del programa Volver al Trabajo, organizaciones piqueteras y sociales resolvieron una Jornada Nacional de Lucha con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el país.
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21 julio, 2026

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Este miércoles, 22 de Julio, el Polo Obrero junto a otras organizaciones sociales concentrarán desde las 9,30,  en Parque 9 de Julio para marchar a Plaza Independencia.

Tras el fallo judicial que habilitó al gobierno de Javier Milei y Sandra Pettovello a avanzar con la baja del programa Volver al Trabajo, organizaciones piqueteras y sociales resolvieron una Jornada Nacional de Lucha con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el país.

La Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que mantenía vigente el programa Volver al Trabajo, mientras se resolvía el amparo presentado por beneficiarios del programa.

Con esta decisión, el gobierno quedó habilitado para avanzar con las bajas de un ingreso del que dependen más de un millón de trabajadores desocupados. El proceso judicial continúa, pero la protección cautelar fue dejada sin efecto.

Frente a este ataque, las organizaciones sociales se reunieron de urgencia en todo el país y resolvieron responder con una Jornada Nacional de Lucha el próximo 22 de julio, con cortes de ruta, asambleas y movilizaciones en todo el territorio nacional.

«No estamos frente a una simple discusión administrativa. La eliminación del Volver al Trabajo golpea a quienes sostenemos comedores comunitarios, tareas barriales y múltiples trabajos comunitarios en medio del ajuste, la desocupación y el hambre. Mientras el gobierno descarga la crisis sobre los sectores más empobrecidos, continúa beneficiando al gran capital y aplicando las exigencias del FMI«, advirtieron en un comunicado de Polo Obrero.

«La respuesta será unitaria. Llamamos a ganar las calles en defensa del derecho al trabajo, contra las bajas y por un ingreso para todas y todos los trabajadores desocupados. El 22 de julio volvemos a las calles en todo el país para enfrentar este nuevo ataque del gobierno de Milei y Pettovello. ¡No a la baja del programa Volver al Trabajo! Trabajo sin salario es esclavitud!«, consignaron.

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Política

El Gobierno reunió a su mesa política con la mira puesta en el Congreso

El Ejecutivo reanudó las conversaciones para ordenar su estrategia parlamentaria y avanzar en la construcción de mayorías de cara a las próximas sesiones.
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9 horas atrás

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21 julio, 2026

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La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada con una agenda marcada por las dificultades para reunir los votos necesarios para avanzar con los principales proyectos que el oficialismo busca llevar al Congreso. El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y tuvo como uno de sus objetivos revisar el escenario de cara a la sesión prevista para el 6 de agosto, mientras continúan las negociaciones con gobernadores y bloques aliados.

La reunión se realizó a las 13 y convocó a los principales responsables de la estrategia política del Gobierno. En el oficialismo buscan ordenar las conversaciones parlamentarias y evaluar el nivel de respaldo que tienen las iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los cambios en materia de Inocencia Fiscal.

Durante el encuentro se repasó la agenda de gestión prevista para las próximas semanas. El secretario de Obras Públicas, Luis Santilli, anunció próximos encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave. Entre ellos, destacó la firma con Santa Fe para el traspaso de obras viales. Asimismo, la próxima semana se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras, incluido el sistema Albigasta, además de otros planes de infraestructura en análisis.

También se revisó el cronograma legislativo inmediato. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles en conferencia de prensa el proyecto de ley de «Inocencia Fiscal II» para su ingreso a la Cámara de Diputados.

En tanto, el presidente Javier Milei expondrá la próxima semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, antes de su tratamiento en el Congreso Nacional.

El proyecto de propiedad privada es uno de los principales objetivos legislativos de la Casa Rosada. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y con modificaciones durante su tratamiento parlamentario, contempla cambios en materia de expropiaciones, desalojos y tierras rurales, entre otros puntos. El oficialismo pretende avanzar con su tratamiento en el Senado, aunque todavía persisten dudas sobre la capacidad de reunir el consenso necesario para garantizar su aprobación.

Cuál es la agenda que el Gobierno quiere impulsar en el Congreso

El debate quedó atravesado además por las diferencias entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición dialoguista, que plantearon modificaciones al texto original. La discusión sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros aparece como uno de los puntos más sensibles de la iniciativa y obligó al Gobierno a revisar parte de su propuesta para intentar acercar posiciones.

