Tras 51 años de búsqueda, la familia del detenido desaparecido Roque Argañaraz, secuestrado el 18 de febrero de 1977 en Monteros, en el sur de Tucumán, fue informada de que sus restos estaban en una de las fosas que se descubrieron en el centro de detención y tortura clandestino que funcionó en el predio del Ejército denominado Compañía de Arsenales N° 5 «Miguel de Azcuénaga», conocido como «Arsenales». Se trata del último resto que quedaba por identificar de los 14 que se hallaron en el lugar, tarea que estuvo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Roque Argañaraz, de 34 años, y su hermano Daniel, jornaleros de la actividad azucarera, fueron secuestrados de madrugada, de su humilde casa en el pueblo de Macio, pura ruralidad, cercano a la ciudad de Monteros. «Un grupo de más de 20 hombres portando armas largas, encapuchados, vestidos con uniforme militar verde, junto a una persona vestida de civil a quien llamaban Teniente y daba las órdenes, rodeó la casa y los sacaron con las manos atadas y los ojos vendados con las sábanas de la cama en la que dormían», narró un testigo en la «Megacausa Arsenales II – Jefatura II», por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, a la que tuvo acceso Ámbito.
Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención que funcionó en el exingenio azucarero Nueva Baviera, que estaba en Famaillá, también en el sur tucumano. Allí los torturaron y tras unas semanas los trasladaron hacia el centro clandestino de detención «Arsenales», ubicado en el acceso norte a San Miguel de Tucumán, a un costado de la ruta nacional 9, un infierno por el que pasaron cientos de secuestrados en Tucumán y de provincias vecinas. Desde docentes y estudiantes universitarios, hasta trabajadores estatales, ferroviarios, de la industria azucarera y periodistas, entre otros oficios. «Bastaba con levantar la voz en contra de la dictadura para que uno se convirtiera en blanco y víctima», sostuvo a este medio una testigo en uno de los juicios por la verdad que optó por preservar su identidad. «Jamás pensé que me daría miedo de nuevo, preferir que no se sepa mi nombre por el clima de negacionismo que impera», reflexionó la exdocente universitaria.
Roque y Daniel fueron separados en «Arsenales» pero dos testigos, que estuvieron cerca de ambos, relataron que Roque fue torturado y murió mientras era sometido a sesiones de «submarino», que consistía en introducir al detenido en un tacho con agua hasta que clamara por salir por la falta de oxígeno. A los tres meses y diez días de haber sido secuestrado, Daniel, que también padeció torturas de todo tipo, fue llevado en el baúl de un auto hasta Simoca, en el sur de la provincia, en donde lo liberaron en una ruta provincial, de noche. Desde allí caminó hasta su casa y jamás supo sobre el destino de su hermano hasta esta semana, cuando la Justicia Federal lo notificó, al igual que a otros familiares, de la identificación de los restos de Roque.
Arsenales, una mazmorra
Fue tal la dimensión en la mazmorra de sufrimientos de todo tipo que se infligieron en «Arsenales», que hubo varias juicios sobre el universo de detenciones. Entre esos testigos estuvo el exgendarme Omar Torres, de 74 años y que reside en Salta, con quien dialogó este medio sobre lo que presenció como miembro de la fuerza durante la última dictadura en el país, en el rango más bajo, en servicios de vigilancia. Fue tanto y de tanta crueldad lo que presenció que admitió que «cuando salí de la fuerza, me despertaba de madrugada con imágenes de las ejecuciones, pero ya no tanto; va pasando».
Según relató en los juicios en Tucumán, porque también fue testigo en causas en Buenos Aires y Mendoza, militares de bajo rango como él rotaban cada 50 días a diferentes destinos del país. Por eso estuvo en dos ocasiones en Tucumán, entre 1976 y 1977, en San Juan, Mendoza y en Buenos Aires. Fue en la tierra de la Cuna de la Independencia en donde presenció los sucesos más horrendos porque estuvo en «Arsenales», al que describió como «similar a un campo de concentración». Los prisioneros eran recluidos en pequeñas celdas individuales, adentro de un galpón de 25 por 30 metros que tenía capacidad para cerca de 80 detenidos, que entraban y salían con los ojos vendados y esposados con alambres o cadenas, recordó.
