El aumento fue aprobado el jueves pasado en una votación ajustada, con nueve votos a favor y ocho en contra, en una sesión presidida por Fernando Juri. Con esa decisión, el boleto urbano de colectivos en la capital tucumana pasará de $1.250 a $1.700, lo que representa un incremento del 36%.
Fuentes oficiales confirmaron que la decisión del Ejecutivo municipal sigue siendo promulgar la ordenanza apenas llegue la notificación formal del Concejo. Sin embargo, ese paso recién podrá darse cuando finalice la sesión que continuará este martes.
Después de la promulgación, quedará pendiente otro trámite: la comunicación al Sistema Único de Boleto Electrónico para que se actualicen las validadoras de las unidades. Ese procedimiento técnico demanda algunos días, por lo que en el municipio estiman que el nuevo precio podría comenzar a cobrarse recién entre el jueves y el viernes.
La demora también frena cualquier definición sobre el resto del sistema de transporte en Tucumán. Desde el Gobierno provincial señalaron que no habrá cambios en las tarifas de los servicios interurbanos y rurales hasta que primero se concrete la aplicación del nuevo cuadro tarifario urbano en San Miguel de Tucumán. Recién después de que entre en vigencia el boleto a $1.700 en la capital se evaluará una eventual actualización de los pasajes provinciales.
El debate legislativo estuvo atravesado por una tensión habitual en cada discusión tarifaria: cómo sostener un servicio con serias deficiencias sin profundizar el impacto económico sobre los usuarios. Buena parte de los concejales cuestionó el estado del sistema de colectivos, aunque quienes acompañaron el aumento defendieron la suba como una medida necesaria para evitar un deterioro mayor.
Uno de los principales defensores del incremento fue el concejal peronista José María Franco, presidente de la comisión que analizó el expediente. El edil admitió que el aumento “duele, molesta e incomoda”, pero sostuvo que es necesario para garantizar la rentabilidad de las empresas y evitar que el servicio se detenga.
Franco remarcó que la suba no apunta a mejorar la calidad del transporte, sino a sostener su funcionamiento. “Es para sostener el servicio, no para mejorarlo”, expresó durante el debate. También recordó que los empresarios reclamaban una tarifa superior y planteó que, si se pretendía exigir mejoras inmediatas, el boleto debería ubicarse en otro valor.
Desde otros bloques también hubo coincidencias sobre la crisis estructural del transporte, aunque no todos acompañaron el incremento. El concejal de Libres del Sur, Gastón Gómez, reclamó una solución de fondo y cuestionó que la discusión vuelva a concentrarse en el precio del boleto sin avanzar en una reorganización integral del sistema.
En una línea similar, Cristian Abel, de Acción Vecinal, consideró que el valor de $1.700 era “razonable”, aunque advirtió que el aumento no resolverá por sí solo los problemas del transporte público. Según planteó, la solución requiere una intervención conjunta del municipio y la Provincia, con un sistema unificado.
Entre quienes rechazaron la suba, el radical Gustavo Cobos puso el foco en el impacto sobre los trabajadores. El edil señaló que, con un salario promedio de $850.000, una persona que realice dos viajes diarios gastará $74.800 por mes si el boleto llega a $1.700, lo que representa alrededor del 9% de sus ingresos. También advirtió que el impacto será mayor en los hogares donde más de un integrante deba viajar.
Por ahora, la capital tucumana mantiene una situación transitoria: el aumento está aprobado, pero aún no puede cobrarse. Hasta que concluya el trámite legislativo, se promulgue la ordenanza y SUBE actualice las validadoras, el boleto urbano seguirá costando $1.250.