En paralelo, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias continúa sin un acuerdo político que permita al oficialismo avanzar con la reforma electoral. El tema, que forma parte de la estrategia de La Libertad Avanza para modificar las reglas de competencia de cara a 2027, todavía genera resistencia entre gobernadores y dirigentes de distintos espacios.

La discusión por las PASO se mantiene así vinculada a una negociación más amplia con las provincias y con sectores de la oposición que podrían convertirse en aliados parlamentarios del Gobierno. La falta de acuerdo sobre la reforma electoral se suma a las dificultades que el oficialismo viene encontrando para ordenar su relación con el Congreso. En las últimas semanas, la estrategia parlamentaria quedó bajo revisión después de varios episodios que expusieron las diferencias internas y las dificultades para garantizar el acompañamiento de aliados en el Senado.

La agenda del encuentro también incluyó el avance del proyecto de Inocencia Fiscal, otra de las iniciativas que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso. La propuesta forma parte del paquete de reformas que la administración de Javier Milei busca consolidar durante la segunda mitad del año y que, en buena medida, depende de la capacidad oficialista para sostener acuerdos con sectores externos a La Libertad Avanza.

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Política

Histórica condena penal por usurpación de tierras fiscales en El Cadillal

La justicia sentenció a dos años de prisión condicional a un hombre que había ocupado ilegalmente un sector del predio destinado a un proyecto turístico.
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11 horas atrás

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21 julio, 2026

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En el marco de una política de Estado firme para resguardar las tierras públicas y garantizar el desarrollo ordenado de la infraestructura turística, el Gobierno de la Provincia logró un fallo judicial inédito. Luego de un juicio oral y público que se extendió durante seis jornadas, la Justicia tucumana condenó a dos años de prisión de cumplimiento condicional a un expolicía federal por usurpar un predio del Estado provincial ubicado sobre la Ruta Provincial 347, en el acceso a la villa turística de El Cadillal.

La causa se originó en 2023, cuando técnicos del Ente Tucumán Turismo (ETT) detectaron durante relevamientos de rutina que un particular había desplazado el alambrado perimetral para apoderarse de manera clandestina de una superficie de 443 metros cuadrados. Dicho terreno —ubicado en el sector norte del predio donde funciona la Casa Ecológica (padrón N° 518.351) — formaba parte de un área estratégica con convenio de guarda y custodia, destinada al desarrollo de un complejo turístico concesionado.

A partir del hallazgo, el organismo turístico impulsó las actuaciones técnicas y la recolección de pruebas dominiales en un trabajo conjunto con la Dirección General de Catastro. Tras la denuncia formal efectuada por la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, la Provincia asumió el rol de querellante a través del Dr. Santiago Xamena, contando con la colaboración constante y la participación en las audiencias del equipo legal del ETT, representado por el Dr. Gerónimo Musso.

Durante la etapa de alegatos y en la lectura de la sentencia, el tribunal interviniente remarcó que el accionar del imputado representó un perjuicio directo para el conjunto de los tucumanos, en tanto el predio usurpado está sujeto por ley a un fin turístico, público y colectivo. Asimismo, el fallo dictaminó el pago de las costas del proceso y la imposición de reglas de conducta para el condenado, quien tiene prohibido de forma absoluta acercarse al terreno o realizar cualquier acto que turbe la posesión del Estado.

Acciones en territorio para proteger el destino

Este fallo judicial marca un hito en el plan de ordenamiento dominial que la Provincia lleva adelante en El Cadillal y en otros puntos de alto valor paisajístico como El Mollar, Tafí del Valle, San Javier y Yerba Buena. La labor activa del equipo técnico del Ente de Turismo no solo permitió constatar el hecho material ocurrido en 2023, sino también sustentar la prueba de cargo presentada en el debate oral para demostrar la titularidad estatal y la afectación al patrimonio de la provincia.

La recuperación de este inmueble reafirma los lineamientos trazados por el gobernador, Osvaldo Jaldo, bajo la conducción del presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, enfocados en proteger el patrimonio público, brindar seguridad jurídica a las inversiones privadas del sector y consolidar a la villa veraniega de El Cadillal como un polo turístico ordenado, seguro y preparado para el disfrute de todos los visitantes.

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