«Los sumergían en tanques de agua de 200 litros, una técnica de tortura similar al ahogamiento, conocida como ‘el submarino’”, explicó. Otras formas de tormento incluían la aplicación de descargas eléctricas, el arrancar las uñas con alicates, el corte de orejas y simulacros de ahorcamiento que duraban de dos a tres minutos. «La tortura era el preludio de las ejecuciones», aseveró. Cada dos semanas, alrededor de la medianoche, entre 15 y 20 prisioneros eran conducidos a una fosa de cuatro por seis metros y unos tres metros de profundidad. «Los obligaban a arrodillarse y luego les disparaban en la cabeza. Los cuerpos caían en la fosa y se les prendía fuego con neumáticos de vehículos, aceite y leña. Algunos oficiales se quedaban para asegurarse de que todo ardiera», rememoró en uno de sus testimonios.
La memoria de tantos detalles se debe a que Torres formó parte, una de esas veladas de ejecuciones, de un grupo asignado a realizar un cordón de seguridad no mayor a los diez metros de las fosas. Desde esta posición privilegiada vio en dos ocasiones al gobernador de facto de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, ya fallecido y condenado a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad, disparar en la cabeza a prisioneros. «Disparaba primero, como una forma de animar a los demás oficiales a hacer lo mismo», explicó.
Una de las personas que vio ejecutar a Bussi fue al estudiante universitario Luis Falú, hermano del guitarrista reconocido Juan Falú. Otra víctima que el exgendarme reconoció fue a Ana Cristina Corral, una estudiante de 16 años que fue secuestrada en junio de 1976. «Tenía las manos esposadas a la espalda y los ojos vendados cuando otro oficial le disparó en la cabeza», señaló. Apenas pudo, porque estuvo amenazado para que hiciera silencio, renunció a la Gendarmería. Fue en marzo de 1983 y declaró en el histórico Juicio a las Juntas Militares de 1985.
Las fosas
El relato el exgendarme Omar Torres coincidió con los de otros testigos, por lo que entre 2009 y 2011, por decisión judicial, el Equipo Argentino de Antropología Forense condujo trabajos de búsqueda de enterramientos en «Arsenales», en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán. El equipo identificó y excavó cinco fosas clandestinas. Cuatro de gran tamaño y que tenían signos de haber sufrido la acción de maquinaria retroexcavadora para intentar ocultarlas.
Aun así se recuperaron miles de fragmentos óseos, quemados y altamente fragmentados. La quinta fosa contenía los restos esqueletizados de trece individuos, que fueron identificados. La recuperación de neumáticos, carbón y sedimento impregnado de combustible, permitió aportar pruebas a la justicia de un modus operandi que consistió en la incineración de los cuerpos de personas detenidas desaparecidas, tal como lo habían señalado los testigos. En un sector también se encontró, junto a los esqueletos, una moneda de 1976 y un cospel telefónico que, según se explicó, revelaron datación sobre el enterramiento.
En total, se extrajeron restos que pertenecieron a 14 individuos y con los años se les devolvió la identidad a 13. La degradación por la acción de la incineración impidió que avanzara la identificación del último resto. En la última década, evolucionaron de manera notable los protocolos de extracción de ADN y los kits que se utilizan en la ciencia forense, lo que permitió que se volviera sobre los restos de este último desaparecido. Se aplicó un idéntico sistema que para los casos anteriores pero «la sumatoria de estos pasos lograron mejorar el perfil que estaba incompleto y que impedía la comparación masiva con los ADN que se encuentran en la base de datos», se explicó a Ámbito.
Así, en 2024, estos últimos estudios arrojaron como resultado una débil señal de que se podría tratar de los restos de Roque Argañaraz al cruzarse su ADN con el de su hermano. Pero el «matcheo» -el encuentro de la coincidencia- no fue suficiente para constatar el vínculo. Allí, se indicó, se recurrió a la tarea de los antropólogos para saber si esa débil coincidencia tenía sentido y no debía descartarse para avanzar.
Debido a que la respuesta fue afirmativa, volvieron a someterse a más pruebas a esos restos de baja calidad, se esperaron varios meses y así se llegó a la determinación científica final: parte de los fragmentos hallados en una de las fosas de «Arsenales» eran de Roque Argañaraz, secuestrado en la madrugada del 18 de febrero de 1977, a casi un año del inicio de la última dictadura en el país. Todo ese recorrido supuso una acción coordinada del Laboratorio de Genética Forense y de las áreas de Investigación e Identificación del EAAF.
Según se indicó a Ámbito, el próximo paso será lograr que los restos regresen a Tucumán y sean entregados a sus familiares para que Roque Argañaraz regrese a su casa, a meses de cumplirse los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Impulsan la legalización de la hoja de coca para regular su comercialización en Jujuy y Salta
Los diputados nacionales jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen integral de importación y comercialización de la hoja de coca en estado natural.
Los diputados nacionales jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán presentaron un proyecto de ley para establecer un régimen integral de importación y comercialización de la hoja de coca en estado natural.
El proyecto tiene como objetivo el de resolver las contradicciones legales vigentes y formalizar un mercado que hoy opera mayormente en la informalidad.
La iniciativa reconoce a la hoja de coca como parte de prácticas culturales arraigadas en diversas regiones del país, especialmente en el norte argentino, y propone autorizar expresamente su importación, almacenamiento, transporte, venta y consumo, destinados al coqueo o a su uso en infusión.
En ese marco, plantea modificar la Ley 23.737 de estupefacientes para excluir de su alcance estas actividades cuando se realicen en las condiciones que establezca la nueva normativa.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la derogación del decreto 648/78, vigente desde la última dictadura, que prohíbe la importación de hoja de coca. Según los autores, esa norma genera una contradicción con la legislación posterior que habilitó el consumo, produciendo un vacío que termina abastecido por circuitos ilegales.
“El ordenamiento jurídico permite consumir un producto cuyo ingreso está prohibido, lo que deja el mercado en manos del contrabando”, advierten los fundamentos de la iniciativa, que estiman en más de un millón y medio los consumidores en la Argentina.
El esquema propuesto prevé un sistema de licencias y control estatal a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá regular y fiscalizar toda la cadena. Se establece además la creación de un Registro Especial de Importadores, con requisitos comerciales, fiscales y penales, y se delimitan los puntos de ingreso y acopio a granel en Jujuy, Salta y Formosa, desde donde el producto deberá distribuirse en envases autorizados.
La unidad de venta
Se fija un tope de hasta 200 gramos por unidad de venta al consumidor final y contempla un régimen sancionatorio que incluye multas, suspensión y revocación de licencias para quienes incumplan las disposiciones. También dispone la incorporación de la hoja de coca al Código Alimentario, con el fin de establecer estándares sanitarios, de calidad y trazabilidad.
Los autores fundamentan la propuesta en cuatro objetivos: brindar seguridad jurídica, recuperar recaudación fiscal, garantizar controles sanitarios y diferenciar la hoja de coca de los estupefacientes derivados. Sostienen que la regulación permitiría reducir el mercado informal, mejorar el control estatal y abaratar el precio para los consumidores.
El proyecto invoca principios constitucionales vinculados a la libertad personal, la identidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, y señala que el consumo tradicional de la hoja de coca ya está reconocido tanto nacional como en tratados internacionales.
El Concejo Deliberante Capitalino retoma la sesión del jueves pasado
Con el tratamiento de un incremento de 33% en la tarifa de taxis dentro del temario, los ediles vuelven al recinto. Taxistas movilizarán a la sede del Concejo Deliberante para ejercer presión.
A partir de las 9, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán retomará el debate en el recinto luego del cuarto intermedio dispuesto el jueves pasado, con distintos temas aún por debatir, el que genera quizás más expectativa es el tratamiento del incremento de un 33% la tarifa de taxis.
En ese sentido, un grupo de taxistas convocó a partir de las 8.30 a concentrarse frente a la sede del Concejo para respaldar la suba en la tarifa. Advirtieron que el fin de semana pasada volvió a aumentar el GNC y son varias las veces en el año que se produjeron estos incrementos. «Ya se trabaja a perdida», aseguraron.
Incremento del boleto
El jueves pasado el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó un ajuste en la tarifa del transporte de la ciudad que subirá desde los $1250 actuales a $1700.
Los ediles aprobaron por 9 (nueve) votos contra 8 (ocho), el incremento de la tarifa del boleto. El concejal Gonzalo Carrillo Leito estuvo ausente con previo aviso.
Todavía no entró en vigencia la nueva tarifa. Una vez promulgada por el Poder Ejecutivo Municipal se debe informar a la Tarjeta SUBE para que se actualicen los sistemas. Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, dijo que estima que entre jueves o viernes ya estaría la nueva tarifa vigente.
Tras la aprobación la semana pasada del incremento en el valor del boleto, el concejal José María Franco, presidente de la comisión de Transporte explicó que «es un tema muy conflictivo, de más está decirlo que la votación en el recinto lo demuestra, como también el proceso anterior en la comisión. La cuestión es que el concejo ya decidió en una votación muy dividida, entendemos que todos los miembros del Concejo, hicieron sus manifestaciones públicas y las sostuvieron con su voto. Sin embargo,no es lo ideal para los empresarios, pero entendemos que es un justo medio entre lo que creemos que le va a servir al empresariado para mantener el servicio y lo que la gente está pudiendo pagar hoy en día», consignó el edil.
El Gobierno anunció a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación
Fernández es especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa. Durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF.
El Gobierno designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa oficial, luego de la salida del cargo de Javier Lanari, anunciada este lunes. Se trata del segundo cambió en el sector, ya que el viernes pasado Adrián Ravier fue nombrado vocero en reemplazo de Manuel Adorni.
Desde la Casa Rosada apuntaron que se trata de una nueva etapa de gestión «marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa».
Fuentes consultadas por Ámbito anticiparon que ni él ni Ravier jurarán en sus nuevos puestos, ya que ambos tendrá cargos de secretarios.
Fernández es especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa. Durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF.
«Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina», apuntaron en el Gobierno.
Asimismo, señalaron que su incorporación «contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido».
De esta manera, el oficialismo busca cambiar una estrategia comunicacional que estuvo signada por el choque con los medios y que incluyó el cierre temporal de la sala de prensa de la Casa Rosada, además de distintas restricciones al trabajo periodístico en el palacio gubernamental.
Cambios en la comunicación del Gobierno
El viernes pasado, Manuel Adorni y Javier Milei se reunieron por cerca de seis horas en la Quinta de Olivos. Fruto de ese encuentro anunciaron que el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier reemplazará a Adorni en la vocería oficial.
El Presidente buscó así descomprimir la situación del todavía jefe de Gabinete, jaqueado por las investigaciones judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito. Lo cierto es que, más allá de ocupar el cargo de ministro coordinador, seguía oficiando como nexo con la prensa.
Sin embargo, desde que se iniciaron las causas en su contra, el funcionario había reducido las conferencias de prensa al mínimo, por lo que su contacto con el periodismo disminuyó drásticamente.
Fabián Fernández, en tanto, reemplazará al misionero Javier Lanari, cuya salida se confirmó este lunes al mediodía, en la antesala del partido que la Selección argentina disputó contra Austria.
«Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión», dijo Adorni en X, dando a conocer la eyección del dirigente.
Por último, dijo: «En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos».